Informe sobre la epidemia mundial de SIDA, 2004
Foco de atenciónEl SIDA y los derechos humanos: |
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La protección de los derechos humanos es una parte fundamental de una respuesta eficaz a la epidemia de SIDA a nivel individual, nacional y mundial. El VIH golpea con más fuerza donde los derechos humanos están menos protegidos, en particular entre las personas y comunidades que se encuentran en los márgenes de la sociedad, incluidos los profesionales del sexo, los consumidores de drogas intravenosas y los varones que tienen relaciones sexuales con varones. En cambio, la protección de los derechos humanos fundamentales aumenta sus posibilidades de protegerse a sí mismas y de proteger a otras personas del riesgo de contraer la infección por el VIH, ayuda a reducir su vulnerabilidad al VIH y les presta asistencia para afrontar las consecuencias de la epidemia.
En fechas recientes, algunas personas han sostenido que los enfoques basados en los derechos humanos para prevenir el VIH a través de iniciativas orientadas a intensificar la respuesta al SIDA pueden haber reducido el papel de la salud pública, que ofrece un marco práctico más aplicado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado claramente que las estrategias de salud pública y la protección de los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Su integración logra su mayor efecto en la reducción de la transmisión del VIH y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.
Logros basados en los derechosLos enfoques de la epidemia de SIDA basados en los derechos han obtenido logros en:
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A pesar de las dificultades, recientemente se han producido avances positivos en el abordaje de las cuestiones relativas a los derechos humanos a nivel nacional. Los derechos humanos relacionados con el VIH, particularmente el principio de no discriminación, se han integrado a través de procesos participativos en instrumentos programáticos tales como marcos de políticas, estrategias y leyes sobre el SIDA. Por ejemplo, en enero de 2003 Camboya promulgó una ley sobre el VIH/SIDA; en enero de 2004, el Parlamento de Malawi adoptó una política sobre el VIH/SIDA basada en los derechos; mientras que Belarús, la India, Lesotho, Liberia y la Federación de Rusia han anunciado reformas normativas y jurídicas similares.
Por otro lado, con el apoyo del Fondo de Pequeñas Subvenciones establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el ONUSIDA, los jóvenes de Bangladesh, Malawi, Mozambique, Sri Lanka y Zambia han desarrollado y puesto en práctica programas para abordar el estigma y la discriminación.
El derecho a pedir, recibir y difundir información es un derecho humano fundamental y una condición sine qua non para asegurar una prevención del VIH y una atención del SIDA eficaces. Las personas tienen derecho a saber cómo protegerse a sí mismas de la infección por el VIH. También tienen derecho a conocer su estado serológico respecto al VIH y, si están infectadas, a saber cómo pueden obtener tratamiento, atención y apoyo.
Todas las personas que lo necesiten deben poder acceder a la información, las pruebas y el asesoramiento adecuados a través de modelos de prestación éticos, prácticos y basados en los derechos. Entre los ejemplos de modelos basados en los derechos actualmente en curso a nivel mundial cabe mencionar los siguientes: campañas de sensibilización orientadas a grupos específicos, como los varones que tienen relaciones sexuales con varones, los consumidores de drogas intravenosas, los profesionales médicos y las poblaciones reclusas (Guinea, Italia, Kuwait, Portugal); incorporación de programas relacionados con el SIDA en los programas escolares (Argentina, República Checa, Cuba, Mauricio, San Vicente); desarrollo comunitario de programas de educación y prevención (Líbano, Tailandia); y desarrollo de programas de educación y prevención culturalmente específicos para poblaciones indígenas, refugiados, solicitantes de asilo y migrantes (Canadá, Países Bajos, Noruega).
En marzo de 2004, los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en Camboya, Fiji, Nepal y Tailandia llevaron a cabo consultas nacionales sobre el SIDA y los derechos humanos. Además, en la región de Asia y el Pacífico se celebró una reunión sobre la misma cuestión, auspiciada por el ONUSIDA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Proyecto Policy. Asistieron a la reunión representantes de 20 países de la región, incluidos funcionarios gubernamentales, consejos nacionales del SIDA, abogados, médicos, personas que viven con el VIH, consumidores de drogas intravenosas, mujeres y varones profesionales del sexo, varones que tienen relaciones sexuales con varones, jóvenes, poblaciones móviles y minorías étnicas.
Las recomendaciones surgidas de estas reuniones de consulta están contribuyendo a impulsar actividades de sensibilización, como el Foro sobre Liderazgo de Asia y el Pacífico. Asimismo, están ayudando a mejorar la capacitación y los criterios para aumentar la comprensión de las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el SIDA en la región, y prestando asistencia para identificar prácticas óptimas.
En otras regiones, la UNESCO y el ONUSIDA han apoyado sesiones de capacitación sobre derechos humanos y SIDA destinadas a los jóvenes. Esas sesiones se han celebrado en Oriente Medio y África del Norte (Beirut, Líbano); en África francoparlante (Yaoundé, en el Camerún); y en Europa oriental (Croacia). Los cursos de capacitación abarcaban los conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes necesarios para propiciar un cambio de comportamiento positivo. También centraban su atención en el papel de los medios y de las comunicaciones en los mensajes basados en los derechos, incluido como disipar mitos y miedos que a menudo crean y refuerzan el estigma y la discriminación relacionados con el SIDA. Para final de 2003, habían recibido capacitación jóvenes de más de 60 países.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones se han centrado cada vez más en el principio de que todas las personas tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Este principio ha reforzado los derechos humanos relacionados con el VIH. En septiembre de 2002, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró un relator especial sobre el derecho a la salud que ha prestado mucha atención a las cuestiones relacionadas con el SIDA. En junio de 2003, el ONUSIDA y el ACNUDH acordaron reunirse para desarrollar un enfoque estratégico dirigido a integrar las cuestiones relativas al SIDA en sus respectivos mandatos, y de esta manera reforzar la labor desarrollada en el campo de los derechos humanos relacionados con el SIDA a nivel de país.
Las cuestiones relativas al SIDA también se han integrado en el trabajo de otros relatores especiales, expertos independientes y representantes especiales sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, Haití, Liberia, Myanmar, Somalia, Uganda y Yemen. Además, diversos relatores temáticos están vigilando los derechos relacionados con el SIDA. Entre ellos figuran los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer, la vivienda, y los derechos humanos de los migrantes.
El relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil ha abordado los vínculos entre la explotación sexual de los niños y el SIDA, y ha identificado medidas prácticas que los gobiernos pueden adoptar para mejorar la protección de los derechos del niño a este respecto. El relator especial sobre la tortura y el trato o castigo cruel, inhumano o degradante ha centrado particularmente su atención en los presos.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado diversas resoluciones sobre el SIDA, incluida una resolución relativa al acceso al tratamiento del SIDA, que han catalizado el compromiso político y han servido para vigilar los derechos relacionados con el SIDA.
En enero de 2003, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dio a conocer el Comentario General sobre el VIH/SIDA y los Derechos del Niño, el primer comentario general sobre la epidemia de SIDA hecho público por un mecanismo de vigilancia de un tratado. El Comentario General identifica prácticas óptimas y prohíbe específicamente la discriminación contra los niños por razón del estado serológico real o percibido respecto al VIH. Asimismo, insta a los países a comunicar las medidas que han adoptado para proteger del VIH a los niños.
A pesar de los avances, en diversas partes del mundo continúan produciéndose con desalentadora periodicidad graves violaciones de los derechos humanos relacionados con el SIDA. Además, persisten importantes desfases temporales entre la promulgación de leyes y políticas por los gobiernos y el momento de su verdadera aplicación. Relativamente pocos países están en el buen camino para cumplir sus compromisos de derechos humanos.
El estigma relacionado con el SIDA sigue siendo uno de los mayores obstáculos para que las personas que viven con el VIH puedan hacer realidad sus derechos humanos. El estigma también es un impedimento importante para preparar y llevar a la práctica la programación sobre el VIH. El estigma es un proceso de devaluación de múltiples capas que tiende a reforzar connotaciones negativas asociando el VIH y el SIDA con grupos que ya están marginados. El estigma se encuentra en el origen de las actuaciones discriminatorias que excluyen a personas que necesitan servicios relacionados con el SIDA.
La discriminación es una violación de los derechos humanos que con frecuencia conduce a diversas formas de abusos contra las personas víctimas de ella. Por ejemplo, la Red de Asia y el Pacífico de Personas que Viven con el VIH/SIDA llevó a cabo una investigación entre personas VIH-positivas en Filipinas, la India, Indonesia y Tailandia. Entre sus conclusiones, destaca el hallazgo de un amplio y persistente intervalo de discriminación contra las personas que viven con o se presume que viven con el VIH. Se incluía aquí la discriminación por parte de amigos y empleadores en los centros de trabajo y de salud, así como la exclusión de funciones sociales y la denegación de prestaciones, privilegios o servicios.
Investigaciones similares efectuadas en cuatro estados de Nigeria pusieron de manifiesto un comportamiento relacionado con el SIDA discriminatorio y contrario a la ética entre los médicos, enfermeros y comadronas. Los abusos detectados incluían denegación de asistencia, incumplimiento de la confidencialidad y realización de pruebas del VIH sin consentimiento. Uno de cada 10 proveedores de atención declaró haberse negado a atender a pacientes VIH-positivos, y el 10% comunicó haber rechazado su ingreso en un hospital. Además, el 65% indicó haber visto a otros trabajadores de salud negándose a prestar atención a un paciente con el VIH o con SIDA. Alrededor del 20% consideraba que muchas personas que viven con el VIH habían tenido un comportamiento inmoral y merecían estar infectadas.
Estos estudios confirman que es necesario elaborar y hacer cumplir políticas y leyes antidiscriminatorias. Pero necesitan ir acompañadas de otras medidas, como impartir capacitación en el propio servicio y proporcionar los recursos adecuados para el sector de salud.
Cerca de la mitad de todas las personas que viven con el VIH son mujeres, que afrontan múltiples problemas de derechos humanos en el contexto de la epidemia. Dos cuestiones que requieren una actuación urgente de los gobiernos son los derechos de propiedad y los de sucesión. Cuando fallece el esposo o padre de una mujer, otros familiares pueden quedarse con todas las propiedades y echar a los huérfanos y viudas. Las mujeres que se encuentran en esta situación a veces son despojadas de sus pertenencias y para sobrevivir se ven forzadas a ejercer el trabajo sexual o a tener relaciones sexuales a cambio de comida, protección o dinero.
Esta desigualdad por razón del sexo expone a la mujer a un riesgo de infección por el VIH mucho mayor que para el varón. Además, persiste a pesar de que los estados están obligados a cumplir los principios estipulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La explotación sexual de los niños es una violación flagrante persistente de los derechos humanos. En la era del SIDA, las muchachas jóvenes han demostrado que son especialmente vulnerables a la violencia, a la trata de personas o a verse obligadas a trabajar en el comercio sexual, porque su juventud y su presumible virginidad se asocian a la ausencia de la enfermedad. No se conocen las tasas de infección por el VIH entre los niños explotados sexualmente. Pero en 1999, un estudio de países asiáticos puso de manifiesto que el 69% y el 70% de los niños explotados sexualmente en Bangladesh y Viet Nam, respectivamente, estaban infectados por una infección de transmisión sexual.
Asegurar un enfoque basado en los derechosA medida que se van intensificando gradualmente las respuestas al SIDA, éstas necesitan fundamentarse en una práctica de salud pública acertada y también deben respetar, proteger y cumplir las normas y principios de los derechos humanos. Esto es particularmente importante en lo que se refiere a las pruebas del VIH como un requisito previo para el acceso ampliado al tratamiento (véase el capítulo «Prevención»). El concepto de que las pruebas del VIH deben ser voluntarias se halla en el centro de todas las políticas y programas sobre el VIH. Las pruebas voluntarias cumplen los principios de los derechos humanos y aseguran unas prestaciones de salud pública sostenidas. Los siguientes factores clave, que se refuerzan mutuamente, necesitan abordarse de forma simultánea:
Fuente: Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos. |
En los últimos años, ha surgido un cierto número de leyes y políticas que limitan los derechos humanos de las personas que viven con el VIH o con SIDA, o de las que presumiblemente están infectadas.
La experiencia ha confirmado que si se protegen los derechos humanos de las personas disminuye su vulnerabilidad al VIH y se reducen las consecuencias negativas del VIH y el SIDA. Se han hecho muchos progresos, pero el mundo ahora necesita estar vigilante para evitar volver a caer en prácticas que no están basadas en los derechos. 
