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Diversos delegados se reunirán en la capital de Tailandia esta semana para celebrar la 20º Conferencia internacional sobre la reducción de daños, que se desarrollará del 20 al 23 de abril. Organizada por la Asociación Internacional de Reducción de Daños, el tema principal de esta conferencia son los derechos humanos, subrayando la necesidad del acceso universal de los usuarios de drogas inyectables a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH, incluidos los programas integrales de reducción de daños.

Este evento dará a la comunidad de reducción de daños la oportunidad de compartir durante cuatro días ideas, estudios y prácticas óptimas para seguir luchando por la inclusión de la reducción de daños en los programas nacionales de drogas y sida.

La relación entre la reducción de daños y los derechos humanos radica en que cada vez se comprende mejor que el hecho de que los usuarios de drogas no puedan acceder a una serie de medidas de reducción de daños, como las agujas y jeringas estériles, la terapia de sustitución, los preservativos y las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH, infringe el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin ser discriminado de ninguna forma.

Las leyes que penalizan la posesión de material de inyección o de la terapia de sustitución son algunos de los principales obstáculos que se plantean al responder al VIH, ya que el temor a las posibles repercusiones penales o a ser juzgados obliga a esconderse a muchos usuarios de drogas.

“Una de las medidas más significativas que podemos adoptar para alcanzar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH es acabar con la penalización del intercambio de agujas, del tratamiento con metadona y de otras terapias de sustitución", afirmó el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.

La falta de apoyo oficial a la reducción de daños en muchos países, las leyes que prohíben algunos de sus componentes clave, y unos esquemas de regulación deficientes (como por ejemplo los estrictos límites de importación de medicamentos de mantenimiento con opiáceos) dificultan frecuentemente la aplicación completa de las iniciativas de reducción de daños y la ampliación de estos programas.

Solo 52 países disponen de terapia de sustitución con metadona, y la buprenorfina está disponible solo en 32 países. En Europa oriental y Asia central, donde el uso de drogas inyectables es la vía principal de transmisión del VIH, el acceso a la terapia de sustitución es prácticamente inexistente.

Avances importantes pero desiguales en el acceso a la reducción de daños

Los estudios han demostrado consistentemente que los servicios de reducción de daños reducen las infecciones por el VIH y los comportamientos de riesgo sin contribuir a un aumento del consumo de drogas o de otras prácticas dañinas en las comunidades donde se desarrollan estos programas.

La experiencia ha demostrado en varias regiones que es viable ampliar estos programas, incluso ante la resistencia oficial. Algunos de los aspectos comunes de estos programas de alta cobertura destinados a los usuarios de drogas inyectables incluyen la implicación de las organizaciones comunitarias, el trabajo con los organismos de cumplimiento de la ley para minimizar el acoso, una financiación adecuada y continua, facilitar el acceso a los clientes y la participación de los usuarios de drogas inyectables en los órganos de asesoramiento y otras estructuras adecuadas.

En los últimos años se han producido avances importantes, aunque desiguales, en la reducción de daños en diversos lugares. China, por ejemplo, ha expandido algunos de los componentes claves de la reducción de daños, facilitando a más de 88.000 personas terapia de mantenimiento con metadona, y a finales de 2008 había establecido 1109 programas de intercambio de agujas en 27 provincias. Vietnam inició su primer proyecto piloto de terapia de sustitución con metadona en 2008, y los programas de reducción de daños han distribuido en el país 15 millones de preservativos y 7,5 millones de agujas y jeringas durante los primeros diez meses de 2007. En 2006, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania crearon una red regional para ampliar y coordinar los servicios de prevención del VIH dirigidos a usuarios de drogas inyectables, que estará financiada por la Comisión Europea hasta 2009. En Tailandia, en cambio, un informe reciente realizado por la sociedad civil demostró que, los programas de reducción de daños, a pesar del compromiso público realizado por el gobierno en 2004 de aumentar el acceso a la prevención de los usuarios de drogas, se han expandido muy poco.

Las políticas agresivas de control de drogas dificultan el acceso a los programas de reducción de daños, por lo que se necesita la colaboración entre los Ministerios de Salud, de Interior y de Justicia, así como la sensibilización de los agentes del orden, para evitar aquellos enfoques que pueden disuadir a los individuos de participar en los programas de prevención.

En la mayoría de los países de Europa oriental y Asia central, por ejemplo, la policía realiza detenciones por poseer cantidades extremadamente pequeñas de narcóticos, lo que puede disuadir a los usuarios de drogas de participar en proyectos de intercambio de agujas. Según un informe oficial sobre los indicadores del UNGASS enviado por Georgia a ONUSIDA, el contexto político nacional contra las drogas ha impedido que se ofrezca un acceso mínimo a los servicios de desintoxicación y rehabilitación. En 2003 en Tailandia, los presuntos asesinatos extrajudiciales y la violencia asociada que acabaron con la vida de más de 2000 supuestos traficantes y usuarios de drogas sigue presente en la sociedad. Algunas fuentes de la sociedad civil explican que los usuarios de drogas inyectables temen acceder a los servicios de reducción de daños u a otros servicios sanitarios.

En contraste con los inmensos beneficios de la reducción de daños, los enfoques judiciales por sí solos ayudan muy poco a reducir el consumo o los delitos relacionados con las drogas, y se asocian frecuentemente a graves violaciones de los derechos humanos, además de repercutir negativamente en la salud de los usuarios de drogas.

Cuando se unen los esfuerzos judiciales con iniciativas de salud pública, los resultados son realmente buenos. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en Australia, los equipos de acción antidrogas y la policía luchan contra los delitos y remiten acertadamente a los usuarios de drogas a los servicios de salud y bienestar. En Australia, las ganancias en las inversiones de una década de programas de intercambio de agujas y jeringas se calculan en US1.500 millones. Además, el Tribunal Supremo de Indonesia estableció que los usuarios de drogas no deberían ir a la cárcel sino acceder al tratamiento.
El problema mundial de las drogas es complejo y no se puede resolver de manera aislada. Se necesita una colaboración entre las organizaciones que trabajan en el control de las drogas y el sida. El VIH y el consumo de drogas son dos epidemias, pero necesitan una estrategia combinada.