Comunicado de prensa

ONUSIDA advierte del empeoramiento de las condiciones de los desplazados internos en la República Centroafricana

El secretario general adjunto, Michel Sidibé, así como una delegación de alto nivel visitan emplazamientos de desplazados internos.

GINEBRA/BANGUI, 20 de febrero de 2014 El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, ha sido testigo de la situación de desamparo en la que viven los desplazados internos (DI) en la República Centroafricana. El 20 de febrero voló a Bossangoa (en el noroeste del país) junto con Valerie Amos, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y coordinadora del socorro de emergencia, así como con otros funcionarios superiores de alto nivel.

Bossangoa ha sufrido una ola de violencia sectaria y la ciudad que en el pasado llegó a albergar a unos 50.000 habitantes se encuentra ahora prácticamente vacía. La gente ha abandonado sus hogares con el fin de escapar de la violencia entre musulmanes y cristianos. Actualmente, la mayoría de los antiguos habitantes de la ciudad viven en dos emplazamientos diferentes: uno para los musulmanes y otro para los cristianos.

La delegación visitó ambos emplazamientos de desplazados internos; el Sr. Sidibé habló tanto con cristianos como con musulmanes y se reunió con los líderes de ambas religiones. Hasta el momento, y a pesar de diversos intentos llevados a cabo por parte de los líderes religiosos, no se ha logrado la reconciliación y la gente se niega a regresar a sus hogares por temor a más episodios de violencia.

"El sufrimiento humano y la miseria deben terminar", dijo el Sr. Sidibé. "Debemos asegurar unas condiciones mínimas de seguridad, con el fin de que las personas puedan regresar a sus hogares sin temor a la violencia".

"Hacemos un llamamiento a la seguridad y a la protección. No queremos abandonar la República Centroafricana ni huir a Chad. Es aquí donde tenemos nuestras familias y nuestra vida", dijo el imán del distrito de Boro en Bossangoa, Ismaël Naffi.

Vivir en los emplazamientos para desplazados internos es duro. Si bien las cifras fluctúan, se estima que alrededor de 36.000 cristianos viven en el predio de la Misión católica de San Antonio de Padua y que alrededor de 1.200 musulmanes subsisten en una escuela llamada "Liberté". Las condiciones son muy difíciles cuando existe escasez de comida, agua potable, atención médica y saneamiento adecuado. Es probable que la próxima temporada de lluvias empeore las condiciones.

"Hablamos en nombre de todas esas personas que todavía viven en emplazamientos abandonados y que no cuentan con ningún tipo de recursos", dijo el arzobispo de Bangui, monseñor Dieudonne Nzapalainga. Pedimos una solución a nivel internacional de manera que volvamos a sentirnos seguros... y de modo que la cohesión se restablezca y que cada uno de nosotros pueda reconstruir este país al que todos amamos".

Según los últimos informes de las Naciones Unidas, la implacable violencia ha obligado a cerca de 700.000 personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad dentro del país y a muchos otros a cruzar las fronteras hacia países vecinos. La escasez de alimentos es cada vez mayor y también el número de personas desplazadas que llegan a la capital, Bangui, con necesidades nutricionales apremiantes. Se necesitan servicios médicos y de atención sanitaria vitales en las zonas más afectadas, incluidos medicamentos esenciales, suministros de laboratorio, sangre segura y medicamentos para evitar brotes de enfermedades infecciosas.

También existe una creciente preocupación en lo que concierne a la seguridad de las mujeres y las niñas, ya que hay un gran número de denuncias de agresiones sexuales en emplazamientos de desplazados internos.

"Es intolerable que la violencia aceche a las mujeres y las niñas, cuando tratan de reconstruir sus vidas en hogares provisionales", dijo el Sr Sidibé. "Los centros para desplazados internos deben proporcionar lugares verdaderamente seguros para las mujeres y las niñas, puesto que ya es traumático de por sí el ser desplazado de las comunidades familiares por parte de las milicias combatientes".

Por el momento, los fondos destinados a los esfuerzos de respuesta en casos de emergencia de violencia de género son limitados; y pocos emplazamientos de desplazados internos ofrecen servicios adecuados de respuesta médica y psicosocial a las sobrevivientes de la violencia.

Antes del comienzo de la crisis actual, el país ya luchaba con la respuesta al sida, y la persistente violencia está complicando aún más la situación. De acuerdo con las autoridades del país, 125.000 personas vivían con el VIH en el año 2012, de los cuales 15.000 recibían tratamiento antirretrovírico. Desde que comenzó la violencia, dos tercios de las personas en tratamiento que viven con el VIH han huido de sus hogares y ya no pueden acceder ni a los medicamentos ni a la atención que necesitan. Existe una creciente preocupación ante la posibilidad de que la interrupción del tratamiento provoque una resistencia a los medicamentos esenciales y que por lo tanto se dificulte la atención en el futuro.


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