Criminalization

El director ejecutivo de ONUSIDA, Luiz Loures, se reunió y dialogó con miembros de la sociedad civil y la comunidad durante su visita a Sri Lanka.
Fotografía: ONUSIDA/Jayalal

Las comunidades con un mayor riesgo de sufrir infecciones por el VIH deben colocarse en el centro del diseño y la puesta en práctica de los programas contra el sida. Este fue el mensaje principal destacado en los debates entre representantes de la sociedad civil y el director ejecutivo adjunto del área de programa de ONUSIDA, Luiz Loures, durante una visita oficial al país del 16 al 18 de junio.

Durante su visita a Sri Lanka, el Sr. Loures visitó varios programas comunitarios y se reunió con representantes de las poblaciones clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo y mujeres que viven con el VIH. A través de unas exhaustivas conversaciones, escuchó los ejemplos de programas orientados al país que han contribuido a facilitar un mayor acceso a diversos servicios contra el VIH para poblaciones clave, así como una significativa creación de redes.

La prevalencia nacional del VIH sigue siendo relativamente baja en Sri Lanka, se calcula que del 0,1 %, pero el país es uno de los cuatro de la región Asia-Pacífico que ha mostrado un incremento de hasta un 25 % en nuevas infecciones por el VIH en el periodo de 2001 a 2011. Los niveles más elevados de VIH se concentran con frecuencia en torno a determinados puntos geográficos y en comunidades con un mayor riesgo de infección por el VIH. Según estudios nacionales, en la ciudad de Kandy, por ejemplo, se estima que la prevalencia del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es del 4 %, más de 40 veces la media de la población general.

"En Sri Lanka - al igual que en Asia Pacífico en general y en todo el planeta - observamos que allí donde las comunidades son las protagonistas de la respuesta al sida, es donde se logra el mayor impacto", dijo el Dr. Loures, en un elogio a los programas presentados durante su visita. Destacó el éxito con el que habían comenzado los programas en las poblaciones clave de Sri Lanka a pesar de unos exigentes entornos jurídicos y políticos, que penalizan el trabajo sexual y las relaciones entre personas del mismo sexo.

Respecto a la urgencia necesaria para ampliar dichos programas en todo el país a fin de frenar el aumento de las tasas de infección por el VIH, el Dr. Loures indicó que: "Incluso en países con una baja prevalencia debemos mantener un sentido de urgencia para garantizar que las respuestas y la financiación dirijan hacia donde más se necesitan y que estén creadas por las comunidades para las comunidades".

En los países que notificaron progresos respecto al sida en 2012, se estimó que solo el 19 % del gasto en prevención del VIH se destinaba a las poblaciones afectadas clave. A pesar de que se estima que el 25 % de las nuevas infecciones por el VIH de la región se producen entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, solo alrededor del 1 % de las inversiones va dirigido a programas entre esta comunidad.

En Sri Lanka, los representantes de la comunidad instan a que se asignen una atención y unos recursos mucho más importantes para garantizar el incremento de la cobertura y los servicios para las personas que más lo necesitan.

“Hemos construido una red muy exitosa y sabemos qué hay que hacer, pero necesitamos el compromiso y los recursos para poder aumentar el tamaño y la escala de los programas y asegurarnos realmente de que no dejamos a nadie atrás", dijo Lalith Dharmawardena, director ejecutivo de la Organización Heart to Heart, una red que visitó el Dr. Loures y que se creó para fomentar los derechos sobre salud sexual y otros derechos de los hombres de Sri Lanka que tienen relaciones sexuales con hombres.

El director ejecutivo de ONUSIDA, Luiz Loures, se reunió y dialogó con miembros de la comunidad durante su visita a Sri Lanka.
Fotografía: ONUSIDA/P.Wijayananda

También se destacaron los entornos jurídicos y políticos punitivos y los subsiguientes niveles de estigma y discriminación hacia las personas que viven con el VIH y las comunidades clave también como una importante barrera para la respuesta al sida de Sri Lanka. Tanto el comercio sexual como las relaciones sexuales entre hombres están prohibidas por leyes, códigos o políticas nacionales. Las encuestas nacionales sugieren que muchas personas con un alto riesgo de infección retrasan la realización de las pruebas del VIH y la búsqueda de tratamiento porque les preocupan las implicaciones de su identificación y de un resultado positivo, así como la confidencialidad de su estado serológico.

Princey Magalika, presidenta de la Red de Mujeres Seropositivas de Sri Lanka, subrayó de qué modo la normalización del VIH y las poblaciones clave puede tener un impacto positivo en la reducción del estigma y la discriminación. También instó al gobierno y a las autoridades presentes en las interacciones comunitarias a garantizar una mayor participación de las personas que viven con el VIH y de las poblaciones clave en los organismos responsables de la toma de decisiones y en la respuesta nacional. La Sra. Mangalika agradeció además al gobierno y al Fondo Mundial el haber puesto de forma gratuita el tratamiento antirretrovírico a disposición de aquellos que lo necesitan en Sri Lanka.

"Estamos observando algunos signos realmente positivos en Sri Lanka y ahora necesitamos espacios permanentes para las mujeres que viven con el VIH y otras comunidades", dijo la Sra. Mangalika, cuyos esfuerzos, tanto los personales como los de su organización, merecieron un premio Cinta Roja en 2012 por sus destacados programas de apoyo y asistencia basados en la comunidad. "Necesitamos que las autoridades escuchen más atentamente las necesidades especiales de las comunidades - mujeres, hombres, personas transgénero - y que nos dejen dirigir la ayuda. Sabemos llegar mejor a la gente", afirmó.

La visita del director ejecutivo adjunto de programas de ONUSIDA a Sri Lanka coincide con su asistencia a la 29ª reunión de la junta del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que se celebra en Colombo del 18 al 19 de junio de 2013.

De izquierda a derecha: la congresista de los Estados Unidos y miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Barbare Lee; el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé; el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Jan Eliason; la administradora del PNUD, Helen Clark; y su Excelencia, Festus Mogae, antiguo presidente de Botswana y miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho.
Fotografía: D.Lowthian

La Comisión Global sobre VIH y Derecho presentó su informe de referencia el 9 de julio de 2012 en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. El nuevo informe denuncia el impacto negativo que las leyes punitivas tienen sobre los derechos humanos y la respuesta al VIH y formula atrevidas recomendaciones para corregirlo.

"Nunca antes ha habido tal análisis del papel del derecho en el VIH", dijo Festus Mogae, antiguo presidente de Botswana y miembro de la Comisión. "Lo que hemos descubierto es una epidemia de malas legislaciones que están costando vidas. Debemos acabar con la epidemia de malas legislaciones y promulgar leyes basadas en los datos, el sentido común y los derechos humanos", añadió el Sr. Mogae.

El estigma, la discriminación y los enfoque legales punitivos hace tiempo que se han reconocido como barreras a la respuesta contra el VIH. Estas agudizan la vulnerabilidad ante el VIH, especialmente entre las poblaciones clave con un mayor riesgo de infección y dificultan que las personas y las comunidades accedan a la prevención, el tratamiento, el cuidado y los servicios de ayuda para el VIH. Hace tiempo que ONUSIDA hizo un llamamiento para la retirada de las leyes punitivas y su sustitución por legislaciones protectoras. Aun así, países de todo el mundo siguen manteniendo leyes, políticas y prácticas que infringen los derechos humanos, exacerban la discriminación e impiden que se realicen esfuerzos nacionales y mundiales para abordar el VIH.

En su intervención durante la presentación del informe, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, indicó que "la fuerza de este informe es que va más allá de una descripción superficial del estigma y la discriminación para cuestionar las estructuras jurídicas y estructurales que sostienen la desigualdad, la injusticia y las violaciones de los derechos humanos en el contexto del VIH".

El informe, titulado "VIH y Derecho: riesgos, derechos y salud", es el resultado de un proceso consultivo de dos años durante el que la Comisión recibió más de 1000 alegaciones de personas afectadas por problemas con las leyes, la aplicación de la legislación y el acceso a la justicia en el contexto del VIH. El informe tuvo en cuenta las recomendaciones de siete coloquios regionales que implicaban a gobiernos y a la sociedad civil y la opinión de un Grupo Asesor Técnico de expertos sobre VIH y derecho.

Las leyes punitivas aumentan el riesgo de infección por el VIH

La Comisión - un grupo independiente de líderes políticos y sociales de todo el mundo - señaló que las mujeres están gobernadas en muchas partes del mundo por sistemas jurídicos plurales en los que el derecho tradicional y consuetudinario perpetúa su desigualdad social y económica. Esta situación hace que las mujeres sean vulnerables a las relaciones y/o a la violencia sexual que las ponen en riesgo de infección por el VIH. La Comisión describió las realidades de muchas mujeres embarazadas que viven con el VIH y que se enfrentan a la discriminación en la atención sanitaria, incluida la esterilización forzada, incluso aunque un fármaco simple y barato puede evitar la transmisión maternoinfantil y mantiene a las madres con vida.

En el informe, los comisionados hicieron un llamamiento a los gobiernos para que usen el derecho para proteger a las mujeres de la desigualdad y la violencia. También instaron a los gobiernos a acabar con las barreras legales que impiden que los jóvenes accedan a la información y los servicios para el VIH, así como a la educación sexual; todo ello necesario para evitar la infección por el VIH.

La Comisión también hizo un llamamiento a la eliminación de las leyes que criminalizan a las personas basándose en su orientación sexual y su identidad de género, en la posesión de drogas para su uso personal y en su participación en trabajos sexuales consentidos entre adultos. También citó abundantes datos de cómo dichos derechos penales exacerban el riesgo de infección por el VIH entre los hombres que tienen relaciones con hombres, las personas transgénero, los usuarios de drogas y los adultos que venden y compran sexo. Según el informe, dichas leyes llevan a la gente clandestinidad y a los márgenes de la sociedad, lejos de los servicios sanitarios y para el VIH. Además, si se les condena y envía a prisión, los riesgos de contraer el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C son muy altos porque, en muchos países, las leyes prohíben la provisión de servicios y bienes básicos sanitarios y de prevención del VIH en las cárceles.

Nick Rhoades, del Center of HIV Law and Policy, habló contra la criminalización de la exposición y transmisión del VIH, tras haber sido él mismo condenado en los Estados Unidos de América, incluso aunque había usado preservativos, presentaba una carga vírica indetectable y no transmitió el VIH. Citando las muchas leyes penales específicas contra el VIH, dijo: "Las personas tienen manos y pueden pegar a otros con sus puños, pero no hay ninguna ley que penalice específicamente a una mano como "arma mortal" como se hace con el VIH". La Comisión ha solicitado que el derecho penal se limite estrictamente a los actos intencionados y maliciosos de transmisión real del VIH.

Los participantes en la presentación destacaron el modo en que los enfoques jurídicos punitivos socaban la inversión en prevención y tratamiento para el VIH, que finalmente está empezando a mostrar la posibilidad real de detener e invertir la epidemia. También subrayaron que la persistencia de leyes y prácticas punitivas es una preocupación seria en un momento en el que el mundo ha estabilizado el número de nuevas infecciones por el VIH, ha aumentado sus conocimientos sobre la prevención eficaz del VIH y está preparándose para aprovechar todo el potencial de la ampliación del tratamiento para el VIH. "Es escandaloso que en 2012, cuando tenemos todo lo necesario para vencer esta epidemia, aun tengamos que luchar contra el prejuicio, la discriminación, la exclusión y las malas legislaciones", dijo el Sr. Sidibé.

El derecho como instrumento para proteger a las personas

Los comisionados subrayaron en la presentación que existen muchos ejemplos positivos de países que han usando el derecho como instrumento para proteger a las personas, crear un entorno que aborde el estigma y la violencia y fomentar así el acceso a los servicios para el VIH. Otros países han usado el derecho para desafiar a los regímenes de propiedad intelectual demasiado amplios y estrictos a fin de reducir el coste de fármacos para el VIH fundamentales y garantizar su disponibilidad, incluso mediante la producción de genéricos.

“La reforma de la legislación es compleja, pero los países pueden hacer mucho más", dijo la administradora del PNUD, Helen Clark. "La tarea que tenemos ante nosotros es garantizar la adopción y aplicación de mejores leyes", añadió.

La Comisión y su trabajo han iniciado conversaciones en todo el mundo sobre asuntos que son difíciles, controvertidos y complejos. Son además temas centrales para la dignidad humana, la salud y la justicia social. Estos diálogos forman parte de aquello que los gobiernos se comprometieron a hacer en la Declaración política sobre el sida de 2011, en la que prometieron revisar las leyes y políticas que “afecten negativamente a la administración igualitaria, eficaz y exitosa de los servicios para el VIH y al planteamiento de su revisión”.

"Ahora tenemos una poderosa herramienta de reivindicación y compromiso para pedir a los gobiernos que defiendan los derechos humanos de todas las personas vulnerables al VIH", dijo Ebony Johnson, de la red Athena. "No se debe dar carpetazo a este informe".

La Comisión Global sobre VIH y Derecho es un organismo independiente, reunido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida (ONUSIDA). La Comisión estaba respaldada por un Grupo Asesor Técnico, que revisó y analizó los datos existentes sobre salud pública y legislación y también encargó un análisis original. Se puede encontrar información adicional sobre la Comisión, sus procesos y trabajos en www.hivlawcommission.org.

El juez Michael Kirby (izquierda) y el profesor Brian Gazzard durante la reunión de expertos. Ginebra, 2 de septiembre de 2011.

Científicos y médicos de primera fila se unieron a expertos jurídicos y representantes de la sociedad civil para comentar los aspectos científicos, médicos, jurídicos y de derechos humanos de la penalización de la no revelación, la exposición y la transmisión del VIH. La reunión, organizada por ONUSIDA, se celebró en Ginebra del 31 de agosto al 2 de septiembre. 

Los participantes revisaron los principios científicos, médicos, de salud pública y legales clave que deben formar parte de la aplicación del derecho penal al VIH. También comentaron los recientes progresos en diversos países en los que se está reconsiderando la penalización del VIH.

La reunión forma parte de un proyecto para garantizar que la aplicación, si se produce, del derecho penal a la exposición o a la transmisión del VIH esté adecuadamente limitada por los datos científicos y principios legales más recientes a fin de garantizar la justicia y la protección de la salud pública. Los puntos clave surgidos de la reunión de expertos se presentarán durante una Consulta Política de Alto Nivel sobre la penalización de la no revelación, la exposición y la transmisión del VIH que tendrá lugar en Noruega en el primer trimestre de 2012.

ONUSIDA.org aprovechó la oportunidad para entrevistar al profesor Brian Gazzard (experto científico y médico) y el juez Michel Kirby (experto jurídico) para descubrir sus opiniones sobre la significación, los resultados previstos y el impacto potencial de la reunión de expertos.

ONUSIDA.org - Como científico, ¿qué le trae a una reunión de expertos sobre la penalización de la no revelación, la exposición y la transmisión del VIH?

Profesor Brian Gazzard (BG) - No soy solo científico, soy médico clínico. Y supongo que, como médico clínico, estoy interesado por dos motivos. Uno es que se ha convertido en un tema muy importante para la mayoría de pacientes con los que hablo. Quieren saber cuáles son las normativas sobre penalización y los riesgos que representan para ellos. Afortunadamente he contribuido a un conocimiento científico más sólido sobre cuáles son los riesgos de transmisión del VIH y cuál es el estado de salud de una persona que está infectada por el VIH. Estoy estupefacto ante lo poco que los tribunales parecen saber aún sobre estos aspectos.

ONUSIDA.org - ¿Cuál considera que es el papel de los científicos para corregir la penalización demasiado extendida de la no revelación, la exposición y la transmisión del VIH?

BG - Creo que tienen el papel de señalar qué es la ciencia. Así que lo que estamos tratando de hacer en realidad es decir que el VIH se ha convertido en una enfermedad tratable que debería permitir tener una vida con una duración cercana a la normal si la gente tuviera acceso al tratamiento para el VIH y, por supuesto, lo tomara. Esto es muy diferente de la visión de los tribunales, donde supone un asesinato, el paciente morirá varios meses después del diagnóstico y la vida es un desastre. Me alegra decir que la calidad de vida de la mayoría de pacientes con el VIH es extremadamente buena. Y por tanto, tener en la realidad una situación en la que las jurisdicciones aún procesan a las personas por intento de asesinato por haber transmitido el VIH es muy poco realista en mi opinión.

ONUSIDA.org - A la luz de los recientes avances, incluidos los datos sobre los beneficios de la terapia antirretrovírica altamente activa (HAART), ¿aún puede calificarse la transmisión o la exposición al VIH como asesinato o intento de asesinato en el derecho penal?

BG - En mi opinión, está claro que no, y creo que cualquier proceso por este motivo fracasará, pero por supuesto, incluso ser procesado es un proceso bastante doloroso. Creo que es importante que las directrices penales digan que esto no es razonable.

ONUSIDA.org - Y de forma más amplia, en su opinión, ¿de qué manera un mejor conocimiento de los datos científicos forma parte del derecho penal en el contexto del VIH?

BG – Definir la intención de hacer daño es un aspecto legal complejo. La probabilidad de transmisión del VIH a otra persona es bastante baja, en especial en el contexto de las relaciones sexuales más seguras con preservativo, o en personas que reciben tratamiento para el VIH.   Si una determinada persona transmite el VIH o no es un acontecimiento muy poco frecuente y arbitrario. Por lo que creo que la ciencia es importante para aclarar estos hechos. El riesgo no es tan alto como para que se pueda considerar un intento de asesinato cuando se tienen relaciones sexuales con alguien; el riesgo es, en realidad, muy bajo.

ONUSIDA.org - En su opinión, ¿existe algún dato legal que apoye la penalización del VIH?

Juez Michael Kirby (MK) - Existen algunos casos excepcionales en los que el derecho penal debe desempeñar un papel. Sin embargo, el derecho penal se ha introducido en toda una serie de actividades diferentes que son contraproducentes desde el punto de vista de una respuesta de la salud pública al VIH. También es probable que el uso del derecho penal conduzca a medidas desproporcionadas y muy punitivas, que no resultan útiles para responder a la epidemia de un modo que evite la propagación del VIH.

ONUSIDA.org - La penalización de la no revelación, la exposición y la transmisión del VIH se ha impuesto durante varios años. ¿Hay alguna novedad o algo diferente en 2011?

MK - Hay diversos progresos que marcan la diferencia. Por ejemplo, cuando en 2008 se adoptaron las directrices originales sobre la penalización de la transmisión del VIH, se sugirió no tener leyes específicas contra el VIH, sino dejar que el derecho penal general tratara los casos atroces, los casos muy graves. Ahora nos damos cuenta de que el derecho penal general con frecuencia tendrá conceptos muy inciertos, como la intención criminal, y también tendrá provisiones que son difíciles de aplicar en el contexto del VIH.

Otros progresos han sido los avances en el tratamiento antirretrovírico y, por supuesto, un mejor conocimiento de la validez y las limitaciones de la prueba filogenética.

Así que ha habido progresos tecnológicos y científicos, pero también la comprensión de que las directrices de 2008 no cubren todos los problemas. 

ONUSIDA.org - ¿Cree usted que está reunión hará avanzar los esfuerzos contra el uso demasiado extendido del derecho penal en el contexto del VIH? Y si es así, ¿qué se debe hacer?

MK - Creo que el valor del grupo ha radicado en que tiene una mezcla de [expertos] científicos y juristas y cuenta con una buena representación de personas que viven con el VIH. Ello nos ha permitido estudiar otra vez cómo y qué podemos hacer para explicar las nuevas realidades de la epidemia y proponer nuevas directrices para ayudar a los países a reaccionar de forma adecuada respecto a la penalización del VIH.

La infección por el VIH no es una sentencia de muerte como se pensó cuando apareció el VIH por primera vez y tenemos que modificar nuestras políticas conforme a los progresos de la ciencia y la tecnología.

ONUSIDA.org - Como miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho dirigida por el PNUD, ¿cómo cree que contribuye esta reunión al objetivo global de corregir las leyes punitivas que repercuten negativamente en la respuesta al VIH?

MK - Este aspecto no ha sido una característica importante del trabajo de la Comisión Global en la que he estado implicado hasta la fecha. El valor de la reunión de expertos dirigida por ONUSIDA es que llena un importante vacío. Lo que se ha comentado en torno a nuestra mesa con los participantes interdisciplinarios que han participado en ella se puede introducir en los debates de la Comisión Global y eso es exactamente lo que voy a hacer.

El profesor Brian Gazzard es director de investigación clínica de la Unidad del VIH en el Chelsea and Westminster Hospital, una de las mayores unidades clínicas de Europa. También ha sido el presidente fundador de la British HIV Association (BHIVA) y presidente ejecutivo de BHIVA de 1995 a 2004. Brian Gazzard es también presidente del Grupo Asesor Experto en Sida (EAGA, por sus siglas en inglés), organismo asesor del Departamento de Salud del Reino Unido.

El juez Michael Kirby es juez jubilado del Tribunal Superior de Australia. En el momento de su jubilación, el juez Kirby era el magistrado con más años en ejercicio de Australia. Desde los primeros días de la epidemia, el juez Kirby fue miembro de muchos organismos nacionales e internacionales preocupados por el VIH. En la actualidad trabaja como miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho. También es miembro del Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos.

Fotografía: ONUSIDA/P.Virot

El 17 de febrero de 2011, el ministro de Justicia danés anunció la suspensión del artículo 252 del Código Penal danés. Según se informa, esta ley, que se ha utilizado para procesar a unas 18 personas, es la única disposición del derecho penal en Europa Occidental que trata el VIH de forma específica.

Por ello, el Gobierno danés ha establecido un grupo de trabajo para considerar si se debería revisar o abolir la ley, tomando como referencia las mejores pruebas científicas disponibles en lo relativo al VIH y a su transmisión.

El avance realizado por Dinamarca no es una excepción. El año pasado se creó un comité oficial similar en Noruega para informar sobre la revisión en curso del artículo 155 del Código Penal. Este penaliza la infección o exposición negligente o intencionada a aquella enfermedad transmisible que sea peligrosa para la salud pública, pero esta ley solo se ha utilizado para procesar a personas que transmiten el VIH.

En Estados Unidos, el país con el mayor número de casos documentados de enjuiciamientos por transmisión del VIH o exposición al mismo, se adoptó en julio de 2010 la Estrategia nacional sobre el sida. Desde esta iniciativa, aumentó la preocupación por las leyes específicas para el VIH que penalizan su transmisión y su exposición. En aproximadamente 34 Estados y dos territorios de EE. UU. existen dichas leyes. Se ha condenado a personas seropositivas a largas penas de prisión tras ser declarados culpables de «exponer» a otras personas al VIH por escupirles o morderles, dos hechos que no conllevan ningún riesgo de transmisión.

En febrero de 2011, la Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales para el Sida (NASTAD, por sus siglas en inglés), organización que representa a los funcionarios de la salud pública que administran los programas sobre el VIH en Estados y territorios, expresaron su preocupación por el «impacto corrosivo» de las leyes excesivamente amplias que penalizan la transmisión del y exposición al VIH. Los directores pidieron el rechazo de leyes que no «se basen en la ciencia de la salud pública», ya que desaniman a las personas a hacerse las pruebas del VIH y a conseguir tratamiento.

Por otra parte, también se han documentado avances positivos en África. El año pasado, al menos tres países, Guinea, Togo y Senegal, revisaron la legislación vigente sobre el VIH o adoptaron nuevas leyes que restringen el uso del derecho penal a casos excepcionales de transmisión intencionada del VIH.

Las pruebas científicas disponibles más sólidas para informar el derecho penal

Estos avances indican que los Gobiernos también piden una mejor comprensión de los riesgos, los daños y las pruebas en lo que concierna a la transmisión del VIH, especialmente si hay pruebas médicas y científicas que demuestran que se puede reducir de forma considerable la capacidad de infección de las personas que reciben un tratamiento antirretrovírico.

Para asesorar a los países sobre la aplicación justa del derecho penal en lo que respecta al VIH, ONUSIDA ha comenzado un proyecto de investigación exhaustiva sobre los actuales aspectos científicos, médicos, legales y de derechos humanos en la criminalización de la transmisión del VIH. El objetivo de este proyecto es asegurar, si procede, la correcta aplicación del derecho penal en casos de exposición o transmisión del VIH, basándose en las pruebas científicas más recientes y pertinentes, así como en los principios legales, con el fin de garantizar la justicia y la protección de la salud pública. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Noruega, se centrará en aquellos países con ingresos altos en los que se hayan dado más casos de procesamientos por infección del VIH o exposición al mismo.

La iniciativa consistirá en organizar dos reuniones de expertos que revisen temas científicos, médicos, legales y de derechos humanos relacionados con la penalización de la transmisión del VIH o de la exposición al mismo. Asimismo, se realizará una consulta internacional sobre la criminalización de la transmisión del VIH y su exposición en países con ingresos altos. El proyecto ahondará en los principios que se establecieron en Criminalización de la transmisión del VIH: informe de política, un documento que ONUSIDA y PNUD publicaron en 2008. Los nuevos hallazgos se enviarán a la Comisión Mundial sobre el VIH y la Legislación, dirigida por PNUD, cuya puesta en marcha realizaron PNUD y ONUSIDA en junio de 2010.

Como ocurre con cualquier otra reforma legislativa relacionada con el VIH, ONUSIDA insta a los Gobiernos a comprometerse en iniciativas que aseguren la participación de todos los que se vean afectados por dichas leyes, incluidas las personas que viven con el VIH.

El director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé, habló en la ceremonia inaugural de la consulta de alto nivel sobre las leyes y los derechos humanos relacionados con el VIH en Dakar, Senegal.

Los ministros de justicia y jueces de África occidental y central celebraron una consulta de alto nivel sobre leyes y derechos humanos relacionados con el VIH del 6 al 8 de febrero en Dakar, Senegal. El objetivo de la reunión era intensificar el compromiso de los funcionarios judiciales en respuesta al VIH a nivel nacional.

El 80 por ciento de los países de África occidental y central poseen leyes que consideran que la transmisión del VIH, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o la profesión del sexo constituyen un delito. En toda la región, las personas que viven con el VIH sufren el estigma y la discriminación en el acceso al empleo, la educación, y los servicios sanitarios y sociales. En muchos países, quienes viven con el VIH y las principales poblaciones que corren mayor riesgo de exposición al VIH (incluso profesionales del sexo y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) cuentan con acceso limitado al apoyo jurídico cuando ocurren injusticias.

“Las leyes deben favorecer y no luchar en contra de la respuesta al sida. Nunca deberían obstaculizar la salud o la sobrevivencia de ningún individuo”, comentó el director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé, en su discurso de apertura en la reunión de consulta. “Realmente debemos atender la discriminación y la injusticia relacionadas con el sida”, agregó. El Sr. Sidibé instó a los ministros de justicia a que fundamentaran sus leyes en lo que respalda la ciencia y a que garantizaran que todos tengan igualdad de acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

“Ya no podemos dejar de tener en cuenta que la ley es un instrumento para combatir el VIH”, señaló el ministro de justicia de Senegal, Cheikh Tidiane Sy, al destacar que la epidemia había generado temas jurídicos y de derechos humanos complejos en la jurisprudencia de los países de toda la región. El Sr. Sy subrayó que los funcionarios judiciales no deben limitarse a dictaminar en un tribunal de justicia. “Es igualmente importante que los magistrados participen en actividades que aumenten el conocimiento de la población acerca de las leyes y se aseguren de que tenga acceso a la justicia”, comentó.

La consulta, organizada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Africana de las Altas Jurisdicciones Francófonas (AA-HJF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ofreció una oportunidad para dialogar sobre una variedad de sentencias, instrumentos jurídicos e iniciativas de los países relacionadas con el VIH. La reunión también sirvió de foro para los individuos afectados directamente por las leyes sobre el VIH, entre ellos, personas que viven con el VIH, para que compartieran sus experiencias y perspectivas.

Al dirigirse a los asistentes el domingo, Jeanne Gapiya Niyonzima, una mujer seropositiva y presidenta de la Asociación Burundesa de Personas que Viven con el VIH, recordó a los presentes la forma en que su médico ordenó inmediatamente la interrupción de su embarazo y la extracción de su útero cuando supo sobre su estado seropositivo tras la prueba de detección del VIH. “En función de magistrados, uno aprecia la gravedad de esta tipo de agresión contra la integridad física y social del ser humano”, indicó la Srta. Niyonzima. “Si fracasamos en ofrecer un entorno social y jurídico favorable, corremos el riesgo de perder todos los adelantos en la respuesta al VIH”, añadió.

Los funcionarios judiciales pueden cumplir una función crucial en la protección de los derechos humanos y el avance de la respuesta al VIH. Por ejemplo, en Burkina Faso, donde alrededor de 1,2 por ciento de la población adulta vive con el VIH, el programa comunitario del PNUD conocido como Programme d’appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) colabora con otras organizaciones sin fines de lucro y David Kaboré (un juez y defensor de derechos humanos) para llevar a cabo un proyecto de enseñanza de conocimientos jurídicos a fin de promover y salvaguardar los derechos de las personas que viven con el VIH. El proyecto iniciado en 2003 ofrece asesoramiento jurídico gratuito y confidencial a personas que viven con el VIH y ha cumplido una función esencial al destacar y atender casos de discriminación relacionada con el VIH en el país.

Alrededor del mundo, muchos países aún tienen leyes o políticas que socavan la respuesta al VIH y castigan, en lugar de proteger, a la gente necesitada. En 79 países, las relaciones sexuales de común acuerdo entre adultos del mismo sexo se consideran un delito. En más de 100 países, territorios y áreas se considera delictivo algún aspecto de la profesión del sexo. Y en 48 países, territorios o entidades se impone algún tipo de restricción al ingreso, la estadía o residencia de las personas seropositivas a causa de su estado serológico respecto al VIH.

El ONUSIDA promueve las leyes y medidas de protección para asegurar que todas las personas que lo necesiten se beneficien de los programas relacionados con el VIH y tengan acceso a la justicia, independientemente de su estado de salud, sexo, orientación sexual, uso de drogas o participación en la profesión del sexo.

El año pasado, el ONUSIDA y el PNUD pusieron en marcha la Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho (GCHL), la cual agrupó a líderes públicos de muchas regiones y diversas experiencias de vida, al igual que a expertos en leyes, derechos humanos y el VIH. La Comisión dirigida por el PNUD trabaja para asegurar que las leyes respalden respuestas al sida que sean eficaces.

La Dra. Meskerem Grunitzky Bekele, directora del Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para África central y occidental y el Sr. Robert Dossou, presidente de la corte constitucional de Benin (en el centro), con estudiantes del equipo ganador de la 19ª Competición en litigancia simulada ante la Corte Africana de los Derechos Humanos. Fotografía: ONUSIDA

Más de 120 alumnos de derecho pertenecientes a 60 universidades de 24 países africanos participaron en la 19ª Competición en litigancia simulada ante la Corte Africana de los Derechos Humanos, celebrada en Cotonou (Benin), del 4 al 9 de octubre de 2010.

Los estudiantes debatieron sobre un caso hipotético de derechos humanos emulando a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Mientras que los profesores hacían las veces de jueces en las rondas preliminares, en la final la decisión última la tenían expertos en derechos humanos de gran prestigio internacional.

En esta ocasión, fue el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) el encargado de organizar la competición, que cada año suele tener como escenario un país distinto. En la preparación del evento desempeñó también un papel importante la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de Abomey-Calavi (Benin).

Según Evy Carole Bouo, participante de la Universidad de Cocody (Côte d'Ivoire), "esta competición ha brindado una oportunidad increíble a estudiantes de derecho como yo, pues hemos podido llevar a la práctica todo lo que venimos aprendiendo". Además, añadió, "nos ha permitido conocer de cerca a expertos en derechos humanos de origen africano y muy reconocidos internacionalmente".  

En el caso hipotético de este año se planteaban varias cuestiones relacionadas con los derechos humanos, entre ellas la penalización de la transmisión del VIH. Los expertos en salud y derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil y la gente que vive con el virus han expresado su preocupación por las leyes que penalizan la transmisión del mismo, ya que no harían sino reforzar el estigma del VIH. La aplicación de estas cláusulas legales podría a su vez desalentar a muchas personas que buscan el acceso a la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, ya que a partir de ahora empezarían a temer las consecuencias legales. Asimismo, sería fácil que aumentara el número de situaciones en las que se violan los derechos humanos.

En sus propuestas escritas, los estudiantes mostraron su desacuerdo con estas leyes, argumentando que van en contra de las limitaciones justificables de los derechos humanos establecidas en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

Así pues, tal y como se observa en el Marco de resultados relativo al período 2009-2011, una de las prioridades de ONUSIDA es acabar con "las leyes punitivas, las políticas, las prácticas, el estigma y la discriminación que obstaculizan una respuesta eficaz al VIH".

En la competición de este año, ONUSIDA, el UNFPA y la UNESCO presentaron un proyecto en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria con el fin de recopilar información sobre las cuestiones jurídicas y políticas relativas al VIH y los jóvenes en África. El proyecto se propone planificar las leyes y políticas relativas al acceso de los jóvenes a la educación en materia de VIH, la edad mínima para someterse voluntariamente a una prueba de VIH y el acceso de los jóvenes a la prevención y el tratamiento del virus.

El profesor Frans Viljoen, director del Centro de Derechos Humanos, señala que la iniciativa conjunta de ONUSIDA, el UNFPA y la UNESCO "nos muestra la relevancia que ha alcanzado la Competición en litigancia simulada ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y, al tiempo, anima a los estudiantes a participar en una investigación que más tarde podrá influir en los debates políticos y legales no sólo de sus países de origen".

Durante la ceremonia de clausura, la Dra. Meskerem Grunitzky Bekele, directora del Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para África central y occidental, subrayó en su discurso la importancia de hacer partícipes a los jóvenes estudiantes de derecho en los debates sobre temas complejos relacionados con el VIH y el derecho.

Además, la Dra. Bekele continuó diciendo que " hoy es más necesario que nunca responder al VIH con firmeza, favoreciendo y protegiendo a todas las personas. Se requiere una respuesta que desafíe la discriminación y permita a todos los individuos, incluida la gente joven, tener acceso a la prevención, el tratamiento y la atención del virus".

Gracias al hecho de que este año se haya incorporado el tema del VIH en la competición, los estudiantes han podido llevar a la realidad del continente africano todo lo que saben en torno a los derechos humanos.

En esta edición, el ganador fue el equipo formado por participantes de la Universidad de Cocody, en Côte d’Ivoire (doña Evy Carole Bouo y don Jean-Camille Kouadio), la Universidad de Namibia (doña Stephanie de Klerk y don Albert Titus), y la Rhodes University, en Sudáfrica (doña Ingrid Cloete y don Fausto Di Palma).

Creada en 1992, la Competición en litigancia simulada ante la Corte Africana de los Derechos Humanos es la mayor reunión anual de facultades de derecho de África. Además, fue premiada con el Premio UNESCO de Educación para los Derechos Humanos, en el que se la reconocía como la iniciativa educativa de los derechos humanos más influyente del continente. Durante los últimos 19 años, esta competición ha reunido a miles de estudiantes de 131 universidades de 48 países africanos.

La epidemia de sida ha planteado retos nuevos y complejos en el ámbito jurídico y de los derechos humanos que han contribuido a que las resoluciones jurídicas para cuestiones relacionadas con el VIH se hayan convertido en parte de la jurisprudencia de muchos países. Mediante la interpretación de las constituciones nacionales, la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos, el poder judicial ha conseguido en ocasiones repercutir positivamente en la respuesta nacional al VIH y en su percepción pública.

Este tipo de jurisprudencia habilitante ha surgido en países tan diversos como Australia, Botswana, Brasil, India, Irán, Kenya, Namibia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos de América y Venezuela, e incluye sentencias en ámbitos como el derecho laboral,  el acceso a la educación, seguros médicos, tratamiento en las prisiones, segregación, confidencialidad, acceso a los medicamentos y derechos de los reclusos. Aplicando la legislación en función de las pruebas y de manera contrastada y protectora, el poder judicial puede crear el tipo de entorno jurídico y social necesario para detener y reducir la epidemia de sida, ofrecer acceso a la justicia a los afectados, y cumplir los compromisos nacionales para alcanzar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

Más allá de los tribunales, los miembros del poder judicial son líderes en sus comunidades y sociedades y deberían implicarse en la respuesta al VIH. Su postura, actitudes y conductas en torno a los temas relacionados con el VIH, a las personas seropositivas y a los miembros de las poblaciones más expuestas al riesgo de infección pueden ayudar a definir la actitud social hacia estas poblaciones.

Los miembros del poder judicial pueden retar al estigma y a las prácticas discriminatorias que sufren estas personas tanto en los tribunales como en la comunidad en general

Sin embargo, en el área de cuestiones jurídicas, médicas y legales, que evoluciona con rapidez, los jueces han tenido pocas oportunidades de analizar los avances epidemiológicos y científicos. Tampoco se ha explorado debidamente el papel de los miembros del poder judicial como agentes de justicia y protectores de los derechos humanos, ni se ha utilizado para hacer frente a la vulnerabilidad al VIH y garantizar la protección de los derechos humanos para todos en el contexto de la epidemia.

Reconociendo el papel potencial y actual del poder judicial en la repuesta al sida, ONUSIDA se ha comprometido a ofrecer asistencia en las siguientes áreas:

• Ofrecer oportunidades para que el poder judicial pueda recibir una educación continua y mantener diálogos sobre los últimos avances en la respuesta al VIH y sus implicaciones jurídicas.
• Ayudar a los jueces a conseguir que los tribunales sean más accesibles para todas las personas afectadas por el VIH.
• Estimular un entorno normalizado que respete los derechos humanos y se fundamente en pruebas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el VIH y los derechos humanos por y para los miembros del poder judicial.
• Crear oportunidades para que los miembros del poder judicial puedan interactuar con las partes interesadas en la respuesta al VIH, incluidas personas que viven con el VIH, mujeres afectadas por el virus y miembros de las comunidades más expuestas al riesgo de infección.

El apoyo de ONUSIDA al liderazgo del poder judicial se guía por su compromiso de trabajar con los principales actores nacionales e internacionales para eliminar las “leyes punitivas, políticas, prácticas, estigma y discriminación que bloquean las respuestas efectivas al sida”, como se indica en el Marco de resultados del ONUSIDA de 2009 a 2011.

ONUSIDA ve a los miembros del poder judicial como partes esenciales a la hora de apoyar y reforzar un entorno de protección jurídica para la respuesta al VIH.

Según Susan Timberlake, asesora de ONUSIDA sobre derechos humanos y legislación,  “Mediante los tribunales, los jueces pueden defender la no discriminación basada en el estado respecto al VIH, proteger a las poblaciones clave de la violencia y la exclusión de los servicios, y acabar con las leyes opresivas que violan los derechos humanos en el contexto de la epidemia”.
Como parte de los esfuerzos de implicar al poder judicial en la respuesta al sida, en diciembre de 2009 se celebró una reunión sin precedentes de eminentes juristas africanos en Johannesburgo, Sudáfrica, para dialogar sobre el VIH y la legislación en el siglo XXI. 

Como parte del 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está teniendo lugar en Ginebra del 8 al 16 de junio de 2010, el Consejo entabló un debate interactivo el pasado 4 de junio de 2010 con el relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona a gozar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental, con el experto independiente sobre los derechos humanos y la pobreza extrema, y con el relator especial sobre violencia contra la mujeres, sus causas y sus consecuencias.

En su informe, Anand Grover, el relator especial sobre el derecho de toda persona a gozar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental, hizo hincapié en el poder que tiene la legislación penal sobre la realización tanto del derecho a la salud como de los muchos otros relacionados con esta misma cuestión. Así, dedicó especial atención a las repercusiones de la penalización del comportamiento homosexual y la orientación sexual,  del comercio sexual y de la transmisión del VIH: tres ejemplos de penalización del comportamiento sexual consentido y privado entre adultos.

 "Esperamos que el informe del relator especial nos ayude a desarrollar un debate constructivo, así como a llevar el cambio hacia una respuesta al sida más eficaz y basada en los derechos", afirmó el responsable de ONUSIDA sobre los derechos humanos y la legislación, Jason Sigurdson, que presentó ante los asistentes una declaración conjunta de la Secretaría de ONUSIDA y el PNUD.

El 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas seguirá celebrándose en Ginebra hasta el 18 de junio de 2010.

En los últimos años se ha observado un aumento en el número de personas procesadas por haber transmitido el VIH, en particular en Europa y América del Norte, siendo actualmente centenares los casos de esta naturaleza que se producen solamente en los países angloparlantes. También ha habido un aumento en el número de leyes que penalizan la transmisión al VIH y la exposición al virus en países de las regiones de África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe.

Ya en el año 1996, ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por la aplicación inapropiada y excesivamente amplia del derecho penal a la transmisión del VIH y proporcionaron orientación sobre este problema por medio de la publicación Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos. En 2002, ONUSIDA publicó un documento de opciones de política más detallado sobre la misma cuestión. No obstante, ante la creciente preocupación por la proliferación de dichas leyes, ONUSIDA y el PNUD han creído necesario publicar en fecha reciente un documento de orientación de política titulado “Penalización de la transmisión del VIH””.

Transmisión intencionada del VIH

El mencionado documento hace recomendaciones específicas para los gobiernos, la sociedad civil y los asociados internacionales, instando a limitar la penalización a los casos de transmisión intencionada del VIH. Si bien ONUSIDA y el PNUD reconocen que la aplicación del derecho penal puede estar justificada en estas limitadas circunstancias –por ej, cuando una persona que es conocedora de su estado VIH-positivo actúa con la intención de transmitir el VIH, y efectivamente lo transmite– , están preocupados porque aplicarlo más allá de tales casos puede conllevar imponer sanciones penales a personas que en realidad no son culpables, estigmatizar más a las personas que viven con el VIH y crear un elemento entorpecedor para la responsabilidad mutua en lo relativo a la salud sexual y a interesarse por conocer el propio estado del VIH.

El documento de políticas pone de manifiesto las preocupaciones por los posibles efectos negativos sobre la prevención eficaz de la transmisión del VIH, las disposiciones problemáticas relativas a la notificación a la pareja y la revelación de la seropositividad, y los fallos injustos, así como la posible repercusión negativa sobre las mujeres y las niñas.

Consulta Internacional sobre la Penalización de la Transmisión del VIH

En noviembre de 2007, la secretaría de ONUSIDA y el PNUD organizaron una consulta internacional sobre la penalización de la transmisión del VIH para examinar las tendencias recientes en esta cuestión. La reunión congregó diversos puntos de vista pero también una preocupación compartida por la aparente tendencia de penalizar la transmisión del VIH. Al término de la reunión de tres días se publicó un informe exhaustivo con un resumen de los debates y los principales temas tratados, así como de las conclusiones alcanzadas por los participantes, entre los que figuraban parlamentarios, miembros del sistema judicial, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y personas que vivían con el VIH, juntamente con representantes de la OMS, la OIT y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El citado informe también incluye el resumen de la intervención del juez Edwin Cameron del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica.

“Los participantes en la reunión subrayaron el hecho de que las leyes que penalizan la exposición y transmisión del VIH son un “actor secundario” peligroso e ineficaz en la respuesta al sida,” declaró Susan Timberlake, Asesora Superior de Derechos Humanos y Legislación, secretaría de ONUSIDA.

“El derecho penal no hará nunca el trabajo que llevan a cabo los programas de prevención del VIH integrales y basados en resultados. De hecho, la generalización de la penalización puede hacer retroceder los esfuerzos de prevención disuadiendo a las personas de conocer su propio estado del VIH, revelarlo a sus parejas y acceder al tratamiento.”

No hay pruebas de que la aplicación del derecho penal reduzca la transmisión del VIH

Las principales razones aducidas para aplicar el derecho penal son el castigo para la persona que ha causado daño o la disuasión de comportamientos de riesgo que conducen a la transmisión del VIH.

Sin embargo, no hay pruebas de que la utilización del derecho penal sea una medida eficaz para reducir la transmisión del VIH, y los expertos están preocupados porque la penalización probablemente tendrá un efecto negativo sobre la respuesta global al VIH, incluida la prevención del VIH.

Potenciales repercusiones negativas de la utilización del derecho penal

Es posible que las personas, por temor a ser procesadas, se muestren más reacias a someterse a la prueba del VIH y descubrir su estado del VIH, ya que el desconocimiento de su estado es percibido como “defensa penal”. La aplicación de las leyes y la información de casos concretos en los medios de comunicación ponen en peligro la eficacia del mensaje de salud pública de que es mejor responsabilizarse uno mismo de la propia protección que confiar en una obligación jurídica que establezca que las personas VIH-positivas deban revelar su estado.

La penalización también puede crear desconfianza en las relaciones con los dispensadores de atención de salud, ya que los tribunales pueden citar los historiales médicos en los casos procesados. Por último, aunque muchas de estas leyes parecen haberse promulgado como una “medida para proteger a la mujer”, muchos expertos temen que en realidad se aplicarán desproporcionadamente a las mujeres que viven con el VIH. Las mujeres suelen ser las primeras en descubrir su estado y no pueden decirlo a sus parejas por miedo a sufrir violencia o abandono. Además, tienen menos probabilidades que los varones de tener acceso a asesoramiento jurídico.

Por estas y otras razones, muchos expertos están visiblemente preocupados porque las potenciales consecuencias adversas que puede tener la creciente y excesivamente amplia aplicación del derecho penal a la transmisión del VIH, tanto para la salud pública como para los derechos humanos, superan con creces cualesquiera de sus posibles ventajas.

El juez Edwin Cameron, del Tribunal de
Apelación de Sudáfrica, resaltó la importancia
de las estrategias de salud pública como
alternativa a la penalización de la transmisión
del VIH.

Últimamente se han aprobado leyes en varios países que penalizan la transmisión del VIH o la exposición al virus a otras personas. Algunas jurisdicciones han aplicado leyes generales de abusos físicos graves en los casos en los que se acusa a alguien de transmitir el virus o de exponer a otros intencionadamente.

Estas medidas tan polémicas están generando debate y preocupación entre políticos, profesionales jurídicos y de la salud pública, y organizaciones internacionales y de la sociedad civil acerca de si la aplicación del derecho penal en este tipo de casos beneficia o perjudica los objetivos de la salud pública como el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo a las personas que viven con él.

Para hacer frente a esta situación, ONUSIDA ha reunido en Ginebra a un grupo de profesionales en la materia que participarán en una reunión informativa internacional que durará tres días (del 31 de octubre al 2 de noviembre). Allí se discutirá sobre la aparente tendencia a la penalización de la transmisión del VIH dentro del contexto de la respuesta nacional al sida.

El propósito de la conferencia, codirigida por el Secretariado de ONUSIDA y el PNUD, era fomentar el diálogo y proporcionar una oportunidad de llegar a un entendimiento con respecto a la conveniente aplicación del derecho penal en lo relativo a la transmisión del VIH, dadas las necesidades de salud pública y los derechos humanos. Entre los asistentes a la reunión se encontraban parlamentarios, jueces, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y personas que viven con el VIH, así como representantes de la OMS, de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los participantes de la conferencia expresaron su preocupación ante el aparente aumento del número de casos de personas que viven con el VIH a las que se han imputado cargos por haber transmitido el virus o por haber participado en actividades con riesgo de transmisión. En algunos casos, se han presentado cargos por conducta que se “percibe” con riesgo de transmisión, pero sin riesgos reales existentes, y a veces se han impuesto penas muy duras. Asimismo, los participantes mostraron inquietud ante aquellas jurisdicciones que pretenden promulgar o enmendar su legislación específicamente para penalizar la transmisión y la exposición. Aunque muchos de estos legisladores tengan buenas intenciones, los participantes de la conferencia afirmaron que tales leyes no son un método eficaz para tratar la transmisión del VIH.

“Al igual que en los primeros años de la epidemia, cuando declaré que poseíamos HIL (leyes altamente ineficaces) y hubo propuestas para realizar pruebas a toda la sociedad, ahora tenemos de nuevo una ola de HIL. Y es una ola que se da en África en particular, pero también en otras partes del mundo", afirmó el juez Michael Kirby, miembro del Tribunal Supremo de Australia, en la sesión final de la conferencia.

Aunque se sabe poco sobre los impactos de la penalización de la transmisión del virus, a muchos les preocupa que pueda tener un efecto negativo en la realización de las pruebas del VIH y en el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo. Informes de la prensa sensacionalista pueden exacerbar el estigma y la discriminación y hacen peligrar las estrategias de prevención del VIH que ahora mismo se están llevando a cabo. "Imponer el derecho penal a la transmisión del VIH ha aumentado la estigmatización del virus, es un método ineficaz y las estrategias de salud pública van más encaminadas a mejorar la prevención del VIH", declaró el juez Edwin Cameron, del Tribunal de Apelación de Sudáfrica.

Aún más, otro hecho preocupante es que la acción judicial puede poner en peligro los derechos civiles básicos, como el derecho a la privacidad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Algunos legisladores y grupos para los derechos de la mujer piensan que tales leyes protegerán a las mujeres de ser infectadas por el VIH, pero como apuntó Susan Timberlake, consejera legal y de los derechos humanos para ONUSIDA: "Nos preocupa mucho el hecho de que estas leyes puedan perjudicar más a las mujeres, ya que son ellas quienes primero descubren su estado y, por tanto, las primeras en ser perseguidas. Unas leyes que defendieran la igualdad de la mujer dentro y fuera del matrimonio les ayudarían más que unas leyes que penalizaran la transmisión del VIH”.

A través de las recomendaciones resultantes de la reunión, se informará acerca de las políticas de ONUSIDA y otros documentos de orientación sobre la penalización de la transmisión del VIH. "Un claro mensaje de esta reunión ha sido que el derecho penal es una herramienta demasiado tajante para tratar el VIH", admitió Seema Paul, jefa de coordinación de políticas de ONUSIDA. "El verdadero objetivo de los políticos es prevenir nuevas infecciones, pero, de hecho, penalizar la transmisión del virus –excepto en un reducido número de casos de justicia retributiva– pondrá freno al descubrimiento del estado propio con respecto al VIH, así como al acceso a servicios sanitarios y de otra índole", añadió.