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Con más de 11 millones de personas detenidas en todo el mundo y 30 millones de personas entrando y saliendo de la detención cada año, la amenaza de COVID-19 para las personas en las cárceles es muy real. En la gran mayoría de las prisiones y centros de detención superpoblados y con fondos insuficientes del mundo, el distanciamiento físico simplemente no es una opción. En situaciones donde el confinamiento cercano, las instalaciones y espacios compartidos y la falta de higiene son comunes, los reclusos y el personal de la prisión viven con el miedo constante de la bomba de tiempo COVID-19.

“Una respuesta de salud a COVID-19 en las cárceles no es suficiente. Esta emergencia mundial sin precedentes exige una respuesta basada en los derechos humanos", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. "Los países deben garantizar no solo la seguridad, sino también la salud y la dignidad humana de las personas privadas de libertad en todo momento, independientemente de cualquier estado de emergencia".

ONUSIDA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están pidiendo a los líderes que hagan de la detención un último recurso, que cierren los centros de detención de rehabilitación de drogas y que despenalicen el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y el consumo de drogas. Instan a los países a liberar a las personas que pueden ser liberadas y a considerar a las personas en riesgo de COVID-19, como las personas mayores y las personas con condiciones de salud preexistentes. Otras personas, incluidas las personas condenadas por delitos menores no violentos, las mujeres embarazadas, las mujeres que están amamantando y los niños, también deben ser considerados para la liberación.

A medida que continúan surgiendo informes de presos aterrorizados que cosen máscaras improvisadas, los países comienzan a tomar medidas. El Gobierno de Etiopía, por ejemplo, ha liberado a más de 30 000 prisioneros y ha aumentado las medidas de saneamiento. Indonesia está liberando a más de 50 000 personas, incluidas 15 000 personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas. La República Islámica de Irán está liberando el 40% de su población carcelaria total, 100 000 personas, mientras que Chile liberará a unas 50 000 personas.