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Las primeras relaciones sexuales suelen comenzar durante la adolescencia. En muchos países, la edad de consentimiento sexual es incongruente con las restricciones de edad mínima para acceder a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva sin contar con el consentimiento paterno.  Esto significa que los adolescentes pueden mantener relaciones sexuales legalmente antes que se les permita acceder a información y servicios sobre métodos anticonceptivos o prácticas sexuales seguras, exponiéndolos a un mayor riesgo de infección por el VIH, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

La eliminación de leyes que exigen control paterno para acceder a servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva y la prevención, pruebas y tratamiento del VIH ha demostrado una mejora en comportamientos de demanda de atención sanitaria. Este efecto se ve reforzado cuando los colegios pueden proporcionar una educación integral sobre sexualidad apropiada para cada edad a las personas jóvenes, para que puedan protegerse frente al HIV, las ITS, los embarazos no deseados y la violencia sexual y por razón de género. 

Cuarenta países han informado a ONUSIDA en 2021 de que cuentan con legislación que exige consentimiento paterno o del tutor legal para que los adolescentes accedan a métodos anticonceptivos hormonales o duraderos. Por su parte, 108 han informado de que este consentimiento se requiere para una prueba del VIH, 43 para la autoprueba del VIH, 92 para el tratamiento contra el VIH y 22 para la PPrE. Algunos de estos países incluyen excepciones basadas en demostrar suficiente madurez:  10 para anticonceptivos hormonales o de larga duración, 15 para pruebas del VIH, 8 para la autoprueba del VIH y 9 para el tratamiento contra el VIH.  El límite de edad en la legislación sobre consentimiento paterno varía según el servicio.  La mayoría de países que declararon contar con requisitos de consentimiento paterno o del tutor legal fijaban el límite de edad en 18 años, con la excepción de algunos países en las que los adolescentes de 14 años ya podían acceder algunos de estos servicios sin el consentimiento paterno o del tutor legal, lo que variaba según el tipo de servicio.