Aunque el propósito de las leyes sobre la edad de consentimiento en relación con los servicios médicos es proteger a los niños, en la práctica, favorecen lo contrario, ya que alejan a los adolescentes de los servicios que necesitan para mantenerse sanos.

Las leyes sobre la edad de consentimiento para servicios médicos requieren que los menores de 18 años obtengan un permiso de sus padres o de un tutor legal antes de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, a las pruebas y al tratamiento para el VIH, a la profilaxis previa a la exposición y otros servicios sanitarios. Estas leyes afectan especialmente a las adolescentes, cuya sexualidad tiende a estar estigmatizada y que sufren las cargas físicas y sociales de los embarazos no deseados.

En 2017, 78 de los 110 países que presentaron informes manifestaron que requieren el consentimiento paterno para los menores de 18 años a la hora de acceder a las pruebas del VIH, y 61 de 109 países precisan este consentimiento para el tratamiento contra el VIH. Además, en 68 de 108 países es necesario para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La educación integral sobre sexualidad juega un papel central en preparar a los adolescentes y a los jóvenes para llevar una vida segura, productiva y gratificante, y es un componente importante del paquete de prevención del VIH para los jóvenes. Esto proporciona oportunidades para aprender y adquirir un conocimiento sobre sexualidad y cuestiones de salud sexual y reproductiva que sea completo, preciso, basado en pruebas y adecuado para su edad.

Se ha demostrado que la educación integral sobre sexualidad―definida como un programa que basa el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad - contribuye al retraso en el inicio de las relaciones sexuales y a la disminución en la frecuencia de las mismas, a la disminución del número de parejas sexuales, a la reducción de la toma de riesgos y al aumento del uso del preservativo y de otros métodos anticonceptivos entre los jóvenes.

A pesar de la importancia de la educación integral sobre sexualidad, el acceso a la misma dista de ser universal.

Cuanto antes se diagnostiquen los casos de VIH en recién nacidos y se les proporcione tratamiento, mejores serán los resultados.

Para diagnosticar el virus en niños con menos de 18 meses de vida, se debe realizar una prueba virológica, que puede detectar el virus en sí o sus componentes. La prueba serológica se realiza en personas adultas y niños con más de 18 meses de vida. Esta detecta la presencia de antígenos del VIH y/o de los anticuerpos que el sistema inmunitario genera en respuesta al virus. Sin embargo, esta prueba no puede diferenciar los anticuerpos que produce un lactante infectado de los que la madre le transmite durante el embarazo, que no implica necesariamente contagio.

La prueba virológica, que no está disponible de forma regular en la mayoría de países de renta media o baja, suele ser muy cara y conlleva un largo proceso, ya que implica varias visitas a la clínica, el transporte de las muestras a laboratorios centrales y posibles retrasos en la entrega de los resultados.

A escala mundial, solo se realiza la prueba del VIH a la mitad de recién nacidos menores de ocho semanas que estuvieron expuestos al virus durante el embarazo. La mortalidad infantil por falta de diagnóstico es más alta durante los tres primeros meses de vida, por eso es de vital importancia diagnosticar el virus a tiempo y conseguir acceso al tratamiento.

A pesar de que la incidencia de infección por el VIH a escala mundial se ha reducido un 22% en todos los rangos de edad entre 2011 y 2017, las infecciones entre las personas que se inyectan drogas parece aumentar. La incidencia del VIH —es decir, el número de nuevas infecciones en sectores susceptibles de la población durante un determinado periodo de tiempo—entre las personas que se inyectan drogas aumentó aproximadamente de un 1.2% en 2011 hasta un 1.4% en 2017.

Existen pruebas exhaustivas y convincentes que demuestran que la reducción de daños—incluyendo la terapia de sustitución de opiáceos y los programas de intercambio de agujas y jeringuillas—previene la infección por el VIH entre las personas que se inyectan drogas. Sin embargo, la penalización por el uso de drogas para consumo propio y el extendido estigma social, la discriminación y la violencia a la que se tienen que enfrentar las personas que consumen drogas dificulta su acceso a los servicios sanitarios y de reducción de daños.

En un nuevo informe, Salud, derechos y drogas: reducción de daños, despenalización y discriminación cero para las personas que consumen drogas, ONUSIDA realiza una serie de recomendaciones a los estados para adoptar una respuesta desde la salud pública y los derechos humanos frente al consumo de droga.