Opinion

Por Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA — Publicado por primera vez en Informes de perspectivas del Foro Económico Mundial (mayo de 2020)

Reconociendo la catástrofe de la salud pública

Como bien hemos visto en los países más ricos, los determinantes económicos y sociales de la enfermedad y la salud son unos fuertes indicadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Para una cuarta parte de la población urbana mundial que vive en barrios marginales y para muchísimos refugiados y desplazados, la distancia social y el lavado constante de manos no son, en absoluto, posibles.

La mitad de las personas que habitan el globo no tiene acceso a la atención sanitaria básica ni tan siquiera en épocas normales. Mientras que en Italia hay un médico por cada 243 personas, en Zambia tan solo hay un médico para cada 10 000 personas. En Mali se cuenta con tres respiradores por cada millón de habitantes. El gasto medio en salud en los países de bajos ingresos ronda únicamente los 41 dólares por persona al año, 70 veces menos de lo que invierten los países con altos ingresos.

La pandemia ejercerá una presión ingente sobre las instalaciones sanitarias, la cual no solo afectará a las personas con COVID-19, sino que perjudicará muy negativamente a todo aquel que necesite atención médica. Sabemos de lo que hablamos. Esto ya pasó tiempo atrás. Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona se registró un aumento de un 34 % en la mortalidad materna y un 24 % en las tasas de mortalidad fetal, debido a que cada vez menos mujeres tenían acceso al cuidado pre- y posparto.

La Organización Internacional del Trabajo prevé que desaparecerán entre 5 y 25 millones de empleos, y que se perderán entre 860 mil millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses en ingresos laborales. El empobrecimiento masivo hará que los tratamientos sean inaccesibles aún para más gente. Hasta ahora, cada año, mil millones de personas tienen bloqueado el acceso a la atención sanitaria como consecuencia de las tasas de usuario. Esta exclusión de los cuidados básicos no perjudicará solo a las personas directamente afectadas: pondrá en peligro la vida de todos, puesto que hemos de convencernos de que un virus no se puede contener si hay personas que no pueden permitirse ni test ni tratamientos.

Los confinamientos sin ningún tipo de retribución son devastadores, pues están obligando a millones de personas a escoger entre el peligro y el hambre. Como en muchos países en desarrollo, más de tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen al sector informal y viven con lo que ganan a diario, muchos de los que se vean obligados a quedarse en casa no tendrán nada que llevarse a la boca. Por ello, infinidad de personas ignorará las reglas del confinamiento y asumirá el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus.

Ya fuimos testigos de ello durante la respuesta al sida. Sabemos que los Gobiernos que luchen por contener la crisis buscarán chivos expiatorios (migrantes, minorías o personas socialmente excluidas), lo que hará aún más complicado acceder a las personas, realizarles las pruebas, tratarlas y frenar la expansión del virus. Los países donantes empezarán a dejar el dinero en sus fronteras, al sentir que no pueden permitirse el ayudar a los demás. La presencia de la COVID-19 supone una enorme amenaza para todos y en todo el mundo. Y no solo perjudicará a los países en desarrollo, sino que también exacerbará los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países donantes.

Sin embargo, en medio del inmenso dolor que sentimos y del terror que se ha apoderado de nosotros, la crisis también nos brinda la oportunidad de forjar un fuerte, tenaz y colaborador liderazgo basado en principios, a partir del cual podamos cambiar el curso de la pandemia y de la sociedad.

Aprovechando la oportunidad de la sanidad pública

Si bien suele pensarse que, al responder a una crisis, agotamos nuestra capacidad para emprender mayores reformas sanitarias, lo cierto es que, en materia de salud, sucede todo lo contrario. Los grandes pasos en cuanto a la salud normalmente se han producido en respuesta a una crisis mayor. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios en Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o en cómo el sida y la crisis económica nos acercaron a la atención sanitaria universal en Tailandia. Ahora, en medio de esta despiadada crisis, los líderes de todo el mundo tienen ante ellos la oportunidad de construir esos sistemas de salud que siempre se necesitaron y por los que ahora no se puede esperar ni un segundo más.

La atención sanitaria universal

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que recaudar dinero antes de recibir asistencia. Mientras la lucha por controlar al agresivo coronavirus continúa sin descanso, hay una necesidad imperiosa de acabar de inmediato con las tasas de usuario.

La atención sanitaria gratuita no solo se antoja esencial para plantarle cara a la pandemia: cuando la República Democrática del Congo en 2018 instauró la atención sanitaria gratuita para derrotar al ébola, el uso de la atención sanitaria mejoró en general, al duplicarse las consultas por neumonía y diarrea, y observarse un aumento de entre un 20-50 % de mujeres que dan a luz en una clínica. Dichas ganancias volvieron a perderse tan pronto como se retiró la asistencia gratuita. Con la atención sanitaria gratuita lograremos también evitar la tragedia de ver cómo 100 millones de personas son obligadas a caer en la pobreza extrema por tener que costearse ellas mismas y año tras año su atención sanitaria.

Ya que aún no hay vacuna contra la COVID-19, los países deberán ser capaces de limitarla y contenerla. El carácter inevitable de futuras pandemias torna permanente la necesidad de contar con fuertes sistemas de salud universal en todos y cada uno de los países del mundo.

Financiadas con fondos públicos, las medicinas y la atención sanitaria más puntera han de llegar a todas las personas con independencia de dónde vivan. Para permitir el acceso universal, los Gobiernos han de integrar los servicios liderados por la comunidad en los sistemas públicos. Esta crisis ha puesto también de manifiesto cómo nuestra salud precisa que los sanitarios que nos protegen y cuidan deben protegerse también a sí mismos y recibir cuidados.

Dada la interconectividad existente entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán también que fortalecer sus redes de seguridad social para fomentar la resiliencia. La COVID-19 no se ha cansado de demostrarnos que necesitamos Gobiernos activos, responsables y comprometidos que regulen los mercados, reduzcan las desigualdades y nos proporcionen los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe estar ahí, al pie del cañón.

Financiando nuestra salud

Muchos países en desarrollo se estaban ya enfrentando a una deuda que los llevó a recortes en la atención sanitaria pública. Reconociendo que la atención sanitaria universal en todo el mundo es un bien público global, los Gobiernos prestamistas, las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados deben seguir prolongando y ampliando las suspensiones temporales de la deuda que han anunciado recientemente. La propuesta realizada por Jubilee Debt Campaign y cientos de otras organizaciones de la sociedad civil establece el tipo de ambición que se expone.

Los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, deberían asimismo otorgar subsidios, no préstamos, para abordar el impacto social y económico de la pandemia sobre los grupos de población pobres y más vulnerables, entre ellos los trabajadores del sector informal y las poblaciones marginadas. Se ha de incrementar el apoyo a los costes de los sistemas sanitarios existentes en los países en desarrollo. Costaría aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses doblar el gasto en salud pública de los 85 países más pobres del mundo, donde viven 3,7 mil millones de personas. Eso es menos del 8 % del último estímulo fiscal concedido por los Estados Unidos. Es fantástico ver a los países donantes conversar e intercambiar palabras muy inspiradoras con relación a un nuevo Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad, las contribuciones prometidas son totalmente insuficientes.

Liderazgo empresarial

Del mismo modo, hace falta un nuevo tipo de liderazgo por parte del mundo empresarial. Es preciso uno que reconozca cuánto depende de sociedades sanas, y que logre el equilibrio necesario entre el mercado y el Estado. Tal y como ha señalado el presidente Macron, esta pandemia «revela que algunos productos y servicios han de situarse fuera de las reglas de mercado establecidas». La década pasada vio un rápido aumento en la comercialización y financiación de los sistemas sanitarios en todo el globo. Eso ha de terminar.

De acuerdo con lo que un grupo de 175 multimillonarios hicieron constar en una carta pública firmada en la Reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 celebrada en Davos, ha llegado el momento de que «los miembros de la clase más privilegiada de seres humanos que nunca antes había caminado sobre la faz de la Tierra» apoyen «impuestos más elevados y más justos a los millonarios y multimillonarios, y luchen por evitar el fraude y la evasión fiscales». Los líderes empresariales responsables deberían apoyar una reforma impositiva de las empresas, nacionales e internacionales, que incluya tasas más elevadas, elimine las exenciones, cierre los paraísos fiscales y resuelva todas las lagunas fiscales.

A pesar de las innumerables lecciones aprendidas con el sida, la monetización de la propiedad intelectual ha traído consigo un sistema de enormes monopolios privados, investigación insuficiente en enfermedades clave y precios que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Los países necesitan contar con la mayor de las flexibilidades para garantizar la disponibilidad de tratamientos médicos básicos para todas las personas, y, al tiempo, garantizar las nuevas reglas que priorizan la salud colectiva por encima de los beneficios privados. Es vital alcanzar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. La propuesta de Costa Rica de «una patente internacional mancomunada» permitiría que todas las tecnologías diseñadas para la detección, la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19 estés disponibles para todo el mundo. De esta forma, se evitaría que ninguna empresa o país se hiciera con el monopolio. Los países en desarrollo no deben ser dejados fuera ni atrás en la cola a la espera de tratamientos.

Se necesita un liderazgo que vuelva a dar forma a la cooperación global: la crisis de la COVID-19 ha demostrado que nuestro sistema multilateral es desigual, que está anticuado y que es incapaz de responder a los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Sin duda, haremos frente a amenazas aún mayores que esta pandemia, que solo podremos superar con un multilateralismo justo e inclusivo.

Todos nos necesitamos

La pandemia de COVID-19 es, al mismo tiempo, una crisis que está agudizando las desigualdades existentes y una oportunidad para dar visibilidad a dichas desigualdades.

La respuesta al sida demuestra que solo con un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en valorar a cada persona individualmente, las sociedades podrán vencer la amenaza existencial que suponen las pandemias. La atención sanitaria universal no es un regalo de quienes tienen medios a quienes no los tienen, es una derecho que todos tenemos y una inversión compartida en nuestra seguridad y bienestar.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.