La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron oficialmente un nuevo conjunto de principios jurídicos, elaborados por especialistas en la materia, para orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación penal. 

Los denominados “principios del 8 de marzo” establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, el desamparo y la pobreza.

Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, declaró: “El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... por ello, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a escala mundial, se ha observado una tendencia creciente a la penalización excesiva.” 

“Debemos reconocer que esta legislación no solo viola los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal”, afirmó.

Según Edwin Cameron, antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y actual juez inspector de los servicios penitenciarios sudafricanos, dichos principios son de especial relevancia y utilidad para jueces, legisladores, responsables políticos, sociedad civil y académicos. “Los principios del 8 de marzo proporcionan un marco jurídico claro, accesible y práctico fundamentado en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló.

Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto nocivo de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos para abordar los efectos negativos de dichas leyes sobre los derechos humanos. 

Estos principios, desarrollados a lo largo de 5 años, se basan en la retroalimentación y las revisiones de un grupo de expertos e interesados. Terminaron de redactarse en 2022. Inicialmente, se centraban en los efectos de las leyes penales que proscriben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual con consentimiento, la identidad de género, la expresión de género, la ocultación del VIH, la exposición y la transmisión, el consumo de drogas y su posesión para el uso personal. Más tarde, se incluyó también la penalización vinculada al desamparo y la pobreza, basándose en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

El uso excesivo y continuado del derecho penal y, en algunos casos, de leyes penales arbitrarias y discriminatorias por parte de los gobiernos ha causado una serie de violaciones de los derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y la discriminación por género u orientación sexual.

En 2023, veinte países penalizan o persiguen a las personas transgénero y 67 países siguen penalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Además, 115 informan de que penalizan el consumo de drogas, más de 130 penalizan la exposición al VIH, la no ocultación y la transmisión del VIH, y más de 150 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

En el mundo del VIH, el abuso y mal uso de las leyes penales no sólo afecta al derecho a la sanidad, sino a otros muchos, entre los que se encuentran los siguientes: derecho a no ser discriminado, a la vivienda privada, a la seguridad individual, a la circulación, a la familia, a la intimidad y a la autonomía corporal, y en casos extremos al propio derecho a la vida. Por ejemplo, en los países donde el trabajo sexual está penalizado, los trabajadores sexuales tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que en aquellos donde está parcialmente legalizado. Ser penalizado también puede significar verse privado de la protección de la ley y de la aplicación de la misma. Y, sin embargo, las comunidades penalizadas, especialmente las mujeres, suelen ser las que más necesitan esa protección que se les niega.

La Directora Ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, Christine Stegling, declaró: "Celebro que estos principios se lancen el Día Internacional de la Mujer (DIM), en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal puede tener, y tiene, con demasiada frecuencia, sobre las mujeres en toda su diversidad".

“No pondremos fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública mientras se mantengan estas leyes dañinas”,  añadió.  “Estos principios serán de gran utilidad en nuestros esfuerzos, tanto para nosotros como para nuestros socios”.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer: "El día de hoy es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre el poder y los sistemas controlados por los hombres".

Su intervención terminó de la siguiente manera: "Me alegro de que hayáis hecho este trabajo, tenemos que utilizarlo y tenemos que hacerlo también en un contexto mucho más político, cuando se trata precisamente de contrarrestar estas dinámicas de poder".

"Francamente, tenemos que plantearnos estas cuestiones y asegurarnos de que serán una parte integral de los derechos humanos en el futuro", afirmó.

Para concluir, Phelister Abdalla, Presidente de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, con sede en Kenia, señaló: "Cuando se criminaliza el trabajo sexual se lanza el mensaje de que se puede abusar de los trabajadores sexuales... Somos seres humanos y tenemos derecho a todos los derechos humanos".