Rosma Karlina y Yulistyo Dwi viven con sus dos hijos pequeños en la lluviosa ciudad de Bogor, en el sur de Yakarta.

La Sra. Karlina relató: “A veces vamos a museos para introducir a los niños a la historia o damos de comer a los ciervos del Palacio Presidencial. Es un entretenimiento sencillo, pero puede enseñar a los niños a amar incluso a los animales”.

Si su vida familiar es tradicional, su vida laboral es todo menos eso. La Sra. Karlina es la fundadora y Directora de Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (también denominada en inglés Womxn's Voice), una organización que defiende y atiende a mujeres y a mujeres trans que consumen drogas. Bambang, conocido popularmente como Tedjo, fundó la AKSI Keadilan Indonesia (también conocida como Indonesian Justice Action Foundation). Desde 2018, su equipo ofrece asistencia jurídica y apoyo a personas que consumen drogas y defiende sus derechos.

Sus jornadas de trabajo son una mezcla de organización comunitaria, burocracia paralegal y atención a llamadas de socorro. Una clienta denunció violencia doméstica por parte de su marido. Cuando la policía llegó a la casa, el marido informó a los agentes del consumo de drogas de su mujer y la detuvieron a ella en lugar de a él.

Las organizaciones abogaron con éxito por que un hombre saliera de un centro de rehabilitación obligatoria para que pudiera acceder al tratamiento del VIH. De lo contrario, habría estado tres meses sin tomar sus medicamentos.

Las organizaciones han sido testigos de muchos ejemplos de mujeres que viven con el VIH que se enfrentan a un desprecio extremo. En una ocasión, un agente de policía arrojó un paquete de compresas a la celda de una mujer en lugar de pasárselo y alegó miedo de estar cerca de ella.

La Sra. Karlina afirmó: “Desde 2018 he visto muchas violaciones de derechos perpetradas por agentes de la autoridad: abuso físico, psicológico e incluso económico”. Y, además, puntualizó que “extorsionan a las familias por dinero para que sus seres queridos puedan volver a casa”.

La actual Rosma Karlina, educadora y apasionada activista, evolucionó tras casi dos décadas de abuso de sustancias. Ha estado 17 veces en centros de rehabilitación. Tocó fondo durante un encarcelamiento de 18 meses por posesión de heroína.

“Mi familia pagó mucho dinero a la fiscalía, pero aún así, seguía en prisión. Perdí la custodia de mi hijo mayor. El juez pensó que no merecía ser madre porque consumía drogas”, relató.

Tedjo también evolucionó de la adicción al activismo.

“Consumí drogas entre 1989 y 2015. Ha sido un largo viaje”, reflexionó. “Cuando mi vida era un desastre, hice daño a mucha gente. No fue fácil demostrar que había mejorado”.

Estas personas son dos de las más destacadas por alzar su voz con respecto a cómo la dura legislación penal sobre posesión y consumo de drogas acarrea violaciones de los derechos de las personas que consumen drogas, al tiempo que reduce el acceso a los servicios sanitarios.

Un análisis político y jurídico de 38 países realizado por ONUSIDA y el PNUD reveló que 14 países de la región cuentan con castigo corporal o pena capital por el uso o posesión de drogas. Algunos estados han justificado los asesinatos extrajudiciales por delitos por consumo o posesión de drogas.  Se estima que, en 2021, el 12 % de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico se produjeron entre personas que se inyectaban drogas.

 “La guerra contra las drogas ha creado un gran estigma social y una cultura que ve a toda una comunidad como criminales. Cuando accedemos a la asistencia sanitaria, nos tratan como si fuéramos malas personas”, manifestó Tedjo.

Francis Joseph, el Coordinador Regional de la Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD, por sus siglas en inglés), explicó que al carecer de entornos legalmente favorables, estas personas no tienen acceso a los servicios adecuados.

“Los profesionales sanitarios y los organismos del orden público los tratan con violencia y abuso”, confesó. “Por ello, no quieren destaparse y reconocer: 'He compartido agujas y jeringas y ahora necesito una prueba del VIH'.  Puesto que las personas que consumen drogas no son bienvenidas en nuestros centros sanitarios, lo que provoca esto es que huyan del sistema y se queden fuera de él”.

Lord Lawrence Latonio, un estudiante de derecho y socio de la Community Access to Redress and Empowerment (CARE, por sus siglas en inglés), ha puntualizado que Filipinas también criminaliza la posesión de lo que se considera parafernalia de drogas. Asimismo, esto implica que los educadores inter pares que distribuyen agujas y jeringas limpias tengan que estar alerta para no ser detenidos.

Afortunadamente, los defensores presionaron con éxito para que se incluyera la protección a los trabajadores sanitarios que proporcionan servicios para el VIH en la Ley de Política sobre el VIH y el Sida de 2018. Parte de la labor de CARE consiste en impartir conocimientos jurídicos básicos para que las comunidades puedan comprender sus derechos. Y también cuenta con una red de funcionarios inter pares trabajando en diferentes regiones para apoyar a los miembros de las comunidades de población clave y a las personas que viven con el VIH a obtener reparación en casos donde se hayan violado sus derechos.

Veintiún países de la región cuentan con centros estatales de detención y rehabilitación obligatoria o centros similares para personas que consumen drogas. Estos consisten en una forma de confinamiento donde aquellos acusados o conocidos por consumo de drogas son ingresados de manera involuntaria para su desintoxicación y supuesto tratamiento. Se ha indicado que las condiciones incluyen trabajo forzoso, falta de nutrición adecuada y acceso limitado a asistencia sanitaria.

En 2012 y 2020, los organismos de las Naciones Unidas exigieron el cierre definitivo de estos centros de internamiento involuntario. Pero según un informe de 2022 se han paralizado, en gran medida, los avances en este asunto en el Este y el Sudeste Asiático.

“ONUSIDA está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para alentar a estos países a pasar de centros de internamiento involuntario a tratamientos voluntarios de base comunitaria que proporcionen servicios basados en pruebas y en derechos humanos”, anunció el Asesor Jurídico y de los Derechos Humanos de ONUSIDA Asia y el Pacífico, Quentin Lataire.

ONUSIDA Indonesia está colaborando con Womx'n Voice para poner a prueba un programa piloto multisectorial de refugio y educación para mujeres y niños en Bogor. Sus acciones incluyen protección social, respaldo jurídico, apoyo a la salud mental, educación sanitaria y sobre el VIH y acompañamiento a los servicios.

La Sra. Karlina ha pedido mayores inversiones en asistencia a la salud mental, reducción de la pobreza y educación. “Necesitamos evaluaciones adecuadas para poder analizar mejor cada situación y encontrar la solución más eficaz. La cárcel no es la respuesta. Si nos veis como seres humanos, nos cuidaréis como seres humanos”, insistió.