1 de diciembre de 2023

El Día Mundial del Sida llega en un momento decisivo.

El número de muertes relacionadas con el sida ha disminuido en un 70 % desde 2004, cuando se registraron cifras récord, y el número de nuevas infecciones por el VIH es el más bajo desde la década de 1980.

Sin embargo, el sida sigue cobrándose una vida cada minuto.

Podemos y debemos poner fin al sida como amenaza para la salud pública a más tardar en 2030.

Para alcanzar este objetivo hay que prestar atención al lema de este año: Que lideren las comunidades.

El camino que lleva a acabar con el sida pasa por las comunidades.

Ese trayecto comprende desde conectar a las personas con los tratamientos y servicios y el apoyo que necesitan hasta desplegar el activismo comunitario que impulsa la acción para que todas las personas puedan hacer efectivo su derecho a la salud.

Ganar la batalla contra el sida supone apoyar a quienes están en la primera línea de combate.

Esto significa que el liderazgo comunitario debe ser un eje central de los planes, programas, presupuestos y actividades de seguimiento en relación con el VIH. 

También debemos eliminar los obstáculos al liderazgo comunitario y asegurar que los grupos locales de la sociedad civil tengan un espacio para llevar adelante su labor vital.

Sobre todo, necesitamos financiación.

Para financiar plenamente la respuesta al sida en los países de ingreso bajo y mediano se necesitan más de 8.000 millones de dólares adicionales al año.

Esta financiación adicional debe incluir más fondos para los programas locales dirigidos por personas que viven con el VIH y para las iniciativas de prevención dirigidas por las comunidades.

El sida puede ser derrotado.

Llevemos a buen término esta labor apoyando a las comunidades para que puedan eliminar el flagelo del sida en sus barrios, en sus países y en todo el mundo.

Esto acelerará los progresos para poner fin a la pandemia del sida y salvar vidas.

GINEBRA, 4 de octubre de 2023— Las Naciones Unidas en Mauricio (incluidos ONUSIDA, UNFPA, ACNUDH, PNUD y la OMS) han acogido la resolución dictada hoy por el Tribunal Supremo de Mauricio, según la cual una ley discriminatoria que tipifica como delito las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es inconstitucional y será inmediatamente eliminada del código legal. Previamente, de conformidad con el artículo 250 del Código Penal mauriciano (que data de 1898), toda persona declarada culpable podría haberse enfrentado a una pena de hasta cinco años de prisión.

«Hoy el Tribunal Supremo ha revocado una ley colonial obsoleta y ha demostrado su adhesión a la no discriminación y su compromiso de no dejar a nadie atrás», dijo Lisa Singh, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Mauricio. «La ONU, tanto en Mauricio como a nivel internacional, acoge la decisión de Mauricio de sumarse a la lista cada vez más larga de países africanos que protegen los derechos humanos de todos, incluidas las personas LGTBIQ+».

En la sentencia se ha señalado que «Mauricio no promulgó el artículo 250 para reflejar ningún valor indígena mauriciano, sino que constituye un legado de nuestra historia colonial con Gran Bretaña. Su aprobación no fue la expresión de la voluntad democrática interna, sino un rumbo impuesto a Mauricio y  a otras colonias bajo dominio británico».  También se señaló que un número cada vez mayor de países ha despenalizado las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, entre ellos el Reino Unido, que revocó su ley en 1967. 

«La decisión de Mauricio de despenalizar la homosexualidad es un importante avance para la salud pública y hacia la igualdad de derechos, el respeto y la dignidad de la comunidad LGTBIQ+», dijo Anne Githuku-Shongwe, directora del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para África oriental y meridional. «ONUSIDA celebra la decisión tomada hoy por Mauricio, gracias a la cual aquellos hombres que mantengan relaciones sexuales con otros hombres tendrán un acceso más fácil a los servicios sanitarios y sociales que necesiten sin temor a ser detenidos o penalizados.  Hay que continuar trabajando para derribar las barreras del estigma y la discriminación contra la comunidad LGBTQI+, pero la sentencia de hoy es un paso en la dirección correcta.  Salvará vidas».

Mauricio pasa a ser el miembro más reciente de una creciente lista de países que declaran la inconstitucionalidad de aquellas leyes que hayan criminalizado a las personas LGTBIQ+. Sin embargo, ONUSIDA calcula que 66 países mantienen aún leyes que criminalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Estas leyes, además de contravenir los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, impiden el acceso a servicios sanitarios y sociales, entre los que se encuentran los servicios para el VIH. Dichas leyes avivan el estigma y la discriminación contra las personas LGTBIQ+, y las somete a un miedo constante de ser castigadas o detenidas.

Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, presidente de Arc-en-Ciel, la organización más grande y antigua de Mauricio que aboga por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, expuso el asunto y recibió el apoyo de otros organismos asociados, como Human Dignity Trust.

Las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, aquellas lideradas por la comunidad son las que están al frente de una oleada de progreso mundial que da acceso a unos servicios sanitarios para todos. ONUSIDA insta a todos los países a despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La despenalización salva y cambia vidas.

Manish Gobin, Fiscal General y Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Regional de Mauricio, dijo: «Mauricio, de acuerdo con su respeto por el estado de derecho aclamado internacionalmente, comparecerá ante los Estados Miembros de la Naciones Unidas en el próximo ciclo del Examen Periódico Universal». El Examen Periódico Universal es un mecanismo único del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se debe someter cada cuatro años y medio a una revisión inter pares de sus registros en materia de derechos humanos.

Colombia toma una decisión histórica al declarar de interés público el medicamento contra el VIH dolutegravir, lo que permite al país comprar o fabricar versiones genéricas más asequibles del medicamento contra el VIH.

BOGOTÁ/GINEBRA, 4 de octubre de 2023—ONUSIDA aplaude al gobierno de Colombia por declarar de interés público el medicamento contra el VIH dolutegravir. Este importante avance en las medidas de salud pública permitirá al gobierno emitir una licencia obligatoria, rompiendo el monopolio y haciendo que su compra o fabricación sea mucho más asequible para el gobierno colombiano. La nueva decisión podría significar que el precio del medicamento que salva vidas se reduciría hasta en un 80%.

"Cuando el poder de producir tecnologías sanitarias está en manos de unas pocas empresas, el resultado con demasiada frecuencia es que los países no pueden permitirse los altos precios y las personas que necesitan productos más nuevos no pueden acceder a ellos", afirmó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina. América y el Caribe. "Confiamos en que esta decisión tendrá un impacto en toda la región y más allá, ya que muchos países de ingresos medios están luchando por acceder a mercados genéricos de productos sanitarios clave para prevenir y tratar la infección por VIH".

La Organización Mundial de la Salud recomienda dolutegravir como tratamiento preferido para el VIH de primera y segunda línea para todas las poblaciones. Además de ser eficaces, los tratamientos que incorporan regímenes basados en dolutegravir han demostrado una mayor adherencia, debido a menos efectos secundarios, al tiempo que presentan una mayor seguridad y una menor probabilidad de resistencia a los medicamentos.

“Esta decisión representa un hito para la salud pública en Colombia. Desde que el Ministerio de Salud inició los procedimientos administrativos a principios de este año, más de 120 organizaciones de la sociedad civil, otras agencias gubernamentales, el mundo académico y organizaciones internacionales, incluido ONUSIDA, apoyaron este proceso”, dijo Andrea Boccardi Vidarte, directora de ONUSIDA para los Países Andinos. "A través de nuestras oficinas locales, regionales y globales, ONUSIDA seguirá apoyando al gobierno en la implementación de esta decisión histórica".

Con esta decisión, el gobierno colombiano estima que podrá administrar dolutegravir a 28 personas por el mismo precio que hoy se asigna para tratar a una persona. La implementación de la medida permitirá al país acceder a versiones genéricas menos costosas, pero igual de efectivas. Un enorme aumento del alcance de medicamentos de calidad que salvarán vidas.

Colombia ya había emitido directrices nacionales en 2021 para priorizar dolutegravir como tratamiento antirretroviral de primera línea recomendado, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, el alto precio del dolutegravir sigue siendo un obstáculo para ampliar el acceso y ponerlo ampliamente a disposición de las personas que viven con el VIH en el país.

Este fallo salvará vidas en Colombia y en toda la región. El país alberga el mayor número de migrantes venezolanos del mundo (2,9 millones a octubre de 2022). Estudios recientes han demostrado una prevalencia del VIH del 0,9% entre esta población migrante, casi el doble del 0,5% de prevalencia del VIH entre la población adulta del país.

"Esta decisión proporciona al gobierno las condiciones legales para fabricar o comprar versiones más asequibles de este tratamiento antirretroviral esencial de primera línea para todas las personas que viven con el VIH en Colombia, incluidos los inmigrantes venezolanos", dijo la señora Cabal.

La concesión de licencias obligatorias es una disposición del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC). Permite a los gobiernos suministrar a sus ciudadanos versiones genéricas de tratamientos patentados, ya sea mediante producción nacional o importaciones, garantizando que los precios de los productos sanitarios sean asequibles.

La Declaración de la OMC de 2001 sobre el acuerdo ADPIC y la salud pública reafirmó los derechos de los estados miembros a hacer uso de todas las flexibilidades del acuerdo ADPIC para proteger la salud pública, incluidas las licencias obligatorias. Más recientemente, en la Declaración Política sobre el VIH/SIDA de 2021, los países se comprometieron a hacer uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente orientadas a promover el acceso a los medicamentos.

WASHINGTON DC/GINEBRA, 2 de agosto de 2023-ONUSIDA celebra el lanzamiento de la nueva Oficina de los Estados Unidos para la Diplomacia y Seguridad Sanitaria Mundial, cuyo objetivo es fortalecer la arquitectura de la seguridad sanitaria mundial para prevenir, detectar, controlar y responder eficazmente a las enfermedades infecciosas, incluido el VIH. La Oficina estará dirigida por el Embajador John N. Nkengasong, que desempeñará las funciones de Embajador en Misión Especial, Coordinador Mundial de Estados Unidos para el Sida y Alto Funcionario de la Oficina de Diplomacia y Seguridad Sanitaria Mundial, bajo las órdenes directas del Secretario de Estado de Estados Unidos.   

"Esta nueva Oficina integrará plenamente la seguridad sanitaria mundial como un componente esencial de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", declaró el Secretario de Estado Antony Blinken en la presentación en Washington D.C. La Oficina también aprovechará y coordinará la ayuda exterior de los Estados Unidos para promover la cooperación internacional y buscar mejorar la protección de Estados Unidos y del mundo contra las amenazas sanitarias mediante sistemas y políticas reforzados. En su discurso, el Secretario Blinken destacó la importancia de trabajar con los colegas del Congreso de los EE.UU. para garantizar una reautorización limpia del PEPFAR antes de septiembre de 2023. 

Durante el encuentro, el embajador Nkengasong anunció la nueva iniciativa del PEPFAR "Partos seguros, bebés sanos", un nuevo esfuerzo de dos años y 40 millones de dólares para acelerar el progreso hacia la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH en países con una elevada carga de VIH. La iniciativa trabajará en asociación con los países, así como con la Alianza Mundial para Poner Fin al Sida en los Niños, y se sumará a las asociaciones en curso entre ONUSIDA, PEPFAR, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y la Organización Mundial de la Salud, que han llevado a los países con alta carga de VIH a alcanzar hitos significativos en el camino hacia la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH.  

"Con la creación de la nueva Oficina y el lanzamiento de la nueva iniciativa "Partos seguros, bebés sanos", el Gobierno de los Estados Unidos está dando un paso estratégico para reforzar la seguridad sanitaria mundial, avanzar en los esfuerzos contra las pandemias existentes y futuras, y asumir compromisos sólidos con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin al sida como amenaza pública para 2030", dijo la Dra. Angeli Achrekar, Directora Ejecutiva Adjunta de ONUSIDA. 

En el acto de presentación intervinieron el Secretario de Estado, Antony Blinken, el Secretario de Salud, Xavier Becerra, la Administradora de USAID, Samantha Power, y el Embajador John N. Nkengasong, Coordinador Mundial de los Estados Unidos para el Sida y Alto Funcionario de la Oficina de Diplomacia y Seguridad Sanitaria Mundial.

ONUSIDA comparte las lecciones aprendidas sobre la pandemia de sida en el texto del acuerdo en materia de pandemias de la oficina de negociación intergubernamental.

GINEBRA, 24 de julio de 2023: el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) recoge las lecciones aprendidas sobre la pandemia de sida para fortalecer y afinar el texto de la organización del acuerdo en materia de pandemias con el fin de garantizar una respuesta realmente sólida a las pandemias actuales, y para prevenir, prepararse y responder a las pandemias del futuro.

ONUSIDA y la respuesta al sida en todo el mundo cuentan con una experiencia y conocimientos únicos de los últimos cuarenta años en cuanto a la respuesta ante pandemias se refiere. La respuesta al sida mundial ha demostrado lo eficaz que puede ser una respuesta a la pandemia, lo que se ha señalado recientemente en su Actualización global sobre el sida 2023: The Path that Ends AIDS.

Aunque la COVID-19 incrementó la vulnerabilidad al VIH e interrumpió el acceso a los servicios para el VIH en el caso de millones de personas en todo el mundo, la respuesta al VIH/sida, los sistemas, la infraestructura y el modelo de gobernanza también ayudaron a los países a responder tanto al VIH como a la COVID-19.  ONUSIDA tiene un interés fundamental en la protección de los logros en la respuesta al VIH, la prevención de futuras pandemias y las emergencias sanitarias que afectan a las personas que viven con el VIH o que están afectadas por el virus y que podrían retrasar los esfuerzos para poner fin al sida para 2030.

Tras más de un cuarto de siglo liderando la lucha para poner fin al sida como amenaza para la salud pública, ONUSIDA ofrece las siguientes lecciones aprendidas para fortalecer el actual borrador del acuerdo en materia de pandemias:

Lenguaje general

El proyecto actual podría enmendarse para incorporar un lenguaje mucho más claro y determinante con relación a los compromisos de los países de altos ingresos para garantizar el acceso mundial a los productos relacionados con la pandemia y proporcionar proactivamente apoyo financiero y técnico para permitir las respuestas a la pandemia en los países de bajos y medianos ingresos. El uso frecuente de la fórmula «según corresponda» podría sustituirse por un lenguaje claro que transmita la obligación de los estados de actuar. En el borrador actual, gran parte de la carga para la prevención y la vigilancia recae en los países de bajos y medianos ingresos, y no se señalan obligaciones claras por parte de los países de altos ingresos para ayudar y apoyar a los países de medios y bajos ingresos. También podría incluirse un texto que comprometa a todos los países a priorizar la salud y la investigación médica.

Derechos humanos e igualdad

Si bien el borrador identifica los derechos humanos y la igualdad como principios fundamentales de la preparación frente a la pandemia, el borrador podría aclarar el lenguaje en relación con el compromiso de los Estados miembros de proteger los derechos humanos y garantizar la equidad en todos los aspectos de la prevención, la preparación y la respuesta a la pandemia (PRP). El acuerdo podría: reconsiderar la definición de «personas en situaciones vulnerables» (Art. 1); hacer referencia explícita a las obligaciones de los Estados de proteger y cumplir los derechos humanos dentro de sus «principios generales» (Art. 3.1); ante todo priorizar la equidad en todas las disposiciones del acuerdo; enfatizar la igualdad formal y sustantiva, junto con la no discriminación, como principios generales (Art. 3.1)

Acceso igualitario

Con respecto al acceso igualitario a los productos relacionados con la pandemia, el borrador de la organización utiliza un lenguaje que sugiere que las acciones recomendadas son consultivas en lugar de obligatorias. ONUSIDA recomienda que el borrador:

• Comprometa claramente a los países que poseen tecnología médica relacionada con la pandemia y conocimientos para compartirla con los países de bajos y medianos ingresos, de forma oportuna y significativa, incluidos los requisitos de financiación y acuerdos de compra para instituciones y empresas de los países de altos ingresos para compartir tecnología y conocimientos con investigadores y fabricantes capaces en los países de bajos y medianos ingresos.
• Comprometa a proporcionar un sólido apoyo financiero y técnico para la investigación colaborativa entre instituciones en el norte y en el sur con el fin de desarrollar la capacidad de investigación y desarrollo en los países de bajos y medianos ingresos, no solo para pandemias y no solo para la producción, sino también para permitir que los países de bajos y medianos ingresos contribuyan al progreso en la ciencia y la tecnología para toda la humanidad.
• Comprometa a los países a aprovechar al máximo las flexibilidades de los ADPIC durante una emergencia sanitaria.
• Comprometa a todos los estados a renunciar a las disposiciones de propiedad intelectual en relación con todos los productos relacionados con la pandemia durante los periodos de pandemia y recuperación.
• Comprometa a los Estados miembros a proporcionar liderazgo político y una financiación y asistencia técnica sólidas para crear una capacidad de fabricación de medicamentos sólida y flexible en los países de bajos y medianos ingresos antes de que surja la próxima pandemia. De cara a futuras pandemias, un mayor apoyo será fundamental para adaptar esta capacidad en los países de bajos y medianos ingresos para fabricar productos relevantes para la pandemia.
• Si la demanda de productos relevantes para la pandemia supera a la oferta durante futuras pandemias, todos los Estados miembros deben comprometerse a cumplir con las recomendaciones de priorización de asignación de productos de la OMS con el fin de garantizar un acceso equitativo, prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables.

Acceso y reparto de beneficios

Aunque el borrador especifica las obligaciones entre los países de bajos y medianos ingresos para las acciones relacionadas con la vigilancia y el intercambio oportuno de patógenos y datos, el borrador debe revisarse para comprometer a los Estados miembros a garantizar un acceso equitativo, incluido en lo referente a la distribución de los beneficios y las ganancias de la venta de estos patógenos. Se han de aprovechar las lecciones aprendidas acerca del Ébola, donde se compartieron patógenos de África, pero los medicamentos se acumularon en el norte, lo que dejó a las personas en África a la espera de donaciones benéficas. El Acuerdo debe basarse en la precedencia del PIP (acuerdo de preparación para una gripe pandémica), que facilita el intercambio de patógenos y beneficios tanto en términos de vacunas como de ganancias.

Responsabilidad común pero diferenciada

Aunque la PRP es una responsabilidad compartida de los Estados miembros, el borrador podría dejar claro que la naturaleza y el alcance de las responsabilidades se diferencian en función de los recursos y las capacidades financieros y tecnológicos de cada país. Dado que los efectos de las epidemias recaen en mayor medida en las poblaciones pobres y vulnerables, los países que albergan estas poblaciones requieren asistencia adicional.

Inclusión de la comunidad y la sociedad civil

Las respuestas lideradas por la comunidad desempeñan un papel fundamental a la hora de llegar a las comunidades marginadas con mensajes y servicios sanitarios fundamentales durante una pandemia (tal y como han demostrado tanto el VIH como la COVID-19), pero las comunidades siguen contando con recursos insuficientes y no están correctamente integradas como socias clave en las iniciativas de PRP nacionales. El acuerdo en materia de pandemias debe reconocer el papel fundamental de las respuestas lideradas por la comunidad y comprometer a los Estados miembros a incluir a las comunidades y a la sociedad civil en la toma de decisiones, la planificación, la preparación, la implementación y el seguimiento.

Inversiones sostenibles en infraestructuras y sistemas sanitarios

Los sistemas de salud centrados en las personas, sostenibles, resilientes y con recursos adecuados son fundamentales para la PRP y para lograr la cobertura sanitaria universal. La respuesta al VIH ha demostrado claramente cómo es posible aprovechar la inversión en el VIH para construir sistemas sanitarios y de servicios sociales más fuertes, inclusivos y sostenibles que respondan tanto al VIH como a otras amenazas sanitarias. A partir del lenguaje previamente recomendado sobre responsabilidades diferenciadas basadas en la capacidad financiera y técnica del país, el proyecto podría comprometer claramente a los países a invertir una nueva financiación pública importante en sistemas de salud, garantizando así una mano de obra sanitaria bien formada y bien remunerada (incluidos los trabajadores sanitarios comunitarios); fortaleciendo la atención sanitaria de primera línea; garantizando el acceso a los medicamentos y diagnósticos (incluidos los que se producen localmente); y fortaleciendo y utilizando de forma eficaz los sistemas de información sanitaria.

Gobernanza multisectorial

El VIH ha sido pionero en la gobernanza sanitaria inclusiva, responsable y participativa en múltiples sectores y con la comunidad, pero existe el riesgo de que la gobernanza de la PPR se conciba como una empresa tecnocrática y descendente que no incluya las contribuciones centrales de las comunidades y la sociedad civil. El borrador podría insistir en que los mecanismos de gobernanza de la PRP sean totalmente inclusivos para las partes interesadas claves y que se integren a nivel nacional y regional para hacer frente a las pandemias actuales y futuras crisis sanitarias. Debe reforzarse el lenguaje sobre enfoques de todo el gobierno y de toda la sociedad.

Conclusión

Las pandemias siguen generando enormes costes en las sociedades de todo el mundo: se estima que 630 000 personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2022, y la COVID persistente tendrá efectos duraderos en la salud y el bienestar humanos. En las respuestas al VIH y a la COVID-19, se ha dejado a demasiados países y comunidades solos en la lucha por salir adelante. Responder eficazmente a las pandemias actuales y futuras requiere que la comunidad global establezca en el corazón de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2023 y priorice unos principios de solidaridad, igualdad y acción centrada en las personas. A través del aprendizaje adquirido con la práctica durante décadas, la respuesta al VIH ha demostrado cómo es posible responder eficazmente a una pandemia. ONUSIDA recomienda encarecidamente a los países que tengan presentes las lecciones aprendidas por ONUSIDA al negociar las revisiones al borrador del acuerdo en materia de pandemias.

GINEBRA | WASHINGTON, D.C., 29 de mayo de 2023 — El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida ( ONUSIDA ) y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) están profundamente preocupados por el enorme daño que la Ley Antihomosexualidad de Uganda de 2023 está causando tanto en la salud de sus ciudadanos como en la respuesta al sida, que hasta ahora había estado cosechando un gran éxito.

El liderazgo de Uganda para poner fin a la pandemia de sida como amenaza para la salud pública

Uganda y su presidente Yoweri Museveni llevan años liderando la lucha para poner fin al sida. Y han conseguido avanzar gracias a la puesta en marcha de programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y atencióna gran escala, todos ellos basados en el principio de acceso a la atención sanitaria para todas las personas que la necesitan, sin miedo al estigma ni a la discriminación. Y precisamente ha sido este enfoque el que ha conseguido salvar vidas. Los sólidos sistemas sanitarios construidos para apoyar la respuesta al sida sirven a toda la población de Uganda. No hay duda de que los trabajadores sanitarios de la comunidad y los sistemas de salud especialmente desarrollados para la respuesta al sida desempeñaron un papel clave en la lucha contra la COVID-19 y otras amenazas. Esto es imprescindible mantenerlo: Los fallos en la respuesta al VIH por parte de los sistemas de salud pública podrían afectar negativamente  todo el mundo.

El éxito sí es posible

Todos sabemos  que solo seremos capaces de derrotar a esta amenaza para la salud pública cuando nos aseguremos de que el 95 % de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, de que el 95 % de ellas estén en tratamiento y de que el 95 % de las personas en tratamiento logren suprimir su carga viral. Uganda puede lograrlo. En 2021, el 89 % de las personas que vivían con el VIH en Uganda conocían su estado serológico, más del 92 % de las personas que conocían su estado serológico recibían tratamiento antirretroviral y el 95 % de las personas en tratamiento tenían suprimida su carga viral. Uganda va por el buen camino para lograr los objetivos de tratamiento del VIH de ONUSIDA, pero, para ello, se ha de mantener el progreso. 

La discriminación amenaza el progreso en la respuesta al sida

El progreso de Uganda en lo referente a su respuesta al VIH corre ahora mismo un enorme peligro. La Ley Antihomosexualidad de 2023 supondrá un obstáculo para la educación sanitaria y limitará enormemente su alcance para contribuir a poner fin al sida como amenaza para la salud pública.  El estigma y la discriminación relacionados con la aprobación de la ley ya han reducido notablemente el acceso a los servicios de prevención y tratamiento. La confianza, la confidencialidad y el compromiso sin miedo al estigma son fundamentales para cualquier persona que busque atención sanitaria. Las personas LGBTQI+ en Uganda temen cada vez más por su seguridad. De hecho, cada vez más gente rehusa recurrir a servicios sanitarios que salvan vidas por miedo a ser atacada, castigada y aún más marginada.

Uganda no ha dejado de demostrar su liderazgo y compromiso para poner fin al sida, y ha logrado un gran éxito al no dejar a nadie atrás. Por eso, todos juntos, instamos a reconsiderar la ley para que Uganda pueda continuar en su camino para garantizar para 2030 un acceso equitativo a los servicios sanitarios y poner fin al sida como amenaza para la salud pública. 

Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA y subsecretaria general de las Naciones Unidas

Embajador John Nkengasong, coordinador mundial del sida en los Estados Unidos y representante especial para la diplomacia sanitaria mundial, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos

GINEBRA/JOHANNESBURGO, 3 de mayo de 2023 - En respuesta a la aprobación del proyecto de ley antihomosexualidad por parte del Parlamento de Uganda, ONUSIDA ha advertido de que la entrada en vigor de dicha ley socavaría los esfuerzos de Uganda para poner fin al sida para 2030, al infringir los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la salud y a la vida. 

La directora de ONUSIDA para África Oriental y Meridional, Anne Githuku-Shongwe, afirmó: 

«Uganda ha hecho grandes progresos en la lucha contra la pandemia de sida. En el caso de que este nuevo proyecto se convierta en ley, no hay duda de que socavaría todo progreso.  

Sabemos que apartaría a las comunidades de los servicios que salvan vidas e impediría a los trabajadores sanitarios, incluidos los grupos de la sociedad civil, proporcionar los medios para la prevención del VIH, la realización de pruebas y la provisión de tratamiento. 

La realidad habla por sí sola: institucionalizar la discriminación y el estigma apartará aún más a las comunidades vulnerables de los servicios sanitarios que salvan vidas. Las diferentes investigaciones llevadas a cabo en el África subsahariana demuestran que, en los países que penalizan la homosexualidad, la prevalencia del VIH resulta cinco veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que en los países sin dichas leyes. 

Y al minar la salud pública, esta ley resultaría perjudicial para todos.

El dañino proyecto de ley contrasta considerablemente con la ola positiva de despenalización que está teniendo lugar en África y en todo el mundo, y gracias a la que se está consiguiendo eliminar cada vez en más países toda legislación punitiva aún vigente desde la época colonial. La despenalización salva vidas y beneficia a todos. 

Las organizaciones de salud pública acogieron con gran satisfacción el rechazo del anterior proyecto de ley por parte del presidente. Y puesto que este nuevo proyecto de ley, al igual que el anterior, perjudicaría la salud pública, resulta evidente que tampoco debería salir adelante».

GINEBRA/JOHANNESBURGO, 22 de marzo de 2023 — En respuesta a la aprobación del proyecto de ley contra la homosexualidad por parte del Parlamento ugandés, ONUSIDA ha advertido que, si finalmente se promulga esta ley, habrá consecuencias extremadamente perjudiciales para la salud pública, pues se reducirán los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y de algunas de las personas más vulnerables de Uganda para acceder a servicios que salvan vidas. 

Anne Githuku-Shongwe, la Directora de ONUSIDA para África Oriental y Meridional, declaró: 

"Si finalmente se promulga, esta ley socavará los esfuerzos de Uganda por acabar con el sida para el 2030, pues viola derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y el propio derecho a la vida.   

Las comunidades se alejarán de los servicios que salvan vidas y se impedirá que los trabajadores sanitarios, incluidos grupos de la sociedad civil, ofrezcan prevención, pruebas y tratamiento del VIH.   

La evidencia es muy clara: la institucionalización de la discriminación y el estigma social alejarán aún más a las comunidades vulnerables de los servicios sanitarios que salvan vidas. Las investigaciones realizadas en el África subsahariana muestran que la prevalencia del VIH es cinco veces mayor entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en los países que penalizan la homosexualidad que en los países que no cuentan con tales leyes.  

Al socavar la sanidad pública, esta ley va a ser peligrosa para todos.  

“Si finalmente se promulga, perjudicará a los ugandeses. Se cobrará vidas y provocará nuevas infecciones por el VIH. Instamos al Gobierno a que no promulgue esta ley tan dañina”. 

La ley impondría cadena perpetua para actos homosexuales y la pena de muerte para los denominados delitos graves. Incluye, además, la obligación de denunciar actos homosexuales y su incumplimiento se castigaría con penas de hasta 6 meses de prisión.  

Este nocivo proyecto de ley contrasta con la ola positiva de despenalización que se está produciendo en África y en el resto del mundo, con la que se está eliminando la perjudicial legislación colonial punitiva en un país tras otro. La despenalización salva vidas y beneficia a toda la sociedad. 

Aunque el proyecto de ley contra la homosexualidad haya sido aprobado por el Parlamento, todavía no se ha promulgado la ley y puede que, en aras de promover la salud pública y la igualdad de derechos de los ciudadanos en Uganda, sea rechazado por el presidente. Aún hay tiempo para no sacar adelante este proyecto de ley y salvar vidas.

Hoy, en el Día Mundial de la Tuberculosis, debemos reconocer la urgente necesidad de acabar con la epidemia de la tuberculosis en todo el mundo, especialmente entre las personas que viven con el VIH. La tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de enfermedad grave y muerte entre las personas VIH-positivas.

Según el Informe Mundial sobre la Tuberculosis del 2022 publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas VIH-positivas tienen entre 14 y 18 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis que las personas VIH-negativas. En 2021, alrededor de una de cada tres muertes relacionadas con el sida fue causada por la tuberculosis. No podemos permitir que esta situación continúe así. Debemos garantizar que todas las personas que viven con el VIH y aquellas que son vulnerables a la tuberculosis tengan acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Seguimos desaprovechando oportunidades para implementar las herramientas que disponemos contra la coinfección por VIH y tuberculosis. Casi la mitad de las personas que viven con el VIH que desarrollaron tuberculosis en 2021 no fueron diagnosticadas ni se les informó que padecían tuberculosis. La cobertura de la terapia preventiva contra la tuberculosis entre las personas VIH-positivas que reúnen los requisitos sigue siendo de solo el 42%.

Al igual que en las respuestas al VIH y a la COVID-19, las desigualdades son la causa principal que expone a algunas personas a correr mayor riesgo de contraer tuberculosis, debido a factores socioeconómicos, geográficos y de género y a situaciones humanitarias y de crisis. El marco legal y político también repercute en el acceso a servicios sanitarios para aquellos que más lo necesitan. No debemos olvidar que para que un programa sanitario funcione, tenemos que poner el foco sobre las personas e implicar a los beneficiarios, especialmente a las comunidades menos atendidas, para que formen parte de la planificación, la ejecución y la monitorización de la respuesta.

Hoy, en el Día Mundial de la Tuberculosis, me gustaría hacer un llamamiento a todos nuestros asociados para que dupliquen sus esfuerzos con el objetivo de asegurar la detección precoz, el tratamiento y la prevención de la tuberculosis en personas que viven con el VIH, mediante las siguientes medidas: la ampliación de las herramientas de detección y diagnóstico recomendadas, la prestación de tratamiento y atención integrados y de calidad, la implementación de tratamientos preventivos de corta duración contra la tuberculosis y la eliminación de obstáculos que dificulten el correcto desarrollo de los programas.

Si ponemos fin a la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH, salvaremos más vidas, reduciremos su sufrimiento y estaremos más cerca de erradicar ambas epidemias para siempre.

En el Día de la Cero Discriminación de 2023, que se celebra el 1 de marzo, ONUSIDA pone de relieve la necesidad de eliminar las leyes que criminalizan a las personas que viven con el VIH y a los grupos de población clave.* El lema de 2023, «Despenalizar salva vidas», insiste en el impacto positivo en los resultados de salud y vida que se observa cuando se eliminan las leyes discriminatorias y punitivas.

En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10 % de los países mantuvieran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran a la respuesta al VIH.

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó:

«La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vidas. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escolares, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo».

«A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas de la prevención y el tratamiento del VIH».

Estos objetivos son ambiciosos pero necesarios

La investigación en el África subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es cinco veces superior en los países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos judiciales recientes.

La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los trabajadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Policía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las tasas de violencia.

La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley.

En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:

«Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

«Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, por lo que necesitamos que todo el mundo participe».

Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si queremos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Los objetivos son ambiciosos, pero no imposibles

De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son.  En 2022, Bélgica y Australia han eliminado las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restricciones de viaje relacionadas con el VIH.

Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para garantizar que solo menos del 10 % de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según ONUSIDA, en 2021, 134 países que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o perseguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer ciertas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH.

Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estigmatizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas.

La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida.

* Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cárceles y otros centros de internamiento.