Press Statement

Winnie Byanyma, Directora Ejecutiva de ONUSIDA y Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas

7 de abril de 2021

Tisha (nombre ficticio), una joven de los barrios marginales del este de África, había cumplido tres semanas de retraso en la fecha de parto cuando fue remitida urgentemente al centro de maternidad de la capital.

Bajo atención médica especializada, Tisha dio a luz a un niño sano, al que llamó Okello. Sin embargo, en lugar de ser un momento de alegría para Tisha y su familia, cuando no pudo pagar los 30 dólares por los gastos de parto, el hospital se negó a darle el alta.

Fue trasladada de inmediato a un pabellón especial de retención que albergaba a otras 42 madres pobres y se le asignó una cama que ya compartían dos mujeres y sus bebés. A Tisha y Okello no se les permitía irse hasta que ella pagara la factura, que, según le dijeron las enfermeras, aumentaría cada día. Ambos fueron retenidos hasta que ella pudo encontrar el dinero para pagar la factura.

Esta trágica historia es, en realidad, muy común. Pagar por la salud es la forma más regresiva de financiar la atención sanitaria. Sin embargo, según el Banco Mundial, dos tercios de los países africanos cobran tasas a los pacientes en todos los servicios de atención.

Diez mil personas mueren cada día porque no pueden acceder a la atención sanitaria y el coste de los servicios sanitarios supone que cada año 100 millones de personas se vean abocadas a la pobreza extrema al tener que pagar por ellos. Eso equivale a tres personas cada segundo.

Estas enormes desigualdades en la atención sanitaria siguen aumentando a medida que los sistemas sanitarios de todo el mundo se vuelven cada vez más lucrativos. Muchos de los países más pobres del mundo intentan vender la sanidad a través de los seguros médicos y las tarifas a los pacientes. Sin embargo, ¿cómo se puede vender la sanidad a alguien que no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir, a alguien que no tiene trabajo y que sufre para poder comer?

Muchos gobiernos afirman que no pueden costear la sanidad, pero la realidad es que pueden hacerlo si aplican impuestos progresivos para que todo el mundo pague su parte justa, impiden que las empresas escondan sus beneficios en el extranjero y acaban con las exenciones fiscales. Esto contribuiría en gran medida a equilibrar las patentes desigualdades en el acceso a los servicios públicos, incluida la atención sanitaria.

Estos modelos con ánimo de lucro han fragmentado unos sistemas sanitarios ya de por sí débiles que excluyen a muchas personas: personas pobres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, reclusos, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas y numerosos grupos marginados. La financiación de la sanidad no es equitativa. Además, la privación de los derechos humanos de los grupos marginados les niega el acceso a una atención sanitaria de calidad.

Las desigualdades en los derechos humanos desencadenan desigualdades también en la sanidad. El derecho a la salud y a la sanidad para TODOS es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aquí se establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la ropa, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad“.

Los mayores avances en el ámbito de la sanidad se han producido a menudo en respuesta a una gran crisis: pensemos en los sistemas sanitarios de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o en el hecho de que el sida propiciara la atención sanitaria universal en Tailandia.

Ahora, en medio de la crisis de COVID-19, los líderes de todo el mundo tienen la oportunidad de construir los sistemas sanitarios que siempre fueron necesarios y que no pueden posponerse por más tiempo. No podemos hacer pequeños ajustes, necesitamos cambios radicales y significativos. La respuesta a la COVID-19 nos brinda la oportunidad de cambiar las reglas y garantizar la igualdad.

En el Día Mundial de la Salud de 2021, hagamos ese llamamiento para garantizar que la vida de las personas esté por encima de los intereses lucrativos. Consigamos que los gobiernos se comprometan a garantizar que todos, sin discriminación, tengan acceso a una atención sanitaria de calidad. El derecho a la sanidad es un derecho humano inalienable.

Esta crisis del coronavirus en la que nos encontramos hoy podría, como otras crisis mundiales anteriores, propiciar las soluciones globales y nacionales en materia de atención sanitaria que tanto necesitamos. ¡Aprovechemos el momento!

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.