Ghada Fathi Waly, Directora ejecutiva de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la OMS; Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. — * Agradecemos a PNUD su aportación a esta declaración.

Nosotros, los líderes de las instituciones mundiales encargadas de velar por la salud, los derechos humanos y el desarrollo, aunamos nuestras fuerzas para llamar la atención de los Gobiernos con respecto a la elevada vulnerabilidad a la pandemia de COVID-19 de los prisioneros y de otras personas privadas de su libertad. Instamos a todos los responsables de los diferentes países a adoptar las medidas necesarias en materia de salud pública, para atender a las necesidades de esta población vulnerable que es parte de nuestras comunidades.

Si bien sabemos que el riesgo de que la COVID-19 se adentre en las cárceles y en otros centros de detención varía de un país a otro, insistimos en la urgencia con la que es necesario minimizar la presencia de la enfermedad en estos entornos. Asimismo, se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes aún mayores de la enfermedad del coronavirus. Igualmente, insistimos en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores sanitarios y judiciales, mantenga bien informado al personal de prisión y garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de los derechos humanos.

Reducir el hacinamiento

A la luz de la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, la cual mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, se antoja insuficiente una sola respuesta sanitaria a la COVID-19 en estos entornos cerrados. Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta a la COVID-19.

Desde nuestras instituciones rogamos a los líderes políticos que consideren la privación de libertad, incluyéndose aquí la prisión preventiva, como un último recurso, especialmente en los casos en los que las prisiones están masificadas. Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños.

Si queremos mitigar el riesgo de que la COVID-19 entre y se extienda en las cárceles y en otros centros de privación de libertad, debemos proporcionar una respuesta rápida y firme dirigida a garantizar una custodia sana y segura, y a reducir el hacinamiento. Es de suma importancia mantener al máximo la limpieza y la higiene en lugares de privación de libertad, con el fin de evitar la entrada del virus o limitar su propagación.

Se deberían cerrar los centros de detención obligatoria y rehabilitación, donde se mantienen detenidas a las personas sospechosas de consumir drogas o ejercer trabajos sexuales, sin el proceso debido, con la excusa de ofrecerles tratamiento o rehabilitación. No hay prueba alguna de que dichos centros sean efectivos para el tratamiento de la drogodependencia y la rehabilitación de las personas. Además, la detención de las personas en estos centros vulnera algunos de los aspectos relacionados con los derechos humanos y amenaza la salud de los detenidos, con lo que aumentan los riesgos de brotes de COVID-19.

Garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana

Se pide a todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia.

Son elementos intrínsecos de esta obligación unas condiciones de vida y trabajo decentes, así como el acceso gratuito a los servicios básicos de salud. No debe existir discriminación alguna por motivo de la situación legal o de cualquier otra índole de las personas privadas de su libertad. La atención sanitaria en las prisiones, incluyéndose aquí el tratamiento preventivo, complementario y curativo, debería ser de la mayor calidad posible, o al menos equivalente al proporcionado en la comunidad. Las respuestas prioritarias a la COVID-19 actualmente en marcha en la comunidad, como la higiene de manos y el distanciamiento social, resultan a menudo restringidas e incluso imposibles en ambientes cerrados.

Garantizar el acceso a los servicios de salud continuados

Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general. La tasa de infección de enfermedades en población tan confinada es también más elevada que entre la población general. Más allá de la infectividad normal de la pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, hepatitis y TB podrían tener mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19.

Para garantizar que los beneficios de los tratamientos empezados antes o durante la encarcelación no se pierdan, se deben tomar medidas, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias públicas, con el fin de permitir que las personas continúen su tratamiento ininterrumpidamente en todas las fases de la detención y tras la liberación. Los países deberían adoptar un nuevo enfoque con respecto a sus sistemas de salud, en el cual las cárceles no se aparten de la atención continuada e integrada con los servicios de salud de la comunidad.

Es necesario, por tanto, reforzar las medidas de prevención y control en los ambientes cerrados, así como incrementar el acceso a los servicios sanitarios de calidad, incluyéndose aquí el acceso ininterrumpido a la prevención y el tratamiento del VIH, la TB, la hepatitis y la dependencia a opiáceos. Las autoridades deben garantizar el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención. El personal, los profesionales sanitarios y los proveedores de servicios que trabajan en ambientes cerrados deberían ser considerados una fuerza de trabajo esencial para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y, en consecuencia, deberían recibir los equipos de protección personal y el apoyo que tanto necesitan.

Respetar los derechos humanos

En sus respuestas a la COVID-19 en lugares cerrados, los Estados deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Las restricciones que pudieran imponerse tienen que ser necesarias, estar fundamentadas en pruebas, resultar proporcionadas (es decir, ser la opción menos restrictiva), y no ser arbitrarias. El impacto disruptivo de estas medidas debería mitigarse de forma activa, por ejemplo, mejorando el acceso a los teléfonos y las comunicaciones digitales cuando se limiten las visitas. Se deben seguir respetando plena y constantemente determinados derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, como los relativos a sus garantías y salvaguardias. Se incluyen aquí el derecho a la representación legal, así como el acceso a cuerpos de inspección externos a los lugares de privación de libertad.

Adherirse a las reglas y las pautas de las Naciones Unidas

Solicitamos a todos los líderes políticos que garanticen que la preparación y las respuestas a la COVID-19 en los entornos cerrados se identifiquen e implementen en línea con los derechos humanos fundamentales, que respeten las pautas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que nunca consistan en torturar ni llevar a cabo ningún tipo de castigo o trato cruel, inhumano o degradante. En las cárceles, toda intervención debe respetar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las reglas Nelson Mandela).

Las personas privadas de su libertad con síntomas de la COVID-19 o quienes hayan dado positivo en las pruebas deberían ser monitorizadas y tratadas respetando las últimas indicaciones y recomendaciones de la OMS. Las cárceles y otros centros de detención deben formar parte de los planes nacionales para la COVID-19 con la participación dedicada de los grupos de población afectados. Deben comunicarse todos los casos de COVID-19 en ambientes cerrados a las autoridades sanitarias públicas responsables, quienes después lo comunicarán a las autoridades nacionales e internacionales.

En línea con nuestros mandatos, seguimos disponibles para apoyar la rápida puesta en marcha de las recomendaciones arriba indicadas.

GINEBRA, 8 de mayo de 2020—Los organismos de derechos humanos europeos e internacionales han afirmado el derecho de las personas a cambiarse legalmente su género y nombre para que estos coincidan con su identidad de género. Se reconoce así que este derecho es fundamental para el disfrute de muchos otros derechos. ONUSIDA muestra su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Hungría esté proponiendo eliminar el derecho de las personas húngaras a cambiar legalmente su género en los documentos legales.

La Declaración política de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2016 reconoce que esta discriminación legislativa puede suponer una barrera a la salud y el bienestar de las personas. Barreras todas ellas que los Gobiernos se han comprometido a eliminar. El cambio propuesto a la ley húngara de registros reemplazaría el término «sexo/género» por el término «sexo de nacimiento», definido como el «sexo biológico basado en las características y los cromosomas sexuales primarios». Dicho cambio, además, no permitirá cambios en «sexo de nacimiento» una vez registrado este. Un paso como este tiene el potencial de causar un fuerte daño.

A ONUSIDA le causa también desasosiego el que los cambios propuestos se realicen aprovechando el estado de emergencia en un momento en el que las comunidades son incapaces de protestar de manera eficaz contra la legislación propuesta y de participar en las discusiones públicas al respecto, lo cual evita la celebración de los procesos democráticos pertinentes y elude el derecho a la participación política. Especialmente durante la pandemia del COVID-19, el foco debe estar en eliminar las barreras a la atención sanitaria, y nunca en crearlas.

«Todos los países tienen la obligación de empoderar a las personas para que estas sean reconocidas por quienes son, sin discriminación ni estigma. Animo a todos los países a continuar garantizando que las personas sean capaces de cambiar legalmente tanto su género como su nombre», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.

El estigma y la discriminación, incluyéndose aquí las leyes discriminatorias, contra las personas transgénero han demostrado aumentar la violencia, los abusos y el hostigamiento contra las personas transgénero. Además, han dañado significativamente su bienestar y su salud física y mental, así como su inclusión en la sociedad y su capacidad para acceder al trabajo y a la educación. Las personas transgénero corren 12 veces más riesgos que el resto de las personas de contraer el VIH y de quedar atrás en su acceso a los servicios para las pruebas, el tratamiento y el cuidado del VIH. Se ha comprobado que, en aquellos lugares en los que las personas pueden cambiar legalmente su género y su nombre, la discriminación, la violencia y el estigma son menores, y, además, se consigue una mayor inclusión social.

ONUSIDA recomienda que todos los países permitan el reconocimiento legal de género, con procesos y requisitos claros que vayan en consonancia con las obligaciones universales derivadas de los derechos humanos.

«Este paso propuesto por los Gobiernos traumatiza a las comunidades transgénero, con diversidad de género e intersexuales. Obliga a las personas a correr el riesgo de ser víctimas del estigma, la discriminación, el abuso, los hostigamientos y la violencia por ser quienes son», advierte Barnabás Hidasi, de la Transvanilla Transgender Association.

Discurso de Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, con relación a la respuesta económica a la COVID-19, pronunciado durante un evento online celebrado el 16 de abril de 2020 y copatrocinado por el Global Development Policy Center y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

La COVID-19 está matando a personas. Sin embargo, la magnitud y las consecuencias de la pandemia son las creadas por el hombre.

No era inevitable el que con la enfermedad se hayan perdido miles de vidas y echado a perder millones de medios de subsistencia. Todas estas pérdidas a las que nos seguimos enfrentando son el resultado de la enorme desigualdad para la que hemos programado nuestra economía mundial.

La pronunciada pendiente de las curvas de mortalidad, la profundidad de las pérdidas económicas y las revueltas sociales que se han visto en distintos países no son sino las consecuencias de nuestras elecciones políticas, una función del modelo económico que nosotros mismos hemos creado.

La COVID-19 ha empujado al mundo a la recesión. El Fondo Monetario Internacional ya nos está advirtiendo de que este gran confinamiento será peor que la crisis financiera que todo el mundo atravesó en el año 2008. Según las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, la enfermedad del coronavirus acabará con el equivalente a 195 millones de puestos de trabajo a jornada completa.

Como bien aprendimos de la epidemia del VIH, las epidemias causan estragos en un mundo desigual. Alimentan las desigualdades ya existentes y golpean con fiereza a los más vulnerables y marginados, a todos aquellos que no tienen acceso a la atención sanitaria, que no disponen de ninguna red que les aporte seguridad, a quienes no se les reconoce el derecho a tener una baja por enfermedad y a las personas que carecen de agua con la que limpiarse las manos. Precisamente las epidemias abaten antes, y con más crueldad, a aquellos a los que se les niega el derecho a la salud.

Cuando los Gobiernos dan prioridad a los sistemas de atención sanitaria privados frente a la atención sanitaria universal financiada con fondos públicos, están eligiendo. Están diciendo que el derecho a la salud se convierte en un privilegio para los pocos que pueden permitírselo. Y entonces, cuando la epidemia azota, esa elección se convierte en una decisión sobre a quién hay que permitir vivir y a quién se debe dejar morir. En ese momento quienes disfrutan del privilegio de acceder a la atención sanitaria consiguen vivir, mientras que a los demás no les queda más que morir.

Los Gobiernos han de invertir en la protección social universal. En las comunidades pobres presentes en todo el mundo, a menudo escuchamos: «Si no podemos trabajar, moriremos de hambre antes de contraer la enfermedad del coronavirus». Se trata de una elección que nadie tendría que hacer. Esta crisis sanitaria se está convirtiendo a pasos agigantados en una crisis también alimentaria.

En toda nuestra economía, observamos modelos empresariales que confían en mano de obra a la que no se protege. Modelos que explotan a los trabajadores y a los proveedores, que ni los apoyan ni los protegen.

La crisis climática es otra consecuencia de este amañado modelo económico que explota los ecosistemas de los que dependemos. Y de nuevo son los más pobres, los menos responsables de los abusos, quienes mayor varapalo reciben. Ahora mismo en el Pacífico, las personas no están solo luchando contra la COVID-19, sino que siguen recuperándose de las secuelas del ciclón Harold.

Nada de todo esto es accidental. Cada pequeño aspecto responde a un diseño, obedece a una intencionalidad. Al comienzo de mi discurso ya les adelanté que nuestra vida viene regida por decisiones tomadas por el hombre; no obstante, en muchos casos, estamos ante decisiones adoptadas por el sexo masculino. Me refiero a hombres que todavía dominan las salas de juntas y los pasillos del poder político, mientras son las mujeres quienes siguen asumiendo la gran responsabilidad de cuidar a otros. Mujeres que han de atender a familiares enfermos durante la pandemia o que deben andar kilómetros y kilómetros para conseguir agua potable.

Sin embargo, en esta historia no todo son sombras. Empezamos a atisbar pequeños resquicios de esperanza, vamos aprendiendo algunas lecciones. Somos cada vez más conscientes de la importancia de la salud y la protección social. Ello supone que, si queremos recuperarnos, debemos resetearnos. No podemos regresar al punto en que estábamos.

Estamos siendo testigos de cómo algunos países imponen lo que están llamando impuestos de solidaridad a las grandes empresas y a las personas con más recursos. Estamos oyendo hablar sobre la cancelación de la deuda estudiantil; la exención de tasas sanitarias, incluyéndose aquí las cuotas de usuarios, y el mayor apoyo a los cuidadores. Nos encontramos ante una nueva agenda.

Mas a nuestro alrededor otros países avanzan en dirección contraria: rebajas de impuestos para los más adinerados, paquetes de rescate para las grandes empresas sin garantía de que esos fondos se vayan a traducir en un apoyo para los trabajadores y los proveedores que trabajan sobre el terreno. Vamos viendo, por tanto, distintas señales.

Se ha de incrementar el gasto en salud y protección social. Esta pandemia debería ser el punto de partida de nuestra reconstrucción, de ahí que no debamos solo remendar con rescates.

Hemos de salir de esta crisis diferentes, reforzados, convencidos de que es imprescindible cambiar el modelo económico. Necesitamos un nuevo pacto verde mundial en el que el estímulo esté en invertir en las personas y en el planeta.

Un nuevo modelo económico que expanda la cobertura sanitaria universal y la protección social universal para todos, que impulse el trabajo digno y el cobro de sueldos dignos, y en el que las recompensas se distribuyan por toda la cadena de suministros y todas las partes interesadas se beneficien por igual. Un modelo en sintonía con el Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones distintas. Rezo para que todos los líderes mundiales así lo hagan.

GINEBRA, 9 de abril de 2020—ONUSIDA está profundamente preocupada por los informes de que la epidemia de COVID-19 se está utilizando como una excusa para atacar a las poblaciones marginadas y vulnerables, restringir el espacio de la sociedad civil y aumentar los poderes policiales. En particular, ONUSIDA está extremadamente preocupada por los informes de nuevas leyes que restringen los derechos y libertades y van dirigidas a los grupos criminalizados de una manera que dañará los derechos y la salud de las personas que viven o son vulnerables al VIH.

“En tiempos de crisis, los poderes de emergencia y la agilidad son cruciales; sin embargo, no pueden costar los derechos de los más vulnerables", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Los controles y equilibrios que son la piedra angular del estado de derecho deben ejercerse para evitar el mal uso de tales poderes. Si no, podemos ver una reversión de gran parte del progreso realizado en los derechos humanos, el derecho a la salud y la respuesta al SIDA".

La experiencia de epidemias pasadas y presentes muestra claramente que una respuesta efectiva a crisis de salud como COVID-19 debe estar profundamente arraigada en la confianza, la solidaridad humana y el respeto inquebrantable por los derechos humanos. Sin embargo, recientemente han surgido informes de que algunos países están utilizando poderes de emergencia o justificaciones de salud pública para restringir los derechos relacionados con la autonomía personal, la identidad de género, la libertad de expresión y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. También ha habido informes preocupantes de aumentos en las sanciones penales en relación con la transmisión, exposición y no divulgación del VIH y el uso de poderes policiales para atacar, a través de arrestos y brutalidad, a grupos vulnerables y criminalizados, como trabajadores sexuales, personas que usan drogas, personas que viven con VIH y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

En Hungría, se ha presentado un nuevo proyecto de ley para eliminar el derecho de las personas a cambiar su género y nombre en los documentos oficiales a fin de garantizar la conformidad con su identidad de género, en clara violación de los derechos humanos internacionales al reconocimiento legal de la identidad de género.

En Polonia, se aprobó una enmienda acelerada a la ley penal que aumenta las penas por exposición al VIH, no divulgación y transmisión a al menos seis meses de prisión y hasta ocho años de prisión, una clara violación de las obligaciones de los derechos humanos internacionales de eliminar las leyes penales específicas del VIH.

A ONUSIDA le preocupan los informes de países que recurren al uso del derecho penal, como la penalización de la transmisión de COVID-19, y el arresto y detención de personas por infringir las restricciones. Nuestra experiencia en la epidemia del VIH es que la criminalización de la transmisión del virus conduce a violaciones significativas de los derechos humanos, socava la respuesta y no se basa en la ciencia. La capacidad de probar la transmisión real de una persona a otra, así como la intención necesaria, es casi imposible y no cumple con los requisitos del estado de derecho para la criminalización. La criminalización a menudo se implementa contra comunidades vulnerables y estigmatizadas. En Uganda, 23 personas conectadas con un refugio para proporcionar servicios a la comunidad LGBTI han sido arrestadas, 19 han sido acusadas de un acto negligente que probablemente propague infección o enfermedad. Esos 19 están detenidos en prisión sin acceso a un tribunal, representación legal o medicamentos.

A ONUSIDA también le preocupan los informes de varios países sobre la brutalidad policial en la aplicación de medidas, el uso de la violencia física y el acoso y el ataque a grupos marginados, incluidas las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y las personas sin hogar. El uso del derecho penal y la violencia para hacer cumplir las restricciones de movimiento es desproporcionado y no se basa en pruebas. Se sabe que tales tácticas se implementan de manera discriminatoria y tienen un efecto desproporcionado en los más vulnerables: personas que por cualquier motivo no pueden quedarse en casa, no tienen un hogar o necesitan trabajar por razones de supervivencia.

En Kenia, las organizaciones de la sociedad civil, motivadas por las preocupaciones sobre acciones que no son consistentes con una respuesta epidémica basada en los derechos humanos, emitieron una opinión consultiva pidiendo que se adopte una visión basado en los derechos humanos en la respuesta COVID-19 y han publicado una carta pidiendo un enfoque en la participación de la comunidad y lo que funciona para la prevención y el tratamiento en lugar de enfoques desproporcionados y coercitivos.

Si bien algunos derechos pueden estar limitados durante una emergencia para proteger la salud y la seguridad públicas, dichas restricciones deben ser para un objetivo legítimo, en este caso, contener la pandemia de COVID-19. Deben ser proporcionales a ese objetivo, necesarios, no arbitrarios, basados ​​en pruebas y legales. Cada orden/ley o acción de la policía también debe ser revisada por un tribunal de justicia. Las facultades de aplicación de la ley también deben definirse de manera estricta, proporcionadas y necesarias.

ONUSIDA insta a todos los países a garantizar que las leyes y poderes de emergencia se limiten a un período de tiempo razonable y sean renovables solo a través de procesos parlamentarios y participativos apropiados. Deben establecerse límites estrictos sobre el uso de los poderes policiales, junto con una supervisión independiente de la acción policial y los recursos a través de un mecanismo de responsabilidad. Las restricciones a los derechos relacionados con la no discriminación en base al estado del VIH, la salud sexual y reproductiva, la libertad de expresión y la identidad de género detalladas anteriormente no ayudan con la respuesta COVID-19 y, por lo tanto, no tienen un propósito legítimo. ONUSIDA hace un llamamiento a los países para que deroguen cualquier ley establecida que no pueda decirse que tenga el objetivo legítimo de responder o controlar la pandemia de COVID-19.

GINEBRA, 8 DE ABRIL DE 2020—La pandemia de COVID-19, al igual que otras crisis de salud, expone las desigualdades existentes y afecta desproporcionadamente a las personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones financieras precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social.

Durante estos tiempos difíciles, la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP por sus siglas en inglés) y ONUSIDA desean llamar la atención sobre las dificultades y preocupaciones particulares que enfrentan las trabajadoras sexuales a nivel mundial, y exhortan a los países a garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Como resultado de la pandemia de COVID-19, las trabajadoras sexuales en todo el mundo están experimentando dificultades, una pérdida total de ingresos y una mayor discriminación y acoso. La criminalización de varios aspectos del trabajo sexual en la mayoría de los países sirve para magnificar la ya precaria situación de las trabajadoras sexuales en la economía informal. Como las trabajadoras sexuales y sus clientes se auto aíslan, las trabajadoras sexuales quedan desprotegidas, son cada vez más vulnerables y no pueden mantenerse a sí mismas ni a sus familias.

Las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales de todas las regiones informan que no tienen acceso a los esquemas nacionales de protección social y están excluidas de las medidas de protección social de emergencia que se están implementando para otros trabajadores, particularmente donde el trabajo sexual está criminalizado. Siempre que sea posible, las trabajadoras sexuales se auto aíslan responsablemente en respuesta a los llamados de los gobiernos. Sin embargo, cuando están excluidas de las respuestas de protección social de COVID-19, las trabajadoras sexuales se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir.

NSWP y ONUSIDA también están preocupadas por los informes de represiones punitivas contra las trabajadoras sexuales, que resultan en allanamientos de casas, pruebas obligatorias de COVID-19, arresto y amenaza de deportación de trabajadoras sexuales migrantes.

ONUSIDA hace un llamamiento a los países para que tomen medidas inmediatas y críticas, basadas en principios de derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales. Las medidas deben incluir:

• Acceso a esquemas nacionales de protección social para trabajadores sexuales, incluidos esquemas de apoyo a los ingresos.
• Una barrera inmediata entre los servicios de salud y las autoridades de inmigración para garantizar que las trabajadoras sexuales migrantes puedan acceder a los servicios de salud.
• Apoyo financiero de emergencia para las trabajadoras sexuales que enfrentan la indigencia, en particular los migrantes que no pueden acceder al apoyo financiero basado en la residencia.
• El fin inmediato de los desalojos y el acceso a viviendas de emergencia apropiadas para trabajadoras sexuales sin hogar.
• Detener las redadas en los hogares de las trabajadoras sexuales y los locales de trabajo sexual y garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas.
• Un cese inmediato de los arrestos y enjuiciamientos por actividades relacionadas con el trabajo sexual, alejándose de las medidas punitivas y la criminalización para llegar y servir a los más necesitados.
• El fin inmediato del uso del derecho penal para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19, incluidas las pruebas forzadas de COVID-19 y los enjuiciamientos relacionados.
• Las extensiones automáticas en las visas debido a su expiración a medida que se ajustan las restricciones de viaje. Los sistemas de detención de inmigrantes deben apoyar a los detenidos en alojamientos seguros.
• La participación de las comunidades de trabajadoras sexuales en las respuestas: la participación significativa de organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en grupos de planificación de salud pública de emergencia.

ONUSIDA, como siempre, está lista para apoyar a los países en la implementación de las recomendaciones anteriores.

GINEBRA, 2 de abril de 2020—ONUSIDA acoge con gran satisfacción la decisión del Gobierno portugués de conceder derechos de residencia temporal a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo que hayan solicitado la residencia en el país antes del 18 de marzo de 2020, fecha en que se anunció el estado de emergencia por el COVID-19. Estos derechos permitirán a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo acceder a las prestaciones sociales y sanitarias, incluido el acceso al servicio nacional de salud, a las cuentas bancarias y a los contratos de trabajo y de alquiler, al menos hasta el 1 de julio de 2020.

«ONUSIDA insta a todos los países a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, que se centre en las personas y respete los derechos y la dignidad de todos», afirma Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Portugal ha demostrado su liderazgo y compasión al dar prioridad a estas medidas para proteger a los más vulnerables en su respuesta al COVID-19».

Los migrantes se enfrentan a la misma amenaza sanitaria del COVID-19 que las poblaciones de acogida y deben ser incluidos para garantizar una respuesta eficaz que aborde los impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia. Los migrantes y otras poblaciones clave y vulnerables a menudo no pueden acceder a los servicios sanitarios y sociales por temor a la deportación, los costos financieros, las limitaciones jurídicas, las barreras lingüísticas, la exclusión y el temor al estigma y a la discriminación. La eliminación de las barreras que impiden a las personas solicitar atención médica y social mejorará los resultados de la salud pública en general, defenderá los derechos humanos de los más vulnerables y creará una respuesta más fuerte, eficaz y equitativa al COVID-19.

Portugal ha sido pionero en una respuesta al VIH basada en los derechos humanos desde el comienzo de la epidemia al crear entornos jurídicos propicios, promulgar políticas progresistas en materia de drogas y hacer que el tratamiento del VIH sea gratuito para todos, independientemente de la situación migratoria de la persona. Hoy en día, Portugal sigue liderando mediante su impulso de modelos de atención comunitaria y el fomento para la mejor integración de servicios de atención sanitaria. 

Para ayudar a orientar a los gobiernos, a las comunidades, y a otras partes interesadas en la planificación y aplicación de medidas para contener COVID-19, ONUSIDA ha elaborado un nuevo documento de orientación que aprovecha las principales enseñanzas extraídas de la respuesta a la epidemia de VIH: Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19: Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad.

GINEBRA, 27 de marzo de 2020—ONUSIDA apoya la decisión de la Sociedad Internacional del SIDA respecto a celebrar de manera virtual durante el mes de julio la 23.ª Conferencia internacional sobre el sida. Asimismo, espera que las redes de los grupos de población clave que se encargan de organizar la conferencia VIH2020 encuentren una solución alternativa para que el encuentro siga en pie.

En vista de la pandemia COVID-19, AIDS 2020: Virtual, organizada por la Sociedad Internacional del SIDA, permitirá a los participantes acceder y comprometerse con lo más reciente en cuanto a ciencia, defensa y conocimientos en materia del VIH, y, además, hacerlo con seguridad.

Los organizadores de VIH2020, una conferencia que iba a tener lugar en México como alternativa segura para las personas que no pueden o no entrarán en los Estados Unidos de América, han cancelado la conferencia y continuarán buscando una alternativa después de que el Gobierno mexicano suspendiera todos los grandes eventos previstos en el país.

«Quisiera darles las gracias a los organizadores por seguir adelante con la Conferencia internacional sobre el sida y por hacerlo de tal manera que se estén protegiendo las vidas y el bienestar de miles de participantes. Animo a todas las personas a participar en AIDS 2020: Virtual. Deseo que se una más gente que nunca y que todos volvamos a comprometernos para seguir avanzando en la respuesta al sida», insistió Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Ojalá que la conferencia VIH2020 pueda celebrarse de alguna manera. ONUSIDA brinda todo su apoyo a los coorganizadores y les agradece su decisión de poner la salud y la seguridad de las comunidades por delante de todo».

Infinidad de personas esperaban con ilusión asistir a la conferencia AIDS 2020 en San Francisco y Oakland, Estados Unidos. En vez de ello, AIDS 2020: Virtual permitirá a los asistentes de todo el mundo participar en sesiones virtuales, satélites, exposiciones, podcasts y redes de la comunidad interactivas. Se espera que la conferencia VIH2020 se celebre de manera similar.

Kevin Osborne, director ejecutivo de la Sociedad Internacional del SIDA, adelantó que «El encuentro AIDS 2020: Virtual girará en torno a la resiliencia. No hay palabra que defina mejor lo que necesitamos hoy en día. En la actualidad, la resiliencia es puesta a prueba por un panorama sanitario mundial que cambia en cuestión de segundos y al que ahora hemos de añadir la pandemia de COVID-19. En solidaridad con ello, ahora más que nunca la comunidad del VIH debe aunar fuerzas en nuestro compromiso conjunto de garantizar que las pruebas y los derechos humanos continúen siendo los pilares fundamentales de nuestra respuesta».

Rico Gustav, director ejecutivo de la Red mundial de personas que viven con el VIH (GNP+), señaló que «como coorganizadores de VIH2020, la Red mundial de personas que viven con el VIH y otras organizaciones mundiales somos unánimes en nuestra decisión de cancelar la conferencia». Ante todo, lo primero es siempre la salud y la seguridad de las comunidades. Mientras el COVID-19 afecta a cada vez más países y comunidades, nosotros nos vamos adaptando para seguir apoyando a nuestros miembros en estos tiempos tan extremadamente difíciles. Los coorganizadores de VIH2020 continuarán defendiendo y promoviendo el liderazgo de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH para que sigan respondiendo al VIH y a otras cuestiones sanitarias local, nacional y globalmente, y para que no cesen de explorar entornos virtuales que permitan celebrar la conferencia».

ONUSIDA insta a todo el mundo a recordar que el COVID-19 es una enfermedad grave. Todas las personas que viven con el VIH deberían adoptar todas las medidas de prevención recomendadas para minimizar la exposición y prevenir la infección por el virus que causa el COVID-19.

Al igual que en la población general, las personas mayores que viven con el VIH o las personas que viven con el VIH y sufren problemas cardíacos o pulmonares tienen mayor riesgo de infectarse con el virus y padecer síntomas más graves. Día a día, y a partir de la experiencia de los países y las comunidades que están respondiendo a ambas epidemias, iremos aprendiendo más sobre cómo el VIH y el COVID-19 impactan juntos a las personas que viven con el VIH. Se compartirán e imitarán las lecciones aprendidas con relación a la puesta en marcha de innovaciones y a la adaptación del sistema de suministro con el fin de minimizar el impacto sobre las personas que viven con el VIH.

La respuesta al VIH ha demostrado que la respuesta sanitaria pública sólida y eficaz que comprometa a las comunidades afectadas debe basarse en los derechos humanos y ocuparse de los contextos tanto biológicos como sociales de las enfermedades. Mientras el COVID-19 avanza hacia lugares de alta densidad demográfica y amenaza a las personas y las comunidades más marginadas, es fundamental priorizar las necesidades informativas, los suministros básicos de higiene como el jabón y el agua, la comida suficiente y los apoyos sociales que respondan a la falta de ingresos y a la pobreza. Y todo ello ha de abordarse como parte de la preparación y de la respuesta.

«La pandemia de COVID-19 está afectando a las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo», apuntó la Sra. Byanyima. «Sin embargo, no debemos olvidar que la epidemia del VIH aún no ha terminado. Incluso en estos tiempos tan convulsos, nuestros socios están trabajando para garantizar que la respuesta al sida siga en marcha. Son muchos los héroes sin capa que día a día luchan para garantizar que sigan disponibles los servicios de prevención y tratamiento del VIH para las personas que viven con el VIH y están afectadas por el virus».

GINEBRA, 17 de marzo de 2020—ONUSIDA celebra la gran decisión de poner a disposición de todo el que la necesite la profilaxis previa a la exposición en Inglaterra. Activistas y defensores llevan un montón de años haciendo campaña para conseguir que las medicinas preventivas para el VIH que salvan vidas estén a disposición de todas las personas con más riesgo de contraer el VIH. El día 15 de marzo el Gobierno anunció que la profilaxis previa a la exposición estará disponible en todo el país como parte de los esfuerzos del Gobierno por acabar con la transmisión del VIH para 2030.

«Es, indudablemente, lo que se tiene que hacer», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «La profilaxis previa a la exposición se ha evaluado en distintos grupos de edad entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las mujeres transgénero, los hombres y las mujeres heterosexuales, y las personas que se inyectan drogas. En todos estos contextos, los datos son claros y hablan por sí solos: la profilaxis preexposición evita el VIH y debe estar disponible para todas las personas que la necesitan».

Desde 2017 la profilaxis previa a la exposición estaba disponible en Inglaterra como parte de la prueba de impacto, a la que se apuntaron 20 000 participantes. El Gobierno ha prometido destinar 16 millones de libras desde 2020 a 2021 para extender la profilaxis previa a la exposición a través del Sistema Nacional de Salud, lo que empezará en abril de 2020.

La disponibilidad de la profilaxis previa a la exposición mediante la prueba de impacto se cree que ha contribuido a reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en toda Inglaterra. Las nuevas infecciones entre gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se calcula que han caído en torno a un 71 % desde su pico más alto en el año 2012. Se están realizando grandes esfuerzos para mejorar la disponibilidad de la profilaxis preexposición, como parte de un servicio de salud sexual integral, de manera que llegue a otros grupos que pudieran beneficiarse.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha acelerado su respuesta al VIH y ha conseguido ya los objetivos de 90-90-90. De las aproximadamente 103 800 personas que vivían con el VIH en el Reino Unido en 2018, un 93 % había recibido el diagnóstico del virus, y de ellas un 97 % estaba teniendo acceso al tratamiento. De las personas que estaban siguiendo una terapia antirretroviral, un 97 % presentaba una carga viral indetectable, lo que significa que no pueden transmitir el virus.

ONUSIDA elogia la determinación del Reino Unido y continuará apoyando los esfuerzos en todo el país para acabar con el sida en 2030.

Durante décadas, las mujeres de todo el mundo que viven con el VIH han estado luchando por el reconocimiento de su salud y derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye su derecho a formar una familia y a tener hijos. Sin embargo, a lo largo de los años se han dado demasiados casos de esterilizaciones forzadas y de abortos coercitivos.

El sexagésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tendrá lugar en la Sede central de las Naciones Unidas, en Nueva York, en marzo de 2020, para conmemorar que hace 25 años los gobiernos aprobaron la Declaración y Plataforma de acción de Beijing. Los gobiernos llegaron a un acuerdo y se comprometieron a defender los derechos humanos de todas las mujeres, así como a proteger y preservar su salud y derechos sexuales y reproductivos.

Entre estos derechos se cuentan el derecho a formar una familia y a tener hijos, el derecho a decidir el número de hijos y la frecuencia con que se tienen, el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a acceder a servicios de calidad que respalden sus decisiones sobre la salud reproductiva, basadas en un consentimiento informado, seguro y voluntario.

Estos son derechos humanos fundamentales que pertenecen a todas las mujeres, sin importar su estado serológico, y que se garantizan en convenios internacionales y regionales. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó poner fin a la esterilización forzada, especialmente a la esterilización de las mujeres que viven con el VIH, en la Declaración Política sobre el VIH y el sida.

El informe de la Comisión por la Igualdad de Género de Sudáfrica de febrero de 2020 nos recuerda la necesidad de garantizar la justicia reproductiva para las mujeres que viven con el VIH, por lo cual debemos estar alerta y responder ante las violaciones.

ONUSIDA reconoce el informe y sus hallazgos relativos a las mujeres que viven con el VIH y a las que se les ha sometido a la esterilización forzada y/o coercitiva. Elogiamos que la Comisión exija una respuesta y ONUSIDA apoyará la implementación de las recomendaciones.

ONUSIDA es consciente de que Sudáfrica ha lanzado recientemente un Plan Nacional para los Derechos Humanos que pretende abordar las barreras relativas a los derechos humanos que afectan a los servicios de tuberculosis y de VIH, y a la desigualdad de género en Sudáfrica. ONUSIDA y la familia de las Naciones Unidas están preparadas para apoyar por completo al gobierno, a la sociedad civil y a las partes interesadas en el desarrollo del plan.

GINEBRA, 29 de febrero de 2020—ONUSIDA celebra el nombramiento de Deborah Birx como coordinadora de la respuesta al coronavirus por parte de la Casa Blanca. La brillante trayectoria profesional de la Sra. Birx como experta de renombre en medicina incluye su contribución al último progreso alcanzado en la respuesta mundial al sida y su compromiso para trabajar con las comunidades afectadas por el VIH desde su cargo de coordinadora mundial de los Estados Unidos para el sida y representante especial de los Estados Unidos para la diplomacia sanitaria mundial.

«La decisión del vicepresidente Mike Pence de nombrar coordinadora de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus a Deborah Birx no podría ser más acertada», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «La Sra. Birx ha demostrado en infinidad de ocasiones su inigualable capacidad para controlar enfermedades infecciosas, y está extremadamente preparada para desarrollar un plan efectivo con el que hacer frente al brote de COVID-19 en los Estados Unidos de América».

El poner rápidamente en contacto a las personas que lo necesiten con los servicios para prevenir, o tratar, los efectos de la enfermedad requiere contar con una gran destreza que la Sra. Birx ya ha desarrollado y tiene más que consolidada tras casi tres décadas como experta en salud pública. Para su nueva misión, tendrán un valor incalculable, sin duda alguna, su experiencia abordando el estigma y la discriminación relacionados con las enfermedades y su buen hacer respecto a cómo desarrollar respuestas sanitarias efectivas que cosechen resultados entre las personas.

«Tengo la certeza de que la Sra. Birx trasladará a la lucha contra el COVID-19 los grandes conocimientos que ha aplicado al VIH», insiste la Sra. Byanyima. «Todo lo aprendido con la respuesta al VIH será útil para tratar de contener este nuevo virus que amenaza al mundo. Se necesita un mayor trabajo colaborativo entre las distintas categorías de enfermedades. Y aun mientras luchamos contra las nuevas enfermedades, no hemos de bajar la guardia y descuidar las epidemias concurrentes».