ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud han publicado una guía actualizada que recoge las consideraciones éticas que se han de tener en cuenta en los ensayos para la prevención del VIH. Esta nueva guía es el resultado de un proceso de un año de duración, cuenta con las aportaciones de más de 80 de expertos y miembros de la sociedad y se publica 21 años después de la aparición de la primera edición.

«ONUSIDA está plenamente implicada en su trabajo con las personas y las poblaciones afectadas por el VIH, y su objetivo es siempre promover y proteger sus derechos», señala Peter Godfrey-Faussett, asesor científico de ONUSIDA. «Esta guía establece de qué manera se han de llevar a cabo ensayos acerca de la prevención del VIH que sean éticos al tiempo que se salvaguarden los derechos de los participantes durante la investigación científica y se promueva el desarrollo de nuevas herramientas para la prevención del VIH».

Solo en el año 2019 hubo más de 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH. Ello hace que exista la necesidad urgente de desarrollar nuevas formas de prevenir el VIH y ponerlas a disposición de la población, para que todas las personas puedan protegerse del virus. Si bien a lo largo de los últimos años se han ido desarrollando nuevos métodos para la prevención del VIH, como la profilaxis previa a la exposición de administración oral, en el anillo vaginal de dapivirina o en inyecciones de acción prolongada de cabotegravir, lo cierto es que sigue habiendo una gran demanda de herramientas eficaces y fáciles de usar para la prevención del VIH.

Sin embargo, esa necesidad de desarrollar nuevos métodos de prevención debe estar en equilibro con la necesidad de proteger a las personas que participan en los estudios científicos para probar la seguridad y la eficacia de las herramientas de prevención.

La investigación con personas se rige por un marco bien establecido de normas éticas. Este nuevo informe detalla en 14 puntos las normas éticas para la investigación en materia de prevención del VIH. Asimismo, defiende y explica los principios universales de la ética para las investigaciones en las que participan personas, y lo hace de forma relevante para velar tanto por los participantes como por los avances de la investigación para la prevención del VIH.

«La Organización Mundial de la Salud debe garantizar que los legisladores y los implementadores sanitarios mantengan la ética en el centro de la toma de decisiones. Esta colaboración con ONUSIDA para reunir a un gran número de partes interesadas para la revisión no constituye sino un modelo para el desarrollo futuro de las directrices éticas», resalta Soumya Swaminathan, directora científica en la Organización Mundial de la Salud.

Las consideraciones éticas que rodean la investigación en materia de prevención del VIH son extremadamente complejas. Por ejemplo, la investigación se debería realizar con aquellas personas en la que los nuevos métodos tendrían un mayor impacto, como los grupos de población clave, las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes residentes en entornos con una alta incidencia del VIH. Sin embargo, los miembros de estas poblaciones a menudo viven en situaciones que los hacen vulnerables a la discriminación, el encarcelamiento o el daño, lo cual puede limitar su participación en la investigación y hacer que la investigación ética suponga un reto aún mayor. Con esta guía actualizada se busca explicar de qué manera se pueden incorporar éticamente las necesidades de las personas que más podrían beneficiarse de los avances en el ámbito de la prevención del VIH.

Con este fin, se incluyen en ella una serie de revisiones clave realizadas a la edición anterior. Además, se destaca la importancia de que los miembros de la comunidad se impliquen en todas las fases de los proyectos de investigación. Se insiste en que ha de haber una alianza igualitaria entre los equipos de investigación, los patrocinadores de los ensayos, los grupos de población clave, los participantes potenciales y las comunidades que viven en entornos en los que tienen lugar los ensayos.

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la cuestión de la justicia, con una selección inclusiva de poblaciones de estudio sin exclusión arbitraria debido a características como la edad, un embarazo, la identidad de género o el consumo de drogas. La guía también subraya contextos de vulnerabilidad. En ella se insiste en que no se ha de etiquetar a las personas y a los grupos como vulnerables, sino que el énfasis se debería poner en aquellos contextos sociales y políticos en los que la gente vive y que la hacen vulnerable.

La versión actualizada de la guía también hace hincapié en que los investigadores y los patrocinadores de los ensayos deberían, como mínimo, garantizar el acceso al paquete de métodos de prevención del VIH recomendado por la Organización Mundial de la Salud para cada uno de los participantes en el ensayo. Igualmente, se remarca la necesidad de un seguimiento, así como la del acceso posensayo por parte de todos los participantes a los productos que han demostrado ser eficaces. 

«Esta guía revisada apoyará a todas las partes interesadas a la hora de diseñar y dirigir ensayos para la prevención del VIH éticos y científicos que permitan avanzar en la respuesta al sida hacia el objetivo de cero nuevas infecciones por el VIH», añade el Sr. Godfrey-Faussett.

Sudáfrica ha perdido a uno de sus mayores y más valientes activistas del sida y la justicia social, Andrew Mosane. El Sr. Mosane falleció el pasado 15 de enero de 2021 a los 45 años de edad y recibió sepultura el día 20 de enero.

A lo largo de su vida, fue un experto activista del sida que llevó la voz de las personas y las comunidades marginadas al centro de la respuesta al sida. Era conocidísimo en Sudáfrica y en todos los rincones del mundo como un incansable defensor de los derechos humanos.  

Como hombre gai negro que vivió con el VIH sin ocultarse, el Sr. Mosane experimentó en sus propias carnes el estigma y la discriminación. Precisamente por eso, trabajó sin descanso para acabar con los muchos desafíos a los que se enfrentan las personas que viven con el VIH. Llevaba el activismo en la sangre y de forma muy natural incluyó en él las políticas en materia de raza, clase y género. Formó parte del Foro de la Sociedad Civil del Consejo Nacional sobre el Sida de Sudáfrica (SANAC, por sus siglas en inglés), en el que representaba a los sectores de las personas que viven con el VIH, las lesbianas, los gais, los bisexuales, la población transgénero e intersexual, y los trabajadores sexuales.

Considerado un radical, la suya era una sonrisa contagiosa. Tenía una gran inteligencia, y actuaba siempre movido por la sinceridad y la precisión. Sobresaliente defensor de los derechos humanos. Siempre al pie del cañón sin complejos . Entre sus compañeros activistas, deja el recuerdo de alguien «luchador, volcado en los demás, caótico, adorable, constante e inquebrantable, todo un luchador».

El Sr. Mosane tenía un firme compromiso tanto con ONUSIDA como con otras redes e instituciones a lo largo y ancho de Sudáfrica y más allá. Siempre defendió enérgicamente la salud sexual y reproductiva y el derecho a ella, y nunca dejó de alentar a los jóvenes en la respuesta al VIH y la violencia de género. Llegó hasta ONUSIDA movido por el deseo de conocernos y descubrir mejor el contenido de nuestro trabajo y de qué manera refleja las experiencias de las personas que viven con el VIH y las comunidades de todo el mundo.

El director regional de ONUSIDA para Sudáfrica, el Sr. Mbulawa Mugabe, destacó que el Sr. Mosane había hecho una gran contribución a la respuesta al sida que perduraría para siempre. «Tenía unas habilidades de facilitación mayúsculas, que se volvían especialmente soberbias en las trincheras del programa de alfabetización sobre el tratamiento de Treatment Action Campaign, la organización que con tanto orgullo lideraba y para la que no dejaba de trabajar. Su especial talento para convertir la información científica en accesible para las comunidades fue la seña distintiva de su tenaz defensa, y eso será algo que siempre echaremos infinitamente de menos», señala el Sr. Mugabe. «Hemos perdido a todo un gigante en el movimiento de la justicia social y el sida que logró llegar al corazón de muchísimas personas».

El Sr. Mosane tenía un firme compromiso tanto con ONUSIDA como con otras redes e instituciones a lo largo y ancho de Sudáfrica y más allá. En la fotografía de arriba, con la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Las adolescentes y las mujeres jóvenes deben velar ante todo por su salud sexual y reproductiva, y luchar para acceder tanto a los servicios relacionados con la misma como a la información relativa a sus derechos. El estigma y las normas de género dañinas asociadas a la salud sexual y reproductiva y a los derechos no van a ningún lado, afirma Nyasha Phanisa Sithole, líder en materia de salud sexual y reproductiva y derechos humanos en Zimbabwe.

«Si vives con miedo al estigma, nunca lograrás acceder a estos servicios, porque ahora mismo aún estamos lejos de lograr un entorno libre de estigma», insiste. 

La Sra. Sithole pertenece a Athena Network. Trabaja como defensora de derechos y salud sexual y reproductiva, y es líder regional en lo que a la defensa, el liderazgo y la formación de mujeres jóvenes se refiere. Desde el papel que desempeña, está convencida de que todo el mundo puedo aportar su granito de arena para cambiar su statu quo e influir en la toma de decisiones.

«Mi historia es una más de las muchas que existen. Soy esa adolescente que, a los 16 años de edad, necesitaba acceder a los productos básicos para prevenir el VIH, pero solo tenía los preservativos a mi alcance y, en ocasiones excepcionales, profilaxis previa a la exposición», relata la Sra. Sithole recordando su adolescencia.

A pesar de esta historia, que es una habitual, es fundamental satisfacer las necesidades relacionadas con los servicios para el VIH, la salud sexual y reproductiva, los derechos y la violencia de género en las regiones de África oriental y meridional.

Las adolescentes y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años representan el 29 % de las nuevas infecciones por el VIH entre adultos de 15 años en adelante en las regiones de África oriental y meridional, si bien este grupo solo constituye el 10 % de la población total. Dicho porcentaje se traduce en 3600 nuevas infecciones por el VIH a la semana entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes en la región, una cifra que es más del doble de la observada entre los hombres jóvenes de la misma edad (1700 semanalmente).

El estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas jóvenes, sobre todo las adolescentes y las mujeres jóvenes, a la hora de acceder a los servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva crean grandes barreras a distintos niveles, entre ellos el individual, el interpersonal, el comunitario y el social. 

Asimismo, entre las violaciones de los derechos a la salud documentadas están el revelar sin consentimiento el estado de salud, el negar a una persona el acceso a los servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva, y el ejercer violencia psicológica al respecto.

En el año 2014 la Sra. Sithole se infiltró como una paciente secreta en un centro de atención sanitaria para jóvenes situado en Harare, la capital de Zimbabwe, en un distrito repleto de zonas residenciales y escuelas. La primera persona con la que se topó en el centro fue un guarda de seguridad nada discreto.

«Me preguntó: “¿Qué necesitas?“ Una prueba de detección del VIH, le contesté yo. Y ahí volvió a preguntarme: ¿“Asi wakarumwa?”  Que en español significa algo así como “¿Te han metido el veneno? En Shona, este es el lenguaje de la calle que se utiliza para hablar de alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual», cuenta.

Si no hubiera estado bien informada de la situación, la Sra. Sithole confiesa que habría entrado en pánico. «Es algo que te puede hacer sentir miedo o echar para atrás, porque te dices a ti misma: “Es solo un guarda de seguridad. ¿Por qué se burla de mí y de mi situación?“. Porque, párate a pensar, imagina. Si yo verdaderamente tuviera un problema médico que quisiera solucionar, ¿qué pasaría entonces?». 

La Sra. Sithole explica que, muchas veces, los proveedores de salud miran con desdén a las adolescentes y mujeres jóvenes que quieren acceder a los servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva. Incluso las juzgan y preguntan: «¿Cuántos años tienes y para qué necesitas los preservativos o los métodos anticonceptivos?».

En lo que respecta al estigma derivado del acceso a los servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva, las organizaciones de la comunidad desempeñan un papel clave para las adolescentes y las mujeres jóvenes. Estas organizaciones capacitan mediante la información en materia de derechos y salud sexual y reproductiva, y las derivaciones de unos servicios a otros. 

Sin embargo, la COVID-19 ha impactado enormemente en la gran labor de estas organizaciones en Zimbabwe, país en el que se impuso el confinamiento para frenar la propagación del virus.

«En mi opinión, ningún Gobierno fue justo a la hora de imponer las fuertes restricciones a todas y cada una de las organizaciones que trabajaban en la comunidad», afirma la Sra. Sithole, y añade, además, que este proceder repercutió muy negativamente en el acceso de los jóvenes a los servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Con el fin de mitigar los riesgos, la Coalición Mundial para la Prevención del VIH, coorganizada por ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se subió a bordo para proporcionar apoyo económico y técnico a Athena Network en diez países, entre ellos Zimbabwe, para establecer enlaces y promover la iniciativa What Girls Want (lo que quieren las chicas) en cada país. Durante la pandemia de la COVID-19, las defensoras de la iniciativa, que eran chicas adolescentes y mujeres jóvenes, movilizaron a sus iguales para llevar a cabo debates a través de WhatsApp y hablar de los problemas a los que se enfrentan y para los que buscan el apoyo de sus iguales.

La Sra. Sithole está convencida de que los Gobiernos deberían invertir en elaborar y modificar las políticas existentes con el fin de crear un entorno propicio en el que las adolescentes y las mujeres jóvenes puedan tener acceso a la información, los servicios y derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Por grandes que sean el estigma y la discriminación que surgen ante la búsqueda de servicios relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva, la Sra. Sithole no se cansa de decir que las adolescentes y las mujeres jóvenes deben darse cuenta de su enorme poder y recurrir a la red que las ampara para conseguir lo que necesitan.

«Piensa en tu vida, porque es muchísimo más importante que todo lo demás. Por lo que, pase lo que pase a tu alrededor, si sabes que hay un servicio al que puedes acceder, no lo pienses, vete», aconseja.

Este año, Guyana lanzará un exhaustivo plan relacionado con la profilaxis previa a la exposición (PPrE). El ministro de Sanidad de Guyana, Frank Anthony, anunció que la estrategia nacional se implementará en colaboración con las clínicas de todo el país y las organizaciones no gubernamentales.

«Queremos expandirnos y llegar cada vez a más gente para asegurarnos de que toda persona en riesgo de contraer el VIH tenga acceso a la PPrE», señala el Sr. Anthony. «Estamos convencidos de que, si implantamos un programa integral, lograremos evitar muchas infecciones».

Este movimiento es el culmen de años defendiendo e implementando una profilaxis previa a la exposición parcial. La política existente en materia de profilaxis previa a la exposición consiste en un programa solo para las parejas serodiscordantes, de manera que únicamente aquellas parejas en las que solo una persona está viviendo con el VIH han sido capaces de acceder a la PPrE a través del sistema de salud público, para evitar así la transmisión al otro miembro seronegativo.  

Desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud recomienda insistentemente que se ofrezca la PPrE «a todas las personas que corran un riesgo sustancial de contraer el VIH». Son varios los países que han dado prioridad en los programas de PPrE a los grupos de población clave, incluyéndose aquí los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales y personas transgénero. En Guyana, en esos grupos también se concentra una mayor prevalencia del VIH: 8 % en el caso de las mujeres transgénero, 6 % entre trabajadores sexuales y 5 % entre gais y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.

El año pasado, la Sociedad contra la discriminación por motivo de la orientación sexual de Guyana (SASOD Guyana, por sus siglas en inglés) pasó de instar a un programa de PPrE más inclusivo a ofrecer el servicio ella misma. Para ello, el grupo se asoció con el centro Midway Specialty Care Centre, con la finalidad de salvar la brecha existente en el país respecto a la respuesta para la prevención del VIH.

«Queremos una prevención combinada para ganarle la batalla al sida», remarca Joel Simpson, gerente de SASOD Guyana. Gracias a su alianza con el sector privado y la sociedad civil, por primera vez los guyaneses, pertenezcan al grupo social que pertenezcan, fueron capaces de decidir si querían adherirse a la PPrE. El medicamento se vendía a los usuarios a precio de coste y quienes accedían al servicio a través de las organizaciones no gubernamentales no tenían que pagar  los gastos derivados de la consulta.  

Según los resultados arrojados por la evaluación que llevó a cabo SASOD Guyana en 2018 en colaboración con la International HIV y AIDS Alliance (ahora llamada Frontline AIDS) entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y las personas transgénero, cuanto más sensibilizada está la población, mayor es el interés en adherirse a un tratamiento de PPrE. Sin embargo, de entre quienes participaron en el estudio, solo un 60 % estaba dispuesto a pagar por él.

«Necesitamos políticos y técnicos, para que todas nuestras decisiones estén respaldadas por la ciencia y la investigación. En algunas ocasiones nos hemos topado con cuestiones morales a la hora de establecer una política pública», reflexiona el Sr. Simpson. «No se trata de si perteneces o no a un determinado grupo de población. Hay que responder a la realidad que vivimos y tratar de reducir los riesgos».

Los resultados del programa de Guyana en materia de VIH se sitúan entre los mejores de la región del Caribe. El país sobrepasó el objetivo para 2020 en lo referente a las pruebas de detección del VIH, con un 94 % de personas que viven con el VIH diagnosticadas en el año 2019. Un 73 % de las personas que conocían su estado serológico estaba en tratamiento. De ellas, el 87 % logró suprimir su carga viral. En los últimos 20 años, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido a la mitad en América del Sur.

«Se han logrado muchos avances en lo referente al tratamiento para el VIH, y no solo para las personas que viven con el VIH. Para salvar las brechas y garantizar que nadie quede atrás, es fundamental implementar completamente las mejores prácticas relacionadas con la prevención y el tratamiento», afirma Michel de Groulard, director nacional adjunto de ONUSIDA para Guyana y Suriname. «Precisamente por eso nos congratula el enfoque que se está adoptando desde el Ministerio de Sanidad este año para garantizar que la PPrE esté disponible para todas las personas que la necesitan. Ya tenemos a nuestro alcance las herramientas necesarias para acabar con el sida. Ahora lo que debemos hacer es usarlas».

ONUSIDA ha propuesto un nuevo conjunto de objetivos  ambiciosos pero factibles en materia del VIH para el año 2025. El modelaje ha demostrado que, si se alcanzan los objetivos relacionados con la promoción de entornos sociales favorables, podrían evitarse 440 000 muertes relacionadas con el sida y  2,6 millones adicionales de nuevas infecciones por el VIH. Este mismo modelaje también ha puesto sobre la mesa el hecho de que los países con entornos sociales y legales más propicios (definidos como aquellas sociedades igualitarias en materia de género, libres del estigma y la discriminación, y con un mejor acceso a la justicia, donde se han revocado las leyes punitivas y la acción conjunta se lleva a cabo con el sector del desarrollo, más amplio) mostraban una mayor correlación positiva entre la cobertura de los servicios para el VIH y el impacto del VIH.   

Por ejemplo, los países con entornos sociales más propicios se asocian a mayores descensos en la incidencia del VIH de los últimos 10 años que aquellos otros países con entornos menos propicios que se encuentran aún en el mismo nivel respecto al uso de preservativos masculinos en la última relación sexual de alto riesgo.

Cambio en la incidencia del VIH a lo largo de 10 años en países con entornos sociales favorables y desfavorables, con relación al uso del preservativo masculino en la última relación sexual de alto riesgo, 2010-2019

Los menores niveles de muertes relacionadas con el sida entre las personas que viven con el VIH se observan en los países cuyos entornos sociales son los más favorables, en comparación con los países con los entornos sociales menos favorables que se encuentran en niveles cambiantes en lo referente al tratamiento antirretroviral.

Mortalidad relacionada con el sida entre las personas que viven con el VIH respecto a la cobertura del tratamiento antirretroviral en países con entornos sociales favorables y desfavorables, en cuanto al uso del preservativo masculino en la última relación sexual de alto riesgo, 2017-2019

Cálidas sonrisas dan la bienvenida a Lily a medida que se aproxima a su primera parada del día: uno de los once burdeles dispersos por el país que Lily, presidenta de la Red de trabajadoras sexuales de Bangladesh, visita cada tres meses para interesarse por las mujeres que allí trabajan y conocer de su propia boca el tipo de ayuda que cada una necesita. Pese a que sus visitas se han visto limitadas en los últimos meses como consecuencia de las restricciones a la movilidad para frenar la expansión de la COVID-19, Lily sabe bien que todas esas sonrisas no son sino la coraza que esconde las dificultades que esas mujeres como ella están viviendo.

«Para mí todas esas trabajadoras sexuales son como mis hermanas. Siento profundamente su felicidad y su dolor, los siento como propios, y trato siempre de hacer todo lo que está en mi mano para solucionar cualquier problema que las pueda estar perturbando», confiesa Lily. Durante la pandemia de la COVID-19, Lily y las 29 organizaciones basadas en la comunidad que atienden a las trabajadoras sexuales en el país han luchado incansablemente para responder a las cada vez mayores solicitudes de ayuda. En marzo, las restricciones a la movilidad que el Gobierno impuso en todo el país hicieron que las trabajadoras sexuales no pudieran tener más clientes, debido a lo cual la mayoría vio desaparecer su fuente de ingresos y, con ello, se extinguió su capacidad de mantenerse a sí mismas y a sus familias.

«Los hijos de las trabajadoras sexuales se enfrentaron a desafíos gigantescos durante la situación de la COVID-19, ya que sus madres no podían proporcionarles nada que llevarse a la boca. En cuanto nosotros [la Red de trabajadoras sexuales de Bangladesh] nos enteramos de ello, nos pusimos en contacto con muchas organizaciones y con el sector privado para buscar apoyo», explica Lily. En respuesta a la llamada a la acción, la red movilizó fondos para apoyar a 2100 trabajadoras sexuales a lo largo y ancho de todo el país. El apoyo liderado por la comunidad en Bangladesh también ha obtenido un gran reconocimiento mundial. Hace muy poco, una extrabajadora sexual, Rina Akter, fue reconocida por la BBC por su gran esfuerzo y el de su equipo de ayudantes, ya que juntos lograron servir 400 comidas a la semana a las trabajadoras sexuales que más lo necesitaban.

«Aunque algunas, muy pocas, trabajadoras sexuales tienen ahorros, la gran mayoría no puede sobrevivir sola» apunta Rahat Ara Nur, responsable técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bangladesh. «A través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, proporcionamos a las trabajadoras sexuales los productos básicos de prevención contra la COVID-19, como mascarillas faciales y materiales para el lavado de manos. Asimismo, elaboramos anuncios para el servicio público que emitimos en la radio de la comunidad para asegurarnos de que lográbamos concienciar sobre las medidas de prevención frente a la COVID-19 entre la comunidad».

Con el cierre de los locales de ocio, categoría en la que se incluyen los burdeles, algunas de las trabajadoras sexuales han vuelto a recurrir al trabajo sexual en la calle, el cual incrementa el riesgo de violencia, implica un menor uso de preservativos y se traduce en que muchos de los clientes se van sin pagar o pagan menos.

Asimismo, las trabajadoras sexuales están experimentado una mayor vulnerabilidad a la violencia de género. Al perderse una fuente de ingresos, surgen los conflictos con relación a las cuestiones económicas, y las redes de trabajadoras sexuales informan de que sus miembros han sido víctimas de abusos por parte de sus cónyuges, parejas y propietarios de los burdeles.

Algunas trabajadoras sexuales se han quedado sin hogar al cerrarse los burdeles y, en algunos casos, los dueños de los inmuebles las echaron a la calle por no poder hacer frente al alquiler de su vivienda. Muchas trabajadoras sexuales señalan el estigma y la discriminación como una barrera que les impide acceder a otras formas de empleo. Los servicios de promoción de la salud que en su día se ocupaban de la salud sexual y reproductiva en los burdeles, entre otras cosas de acercar los servicios relacionados con las pruebas y la prevención del VIH, se han visto también suspendidos por las restricciones de movilidad.

Bangladesh, octubre de 2019. Fotografía: UNFPA Bangladesh/Naymuzzaman Prince

Y todo ello no sucede solo en Bangladesh. A lo largo y ancho de toda la región Asia-Pacífico, las redes nacionales y regionales de trabajadoras sexuales están informando de que el brote de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de las que son objeto las trabajadoras sexuales, y de que, además, muchas de ellas se han visto apartadas o excluidas de los servicios de protección social.

«No hay ni un solo programa de ayuda del Gobierno que vaya especialmente dirigido a las trabajadoras sexuales. Hay prestaciones para la población general, sobre todo para las personas de bajos ingresos, pero las trabajadoras sexuales no pueden optar a dichas medidas de protección social porque desempeñan su trabajo en la economía informal», reivindica Hnin Hnin Yu, presidenta de la red Trabajadoras sexuales en Myanmar (SWiM, por sus siglas en inglés), un grupo activista no gubernamental que lucha por el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales.

Sumado a ello está el hecho de que muchas trabajadoras sexuales son migrantes (internacionales o nacionales) y carecen de los papeles necesarios o no están registradas en las autoridades locales para poder acceder a las ayudas gubernamentales. Los requisitos de elegibilidad para recibir ayuda social, como la documentación que justifique los ingresos, el certificado de residencia, una identificación nacional y la contribución a los esquemas nacionales de protección social y presentación de impuestos, son las razones en que las administraciones se amparan para excluir a las trabajadoras sexuales de las ayudas del Gobierno. De acuerdo con una consulta online llevada a cabo por ONUSIDA y SWiM a las trabajadoras sexuales de todo el país, aparte de los fondos limitados procedentes de los actores humanitarios, ninguna de las trabajadoras sexuales había recibido otra ayuda social.

«Cuando se asignaron las ayudas para la COVID-19 del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, en la cantidad reservada para las personas que vivían con el VIH se incluyó a las trabajadoras sexuales más vulnerables, para que ellas también pudieran recibir provisiones de alimentos», relata el Sr. Myo, asesor de apoyo a la comunidad de ONUSIDA en Myanmar. «Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que se trataba de una solución ad hoc que llegaba solo a un pequeño porcentaje de la población vulnerable. Necesitamos un apoyo más sostenible para las trabajadoras sexuales, algún tipo de protección social».

Se ha hecho evidente que se ha de dar prioridad a las ayudas y los apoyos especialmente dirigidos a las trabajadoras sexuales. Sabedora de que es necesario conocer mucho más sobre las brechas existentes en materia de protección social para las trabajadoras sexuales, ONUSIDA, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, está explorando la posibilidad de llevar a cabo una evaluación de necesidades y una iniciativa de cartografía para conocer a fondo la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales durante la pandemia de la COVID-19. Los datos obtenidos a partir de la iniciativa de cartografía liderada por la comunidad se utilizarán para elaborar programas de apoyo para la subsistencia y la seguridad alimentaria; facilitar un mejor acceso a las terapias antirretrovirales y a los servicios para la salud sexual y reproductiva; prevenir la violencia de género y conseguir mejores servicios para la respuesta.

Respecto a este horizonte que se atisba en el que las agencias de las Naciones Unidas unen sus fuerzas con el fin de coordinar, codo con codo con las redes de trabajadoras sexuales, un ejercicio de cartografía para conocer la vulnerabilidad, la Sra. Nur deja entrever una gran emoción. Esta herramienta de apoyo no solo ayudará a identificar los desafíos a los que se enfrentaron las trabajadoras sexuales durante el brote de la COVID-19, sino que también catalizará el trabajo posterior para movilizar recursos para los programas y abordar las injusticias ya anteriores a la pandemia de la COVID-19.

Hnin Hnin Yu se refiere a la discriminación y el acoso por parte de la Policía como el gran desafío al que, desde hace años, se enfrentan las trabajadoras sexuales, quienes ven cómo se violan sus derechos. Durante el brote de la COVID-19, las comunidades han informado de una mayor vigilancia policial así como de abusos y hasta violencia física por parte de los agentes. Igualmente, se ha obligado al pago de tasas para llevar a cabo el trabajo sexual. En respuesta a ello, SWiM proporciona asistencia legal liderada por la comunidad y entre iguales para las trabajadoras sexuales que han sido arrestadas. Su objetivo no es otro que el que toda la gente conozca sus derechos.

Para quienes trabajan muy de cerca con las organizaciones lideradas por la comunidad ha sido sumamente inspirador comprobar que, aunque las redes de trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales a las que representan se han enfrentado a grandes retos, siempre han dado lo mejor de sí para apoyar a sus compañeras. Existe optimismo. Se espera que los datos recabados en un ejercicio de cartografía de la vulnerabilidad constituyan las pruebas que hacen falta para expandir el alcance de la protección social y los servicios para la respuesta humanitaria, de manera que esta llegue también a las trabajadoras sexuales. Y no solo eso, cabe la esperanza de que los resultados de la cartografía sirvan también para incrementar el número de programas liderados por la comunidad.

Imaginemos un sistema de atención sanitaria que no nos tuviera en cuenta como personas y que pasara por alto todas nuestras necesidades particulares. Las enfermeras no nos plantearían preguntas que son importantes. Los médicos subestimarían e ignorarían las soluciones que verdaderamente necesitamos. Nos sentiríamos mal recibidos, indeseados.

Pues justo esa ha sido siempre la realidad de las personas transgénero en Jamaica. Sin embargo, una nueva estrategia parece introducir un gran cambio.

Con el apoyo de ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Transwave Jamaica ha lanzado la Estrategia de salud nacional no convencional para la transexualidad y el ge´nero, la primera de este tipo en las regiones caribeñas angloparlantes. Este plan de cinco años es una hoja de ruta basada en los derechos humanos que nos indica de qué manera se puede mejorar la salud y el bienestar de las personas transgénero. Lejos de reducirse únicamente a las recomendaciones para el sistema sanitario, presenta los cambios estructurales y sociales necesarios para lograr un acceso igualitario a los servicios y las oportunidades para la comunidad transgénero.

«Demasiadas personas transgénero se quedan en casa y aguantan el sufrimiento, mientras que otras optan por cambiar quienes son para poder así acceder a los espacios públicos de atención sanitaria», apunta Renae Green, directora adjunta de políticas y promoción de TransWave. «Necesitamos mejoras en los servicios básicos, incluyéndose aquí el apoyo psicosocial. Y necesitamos que las personas transgénero puedan acceder a los servicios sanitarios públicos siendo ellas mismas».

Mediante el Sobre nacional para Jamaica del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas, ONUSIDA aunó esfuerzos con el UNFPA para apoyar un sólido proceso de un año de duración vinculado con la investigación, el compromiso de la comunidad y el desarrollo de una estrategia, incluyéndose aquí un marco de supervisión y evaluación. El proceso de desarrollo de la estrategia fue informado por un comité directivo multisectorial compuesto por organizaciones de la sociedad civil, socios de cooperación internacional y autoridades gubernamentales.

El VIH es la gran prioridad para la comunidad transgénero de Jamaica. Alrededor del 50 % de las mujeres transgénero participantes en dos estudios recientes estaban viviendo con el VIH. Sin embargo, existen otras preocupaciones urgentes. De acuerdo con los resultados de dos encuestas recientes, en torno a la mitad de los encuestados estaba en situación de desempleo. Un tercio se veía obligado a sacrificar alguna comida. Una de cada diez personas se prostituía para sobrevivir. Según un estudio llevado a cabo por TransWave en el año 2020, la mitad de los participantes en la investigación había sido víctima de violencia física el año anterior, y un 20 % incluso confesó haber sufrido abusos sexuales. Más del 80 % señaló haber sido objeto de un fuerte acoso verbal.

«Las necesidades van más allá del VIH y la atención sanitaria. Existen otros factores que también impiden que la gente esté segura, se pueda adherir al tratamiento y pueda continuar siendo seronegativa. Hemos de tener en cuenta a toda la persona, todas sus parcelas y no solo una», señala Denise Chevannes-Vogel, responsable en materia de VIH y sida de la Oficina subregional para el Caribe del UNFPA.

«Valoramos muchísimo el hecho de que fuimos capaces de reunir a toda la comunidad para hablar sobre todas esas necesidades que van más allá del VIH», apunta la Sra. Green.

El equipo de TransWave se ocupó de liderar la evaluación de las necesidades de la comunidad. Esta comunidad tiene algunas peticiones únicas, como la terapia hormonal sustitutiva o la cirugía de reasignación de sexo. Otras, sin embargo, son comunes a las de toda la población. Las personas transgénero también quieren acceder a la atención sanitaria, a una vivienda, al sistema educativo y a un empleo. Asimismo, quieren verse representadas en esos espacios de la sociedad civil en los que muchos reciben atenciones y apoyos.

«No conseguiremos ninguno de los objetivos relacionados con el sida si no damos prioridad a la salud, entendida globalmente, de las personas transgénero. A día de hoy la gente está muriendo como consecuencia de la violencia, la vida en la calle y la falta de empleo y oportunidades. Hasta aquellas nociones básicas respecto a la prevención del VIH que la mayoría de la gente adquiere en un entorno educativo formal quedan fuera del alcance de la población transgénero cuando, debido al acoso sufrido, es obligada a abandonar su formación. De este modo, el objetivo de este proceso no era sino reflexionar sobre los indicadores de impacto. ¿De qué manera podrían vivir más y mejor?», cuestiona Ruben Pages, asesor de ONUSIDA en Jamaica en lo referente a la movilización de la comunidad.

Pese a todo, ¿qué posibilidades de sobrevivir tiene esta estrategia integral e innovadora en un país cuya seña distintiva es su conservadurismo social? Los socios son optimistas. Por un lado, el enfoque adoptado invita a objetivos a más largo plazo, incluyéndose aquí la reforma de las leyes con relación a cuestiones como el reconocimiento de la identidad de género y la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Aparte de ello, la estrategia se presenta también como una guía práctica para la inclusión de la comunidad transgénero en sistemas y marcos establecidos. Con una acción orientada, se pueden lograr grandes avances en poco tiempo.

Manoela Manova, directora nacional de ONUSIDA para Jamaica, apuesta a que la estrategia ayudará a acelerar el progreso del país en su batalla contra el sida.

«Mirando hacia delante, lograremos un enfoque renovado capaz de garantizar el logro de excelentes resultados en materia de prevención, pruebas y tratamiento para todas las comunidades, especialmente para los grupos de población clave y más vulnerables», destaca la Sra. Manova. «Tenemos ante nosotros la oportunidad de mejorar, y mucho, nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás».

La batalla de Nadezhda Kilar contra sus proveedores de servicios sanitarios empezó hace ya varios años. «No estoy para nada de acuerdo con la forma en que se presta en nuestra ciudad la atención obstétrica a las mujeres que viven con el VIH», destaca la Sra. Kilar. «Desde el momento de la admisión en el centro hasta el alta, hubo una constante violación de derechos».

La Sra. Kilar, quien vive en Tiraspol, en la República de Moldavia, lleva muchos años viviendo con el VIH. Sigue un tratamiento antirretroviral que ha logrado suprimir su carga viral hasta alcanzar niveles indetectables, pero durante el embarazo y el parto fue totalmente aislada. De hecho, estuvo en una sala de aislamiento, dio a luz en una sala de partos separada y, una vez que tuvo a su bebé en los  brazos, la trasladaron a una habitación con barrotes en las ventanas especial para mujeres que viven con el VIH.

«Todas las demás mujeres salían del paritorio por la puerta delantera, y allí las esperaban sus familiares con flores y un fotógrafo. En mi caso, me hicieron salir por la puerta de atrás, que es donde están todos los cubos de basura», recuerda.

Y la discriminación no terminó con ella. «Pese a que mi hijo no tiene el VIH, en el hospital de maternidad el niño estuvo solo en una habitación separada y especial en la que llegaron a colgar un cartel que decía: “Contacto VIH“. ¿Por qué un niño debe soportar un estigma así?», se lamenta la Sra. Kilar.

«Quiero que mi próximo hijo nazca en un hospital de maternidad normal. Y no me cabe ninguna duda de que así será. Para que el cambio se produzca aún es necesario hacer muchas cosas, pero lo más importante es que debo defender mis derechos», afirma convencida.

La relación entre la Sra. Kilar y su marido comenzó a romperse cuando él adoptó una actitud violenta contra ella. Durante un largo tiempo aguantó y no hizo nada al respecto, ya que justificaba la violencia de su esposo pensando que esta era la norma dominante en los matrimonios. «Mi padre solía pegar a mi madre. De hecho, en dos ocasiones yo misma acabé en el hospital como consecuencia de una paliza por parte de mi progenitor». Perdida y sin saber qué hacer, se fue sumiendo en una depresión cada vez más y más profunda. «Perdí las ganas de vivir», confiesa.

Sin embargo, poco a poco empezó a ver la luz. Algo fue cambiando. Cuando fue consciente de que sola  no podía lidiar con sus problemas económicos, la violencia de la que era objeto y su enorme depresión, siguiendo el consejo de una asesora de iguales de la clínica del VIH a la que asistía en Tiraspol y que conocía bien por lo que estaba pasando, decidió unirse al programa Women's Mentoring, junto con otras 20 mujeres que también vivían con el VIH y que procedían de distintas comunidades de la zona. El programa Women's Mentoring, un proyecto conjunto de ONU Mujeres y ONUSIDA apoyado por el Gobierno de Suecia, trabaja con asesores y mentores de iguales para ayudar a las mujeres que viven con el VIH a comprender e identificar sus problemas, conocer sus derechos y contar con apoyos para luchar contra la violencia y la discriminación.

«Entonces entendí que ya nada volvería a ser como antes. Me di cuenta de que no iba a volver a tolerar sus golpes», detalla la Sra. Kilar.

Desde el año 2019, la Sra. Kilar trabaja como vendedora y, además, ha sacado tiempo para ir a la universidad y estudiar para ser profesora. «Mi vida no es nada fácil. Apenas duermo por la noche, pero he ganado confianza, y hoy me siento capaz de solucionar los problemas por mí misma», expresa.

Iren Goryachaya, coordinadora de programas del programa Women's Mentoring, insiste en que el programa ofrece una amplia variedad de servicios. «No solo nos preocupamos de la problemática de la discriminación en una institución sanitaria y lideramos la lucha contra la violencia. Aquí vemos a la mujer como una persona a la que nos aproximamos desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es muy importante ayudar a las mujeres a aceptar su estado serológico y superar el estigma que tienen contra ellas mismas. Sin ello, es imposible conseguir que los médicos o los hombres se acerquen a ellas de forma diferente».

«Habitualmente, las mujeres que viven en la República de Moldavia tienen un acceso insuficiente a información fiable respecto al VIH. En la actualidad, aún no son capaces de defender su derecho a mantener relaciones sexuales seguras. Dicha situación continúa agravándose como consecuencia de diversas formas de violencia, incluyéndose aquí la sexual, la mayor violación de los derechos de las mujeres y el comportamiento controlador de muchos hombres. Y todo ello no hace sino impedir que las mujeres tengan la oportunidad de defender su derecho a la salud», señaló Svetlana Plamadeala, representante de ONUSIDA para la República de Moldavia.

A día de hoy, la Sra. Kilar mira al futuro con seguridad y confianza. «Me siento una mujer libre. Hago lo que quiero. Mis hijos están creciendo en un ambiente seguro. No me preocupo por mi diagnóstico del VIH. Si decido tener otro hijo, daré a luz en un hospital normal y corriente».

Las comunidades de personas que viven con el VIH han estado a la cabeza en la respuesta comunitaria a la pandemia de la COVID-19. Como parte de esa respuesta, la Red global de jóvenes que viven con el VIH (Y+ Global), con ayuda de ONUSIDA, ha creado el Fondo de ayuda social Y+ para jóvenes que viven con VIH.

El Fondo de ayuda social Y+ se pondrá a prueba en Nigeria y Malawi donde, con la ayuda de redes locales de jóvenes que viven con VIH, Y+ Global ofrecerá apoyo financiero a los jóvenes que viven con VIH y que se han visto afectados por las restricciones relacionadas con la COVID-19.

“Confinamientos, inestabilidad social e interrupción de los tratamientos durante la COVID-19 han aumentado las desigualdades ya existentes en las comunidades de jóvenes. Con ayudas como la del Fondo de ayuda social Y+, los jóvenes que viven con VIH podrán acceder a los productos básicos para vivir, lo cual aliviará parte de la carga que afecta a su salud mental,” afirmó Igor Kuchin, presidente del consejo del Y+ Global.

La COVID-19 y las restricciones asociadas han tenido un fuerte impacto negativo en las vidas de los jóvenes que viven con VIH. Desde un difícil acceso a los productos de higiene menstrual hasta un aumento de la necesidad de refugio por violencia de género, las adolescentes y mujeres jóvenes que viven con VIH se enfrentan a duras situaciones durante el confinamiento. En el informe del día mundial del sida en 2020, Prevailing against pandemics by putting people at the centre (Vencer las pandemias con las personas en el centro de la respuesta), 27 de 28 países observados han informado que las restricciones de la COVID-19 han repercutido en el inicio de la terapia antirretroviral para personas a las que se les acaba de diagnosticar el VIH.

“En el contexto de la pandemia de la COVID-19, comunidades de jóvenes que viven con el VIH están liderando una vez más las respuestas y brindando nuevos ejemplos de la solidaridad, la resiliencia y la innovación que han impulsado y acelerado la respuesta al VIH desde el comienzo de la pandemia del VIH”, informó Suki Beavers, directora de la división de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Participación Comunitaria de ONUSIDA.

Se espera que aumente este aporte inicial para proveer asistencia financiera a los jóvenes más vulnerables que viven con el VIH de forma global. ONUSIDA está animando a otros socios y fundadores para apoyar el crecimiento del Fondo de ayuda social Y+ con el fin de asegurar que más jóvenes que viven con el VIH puedan acceder a la atención sanitaria y otros servicios durante la crisis de la COVID-19 y después.

«Mi negocio se ha visto afectado negativamente por el coronavirus. Antes de él, vendía al menos diez cartones de huevos a la semana. En el momento álgido de la pandemia, tenía suerte si podía vender dos», se lamentaba George Richard Mbogo, que vive con el VIH, tiene dos hijos y es dueño de un negocio de pollos, huevos y patatas fritas en Temeke, un distrito del sur de Dar es Salaam, República Unida de Tanzanía.

La crisis de la COVID-19 ha tenido repercusiones negativas en los medios de vida de las personas que viven con el VIH en la República Unida de Tanzanía, lo que ha exacerbado los retos a los que se enfrentan. Estos incluyen la prestación de servicios relacionados con el VIH y las cada vez mayores desigualdades sociales y económicas.

«El coronavirus ha sido una época muy complicada. He vivido con mucha preocupación y estrés. Conducir un boda boda (una motocicleta que sirve como taxi) requiere meterse entre multitudes y trabajar de cerca con personas. Ha sido difícil no caer en la ansiedad y la depresión al conciliar recibir el tratamiento contra el VIH y mi trabajo. Hubo momentos en los que pensé en dejar de tomar mi medicina, pero no lo hice», dijo Aziz Lai, un motociclista que también vive en Dar es Salaam. 

A pesar de que los más afectados por las pandemias simultáneas de VIH y COVID-19 están siendo los más pobres y los más vulnerables, mediante la movilización nacional de recursos, la crisis de COVID-19 ha creado una oportunidad para que los asociados se movilicen en apoyo a las comunidades a las que proveen servicios.

Los esfuerzos conjuntos por parte del gobierno, los asociados para el desarrollo —incluidos el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, USAID Y ONUSIDA—, el Consejo Nacional Tanzano de Personas que Viven con el VIH y el Sida (NACOPHA) y los activistas de la comunidad han desempeñado un papel clave a la hora de responder a la COVID-19, proporcionando información, servicios, protección social y esperanza a las personas que viven con el VIH durante estos tiempos difíciles sin precedentes.

Una de estas iniciativas es Hebu Tuyajenge, dirigida por NACOPHA y financiada por USAID, que se centra en aumentar la utilización de los servicios de pruebas del VIH, tratamiento y planificación familiar entre adolescentes y personas que viven con el VIH, fortaleciendo así los medios de acción de las organizaciones y las estructuras de la comunidad, y haciendo el entorno más propicio para la respuesta al VIH a través del empoderamiento de las personas que viven con el VIH.

Caroline Damiani es una madre soltera con tres hijos que vive con el VIH y se gana la vida criando pollos y patos. «Hebu Tuyajenge nos proporcionó equipo de protección personal, desinfectantes, jabón y cubos, así como educación acerca de la COVID-19 y cómo cuidarnos a nosotros mismos para mantenernos sanos durante la pandemia», explicó.

Mediante los servicios comunitarios que complementan la atención basada en los centros sanitarios, se ha conectado con las personas que viven con el VIH y se ha hecho que sigan recibiendo tratamiento durante la crisis a través de servicios para el VIH entre iguales cruciales.

Según Elizabeth Vicent Sangu, que lleva 26 años viviendo con el VIH, sus «cifras» hablan por sí solas.

«Durante mi seguimiento comunitario he llevado a 80 personas de vuelta a la clínica para hacerse un recuento de linfocitos CD4, inspirado a 240 personas a hacerse pruebas, denunciado 15 casos de violencia de género y proporcionado educación a 33 grupos, incluidos de jóvenes y congregaciones religiosas», explicó, rebosante de orgullo.

NACOPHA ayudó a la Sra. Sangu a aceptar su estado y la ayudó en su camino hacia su propio empoderamiento.

«Desde que me convertí en una promotora del tratamiento para Hebu Tuyajenge he recibido ayuda con la iniciativa empresarial y la educación acerca del VIH. Me he convertido en una profesora para otros. He vuelto valientes a otros a la hora de vivir con el VIH y realizarse pruebas», aseveró.

La asociación entre los promotores de la comunidad y los centros sanitarios ha tenido buenos resultados.

«Tanto nosotros como nuestros pacientes teníamos miedo en un principio, pero, gracias a la información y la educación, las cosas mejoraron. Nos centramos en proporcionar información cada hora y cada día a los pacientes acerca del coronavirus y nos aseguramos de que las personas practicaran un distanciamiento social seguro», afirmó Rose Mwamtobe, doctora del Centro de Atención Médica y Tratamiento Tambukareli, en Temeke.

«La COVID-19 nos está mostrando de nuevo el coste de la desigualdad, no solo en la República Unida de Tanzanía, sino a escala mundial. La salud mundial, incluyendo la respuesta al sida, esta interconectada con los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico», dijo Leopold Zekeng, director nacional de ONUSIDA en la República Unida de Tanzanía.

«La clave para acabar con el sida y la COVID-19 es que todos los asociados se unan, a nivel nacional y mundial, para asegurar que no dejamos atrás a nadie», añadió.