COVID-19

GINEBRA, 15 de octubre de 2020—Hoy, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio se reúne para hablar sobre una propuesta presentada por los Gobiernos de Sudáfrica e India, quienes abogan por la exención temporal de algunas de las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, con el objeto de facilitar una respuesta adecuada y eficaz a la COVID-19. La finalidad no es sino lograr certezas, seguridad y claridad, para así garantizar la libertad para operar, innovar, buscar y ampliar la capacidad de fabricación en las tecnologías sanitarias esenciales a la escala exigida. La exención consistiría en reducir los costes de transacción y eliminar todas las barreras clave en el ciclo de investigación y desarrollo y la cadena de suministro, para permitir y agilizar el acceso y el reparto de tecnologías sanitarias con vistas a prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19.

«ONUSIDA apoya plenamente esta propuesta, que refleja la urgencia y la emergencia sanitaria mundial que la COVID-19 representa», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «La adopción de dicha propuesta permitirá a los países aunar sus fuerzas y trabajar juntos para establecer las estrategias nacionales y multinacionales necesarias para promover la innovación y el acceso a los medicamentos, los diagnósticos, las vacunas y otras tecnologías sanitarias».

La solidaridad mundial y la responsabilidad compartida se consideran los principios fundamentales que guían la respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas. Existe un consenso cada vez mayor respecto al hecho de que el acceso universal a la atención sanitaria y a las tecnologías médicas para la COVID-19 ha de ser un bien público mundial.

Para responder a la COVID-19 y al VIH, dos pandemias coincidentes en el tiempo, ONUSIDA ha adoptado un enfoque multisectorial y centrado en las personas con la finalidad de proteger todo lo que con tanto esfuerzo han conseguido quienes viven con el VIH o están afectados por el virus y, también, para orientar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunidad del sida sabe bien que, para abordar las amenazas de salud pública, es fundamental centrarse en la desigualdad, incluyéndose aquí las desigualdades existentes para acceder a las soluciones, ya consistan estas en vacunas, diagnósticos o terapias.

«En esta ocasión no podemos olvidar todo lo que, a base de lágrimas, ya aprendimos de los primeros años de la respuesta al sida, cuando las personas de los países ricos recobraban la salud, mientras millones de ciudadanos de países en vías de desarrollo seguían dejados a su suerte», insiste la Sra. Byanyima. «Si continuamos actuando como hasta ahora, impediremos que quienes más lo necesitan disfruten de un justo acceso a los tratamientos para la COVID-19. Y es que no podemos ni debemos olvidar que este justo acceso es un derecho humano de todos, con independencia del color de piel que uno tenga, el dinero que lleve en el bolsillo y el país en el que resida».

Sin embargo, para garantizar el acceso igualitario y desbloquear el suministro, es necesario ofrecer distintas soluciones. ONUSIDA insta a apoyar las soluciones multilaterales que están sobre la mesa y pide colaboración para impulsar la transferencia de tecnología y la producción en masa de los productos sanitarios. Para ello, anima a todos los países a mirar a través del cristal de la salud pública.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Los datos mensuales comunicados rutinariamente a ONUSIDA referentes a las interrupciones en los servicios relacionados con las pruebas del VIH y el tratamiento reflejan un descenso significativo en dichos servicios en casi todos los países con datos disponibles.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se han encargado de recoger datos procedentes de distintos países a través de una plataforma online (https://hivservicestracking.unaids.org) para identificar las interrupciones nacionales, regionales y mundiales en los servicios del VIH causadas por la COVID-19.

Cincuenta y seis países comunicaron a través de la plataforma los datos obtenidos durante al menos un mes, de las pruebas del VIH entre enero y julio de 2020, y otros 17 países proporcionaron un volumen de datos suficiente como para calcular las tendencias con el paso del tiempo. Para medir el impacto de la COVID-19 en los servicios relacionados con las pruebas del VIH, se calculó la ratio referente a enero. Por ejemplo, si el número de pruebas en abril fue el mismo que en enero, la ratio sería 1. Si se observara un descenso, la ratio sería menor de 1.

En todos los países excepto en Ruanda se han detectado disminuciones grandes y sostenidas en el tiempo en los servicios relacionados con las pruebas del VIH. En la mayoría de los países se aprecia una reducción en los servicios a partir de abril. Cinco países, Myanmar, Mozambique, Madagascar, Ruanda y Armenia, han vuelto a los niveles de pruebas de detección previos a la COVID-19, mientras que en otros países, como Guyana y Perú, el número de pruebas realizadas para el VIH sigue siendo bajo.

GINEBRA, 8 de octubre de 2020— Gracias al gran bagaje que le han dado sus 40 años de respuesta al sida, ONUSIDA publica una nueva guía para reducir el estigma y la discriminación en el contexto de la COVID-19. Sus orientaciones parten de las últimas pruebas de lo que verdaderamente funciona para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el sida, y se puede aplicar a la COVID-19.

Desde que comenzara la pandemia de la COVID-19, se han denunciado diversas manifestaciones del estigma y la discriminación, incluyéndose entre ellas la xenofobia contra las personas a las que se culpa de traer la COVID-19 a los países. Asimismo, se han registrado agresiones contra los sanitarios y los supervivientes de la COVID-19 han sido en ocasiones víctimas de violencia tanto física como verbal. Igualmente, se han producido aún más ataques contra los grupos de población que ya estaban sometidos al estigma y la discriminación, entre los que se encuentran las personas que viven con el VIH, los miembros de minorías sexuales y de género, los trabajadores sexuales y los migrantes.

«Junto con el miedo y la incertidumbre que surgieron durante la pandemia, enseguida aparecieron el estigma y la discriminación», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «El estigma y la discriminación son contraproducentes. Exponen a las personas a la violencia, al abuso y al aislamiento; les impiden acceder a los servicios sanitarios y hacen que las medidas de salud públicas resulten ineficientes para controlar la epidemia».

El documento Abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19, ofrece a los países unas directrices para actuar respetando los derechos humanos, lo que se hace visible a través de la educación, el apoyo, las derivaciones a centros sanitarios y otras intervenciones. Mediante sus directrices, ONUSIDA busca ofrecer soluciones en seis áreas específicas: la comunidad, el lugar de trabajo, la educación, la atención sanitaria, la justicia y los entornos de emergencia/humanitarios.

Al igual que ya sucedió con la epidemia del VIH, el estigma y la discriminación minan considerablemente las respuestas a la COVID-19. Las personas que ya tienen interiorizado el estigma o que anticipan dichas actitudes estigmatizantes son más dadas a evitar los servicios relacionados con la atención sanitaria. Se muestran más reacias a someterse a las pruebas y admitir los síntomas, y tratan de desvincularse de la pandemia por todos los medios. 

«Sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no; somos conscientes de lo que debemos hacer para cambiar las creencias y los comportamientos. Durante los últimos 30 años nos hemos ocupado de liderar con gran éxito la respuesta al VIH, hemos logrado una experiencia ingente y muy valiosa. A lo largo del camino que hemos emprendido hemos recabado un gran conocimiento y cosechado una enorme sabiduría», admite Alexandra Volgina, coordinadora de programas de la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. «Queremos compartir todo ello para mejorar las vidas de las personas, para contribuir como mejor sabemos a superar la pandemia de la COVID-19».

Algunos países han recurrido a un derecho penal ya existente, y en otros casos han elaborado leyes específicas para la COVID-19, con el objeto de criminalizar la presunta exposición o transmisión de la COVID-19, y por ello han metido a más personas en cárceles, centros de detención u otras instalaciones de internamiento donde la enfermedad del nuevo coronavirus se transmite muy fácilmente.

«No hay mayor manifestación del estigma que cuando lo vemos encerrado en la propia ley. El empleo de las leyes penales y de otras medidas represivas injustificadas y desproporcionadas con relación a la COVID-19 está teniendo un impacto devastador sobre los más vulnerables de la sociedad, incluyéndose aquí muchas personas que viven con el VIH, ya que no se está sino exacerbando las desigualdades y perpetuando el estigma», insiste Edwin J. Bernard, director ejecutivo de HIV Justice Network. «Las medidas que respetan los derechos humanos y capacitan a las comunidades serán siempre infinitamente más eficaces que los castigos y encarcelamientos. Solo deseamos que estas recomendaciones basadas en pruebas para reducir el estigma y la discriminación relacionadas con la COVID logren ayudar realmente a quienes más lo necesitan».

Los informes de los que se dispone de los primeros días de la COVID-19 se hacen eco de la discriminación relacionada con el género y de la violencia de género, así como del acoso al que estuvieron sometidos los grupos de población clave, incluyéndose aquí los trabajadores sexuales. Igualmente en ellos se recogen los arrestos y las palizas sufridos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En abril de 2020, tras un gran número de denuncias por violencia y debido al enorme estigma y la gran discriminación derivados de la aplicación de medidas para controlar la COVID-19, ONUSIDA comenzó a identificar las acciones necesarias para responder, y en agosto publicó un informe titulado Derechos en pandemia, en el cual se recogen muchas de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en las primeras fases de la respuesta a la COVID-19.

La nueva guía, titulada Abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19 - Aplicando los datos empíricos de lo que funciona sobre el estigma y la discriminación relacionado con el VIH en seis entornos a la respuesta de la COVID-19 forma parte de los esfuerzos de ONUSIDA y la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH  para acelerar el progreso respecto al objetivo de la cero discriminación. Todo ello en línea con los compromisos políticos que los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron en la Declaración política de 2016 para acabar con el sida y lo recogido en el Objetivo 3 de desarrollo sostenible, de acuerdo con el cual se persigue acabar con el sida como amenaza de salud pública para el año 2030.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

GINEBRA, 29 de septiembre de 2020—Los nombres de supervivientes de la COVID-19 procedentes de 37 países se encuentran entre los de las casi 1000 personas que han firmado una carta abierta a los líderes de la industria farmacéutica para instarles a hacer realidad el disponer de vacunas y tratamientos al alcance de todos, es decir, sin patentes. Dicha carta se hace pública precisamente la víspera del evento paralelo de alto nivel dedicado a la pandemia que tendrá lugar mañana (30 de septiembre) durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Entre los signatarios se incluyen 242 supervivientes de la COVID-19 procedentes desde Sudáfrica hasta Finlandia, pasando por Nueva Zelanda y Brasil. También constan las firmas de 190 personas de 46 países diferentes que han tenido que decir adiós a sus seres queridos por culpa del virus, y las de 572 firmantes que, dadas sus patologías previas, son considerados de alto riesgo en caso de contraer la COVID-19.

La carta reza así: «A algunos de nosotros este virus asesino nos ha arrebatado a quienes más queríamos. Otros nos hemos visto a las mismísimas puertas de la muerte. Y muchos seguimos viviendo con el temor a contraer una enfermedad que sabemos que será letal para nosotros. No llegamos a comprender por qué sus monopolios o sus beneficios son tan importantes como para que haya gente que siga pasando por esto».

En el texto se indica que los laboratorios farmacéuticos están «trabajando en búsqueda de sus propios beneficios, manteniendo la línea de siempre, que consiste en defender sus monopolios y negarse a compartir tanto los resultados de sus investigaciones como lo aprendido en el camino». Por ello, a lo largo de todo el escrito se insta a los líderes de la industria a «garantizar que las vacunas y los tratamientos para la COVID-19 lleguen a todo el mundo, para lo que es necesario evitar monopolios, incrementar la producción y compartir conocimientos».

Los monopolios farmacéuticos no harán sino restringir la fabricación de vacunas y tratamientos farmacéuticos a un pequeño número de fabricantes, lo que impedirá la producción en masa que se requiere para satisfacer la demanda mundial. En la carta se solicita que las empresas cedan de inmediato las tecnologías para trabajar en la vacuna y los derechos de propiedad intelectual al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 de la OMS (C-TAP).

Una de las signatarias, Dilafruz Gafurova, de 43 años, procedente de Tayikistán, señaló: «Mi marido y yo contrajimos la enfermedad. Solo nos teníamos el uno al otro, los hospitales estaban saturados... y resultaba complejísimo acceder a los medicamentos adecuados para ganarle la batalla al virus. Soy madre de cuatro hijos... Me asustaba dejarlos solos en este mundo si a mí me pasaba algo... Por eso firmo esta carta: quiero ayudar a otros a conseguir una vacuna. No todas las personas pueden tener acceso a la vacuna, sencillamente porque no todo el mundo puede permitírselo. Muchos apenas [llegan a tener] lo básico que necesitan para el día a día».

La redacción de la carta fue coordinada por la alianza People’s Vaccine Alliance, una coalición mundial de organizaciones y activistas unidos con el objetivo común de defender una vacuna para todos contra la COVID-19 que se consiga gracias a un conocimiento compartido y que esté disponible gratuitamente para todos y en todo el mundo.

Mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bill Gates y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estarán entre los rostros conocidos de alto nivel que debatirán en torno al acceso a la vacuna. Hasta ahora las naciones ricas han fracasado a la hora de presionar a las industrias farmacéuticas para que compartan sus tecnologías con el fin de maximizar el suministro mundial de vacunas y tratamientos triunfantes.

Heidi Chow, de Global Justice Now, miembro de la People’s Vaccine Alliance, insistió: «Los laboratorios farmacéuticos han de prestar atención a las demandas de las personas de todo el mundo que han experimentado el miedo y la devastación que trae consigo la COVID-19. La industria no puede hacer oídos sordos ante las voces de todas estas personas. Por el contrario, debería responder a sus peticiones poniendo fin a los monopolios y comprometiéndose a compartir el dominio respecto a la producción de la vacuna. Todas estas acciones se consideran fundamentales para expandir los suministros de las vacunas, de manera que todos los países puedan permitirse el acceso a vacunas eficaces».

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó: «Con el sida ya tuvimos ocasión de ver que, cuando se descubren tratamientos, las personas ricas de los países ricos recuperan su salud, mientras que millones de personas de países en desarrollo caen en el olvido y se ven abocadas a la muerte. No podemos permitirnos caer en el mismo error cuando hallemos una vacuna para la COVID-19. El derecho a la salud es un derecho humano y, como tal, el recibir una vacuna que nos proteja de las garras de este virus mortal no debería depender ni del dinero que llevemos en el bolsillo ni del color de nuestra piel. Una vacuna debería ser siempre un bien público global y, como tal, tendría que ser gratuito para todos».

La alianza también pide a los Gobiernos que la financiación pública dedicada a la investigación y al desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos para la COVID-19 se conceda a las empresas farmacéuticas siempre que estas se comprometan a compartir realmente sus conocimientos y su tecnología, así como a trabajar sin patentes. Una vez que la vacuna esté disponible, la Alianza ruega que las dosis se repartan de manera justa y que se dé prioridad a los trabajadores sanitarios y los grupos de población en riesgo de todo el mundo.

Notas para los editores:

Aquí se puede leer el texto completo de la carta: https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/pv_alliance_open_letter_final.pdf (en inglés)

Este evento paralelo de alto nivel, denominado Acelerando el final de la pandemia de la COVID-19: adoptando nuevas soluciones para trabajar a mayor escala y lograr resultados accesibles para todos, con el fin de salvar vidas, proteger los sistemas sanitarios y reactivar la economía mundial, se celebrará el día 30 de septiembre en la 75.^ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Entre los participantes están el Secretario General de las Naciones Unidas, el director general de la OMS, los líderes de una amplia variedad de países, entre ellos Reino Unido y Sudáfrica, y la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.  

Esta carta abierta ha sido firmada por un total de 941 personas. Entre ellas están 242 supervivientes de la COVID-19 de 37 países: Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Burundi, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Líbano, Marruecos, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, República de Macedonia del Norte, Reino Unido, Rusia,

Senegal, Sudáfrica, Suecia, Tayikistán, Uganda y Zambia. Algunas personas se encuadran en más de una categoría. Previa petición, se puede facilitar un listado con todos los signatarios. La carta ha sido enviada a todas las empresas farmacéuticas que están tras las 11 vacunas candidatas que actualmente están en la fase 3 de los ensayos.

People’s Vaccine Alliance es una coalición de organizaciones y activistas unidos con el objetivo común de defender una vacuna para todos contra la COVID-19 que se consiga gracias a los conocimiento compartidos y que esté disponible gratuitamente para todos y en todo el mundo. Un bien común mundial. Coordinada por Oxfam  y ONUSIDA, entre los miembros de la alianza están Frontline AIDS, Global Justice Now, Nizami Ganjavi International Center, STOPAIDS, Wemos y el Yunus Centre. Más de 140 líderes, antiguos líderes y economistas han aunado sus fuerzas para instar a los Gobiernos a trabajar unidos para una vacuna contra la COVID-19 para todo el mundo.

A principios de mes, un análisis de Oxfam reveló que un pequeño grupo de naciones ricas que representa solo el 13 % de la población mundial ya ha adquirido más de la mitad (51 %) de las futuras dosis de las principales candidatas a convertirse en vacuna contra la COVID-19. https://oxfamapps.org/media/press_release/small-group-of-rich-nations-have-bought-up-more-than-half-the-future-supply-of-leading-covid-19-vaccine-contenders/ (en inglés)

NUEVA YORK, 23 de septiembre 2020—La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con las Naciones Unidas, los organismos especializados y los asociados, pidió hoy a los países que elaboren y apliquen planes de acción para promover la difusión oportuna de información de base científica y evitar la difusión de información falsa, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión.

La OMS, las Naciones Unidas, el UNICEF, el ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), junto con los Gobiernos de Indonesia, Tailandia y el Uruguay, celebraron un seminario en la web en paralelo al septuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el daño que está causando la difusión de información errónea y desinformación, siendo esta última una información intencionadamente errónea al servicio de ciertos fines.

«Tan pronto como el virus se extendió por todo el mundo, los mensajes inexactos e incluso peligrosos proliferaron salvajemente en las redes sociales, lo que provocó que la gente estuviera confundida, engañada y mal aconsejada,» dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. «Gracias a nuestra iniciativa "Verified" (Verificado), estamos luchando contra la información errónea con la verdad. Trabajamos con asociados de los medios de comunicación, diversas personalidades, personas influyentes y plataformas de redes sociales para difundir contenidos que promuevan la ciencia, ofrezcan soluciones e inspiren solidaridad. Esto será especialmente esencial a la hora de promover la confianza del público en la seguridad y eficacia de las futuras vacunas contra la COVID-19. Necesitamos una "vacuna del pueblo" que sea asequible y esté disponible para todos.»

«La información errónea y la desinformación ponen en peligro la salud y las vidas y socavan la confianza en la ciencia, las instituciones y los sistemas de salud,» dijo el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Para luchar contra la pandemia necesitamos confianza y solidaridad, y cuando hay desconfianza, hay mucha menos solidaridad. La información falsa está obstaculizando la respuesta a la pandemia, por lo que debemos unir fuerzas para combatirla y promover el asesoramiento sobre salud pública basado en la ciencia. Los mismos principios que se aplican a la respuesta a la COVID-19 se aplican al manejo de la infodemia. Necesitamos prevenirla, detectarla y responder a ella, juntos y de manera solidaria.»

«Además del impacto inmediato en las respuestas a la pandemia, la desinformación está socavando la confianza de la población en los procesos e instituciones democráticos y exacerbando las divisiones sociales,» dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner. «Es uno de los desafíos de gobernanza más preocupantes de nuestro tiempo. El PNUD está colaborando activamente con los Estados Miembros, con los demás organismos de las Naciones Unidas y con otros asociados para encontrar respuestas integrales que respeten los derechos humanos.» 

«La información errónea es uno de los problemas de más rápido crecimiento con que se ven confrontados los niños actualmente,» dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. «Aprovecha las grietas abiertas en la confianza en las sociedades e instituciones y las ahonda aún más, socava la confianza en la ciencia y la medicina y divide a las comunidades. En sus formas más perniciosas, como cuando convence a los padres de que no vacunen a sus hijos, puede incluso ser letal. Dado que la desinformación es más un síntoma que una enfermedad, para contrarrestarla se requiere algo más que proporcionar la verdad. También requiere confianza entre los líderes, las comunidades y las personas.»

«Solo podremos vencer a la COVID-19 con hechos, ciencia y solidaridad comunitaria,» dijo Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva del ONUSIDA. «La información errónea está perpetuando la estigmatización y la discriminación y no debe obstaculizar la protección de los derechos humanos y el acceso de las personas en situación de riesgo y de los marginados a los servicios de salud y protección social.»  

«Desde el comienzo de la pandemia, la UNESCO ha movilizado sus redes internacionales de asociados de los medios de comunicación, periodistas, verificadores de hechos, emisoras de radio comunitarias y expertos para dar a los ciudadanos los medios con los que luchar contra la información falsa y los rumores, fenómenos que se han visto exacerbados por la pandemia,» dijo Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. «La movilización colectiva para promover una información de calidad y fiable, garantizando al mismo tiempo el estricto respeto de la libertad de expresión, es esencial. Una prensa libre, independiente y pluralista es más necesaria que nunca.»

«La confianza es una piedra angular de nuestro mundo digital,» dijo Houlin Zhao, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. «Basándose en la iniciativa BeHe@lthy BeMobile puesta en marcha hace tiempo por la OMS y la UIT, la UIT ha estado trabajando con los ministerios nacionales de telecomunicaciones y de salud y con los operadores de redes móviles desde el comienzo de esta crisis para enviar mensajes de texto a las personas que tal vez no tengan acceso a internet, proporcionándoles consejos de salud en relación con la COVID-19 basados en elementos científicos y datos probatorios directamente a través de sus teléfonos móviles.»

La OMS y sus asociados instaron a los países a que colaboraran con las comunidades y las escucharan a la hora de elaborar sus planes de acción nacionales y a que las empoderaran para fomentar la confianza y la resiliencia frente a la información falsa.

«Escuchar a las comunidades sobre la forma en que perciben la enfermedad y la respuesta es fundamental para crear confianza y poner fin a los brotes,» dijo Jagan Chapagain, Secretario General de la FICR. «Si nuestra respuesta no refleja las preocupaciones y percepciones de las comunidades, las poblaciones afectadas no nos considerarán útiles o dignos de confianza, y la respuesta a la epidemia corre el riesgo de fracasar. Más que nunca, los respondedores locales están a la vanguardia de esta crisis. Debemos reconocer el increíble papel que desempeñan comprendiendo los conocimientos adquiridos a nivel local y actuando en consecuencia.» 

Los coorganizadores también pidieron a los medios de comunicación, las plataformas de redes sociales, los líderes de la sociedad civil y las personas influyentes que reforzaran sus acciones para difundir información precisa y evitar la difusión de información errónea y desinformación. El acceso a información precisa y el libre intercambio de ideas en línea y fuera de línea son fundamentales para posibilitar respuestas de salud pública eficaces y creíbles.

«La iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas se creó hace una década dentro del sistema de las Naciones Unidas para innovar en el uso de informaciones predictivas en tiempo real para proteger a las comunidades vulnerables en tiempos de crisis,» dijo Robert Kirkpatrick, Director de Pulso Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas sobre macrodatos e inteligencia artificial (IA). «Durante esta pandemia hemos visto un enorme aumento de las solicitudes de análisis avanzados procedentes de todo el sistema de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros. Seguiremos trabajando con la OMS y otros asociados para ayudar a identificar y contrarrestar la información errónea y la desinformación.»

Nota para los redactores

La OMS define una infodemia como una sobreabundancia de información, tanto en línea como fuera de línea. Incluye información precisa, así como información errónea y falsa.

En mayo de 2020, los Estados Miembros de la OMS aprobaron la resolución WHA73.1 sobre la respuesta a COVID-19 en la Asamblea Mundial de la Salud. En la resolución se reconoce que la gestión de la infodemia es una parte fundamental de la lucha contra la pandemia de COVID-19, y se pide a los Estados Miembros que proporcionen contenidos fiables sobre la COVID-19, adopten medidas para contrarrestar la información errónea y la desinformación y aprovechen las tecnologías digitales en el conjunto de la respuesta. En la resolución también se pide a las organizaciones internacionales que aborden la información errónea y la desinformación en la esfera digital, que trabajen para prevenir las actividades cibernéticas dañinas que socavan la respuesta sanitaria y que apoyen la facilitación de datos de base científica a la población.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

«No puedo abastecer a mi familia con la comida suficiente porque han bajado mis ingresos. Me deprime ver a mi familia pasar hambre y apuros económicos», comenta Kamal Hossain (nombre ficticio), una persona que consume drogas, residente en Daca, Bangladesh.

La pandemia de COVID-19 está afectando a las vidas y los medios de subsistencia de mucha gente en todas partes. El impacto es especialmente notable en personas con desventajas socioeconómicas o ya marginadas. En Bangladesh, las ificultades a las que se tienen que enfrentar para ganarse la vida y acceder a cualquier tipo de programa de protección social se han acentuado aún más para las personas que consumen drogas, que ya de por sí se encuentran marginadas por parte de la comunidad en general.

Algunos en la misma situación que Hossain trabajaban antes de la pandemia, pero perdieron sus empleos durante el confinamiento. Los centros de recreo y de acogida a los que acudían antes para recibir apoyo sanitario y psicosocial se cerraron parcial o totalmente y los servicios sanitarios se vieron interrumpidos.

Para ayudar a las personas que consumen drogas durante el confinamiento, ONUSIDA hizo una donación a la Red de Personas que consumen drogas (NPUD, por sus siglas en inglés). Con esta donación, NPUD proporcionó comida y ropa durante la fiesta del Eid ul-Fitr a las personas que se inyectan drogas y que viven en la calle. Miembros de la comunidad local se encargaron de repartir la comida. Para algunos, esta ha sido la única ayuda recibida durante la pandemia de COVID-19.

«Yo solo he recibido una comida durante el confinamiento. No he recibido ninguna ayuda del Estado porque no tengo documento nacional de identidad. También recibí una mascarilla y jabón por parte de una organización civil», añade Rafiq Uddin (nombre ficticio), que vive en la calle y consume drogas en Daca.

Las organizaciones de base comunitaria se esfuerzan por apoyar los medios de subsistencia de las personas de las poblaciones más expuestas, incluidas aquellas que consumen drogas.

«Puesto que NPUD es una organización de personas que consumen drogas, no podemos quedarnos al margen de esta crisis. En estos tiempos difíciles, algunos líderes de NPUD se han ofrecido para ayudar y el apoyo de ONUSIDA ha sido el primer paso para marcar la diferencia», afirma Shahed Ibne Obaed, presidente de NPUD.

Tras recibir la donación de ONUSIDA, NPUD se puso en contacto con otros socios, incluidos CARE Bangladesh, Save the Children (Bangladesh), organismos humanitarios locales y organizaciones de voluntarios, para proporcionar un apoyo alimentario más amplio.

«He recibido un poco de dinero de una organización de voluntarios en mi localidad. Algunos de mis parientes y personas bienintencionadas me ayudaron dándome comida. También intenté hacer algún trabajo que me generara ingresos para abastecer a mi familia, pero no encontré nada de forma regular», nos cuenta el Sr. Hossain, que es miembro de Ashakta Punarbashan Sangstha (APOSH), una organización con base comunitaria en Daca.

NPUD consiguió movilizar suficientes recursos de varias fuentes para continuar ayudando a personas que se inyectan drogas y personas que viven con el VIH en las zonas más antiguas de Daca y alrededores. Unas 1600 personas que consumen drogas se han visto beneficiadas por esta iniciativa. La coordinación entre NPUD y otras organizaciones con base comunitaria sirvió de ayuda para identificar a los beneficiarios de estas ayudas. Trabajadores de centros de acogida, APOSH, Prochesta, Old Dhaka Plus, Alor Pothe y otros ayudaron a distribuir ropa y alimentos. Miembros de organizaciones con base comunitaria ofrecieron sus casas para preparar y envasar allí los alimentos.

NPUD facilitó equipos de protección personal para los trabajadores sociales, y mascarillas y jabón para los beneficiarios; además organizó un grupo en línea para compartir las novedades y las fotos, y para publicar información acerca de sus actividades. Toda la iniciativa fue completamente voluntaria. 

«Uno de los principales motivos de preocupación es la falta de recursos humanitarios y financieros para apoyar a toda la gente vulnerable que consume drogas. Necesitamos un mayor compromiso por parte de los donantes para generar más fondos de ayuda, especialmente para los que viven en la calle, y para garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa», afirmó Saima Khan, directora de ONUSIDA en Bangladesh.

En el día de la inauguración de la conferencia Virtual Fast-Track Cities 2020 sobre las respuestas al VIH y a la COVID-19 en las ciudades, ONUSIDA publicó un nuevo informe acerca de cómo fortalecer las respuestas a las emergencias sanitarias.

GINEBRA, 9 de septiembre de 2020 — Un nuevo informe de ONUSIDA pone de manifiesto cómo los países que están lidiando con la COVID-19 hacen uso de la experiencia y la infraestructura de la respuesta al sida para garantizar una respuesta más sólida ante ambas pandemias.  COVID-19 and HIV: 1 moment, 2 epidemics, 3 opportunities—how to seize the moment to learn, leverage and build a new way forward for everyone’s health and rights  (COVID y VIH: 1 momento, 2 epidemias, 3 oportunidades—cómo sacar el máximo partido de este momento para aprender, potenciar y construir un nuevo camino para los derechos y la salud de todos) muestra que al identificar los cambios de dinámica necesarios, es posible encontrar sistemas que sean efectivos, inclusivos, equitativos y con suficientes recursos.

«Dadas las dimensiones épicas de esta emergencia, el mundo necesita unidad y solidaridad», afirmó António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. «Nuestra lucha de décadas contra el VIH nos aporta conocimientos esenciales. Si prestamos atención a lo que hemos aprendido y trabajamos juntos, podemos garantizar que las respuestas sanitarias nacionales cumplan la promesa de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 y para la salud y el bienestar de todos».

Las tres oportunidades que se ponen de relieve en el informe son: (1) que los principales conocimientos adquiridos de la respuesta al VIH deberían iluminar el camino para las respuestas frente a la COVID-19; (2) cómo la infraestructura existente para el VIH está de alguna manera guiando ya las respuestas ante la COVID-19 y tiene el potencial para impulsar un progreso acelerado; y (3) cómo las respuestas a la COVID-19 y al VIH ofrecen una oportunidad histórica de construir un puente hacia sistemas de salud flexibles y orientados a resultados que funcionen para las personas.

«Estamos ante una oportunidad única de reinventar los sistemas sanitarios», declaró Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Todas las miradas están puestas en la salud, los sistemas sanitarios y la atención sanitaria, con el deseo de los países de estar mejor equipados no solo para combatir la COVID-19, sino también para crear sociedades más sanas y resilientes. Podemos sacar provecho de esta oportunidad y aprender del VIH y de la COVID-19 para implementar cambios sustanciales que nos permitan desarrollar sistemas sanitarios basados en los derechos, equitativos y centrados en las personas».   

El informe destaca cómo la respuesta al VIH puede contribuir a lanzar una respuesta acelerada frente a la COVID-19 de manera que pueda ayudar a garantizar que dichos esfuerzos no vayan en detrimento de la respuesta al VIH o de otras prioridades sanitarias esenciales.  Al mismo tiempo que el mundo concentra todos sus esfuerzos en frenar la propagación de la COVID-19, es también necesario redoblar esfuerzos para limitar cualquier interrupción y promover una pronta recuperación de los servicios relacionados con el VIH. Esto incluye el garantizar el suministro ininterrumpido de productos y tecnologías esenciales para el VIH y otras prioridades sanitarias a nivel mundial.

«Hasta la fecha, la COVID-19 ha causado un significante número de pérdidas humanas en muchas comunidades, pero sobre todo en aquellas donde las desigualdades hacen a las personas más vulnerables a los problemas de salud. El poder sacar provecho de la infraestructura y la mano de obra existentes para el VIH ha ayudado a mitigar lo que podría haber sido una situación muchísimo peor», afirma José M. Zuniga, presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida y coorganizador de Virtual Fast-Track Cities 2020 junto con ONUSIDA. «No obstante, con el actual presupuesto para el VIH sustancialmente mermado, el mundo necesita urgentemente incrementar las inversiones en las respuestas tanto al VIH como a la COVID-19 y no desplazar una para responder a la otra».

La amplia, dinámica y ágil infraestructura que se ha construido en torno a la respuesta al VIH, incluida la prestación de servicios innovadores y dirigidos por la comunidad, se está aprovechando de muchas formas para reforzar la respuesta a la COVID-19. Por poner algunos ejemplos, 280 000 trabajadores sanitarios formados dentro del Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA están ahora mismo trabajando en primera línea frente a la COVID-19 en muchos países con ingresos bajos y medios. Además, 17 centros de referencia para el tratamiento del VIH en Marruecos funcionan actualmente como servicios de primera línea para el tratamiento de la COVID-19. En Nueva York, la organización no gubernamental para el VIH Housing Work ha abierto dos refugios destinados a personas sin hogar que han dado positivo en la prueba de COVID-19.

El informe pone de relieve que, aunque difieran en muchos sentidos, la COVID-19 y el VIH tienen muchas características en común y que, si tenemos en cuenta las lecciones fundamentales aprendidas del VIH, podremos evitar muchos errores en la respuesta a la COVID-19. Un elemento clave es la aceptación y el liderazgo de las comunidades. El activismo comunitario ha acelerado la entrega de medicinas para el VIH que salvan vidas, la vigilancia por parte de la comunidad ha alertado a los funcionarios de la peligrosa merma de las reservas de medicamentos y las comunidades han hecho entrega a domicilio de pruebas para el VIH y de servicios para el tratamiento. De esta forma también han liderado esfuerzos para eliminar leyes punitivas que alejan de los servicios de salud fundamentales a gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales y personas que consumen drogas.

El informe muestra asimismo la importancia de fundamentar toda respuesta sanitaria en los derechos humanos y la necesidad de respuestas que transformen los aspectos relativos al género. Otras acciones incluyen el refuerzo de sistemas estratégicos de información que permitan transmitir rápidamente datos fiables sobre la pandemia para poder identificar así nuevos brotes, una coordinación a nivel mundial, voluntad política constante y una respuesta multisectorial. 

«La aparición de la COVID-19 ha dejado al descubierto la debilidad subyacente de los sistemas sanitarios, que han demostrado su falta de recursos, de preparación y de sostenibilidad», declara Byanyima. «ONUSIDA insta a que se replanteen los sistemas sanitarios para garantizar que estos sean inclusivos, justos y equitativos».

Los sistemas sanitarios del futuro tienen que estar preparados para enfrentarse a cualquier nueva crisis sanitaria de gran magnitud y para eso necesitan ser ágiles, estar orientados a los resultados y centrados en las personas. La epidemia de COVID-19 y la respuesta al VIH deberían usarse como una oportunidad para rediseñar los sistemas sanitarios de manera que funcionen para las personas, se maximice la eficiencia y eficacia, atraigan suficientes recursos y hagan partícipes a las comunidades como aliadas fundamentales para la salud. 

La conferencia Virtual Fast-Track Cities 2020 tendrá lugar el 9 y el 10 de septiembre y reunirá a unos 1500 representantes de más de 300 ciudades y municipios de todo el mundo para debatir las respuestas a la COVID-19 y al VIH en las ciudades. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, pronunciará el discurso de apertura y ONUSIDA hablará sobre la importancia de la continuidad de los servicios relacionados con el VIH durante la COVID-19, así como debatirá estrategias de mitigación para proteger los logros alcanzados en la respuesta al VIH. 

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Para muchas familias guyanesas, la COVID-19 ha supuesto mucho más que llevar mascarilla y respetar las restricciones de movimiento.

«El efecto disruptivo que la pandemia está teniendo sobre la actividad económica ha llevado al hecho de que, sencillamente, no haya comida suficiente», explica Michel de Groulard, director regional de ONUSIDA para Guyana y Suriname.

Afortunadamente, al menos para las personas que viven con el VIH en Guyana, no ha existido esa necesidad de tener que idear una solución improvisada que les permita tener algo que llevarse a la boca. Durante casi 14 años, la secretaría del Programa nacional para la reducción del sida ha estado invirtiendo para desarrollar un banco de alimentos específico para las personas que viven con el VIH, incluyéndose aquí todas aquellas coinfectadas con tuberculosis.

El programa empezó con el apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) y a día de hoy continúa recibiendo sus aportaciones. Desde el comienzo, hubo donaciones grandes y constantes por parte de la National Milling Company de Guyana. Posteriormente, a partir del año 2017, el Gobierno de Guyana y la organización benéfica Food for the Poor se convirtieron en los principales donantes. Cabe destacar que, con el paso de los años, el banco de alimentos ha ido recibiendo cada vez más aportaciones procedentes del sector privado. Solo en 2019, hubo más de veinte colaboradores corporativos.

La gente llega remitida por los equipos sanitarios que atienden a las personas que viven con el VIH. Se les garantiza el suministro de alimentos durante un periodo inicial de seis meses, tras el cual se revalúa la situación de cada persona. En ese tiempo intermedio, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Protección Social y la agencia Recruitment and Manpower Agency. El objetivo es poder ofrecerles, asimismo, un puesto de trabajo y prestarles otro tipo de ayuda social.

Rhonda Moore trabajó como médico especialista en VIH durante seis años en tres regiones diferentes antes de asumir el mando del Programa nacional para la reducción del sida. Ella misma ha podido comprobar en primera persona cómo el hecho de estar alimentados cambia la situación para personas y familias que se encuentran al límite. Cuando la gran preocupación de las personas es saber si ese día podrán comer algo, su atención y cuidado respecto al tratamiento disminuye.

«La inseguridad alimentaria genera un círculo vicioso», apunta. «Para las personas que viven con el VIH, el llevar una dieta sana y equilibrada es tan importante para controlar la enfermedad como el tratamiento. El hecho de tener el estómago vacío un día sí y otro también afecta física y mentalmente. La adherencia en esos casos se torna un problema, y el impacto de la salud mental también mina el sistema inmunitario».

En el contexto de la COVID-19, el banco de alimentos ha hecho extensible su ayuda también a los miembros de los grupos de población clave que son seronegativos. El Programa nacional para la reducción del sida está colaborando con las organizaciones de la comunidad para frenar la propagación del virus proporcionando información sobre la COVID-19, además de sobre los servicios de prevención y pruebas del VIH.

Hasta la fecha, se han distribuido más de 2700 lotes de alimentos y productos de higiene. Para evitar que las personas tengan que desplazarse hasta el banco de alimentos, los lotes se están distribuyendo a partir de los centros de tratamiento en los diferentes distritos. Se lanzó una invitación a todas las personas diagnosticadas que no habían empezado o continuado su terapia antirretrovírica, para que se acercaran a los centros de tratamiento más próximos y recogieran allí tanto sus medicamentos para el VIH como alimentos, dos elementos básicos para sobrevivir a la COVID-19.

En el año 2019, Guyana se convirtió en el primer país del Caribe que introdujo directrices nacionales para abordar el hambre y el VIH. La estrategia respalda la labor de los proveedores de salud, los legisladores, los trabajadores sociales y otros interesados en la respuesta al VIH a la hora de preocuparse por los cuidados relativos a la nutrición y por satisfacer otras de las necesidades de las personas que viven con el VIH en situaciones diversas. En una respuesta a la epidemia a menudo dominada por la preocupación respecto al tratamiento, Guyana se ha mostrado proactiva para ocuparse del desafío de la inseguridad alimentaria al que muchas personas que viven con el VIH se enfrentan de manera habitual o, como en el caso de la COVID-19, de forma excepcional.

«El tratamiento del VIH fallará si la gente no tiene alimentos, comida saludable. El que Guyana haya sido capaz de responder de forma inmediata para plantarle cara a los desafíos de la seguridad alimentaria y, de esa forma, proteger el bienestar de las personas que viven con el VIH desde el mismísimo comienzo de la crisis humanitaria demuestra el gran valor que tiene invertir en un apoyo psicosocial que, como se observa, forma parte de nuestro programa de tratamiento habitual», destaca el Sr. De Groulard. «Hace a los países y a las comunidades más resilientes, más ágiles. Las prepara mejor para responder ante una crisis».