COVID-19

GINEBRA, 26 de agosto de 2020 - ONUSIDA está instando a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social y defender a las personas más vulnerables del impacto sanitario y el desplome económico derivados de la pandemia de la COVID-19.

Las personas que viven con el VIH y tuberculosis (TB) son las que más sufren los efectos de la COVID-19. Según el modelaje, se calcula que el posible impacto catastrófico de la pandemia de la COVID-19 causaría hasta un 10 %, un 20 % y un 36 % más de muertes de personas con VIH, tuberculosis y malaria, respectivamente, en los próximos cinco años.

Entre los más vulnerables están las mujeres y las chicas, los gais y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, los consumidores de drogas y las personas transgénero. Muchos de ellos son excluidos de los programas existentes de protección social.

«Los países han de asegurar que todo el mundo sea capaz de disfrutar del acceso a los servicios esenciales, incluyéndose aquí la atención sanitaria. Del mismo modo, los Gobiernos deben invertir adecuadamente en programas de protección social, con el fin de mantener a los ciudadanos seguros y de protegerlos de las consecuencias derivadas de la falta de sustento», recordó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.

El desplome socioeconómico provocado por la pandemia de la COVID-19 tendrá un impacto descomunal en algunas de las personas más desfavorecidas de las sociedades de todo el mundo. Por ejemplo, la COVID-19 amenaza con doblar el número de personas que se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria hasta llegar a más de 265 millones de personas para final de año. La mayoría de ellas serán residentes de países ya muy afectados por conflictos o crisis económicas o climáticas. Los refugiados se encuentran entre los grupos que más peligro corren.

Es muy probable que cientos de millones de personas de todo el mundo pierdan sus puestos de trabajo en sectores tanto formales como informales de la economía. Alrededor de 150 millones de trabajos a jornada completa se perdieron ya durante el primer trimestre del año, y se espera que en los próximos meses sean muchos más los millones de personas que se vean obligadas a decir adiós a su fuente de ingresos.

«A día de hoy, solo el 29 % de la población mundial cuenta con un buen respaldo en lo que a medidas de protección social se refiere», señaló Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Los Gobiernos han de actuar para garantizar la sostenibilidad de los medios de subsistencia, las empresas y los puestos de trabajo, y para velar por la salud, los derechos y los ingresos de los trabajadores durante y después de la COVID-19».

Las mujeres acostumbran a ser las más vulnerables a las crisis económicas, puesto que un enorme porcentaje, desproporcionado con respecto al de hombres, trabaja en los sectores informales de la economía, lo que hace que tengan más posibilidades de perder sus ingresos. A menudo trabajan en la primera línea de la respuesta a la COVID-19; constituyen el 70 % de la mano de obra en los sectores relacionados con el cuidado social y sanitario, y llevan a sus espaldas la carga del trabajo doméstico, nunca remunerado, además de encargarse de los hijos y realizar otros quehaceres vinculados al cuidado de la familia.

El aumento de la violencia de género durante el confinamiento también hace imperativo para los Gobiernos el invertir desde ya en programas de protección social diseñados específicamente para velar por las mujeres y los niños.

Hay una generación de jóvenes también con riesgo de ser víctimas del colapso socioeconómico causado por la pandemia. La vulnerabilidad de los niños y los jóvenes ha crecido exponencialmente como consecuencia del cierre de las escuelas, que ha afectado a más del 90 % de la población en edad escolar del mundo, la cual ha visto interrumpida su educación y su acceso a servicios sociales imprescindibles para ellos, como el comedor escolar.

«Los niños y los jóvenes están sufriendo de manera desproporcionada el impacto socioeconómico de la crisis de la COVID-19», destaca Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF. «Antes del brote, dos de cada tres niños ya no contaban con un fondo de protección social o, de tenerlo, era inadecuado. Los países necesitan estar a la altura de su compromiso con la protección social para todas las personas que la necesiten.

Esta llamada a la acción dirigida a los Gobiernos para que inviertan adecuadamente en programas de protección social es apoyada por ONUSIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También cuenta con el sustento del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

El informe refleja interrupciones de los servicios del VIH, casos de violencia, acoso, abuso, arrestos, muertes y fracaso por parte de muchos Gobiernos a la hora de respetar los derechos humanos en las primeras respuestas que se dieron a la pandemia. ONUSIDA insta a los Gobiernos a proteger a las personas más vulnerables, especialmente a los grupos de población clave, que corren más riesgo de infectarse por el VIH.

GINEBRA, 27 de agosto de 2020 - Durante las primeras etapas de la respuesta a la COVID-19, ONUSIDA recibió un gran número de denuncias con relación a las interrupciones de servicios del VIH y las terribles violaciones de los derechos humanos de que fueron víctimas los grupos de población vulnerables y marginados. La experiencia que ya tenemos de la respuesta al VIH nos demuestra que las violaciones de los derechos humanos durante una pandemia minan la confianza, dañan a las personas y retrasan las respuestas de salud pública.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha solicitado a todos los organismos de las Naciones Unidas que apoyen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con sus respectivas áreas de experiencia. Así, para informar mejor de la respuesta que está llevando a cabo, ONUSIDA encargó un informe que recogiera cómo han afectado las órdenes de salud pública y las restricciones al libre movimiento derivadas de la COVID-19 a los derechos humanos y a la respuesta al VIH. Los hallazgos, que no hacen sino reflejar las tendencias imperantes en todo el mundo, revelaron enormes incumplimientos de los derechos humanos, interrupciones de los servicios sociales y sanitarios que suponen una amenaza para la vida, y muchos casos de violencia, abuso y discriminación contra los grupos de población clave y los sectores más pobres y marginados.

El presente informe se ha diseñado para ayudar a los Gobiernos a dar los pasos adecuados para responder a las preocupaciones con relación a los derechos humanos en el contexto cambiante de la COVID-19. «Es un mito lo de que pueda existir un equilibrio entre los derechos humanos y la salud pública», insistió Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Al hablar de derechos humanos, no hablamos de algo intrínseco. Los derechos humanos constituyen también el medio del que disponen los Gobiernos para salir vencedores de una pandemia». 

Rights in a pandemic – Lockdowns, rights and lessons from HIV in the early response to COVID-19 (Los derechos en tiempos de pandemia - Confinamientos, derechos y lecciones aprendidas del VIH en las primeras respuestas a la COVID-19) es una instantánea a tiempo que se centra en los primeros días de la pandemia, desde febrero hasta mediados de mayo de 2020, y llama la atención sobre las experiencias de algunas personas procedentes de las comunidades más marginadas y vulnerables. Entre las violaciones constan algunos casos en los que la Policía recurrió a balas de goma, gases lacrimógenos y fustas para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social. También hubo detenciones y multas para quienes no usaban mascarilla. Y cuando alguien no podía pagar la sanción, era obligado a permanecer en la cárcel hasta reunir el dinero.

Muchos médicos fueron arrestados y detenidos por ir y venir a las instalaciones sanitarias. También hubo denuncias con relación a mujeres embarazadas que fallecieron ya que, por las estrictas restricciones de movimiento que hubo, no fueron capaces de acceder a los servicios sanitarios. Muchas llegaron a morir al intentar llegar andando al hospital. En una de las denuncias recibidas, se lee incluso lo sucedido al conductor de una moto taxi, quien fue apaleado hasta la muerte por la Policía por saltarse el toque de queda y acercar al hospital a una mujer que estaba de parto.

Rights in a Pandemic (Los derechos en tiempos de pandemia) subraya las 10 áreas que requieren la acción inmediata de los Gobiernos para desarrollar respuestas a la COVID-19 eficaces y basadas en los derechos humanos. Aquí se incluye el adoptar medidas proactivas para garantizar que las personas, sobre todo las pertenecientes a grupos de población vulnerables, puedan acceder a los servicios para la prevención y el tratamiento del VIH. Igualmente el designar y respaldar a trabajadores esenciales, también a las organizaciones lideradas por la comunidad, y el poner en marcha medidas para evitar y abordar la violencia de género.

«El informe llega en un momento muy muy crítico», apunta Felicita Hikuam, directora adjunta de la Alianza para el sida y los derechos en el sur de África. «Por desgracia, parece que no hemos aprendido absolutamente nada de la lección que el VIH lleva tratando de enseñarnos todo este tiempo: las epidemias exponen y exacerban las desigualdades ya existentes, y, además, afectan más negativamente a todas aquellas personas que ya de por sí son marginadas».

Un motivo de preocupación importante es el que tiene que ver con la seguridad durante los confinamientos, especialmente en el caso de las mujeres y las jóvenes, los niños, y los grupos de población clave, incluyéndose aquí los trabajadores sexuales, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En infinidad de países hay constancia de incidentes relacionados con la violencia de género, la cual se ha incrementado entre un 40-70 %, y las cifras han sido incluso mayores en determinadas ciudades y regiones. Las personas transgénero fueron acosadas y arrestadas por salir de su casa «el día equivocado», de acuerdo con las políticas de confinamiento por razón de género. Los trabajadores sexuales han perdido sus ingresos y ya no tienen derecho a ningún tipo de ayuda económica. Tal y como ONUSIDA no se cansa de repetir, la violencia contra los grupos de población clave y las mujeres y las chicas solo aumenta la vulnerabilidad al VIH.

«El informe da visibilidad dentro del marco de la pandemia a todos aquellos que son empujados a los márgenes de la sociedad», anticipa Elena Reynaga, directora ejecutiva de la red de mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. «Desde la perspectiva de los derechos humanos, necesitamos Gobiernos que escuchen y pongan en práctica las recomendaciones. Ello supondría un paso al frente para acabar con el sida para 2030 sin dejar a nadie atrás».

En mayo, ONUSIDA advirtió del riesgo que corría el acceso a los servicios para el VIH, los cuales podrían verse interrumpidos durante la pandemia de la COVID-19. Los primeros estudios de modelaje ya entonces demostraron que una gran interrupción del tratamiento del VIH podría dar lugar a 500 000 muertes más relacionadas con el sida en el África subsahariana. Este nuevo informe nos dice ahora que los servicios de tratamiento y prevención para el VIH se vieron interrumpidos en 10 de los 16 países analizados. Algunos de los países denunciaron reducciones en los medicamentos de hasta un 20 % en algunos lugares.  Hubo también múltiples denuncias de personas que viven con el VIH y no disponían de suficientes medicamentos antirretrovíricos para un confinamiento de más de 60 días. Asimismo, se comunicó la situación de ciudadanos que se habían visto obligados a abandonar su terapia del VIH debido a la falta de alimentos.

Además de aprender de las lecciones extraídas de la respuesta al VIH, la pandemia del VIH no se puede olvidar durante esta crisis. «Las comunidades de personas que viven con el VIH y que están afectadas por el virus se han visto una vez más en la encrucijada de la injusticia y la discriminación hacia ellos a raíz de la pandemia de la COVID-19», manifestó Rico Gustav, director ejecutivo de GNP+. «Desde nuestro papel como red mundial de personas que viven con el VIH, pedimos una aplicación de la ley basada en los derechos humanos que respete y reconozca la necesidad de las comunidades marginadas de moverse libremente para acceder a su tratamiento para el VIH y recibir otras medicaciones. Del mismo modo, pedimos que se amplíe la dispensación multimensual de los medicamentos antirretrovíricos para el VIH».

Sin embargo, también son muchos los ejemplos positivos. En 15 de los 16 países analizados, los Gobiernos pusieron en libertad a presos para reducir el hacinamiento y frenar la transmisión de la COVID-19. Allí donde los Gobiernos se aliaron con la sociedad civil y el sector privado, las respuestas a la COVID-19 fueron más positivas e inclusivas. Algunos países proporcionaron medios de transporte gratuitos a partir del toque de queda para garantizar la atención sanitaria en caso de urgencia, mientras que en otros lugares la Policía cambió el poner multas por repartir mascarillas. En algunos países ofrecieron un hogar provisional y alimentos a las personas que vivían en campamentos para desplazados. Otros Gobiernos se comprometieron a no cortar el suministro de agua a los hogares que no abonaran sus facturas, establecieron una moratoria para evitar los desahucios e invirtieron grandes sumas para garantizar la alimentación de sus ciudadanos. 

«Las instituciones nacionales de derechos humanos como esta que yo lidero desempeñan un papel fundamental a la hora de velar y proteger los derechos humanos tanto de los más vulnerables como de los que no lo son, especialmente en épocas de crisis y pandemias como las de la COVID-19 y el VIH», expresó Anthony O. Ojukwu, secretario ejecutivo de la Comisión nacional de derechos humanos de Nigeria. «Este informe nos brinda la oportunidad de trabajar mano a mano con instituciones de todo el globo, con el fin de reforzar los controles que ya existen en nuestros países para corregir los excesos, como todos aquellos que se vieron relacionados con la seguridad personal durante los primeros días del confinamiento».

ONUSIDA tuvo también constancia de países que estaban ampliando de tres a seis meses la dispensación multimensual de los medicamentos para el VIH, y de otros que se esforzaron por garantizar el reparto de los tratamientos a domicilio y el suministro de medicamentos basado en la comunidad.

«ONUSIDA reconoce y elogia todos los pasos positivos que se han dado.  Sin embargo, hemos de tener presente que la COVID-19 seguirá con nosotros aún mucho tiempo», señaló la Sra. Byanyima. «Mantenemos firme nuestro compromiso de seguir luchando y alzando la voz por los más vulnerables, incluso inmersos en este entorno hostil que ha creado la COVID-19. Nos valdremos de este informe para llegar a los Gobiernos, las comunidades y los socios. Con los resultados de este informe en mano, les pediremos que se abran al diálogo y que traten de hallar juntos la manera de reformar las leyes, las políticas y las prácticas negativas. Les instaremos a proteger los derechos humanos.

El presente informe parte de Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 — Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad, publicado por ONUSIDA en marzo de 2020, y el cual suplicaba a los distintos países que se basaran en los derechos humanos a la hora de responder a la COVID-19, y que tomaran como ejemplo las mejores prácticas que se llevan observando en los 40 años de respuesta al VIH.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

«Desde que empezó la pandemia de la COVID-19, ha sido dificilísimo tener clientes», afirma Teddy Francis John, trabajadora sexual de Zanzíbar. La COVID-19 ha hecho que lleve meses teniendo graves problemas para llevar ingresos a casa con los que sobrevivir ella y sus dos hijos.

«Todo se ha vuelto muy complicado y tuve que abrir un pequeño negocio dedicado a la venta de alcohol, una especie de cervecería local», explica. La tienda le permite conocer a posibles nuevos clientes, ya que los hombres acuden a ella para buscar su bebida y hay menos vigilancia respecto a las normas de distanciamiento social.

La Sra. John solía vivir y trabajar en la misma ciudad de Zanzíbar, pero, para ganar más y no tener que pagar alquiler, decidió mudarse a una zona más rural. Dice que allí le resulta más sencillo encontrar clientes que vayan a su local.

Rehema Peter se encuentra en una situación similar, pero ella está justo al otro lado del océano, en la Tanzania continental. Vive en un área muy masificada de Temeke en Dar es Salam. Es trabajadora sexual y colabora como voluntaria con las personas que viven con el VIH y aquellas que consumen drogas.

Sus clientes eran personas habituales que solían ir a su casa y hombres ya de confianza a cuyo domicilio se desplazaba ella. Pero, nada más surgir el brote de la COVID-19, el trabajo se detuvo. Los clientes dejaron de llamarla.

«La enfermedad del coronavirus ha hecho que mi vida sea ahora muy difícil. Cobraba muy poco, y con la COVID-19 la situación ha empeorado aún más. Mis clientes dejaron de venir y de llamarme. A los poquísimos que solían venir a menudo los llamé yo misma, pero me dijeron que no tenían dinero ya que con la crisis de la COVID-19 no podían trabajar», comenta la Sra. Peter.

Como asesora de iguales, le propusieron menos turnos de trabajo, lo que se tradujo en menos ingresos. Puesto que ella misma había sido consumidora de drogas, empezó a recibir ayuda por parte de la Red de Tanzania dedicada a las personas que consumen drogas (TaNPUD, por sus siglas en inglés), la cual ha contado con el apoyo de ONUSIDA para distribuir alimentos y productos de higiene entre las personas consumidoras de drogas y las que están en recuperación.

«Intento estar tranquila y buscar otras fuentes de ingresos. Estoy buscando otras organizaciones que puedan apoyarme de alguna manera. También estoy tratando de poner en práctica lo que aprendí en TaNPUD, y estoy haciendo jabón y aceite para venderlos».

Servicios continuados

Tanto la Sra. Peter como la Sra. John están viviendo con el VIH y están en tratamiento. Gracias a la enorme implicación de ONUSIDA y de otros socios del Gobierno de Tanzania, en el país apenas se han interrumpido los servicios del VIH. Y eso es algo que ambas mujeres valoran sobremanera.

«Durante todo este tiempo, ha sido muy complejo recibir asistencia médica en instalaciones sanitarias públicas. Había que ir a un hospital privado, y para ello hay que tener dinero. Sin embargo, no hemos tenido ningún problema con los servicios relacionados con el VIH, incluyéndose aquí la dispensación del tratamiento», recalca la Sra. John.

La Sra. Peter cuenta que recibe la dispensación multimensual para tres meses de su tratamiento antirretrovírico (y podría ser de hasta seis meses), ya que el personal sanitario prefiere evitar las aglomeraciones en las clínicas. Y esta es una medida que ha ayudado a las dos mujeres a adherirse al tratamiento.

Mayor estigma

Tanto la Sra. Peter como la Sra. John han sido víctimas de un mayor estigma y se han visto estos meses más excluidas socialmente por ser trabajadoras sexuales y vivir con el VIH.

«Hay gente que sabe que vivo con el VIH, y se burla de mí. Me dicen cruelmente: “Prepárate para morirte. La gente como tú nunca se cura. Prepárate ya para el final del viaje”», cuenta la Sra. Peter. Ha experimentado la discriminación dentro de su propia comunidad, pero su familia se mantiene fiel a su lado.

La Sra. John también ha tenido que aguantar comentarios y burlas por su trabajo.

«La gente procedente de otras comunidades se empezó a burlar tanto de mí como de otras compañeras. Cuchicheaban y hablaban de cómo me ganaría la vida ahora que no iba a haber clientes por la COVID-19», relata Francis John.

A pesar de que el brote de la COVID-19 se considera ya superado en Tanzania y aunque estas y otras mujeres no han dejado de esforzarse por encontrar otro modo de ganarse la vida, lo cierto es que para la Sra. John y la Sra. Peter sigue siendo difícil salir adelante, debido a la normativa relativa al distanciamiento social.

«Desde que empezó todo esto nos es muy difícil prestar nuestros servicios, y ello nos está haciendo mucho daño económicamente. Sé que la COVID-19 ha azotado a todo el mundo, pero pienso que las trabajadoras sexuales hemos sido mucho más perjudicadas dada la naturaleza de nuestros servicios, pues implican mucha proximidad», señala la Sra. John.

Una mañana fiyiana a primera hora, Marlene Dutta, café en mano, está sentada en el porche trasero rodeada de vegetación. Ni tan siquiera el piar de los pájaros, de fondo, consigue que aparte la vista de la pantalla de su ordenador. Está muy ocupada leyendo los mensajes recibidos y revisando la actividad en la página de Facebook  que ella misma ha creado, Barter for Better Fiji (trueque por un Fiyi mejor), una comunidad en línea que ha revitalizado las prácticas tradicionales de trueque y ha ayudado a las comunidades a abastecerse durante el brote de la COVID-19.

«Desde el mismo instante en que otros administradores voluntarios de la página y yo nos despertamos, no apartamos los ojos de la web», afirma la Sra. Dutta, consultora de desarrollo de aptitudes empresariales. Están ocupados supervisando o compartiendo información del Gobierno con respecto a las restricciones sobre aquellos bienes que se pueden utilizar como moneda de cambio para el trueque.

En Fiyi, donde aproximadamente el 30 % del producto interior bruto del país procede del turismo, las restricciones de viaje para evitar la expansión de la COVID-19 han supuesto tiempos difíciles para muchos.

Al hablar sobre cómo se le ocurrió la idea de la página de Facebook, la Sra. Dutta se muestra convencida: «El trueque ha sido siempre algo en lo que los fiyianos confían para su día a día. Se intercambia entre amigos, familia y comunidades. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo, una habilidad especial, un talento, algo que podemos cultivar, todo un montón de cosas que almacenamos en casa. Si las personas pueden intercambiar objetos o servicios para obtener lo que necesitan, pueden ser capaces de mantenerse a sí mismos a flote en un momento tan convulso como el que estamos teniendo». De estos pensamientos y con esa intención nació Barter for Better Fiji. La Sra. Dutta se muestra maravillada por la popularidad que ha ganado la página. Inicialmente concebida para ser utilizada por sus amigos, la página cuenta ya con más de 180 000 seguidores, un número enorme teniendo en cuenta que el país tiene una población de solo unas 900 000 personas. Así mismo, diariamente llegan miles de solicitudes de personas deseosas de convertirse en miembros.

Aparte de ayudar a los seguidores de la página a intercambiar los alimentos y los servicios necesarios, y de tratar de apoyar a los pequeños comercios vinculándolos con nuevos proveedores, la página también está consiguiendo crear un mayor sentido de comunidad.  Los miembros del grupo han conseguido reconectarse con vecinos, familiares y amigos de la infancia de los que llevaban años sin saber. La Sra. Dutta relata historias de completos desconocidos que quedan en la página para intercambiar bienes y descubren que son vecinos de la misma calle o incluso que tienen lazos familiares.
«A través de la página no buscamos sino fomentar la economía de la bondad. Esa bondad y el buen hacer están detrás de todo lo que sucede en nuestra página de Facebook», explicó la Sra. Dutta. «Eso en sí mismo nos ha traído consigo un sentido de comunidad en la que las personas se muestran intencionadamente amables, compasivas y agradecidas con los demás».

Si bien Barter for Better Fiji no aborda de forma específica las necesidades de los colectivos vulnerables o de las personas que viven con el VIH, otros grupos como Fiji Network for People living with HIV, Rainbow Pride Foundation y Survival Advocacy Network Fiji se han hecho eco de que los miembros de sus comunidades sí se han beneficiado de la plataforma de trueque online. La página ha convertido el trueque en la «nueva normalidad» para los grupos vulnerables.

«LGBTQI+ o no, al caer el día, todos somos seres humanos, y necesitamos apoyarnos de una forma u otra. Precisamente por eso pienso que esta página es una maravillosa iniciativa», enfatizó uno de los miembros de Rainbow Pride Foundation.

Los miembros de la comunidad han sido capaces de intercambiar objetos o proporcionar servicios de limpieza a cambio de alimentos. A otros el dinero ahorrado mediante el trueque les ha permitido lanzarse a distintas actividades generadoras de ingresos, como los huertos en jardines  y los puestos de comida. En un momento como el actual en el que el turismo ha caído por completo, algunos grupos, como el de los trabajadores sexuales, han visto cómo sus ingresos desaparecían.

Los miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual también se han enfrentado al estigma debido a la falsa concepción que impera respecto a cómo se transmite el nuevo coronavirus. Sin embargo, los integrantes de todos estos grupos han confesado cómo las motivadoras historias y las conexiones creadas entre los miembros de la página de Facebook los han ayudado a gestionar sus emociones y cuidar de su salud mental. Por todas estas historias positivas escritas hasta ahora, relatos de comunidades que aúnan sus fuerzas para luchar contra la COVID-19, Barter for Better Fiji se ha propuesto convertir la página de Facebook en una página web y una app.

Mientras Fiyi lidia con el brote de la COVID-19, Barter for Better Fiji reconoce el importante papel que desempeña en lo que está por venir. Sabe bien que es más que una plataforma para el trueque; se trata de un espacio en el que crear historias de conexión reconfortantes y conmovedoras que promuevan toda una economía de bondad.

NUEVA YORK/GINEBRA, 22 de julio de 2020—La iniciativa del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19, que se pone en marcha hoy, aúna y da acceso a documentos jurídicos de más de 190 países para ayudar a los Estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. El objetivo es garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, y respeten las normas internacionales de derechos humanos.

Este nuevo Laboratorio (www.COVIDLawLab.org) es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown.

Unas leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces; y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia; la prevención y el control de las infecciones; la gestión de los viajes y el comercio; y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales.

«Las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios sanitarios, se protejan de la COVID-19 y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia», afirma Achim Steiner, Administrador del PNUD.  «El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas».

Durante la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento desmesurado de las medidas legislativas urgentes para controlarla y reducirla.

«Para hacer frente a la COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud».

Sin embargo, las deficiencias en el diseño, la aplicación o el cumplimiento de las leyes pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, enquistar la estigmatización y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la pandemia.

«Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los Gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por la COVID-19».

El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han adoptado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas.

También incluirá estudios sobre diferentes marcos jurídicos relativos a la COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones sobre los derechos humanos de las leyes de salud pública y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas a la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada.  Todo ello se basa en la labor de la UHC Legal Solutions Network, una red de intercambio de soluciones jurídicas que se estableció para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal mediante la aplicación de marcos jurídicos basados en los derechos.

«Es preciso hacer un seguimiento de la forma en que se utilizan las leyes y las políticas durante la pandemia, evaluarlas y comprender qué soluciones dan resultado », dijo el Dr. Matthew M. Kavanagh, profesor del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown.  Por su parte, Katie Gottschalk, directora ejecutiva del Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial en la Facultad de Derecho de esa misma universidad, añadió: «Debemos extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 sirve precisamente para ese fin».

El sistema de las Naciones Unidas en Nigeria se unió a la lucha contra la COVID-19 poco después de que se detectara el primer caso en el país a finales de febrero de 2020.

Las grandes lecciones aprendidas por ONUSIDA y su enorme experiencia a la hora de acercar y unir a las distintas partes interesadas han sido fundamentales para guiar la respuesta interinstitucional de las Naciones Unidas liderada por el coordinador del país, Edward Kallon. Movilizando muy activamente su capital político y su buena voluntad en el país, ONUSIDA ha ayudado a aportar recursos y mejores líneas de comunicación, coordinación y responsabilidad a la respuesta nacional a la COVID-19.

A mediados de marzo, se estableció un grupo de trabajo presidencial para desarrollar un plan de respuesta a la COVID-19 que determinara cuál debía ser el trabajo conjunto de las organizaciones. Las lecciones aprendidas de la respuesta al VIH se incluyen en el desarrollo de los cuatro principios de unidad que guían la respuesta nacional a la pandemia de la COVID-19: un plan de respuesta a la pandemia de la COVID-19 multisectorial, una autoridad coordinadora nacional para la COVID-19, un sistema de evaluación y supervisión para la COVID-19 y una plataforma para la financiación e inversión en la COVID-19.

«Los cuatro principios de unidad simplificarán y clarificarán los papeles, las responsabilidades y las relaciones, incluyéndose aquellas dentro del Gobierno», señaló el Ministro de Sanidad de Nigeria, Osagie Ehanire.

Otra lección aprendida de la respuesta al VIH es la que tiene que ver con la importancia de garantizar que las personas marginadas y vulnerables sean tenidas en cuenta en cada uno de los pasos para el desarrollo de una respuesta a la epidemia. El posible impacto de la COVID-19 sobre las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y las personas sin recursos ha de ocupar también el centro de la toma de decisiones.

«ONUSIDA se coordinó periódicamente con las distintas redes desde el comienzo del brote de la COVID-19. Se encargó de proporcionar el apoyo técnico necesario y de garantizar las sinergias con los esfuerzos del Gobierno», explicó Abdulkadir Ibrahim, coordinador nacional de la Red de personas que viven con el VIH/sida en Nigeria.

Junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ONUSIDA sirvió de enlace entre el sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno, y facilitó la entrega de 2 millones de dólares estadounidenses al Gobierno, para que este se encargara de adquirir productos médicos de primera necesidad en situación de emergencia. Se garantizó de esta forma el uso de los suministros y los equipos en las instalaciones sanitarias públicas y por parte de los trabajadores sanitarios.

Naciones Unidas lanzó el Fondo Colectivo para la COVID-19 el pasado 6 de abril. Como parte de uno de los cuatro principios de unidad, el referente a la plataforma de inversión y financiación para la COVID-19, el Fondo Colectivo canaliza las aportaciones de los donantes a la respuesta a la COVID-19. ONUSIDA desempeñó un papel fundamental en su establecimiento, al trabajar mano a mano con el coordinador nacional de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para garantizar que esta plataforma de financiación pusiera a las personas y a las comunidades en el centro. ONUSIDA, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ayudaron a recaudar 6,5 millones de dólares estadounidenses para el compromiso de la sociedad civil y la comunidad, la protección social de los hogares más vulnerables y la documentación de las buenas prácticas de la comunidad.

Al anunciar su contribución de 50 millones de euros al Fondo Colectivo, el presidente de la delegación de la Unión Europea en Nigeria, Ketil Karlsen, afirmó: «El Fondo Colectivo para la COVID-19 nos brinda la oportunidad de cooperar y actuar rápidamente proporcionando una ayuda que contribuye a reforzar los servicios sanitarios y proteger a los más vulnerables». 

Quizás la aportación más importante de ONUSIDA a la respuesta a la COVID-19 en el país ha sido defender el aprovechamiento de la enorme infraestructura para el VIH con que cuenta Nigeria para luchar contra la COVID-19.

«Debemos incrementar los activos para el VIH sobre el terreno, no solo las instalaciones, sino también el número de sanitarios y voluntarios. Para luchar de manera efectiva contra la COVID-19, no podemos sino hacer partícipes a las comunidades para que ellas también lideren la respuesta», afirmó Erasmus Morah, director regional de ONUSIDA en Nigeria.

Juntos, el Gobierno de los Estados Unidos, la Agencia nacional para el control del sida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONUSIDA, y el grupo de trabajo presidencial trazaron e iniciaron el compromiso de aproximadamente 100 000 sanitarios y voluntarios, para que fueran ellos quienes se ocuparan de la comunicación del riesgo, la movilización social, el rastreo de contactos y la atención domiciliaria.

La COVID-19 está lejos de dar tregua al país. Los casos siguen creciendo y el personal de las Naciones Unidas no ha escatimado en esfuerzos en ningún momento. Sin embargo, tal y como apunta el Sr. Kallon: «Las Naciones Unidas han de seguir trabajando y ayudando a las personas, al mismo tiempo que se garantice que el personal y sus familias dispongan de lo necesario para protegerse frente a la COVID-19». De acuerdo con esto, se estableció un centro para el aislamiento y el tratamiento de la COVID-19 como extensión de la clínica de las Naciones Unida para su personal, quien está en la primera línea de la batalla contra la enfermedad del coronavirus, y sus familias. 

Avanzando en la respuesta a la COVID-19, y apoyando continuamente al grupo de trabajo presidencial, el equipo nacional de las Naciones Unidas, incluida ONUSIDA, se está preparando para ayudar a Nigeria a hacer frente a las ingentes brechas en la preparación subnacional. En los próximos meses se abordarán cuestiones clave como la falta de medios de vida, el aumento de las vulnerabilidades y la inseguridad alimentaria, el mayor riesgo de violencia de género y el acceso limitado a los servicios sanitarios básicos.

Declaración del Grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) con relación a la necesidad de garantizar a los grupos de población clave y los migrantes el acceso a unos servicios para el VIH de calidad, seguros y no discriminatorios en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

La rapidísima propagación de la COVID-19 continúa impactando en miles de millones de vidas de todo el mundo. Necesitamos una cantidad inaudita de recursos humanos y económicos para hacerle frente a la pandemia. Las entidades de las Naciones Unidas, las ONG, las comunidades de personas que viven con el VIH, los trabajadores sexuales, los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas consumidoras de drogas, los transgénero, quienes están encarcelados y sus parejas sexuales, así como la sociedad civil en su conjunto, todos desempeñan un papel clave en la lucha contra la COVID-19. Todos y cada uno de ellos pueden salvar vidas y abordar conjuntamente las fuertes consecuencias sociales y económicas. Momentos tan críticos como este que estamos viviendo nos recuerdan que la desigualdad puede ser una cuestión de vida o muerte, y que todo el mundo nace libre e igual en dignidad y derechos, incluyéndose aquí el derecho a disfrutar de los más altos estándares de salud.

Son muchas las lecciones aprendidas de la respuesta mundial al VIH que ahora pueden ayudarnos a plantar cara a la COVID-19: El VIH nos ha enseñado que se trata de una responsabilidad compartida y que debemos empoderar a las comunidades e implicarlas en la respuesta; nunca jamás deberíamos comprometer los derechos humanos; debemos eliminar todas las formas del estigma y la discriminación; hemos de apoyar a los grupos más vulnerables y marginados.

ONUSIDA calcula que el 62 % de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. Los grupos de población clave experimentan formas concretas de exclusión, criminalización y discriminación que vuelven a dejarlos una y otra vez en situación vulnerable frente al VIH y ahora también frente a la COVID-19. Las personas que están en cárceles y otros centros de internamiento, donde el distanciamiento interpersonal no siempre es una opción, son extremadamente vulnerables a la COVID-19. Las personas encarceladas tienen también mayor prevalencia de VIH y tuberculosis, lo cual supone el riesgo de una mayor complicación si la persona infectada por el virus SARS-COV 2, como los migrantes, también plantan cara a una enorme vulnerabilidad frente al VIH. Las personas LGBT están informando de un elevado riesgo de violencia doméstica y familiar que aumenta el aislamiento social y multiplica las dificultades a la hora de acceder a un tratamiento vital para el VIH y a los servicios de salud reafirmadores del género. El dejar atrás a los grupos de población clave en un momento tan relevante como este puede ejercer un enorme impacto en la salud y las vidas humanas. Además, podemos desandar todo lo andado en la respuesta al VIH. 

Instamos a todos los Gobiernos y socios a que se unan a nosotros, y que juntos consigamos

poner a disposición de los grupos de población clave y los migrantes servicios para la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo para el VIH, así como servicios sanitarios en general, todos ellos de calidad y no discriminatorios.

Estos servicios han de basarse en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, independientemente de las leyes, las políticas y las prácticas punitivas que pudieran existir. Todos ellos han de estar libres del estigma y la discriminación, deben partir de las pruebas y la ciencia, y han de cumplir las directrices internacionales más recientes. Asimismo, los servicios han de ser equitativos, deben partir de un consentimiento informado, y tienen que ser confidenciales y seguros para las comunidades y los trabajadores sanitarios.

Adaptar rápidamente la prestación de servicios teniendo en cuenta las nuevas realidades de la pandemia de la COVID-19.

El acceso seguro a las pruebas de detección para el VIH y al asesoramiento remoto es un ejemplo de esta adaptación de los servicios. Siempre que sea posible, se debería apostar por la dispensación multimensual de los tratamientos para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis vírica. Un suministro de 3 a 6 meses nos ayudaría a garantizar la continuidad del tratamiento, a reducir la transmisión del VIH y las coinfecciones y, al tiempo, a disminuir el riesgo de contraer la COVID-19. Las personas consumidoras de drogas deberían tener acceso a la reducción del daño, incluyéndose aquí, siempre que se pueda y que así lo recomienden los profesionales médicos, el acceso a dosis múltiples de la terapia de sustitución de opiáceos, para así reducir las visitas a los lugares del programa de TSO y minimizar el riesgo de exposición a la COVID-19. Las alternativas a la encarcelación, siempre que se pueda, en el caso de los delitos no violentos, pueden salvar vidas, particularmente para delitos no reconocidos por la legislación internacional. Se deberían adoptar medidas para la liberación temprana de determinados grupos de personas que corren más riesgo de verse afectados por la COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de mayores, enfermos crónicos o personas con otras dolencias, así como de embarazadas, mujeres con hijos dependientes, reclusos que están a punto de terminar su condena y aquellos que han sido encarcelados por delitos leves, de acuerdo con las políticas nacionales y sin comprometer la salud pública y la seguridad. Se precisan medidas de protección social en situación de emergencia para los grupos de población clave, ya que a menudo son excluidos de los servicios sociales, e incluso se ven privados de vivienda y seguro sanitario, y tienen una precaria situación laboral. La prestación de servicios ha de seguir teniendo en cuenta la diversidad por interseccionalidad, género y edad. Hemos de contar con recursos, fondos y materiales adecuados para las personas. Para ser eficaces y eficientes, estos servicios deben incluir a los grupos de población clave, sus comunidades y sus organizaciones en el diseño y la implementación de los programas.

Se ha de garantizar que las respuestas a la COVID-19 no conduzcan a la proliferación de leyes punitivas y medidas que refuercen las restricciones o criminalicen la transmisión y la exposición.

Este efecto enormemente perjudicial de las medidas punitivas sobre personas ya marginadas o criminalizadas ha sido bien documentado en la respuesta al VIH, incluso por parte de la Comisión Mundial sobre el VIH y la Legislación.

No venceremos a la COVID-19 si hay personas que no pueden ni permitirse acceder a las pruebas de detección o al tratamiento. Hemos de asegurarnos de que las respuestas a la COVID-19, o a cualquier otra pandemia o emergencia sanitaria, no dejan a nadie atrás, ya sean grupos de población clave, migrantes u otros grupos vulnerables. Como grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave, estamos listos para trabajar con todos nuestros socios para garantizar a los grupos de población clave el acceso seguro y basado en los derechos a servicios de calidad para el VIH y la COVID-19.

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre los grupos de población clave se establece bajo la división laboral de ONUSIDA y lo coorganizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en asociación con la Red mundial para y por personas que viven con el VIH (GNP+), la Red mundial de personas consumidoras de drogas (INPUD), MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights (MPact), la Red global de proyectos relacionados con el trabajo sexual (NSWP), IRGT y la Secretaría de ONUSIDA.

El evento mundial Health Innovation Exchange de ONUSIDA, HIEx2020, dará a conocer innovaciones relacionadas con la salud procedentes de todo el mundo y facilitará los debates en torno a la innovación en materia sanitaria

GINEBRA, 1 de julio de 2020—El evento mundial de ONUSIDA conocido como Health Innovation Exchange, HIEx2020, ha sido ya inaugurado y se ha convertido en un mercado virtual en el que se exhiben más de 25 innovaciones en materia de salud procedentes de todos los rincones del globo. Este año, el evento, que está teniendo lugar antes de la Conferencia Internacional del Sida de 2020, se ha centrado de manera especial en la COVID-19.

Las innovaciones presentadas en este mercado tratan de responder a algunos a los desafíos más grandes y complejos a los que se enfrentan los países y las comunidades, particularmente en los países de bajos y medianos ingresos. Las innovaciones son muchas y variadas. Van desde productos para detectar medicamentos falsos y sustancias ilícitas hasta soluciones digitales como plataformas para la telemedicina que proporcionan servicios médicos remotos, y aplicaciones para móviles pensadas para promover la salud sexual de los jóvenes y diagnosticar casos de COVID-19.

«Necesitamos innovaciones sociales, debemos potenciar la tecnología para conseguir mejores resultados en materia de salud. Hemos de lograr algo que nos permita un cambio radical respecto de las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes en el África subsahariana, para abordar así las desigualdades que siguen y siguen con el paso del tiempo», insiste Shannon Hader, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA. «La respuesta al sida ha demostrado que las innovaciones llevadas a cabo con la pasión de las comunidades son capaces de transformar el acceso a la atención sanitaria y permiten llegar a las comunidades más marginadas».

Una de las innovaciones más destacadas recurre a la tecnología de iluminación LED sin ultravioleta para matar virus y bacterias, novedad que hace bien poco ha demostrado ser muy eficaz sobre el nuevo coronavirus que causa la COVID-19.

El programa HIEx2020 tendrá una duración de dos días (1 y 2 de julio) durante los cuales se presentarán los líderes clave en lo referente a salud e innovación. Entre el programa de eventos de alto nivel se incluyen las Lecciones aprendidas de la COVID-19: Innovar para preparar para el futuro nuestros sistemas sanitarios, facilitar el acceso de los jóvenes a la salud digital y cambiar los sistemas sanitarios mediante las innovaciones.

Mariya Gabriel, comisaria europea en materia de innovación, investigación, cultura, educación y juventud, se encargará del discurso principal, con el cual incidirá en la necesidad de potenciar la innovación y el liderazgo para alcanzar una buena salud mundial. «La innovación ha de formar parte del ADN de la atención sanitaria, nadie puede quedar atrás», insistió la Sra. Gabriel. «Pero ningún continente, ningún país y ninguna institución aislados pueden ganar la batalla solos. Se necesita un esfuerzo mundial y es imprescindible un gran compromiso político».

HIEx2020 pondrá un énfasis especial en los temas relacionados con la energía solar para la salud a través de una reunión de alto nivel con ministros de salud y energía de distintos países, la cual está organizada en colaboración con la Alianza Solar Internacional. Las instalaciones de atención primaria de muchos países carecen de energía fiable, lo cual no solo limita la calidad de los servicios, sino que también impide la adopción de herramientas sanitarias digitales con las que seguir avanzando en el acceso a la atención sanitaria. 

«La energía solar garantiza una mayor disponibilidad y una mejor calidad de los servicios sanitarios en aquellas zonas en el que el acceso a la energía supone todo un reto», indica Upendra Tripathy, director general de Alianza Solar Internacional. «Hemos de seguir trabajando para aumentar el alcance de la energía solar como agente para transformar la atención sanitaria primaria en los países en desarrollo».

Innovaciones para la COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz lo enormemente importante que es garantizar que los sistemas sanitarios sean resilientes y que los países cuenten con las tecnologías necesarias y las capacidades para responder con eficacia a las crisis sanitarias.

El Health Innovation Exchange de ONUSIDA ha apoyado desde el comienzo el seguimiento de las innovaciones relacionadas con la COVID-19. Puesto que la pandemia de COVID-19 se extendió rápidamente en marzo de 2020, ONUSIDA y su iniciativa Health Innovation Exchange aunaron fuerzas con StartupBlink para lanzar un mapa dinámico online de las innovaciones relacionadas con la COVID-19.

El mapa cuenta ahora con más de 30 000 usuarios mensuales e incluye detalles de más de 1000 iniciativas de todo el mundo. Como parte de HIEx2020, Health Innovation Exchange de ONUSIDA y StartupBlink darán a conocer conjuntamente un análisis profundo de las iniciativas para la COVID-19 en un Informe sobre ecosistemas de innovación que medirá y clasificará las ciudades y los países del mundo en términos de innovación para la COVID-19.

 Para visitar HIEx2020, vaya a: https://event.healthinnovation.exchange/ (en inglés)

Health Innovation Exchange de ONUSIDA

Lanzada por ONUSIDA en Ginebra, Suiza, en mayo de 2019, la iniciativa Health Innovation Exchange de ONUSIDA identifica lo retos y desafíos a los que se enfrentan los implementadores y los conecta con las innovaciones que tienen mayor potencial de impacto. Asimismo, los vincula con los inversores para ampliar el alcance de las soluciones sostenibles. Health Innovation Exchange de ONUSIDA parte de la experiencia y el gran conocimiento de líderes políticos, expertos en materia de salud, innovadores, inversores, aceleradores, comunicadores e implementadores de los países. Al tiempo, defiende soluciones ingeniosas, impulsa la producción local y persigue alianzas multisectoriales.

Nota: la inclusión en el mercado Health Innovation Exchange de ONUSIDA no equivale al respaldo de la innovación por parte de ONUSIDA ni de Health Innovation Exchange de ONUSIDA.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Los objetivos no cumplidos han dado como resultado 3,5 millones más de infecciones por el VIH y 820.000 más muertes relacionadas con el sida desde 2015 en relación con lo que podría haberse logrado si el mundo estuviera en el camino planeado para alcanzar los objetivos establecidos para 2020. Además, la respuesta podría retrasarse en 10 años o más si la pandemia de COVID-19 provoca graves interrupciones en los servicios para el VIH.

GINEBRA, 6 de julio de 2020— Un nuevo informe de ONUSIDA muestra un progreso notable, pero muy desigual, especialmente en la expansión del acceso a la terapia antirretroviral. Debido a que los logros no se han compartido por igual dentro y entre los países, no se alcanzarán los objetivos globales de VIH establecidos para 2020. El informe, Aprovechando el momento, advierte que incluso los beneficios obtenidos podrían perderse y el progreso se estancaría aún más si no actuamos. Destaca cuán urgente es para los países duplicar los esfuerzos de respuesta al VIH y actuar con mayor urgencia para llegar a los millones de personas que aún quedan atrás.

“Se requiere de una acción decisiva todos los días en la próxima década, para que el mundo vuelva a su camino para poner fin a la epidemia de sida para 2030", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Se han salvado millones de vidas, particularmente las vidas de mujeres en África. El progreso realizado por muchos debe ser compartido por todas las comunidades en todos los países. El estigma y la discriminación y las desigualdades generalizadas son barreras importantes para poner fin al sida. Los países necesitan orientarse por la evidencia y cumplir con sus responsabilidades con los derechos humanos.”

Catorce países han alcanzado las metas de tratamiento del VIH 90–90–90 (que 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico con respecto al VIH; que un 90% de los que conocen dicho estado tengan acceso a tratamiento; y que un 90% de las personas en tratamiento para el VIH tengan la carga viral suprimida). Entre ellos está Eswatini, que tiene una de las tasas de prevalencia de VIH más altas del mundo, con un 27% en 2019, y que, habiendo superado las metas para 2020, está en camino de alcanzar las metas 95-95-95, previstos para 2030.

Millones de vidas se han salvado y millones de nuevas infecciones por el VIH han sido prevenidas con la ampliación de la terapia antirretroviral. Sin embargo, 690.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el Sida el año pasado y 12,6 millones de los 38 millones de personas que viven con el VIH no tuvieron acceso al tratamiento que puede salvar sus vidas.

“No podemos descansar por nuestros éxitos, ni desanimarnos por los contratiempos. Debemos asegurarnos de que nadie se quede atrás. Debemos cerrar las brechas. Estamos apuntando a 100–100–100”, dijo Ambrose Dlamini, el Primer Ministro de Eswatini.

El mundo está muy atrasado en la prevención de nuevas infecciones por VIH. Unos 1,7 millones de personas se infectaron recientemente con el virus, más de tres veces la meta mundial. Ha habido progresos en África Oriental y Meridional, donde las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 38% desde 2010. Esto está en marcado contraste con Europa Oriental y Asia Central, que ha visto un asombroso aumento del 72% en las nuevas infecciones por VIH desde 2010. Las nuevas infecciones por el VIH también han aumentado en un 22% en el Medio Oriente y África del Norte, y en un 21% en América Latina.

Aprovechando el momento muestra un progreso desigual, con demasiadas personas y poblaciones vulnerables que están quedando atrás. Alrededor del 62% de las nuevas infecciones por el VIH ocurrieron entre poblaciones clave y sus parejas sexuales, incluidos los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas y personas privadas de libertad, a pesar de que constituyen una proporción muy pequeña de la población general

El estigma y la discriminación, junto con otras desigualdades sociales y exclusión, están demostrando ser barreras significativas. Las poblaciones marginadas que temen el juicio, la violencia o el arresto luchan por acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente aquellos relacionados con la anticoncepción y la prevención del VIH. El estigma contra las personas que viven con el VIH sigue siendo común: al menos 82 países penalizan alguna forma de transmisión, exposición o no divulgación del VIH; el trabajo sexual está criminalizado en al menos 103 países; y al menos 108 países penalizan el consumo o la posesión de drogas para uso personal.

Las mujeres y las niñas en África subsahariana continúan siendo las más afectadas y representaron el 59% de todas las nuevas infecciones por VIH en esa región en 2019, con 4.500 niñas adolescentes y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años infectadas con VIH cada semana. Las mujeres jóvenes representaron el 24% de las nuevas infecciones por el VIH en 2019, a pesar de representar solo el 10% de la población en África subsahariana.

Sin embargo, donde los servicios de VIH se brindan de manera integral, los niveles de transmisión del VIH se reducen significativamente. En Eswatini, Lesotho y Sudáfrica, una alta cobertura de opciones de prevención combinada, que incluyen apoyo social y económico para mujeres jóvenes y altos niveles de cobertura de tratamiento y supresión viral para poblaciones previamente no alcanzadas, han reducido las brechas de desigualdad y han reducido la incidencia de nuevas infecciones por el VIH. 

La pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al Sida y podría deteriorarla aún más. Una interrupción completa de seis meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año (2020–2021), devolviendo a la región a los niveles de mortalidad por Sida de 2008. Incluso una interrupción del 20% podría causar 110.000 muertes adicionales.

“Aquellos de nosotros que sobrevivimos al VIH y luchamos por la vida y el acceso al tratamiento y la atención no podemos permitirnos perder las ganancias que nos demandaron tanto esfuerzo para obtenerlas. En algunos países latinoamericanos estamos viendo cómo los recursos, medicamentos, personal de salud y materiales para el VIH se están trasladando a la lucha contra la COVID-19”, dijo Gracia Violeta Ross, presidenta de la Red Boliviana de Personas que viven con el VIH. “Se ignoran algunas buenas lecciones y prácticas de la respuesta al VIH, como la participación significativa y la rendición de cuentas. No permitiremos que el VIH se quede atrás".

Para combatir las epidemias convergentes de VIH y COVID-19, ONUSIDA y sus socios lideran un llamado global para una vacuna universal contra la COVID-19, que ha sido firmado por más de 150 líderes mundiales y expertos que exigen que todas las vacunas, tratamientos y pruebas sean libre de patentes, producidos en masa y distribuidos de manera justa y gratuita para todos.

ONUSIDA también insta a los países a aumentar las inversiones para ambas enfermedades. En 2019, la financiación para el VIH cayó un 7% desde 2017, a US $ 18,6 mil millones. Este revés significa que la financiación es un 30% inferior a los US $ 26,2 mil millones necesarios para responder eficazmente al VIH en 2020.

“No podemos tener países pobres al final de la fila. Las personas no deben depender del dinero en su bolsillo o del color de su piel para protegerse contra estos virus mortales", dijo la Sra. Byanyima. “No podemos tomar dinero de una enfermedad para tratar otra. La respuesta tanto para el VIH como la COVID-19 deben estar totalmente financiados para evitar la pérdida masiva de vidas".

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

«Angola tiene una larga historia en lo que se refiere a brotes de epidemias», explica Michel Kouakou, director nacional de ONUSIDA en Angola. «Cólera, malaria, polio, fiebre amarilla... El país está bien preparado y cuenta con profesionales competentes, entre ellos sanitarios, para hacer frente a los brotes», detalla.

Como resultado de ello, el presidente de Angola, João Lourenço, actuó de inmediato en cuanto surgió el brote de la COVID-19. Entre las medidas que adoptó, están el confinamiento del país, el cierre de fronteras y la cancelación de todos los vuelos internacionales.

Si bien todo ello ha ayudado a tener un número bajo de casos, ha hecho también que mucha gente perdiera su medio de vida, sobre todo las personas que trabajan en el sector informal.

Para responder a la inseguridad alimentaria que la situación ha causado, sobre todo entre las personas que viven con el VIH, el director nacional de ONUSIDA para Angola reforzó sus alianzas para hacer llegar a miles de personas de Luanda, la capital de Angola, cestas con comida.

Bajo el patrocinio de la campaña Free to Shine, la cual se centra en eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH en Angola, la primera dama angoleña, Ana Alfonso Dias Lourenço, junto con la compañía de seguros Saham Angola, la Asociación de personas seropositivas y ONUSIDA, distribuyó 1000 cestas con alimentos a las personas que viven con el VIH, medio millar de las cuales iban destinadas a las mujeres embarazadas que viven con el VIH.

Durante el confinamiento, Yola Semedo, conocida cantante y compositora angoleña, y embajadora de buena voluntad de ONUSIDA para el país, organizó un concierto virtual, el cual se televisó en todos los canales nacionales. Logró recaudar fondos para otras 14 000 cestas de comida, las cuales distribuyó por las provincias de Luanda y Benguela, incluyéndose aquí 500 cestas de comida para las personas que viven con el VIH en Luanda.

«Nuestra gente se encuentra en una situación vulnerable debido a la COVID-19 y, en este momento, me siento feliz de ser hija de esta tierra. Es ahora cuando nos damos cuenta de que los nuestros están aquí con nosotros», insistió la Sra. Semedo.

Uno de los aliados de ONUSIDA por parte de la sociedad civil desde hace años, la Red angoleña de organizaciones al servicio del sida, la cual apoya a las personas y las familias que viven con el VIH, ha distribuido 1500 cestas de alimentos, y los números siguen y siguen creciendo, ya que en la mayoría de los casos dichas cestas se sirven a diario.;

La Asociación de mujeres policía de Angola también se unió al movimiento y donó 120 cestas de alimentos a la organización confesional Associação de Solidariedade Cristã e Ajuda Mútua, para que esta se encargara de distribuir los alimentos entre las trabajadoras sexuales, las cuales habían visto desaparecer sus ingresos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

«Mientras muchos países en la región han utilizado el confinamiento como excusa para criminalizar aún más a los grupos de población clave, entre ellos el de los trabajadores sexuales, esta acción ha demostrado que la solidaridad es clave en un momento así», recalcó el Sr. Kouakou.