COVID-19

GINEBRA, 25 de junio de 2020 - El Gobierno de Alemania ha anunciado que, además de su contribución anual de 5 millones de euros, en el año 2020 aportará 20 millones de euros más para fortalecer la respuesta al VIH durante la pandemia de la COVID-19. El ministro federal de Salud, Jens Spahn, dio a conocer la noticia durante una reunión con Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, en Ginebra, Suiza, con motivo de la 46.ª reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA.

«Elogiamos la gran labor de ONUSIDA en la lucha contra la COVID-19, siempre preocupada por comprometer a las comunidades; garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, incluidos los del VIH, por parte de los grupos de población clave y más vulnerables, proteger los derechos fundamentales y mitigar los impactos socioeconómicos de la epidemia», destacó el Sr. Spahn. «Con esta contribución adicional animamos a ONUSIDA a seguir adelante con su gran trabajo junto con la Organización Mundial de la Salud y otros socios mundiales en el ámbito de la salud».

El Gobierno alemán y sus parlamentarios, la sociedad civil y otros socios en Alemania llevan años mostrando su férreo compromiso con la respuesta mundial al VIH, la salud global y la seguridad sanitaria. De hecho, los alemanes ya prometieron mil millones de dólares estadounidenses al Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria durante su última reposición. Imparable y querido socio de ONUSIDA, el Gobierno de Alemania está firmemente comprometido a acabar con el sida como amenaza para la salud pública de cara al año 2030, motivo por el cual ha invertido infinidad de recursos, para tener la certeza de que nadie se quede atrás.

«ONUSIDA acoge con enorme entusiasmo y agradece esta muestra de apoyo procedente de Alemania. Se trata de un reconocimiento que no nos hace sino querer seguir avanzando en la labor emprendida por ONUSIDA junto con los países y los socios para responder al VIH durante la pandemia de la COVID-19. Es también un importantísimo reconocimiento a todas las lecciones y experiencias adquiridas a lo largo de las décadas pasadas respecto de la respuesta al VIH, las cuales estamos ahora utilizando para luchar contra la COVID-19», señala la Sra. Byanyima. «Insto a todos los demás países a seguir el ejemplo de Alemania y continuar invirtiendo en la respuesta mundial al VIH».

Este mayor apoyo recibido de Alemania es una inversión fundamental que permitirá salvar vidas y proteger la dignidad de las personas que viven con el VIH o que corren el riesgo de contraer el virus. En un momento en que el mundo se enfrenta a dos pandemias que se entrecruzan, la del VIH y la de la COVID-19, Alemania no deja de demostrar la enorme necesidad tanto de responsabilidad compartida como de solidaridad mundial. El modelaje nos anticipa que, a menos que se alivie, interrumpir durante seis meses los servicios del VIH como consecuencia de la COVID-19 podría traducirse en más del doble de muertes relacionadas con el sida que en el pasado 2008. Asimismo, podría aumentar hasta en un 162 % el número de nuevas infecciones por el VIH entre niños.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Una vez que se estableció la cuarentena de COVID-19 en su país, Marisela Mariño (no es su nombre real), una mujer transgénero que vive con VIH, contactó de inmediato a su proveedor de tratamiento, convenciéndole de que le suministrara terapia antirretroviral para por lo menos dos meses.

"Me salvé al tener el número de teléfono de uno de los promotores de salud en la clínica a la que asisto", dijo Mariño. Pero ahora ella, como siete de cada 10 personas que respondieron a una encuesta regional para América Latina sobre las necesidades de las personas que viven con VIH durante la pandemia de COVID-19, no tiene suficientes medicamentos antirretrovirales para una cuarentena de más de 60 días.

De la encuesta en línea, que fue respondida por 2300 personas de 28 países de la región, se observó que a pesar de los esfuerzos de comunicación de las autoridades nacionales de salud y las organizaciones internacionales que lideran la respuesta a COVID-19, el 31% de las personas declararon que no habían recibido suficiente información sobre cómo prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Más de la mitad, el 56%, expresó que no tienen suficiente equipo de protección personal, mientras que solo el 22% de las personas piensa que las máscaras son una protección útil contra COVID-19.

Claudia Cardenal (no es su nombre real), otra mujer transgénero en la región dice que la oferta de servicios adaptados a la pandemia COVID-19 no se refleja en las opciones para las personas que viven con VIH. La Sra. Cardenal solo tiene tratamiento antirretroviral para un mes más, a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que las personas que viven con VIH deben tener un suministro de al menos tres meses.

La encuesta también muestra que cinco de cada 10 personas tienen dificultades para obtener su tratamiento antirretroviral durante la pandemia y que menos de dos de cada 10 personas recibieron medicamentos antirretrovirales en sus hogares.

Solo a tres de cada 10 personas se les ha ofrecido la opción de telemedicina, y cuatro de cada 10 personas que viven con VIH en América Latina afirman que necesitan apoyo psicológico para abordar la ansiedad generada por la COVID-19.

El estigma y la discriminación continúan siendo una barrera importante para que las personas que viven con VIH tengan pleno acceso a sus derechos. Más de la mitad de las personas encuestadas, el 56%, creen que podrían sufrir violencia física, psicológica o verbal debido a que viven con VIH en medio de la pandemia de COVID-19. El cuarenta por ciento respondió que no sabe a dónde acudir o llamar en caso de sufrir violencia o discriminación por vivir con VIH, y el temor a la discriminación provocó que tres de cada 10 personas se abstuvieran de acceder a los servicios en medio de la cuarentena.

El confinamiento puede aumentar e incentivar el estigma y la discriminación. Por ejemplo, en países que tienen restricciones de género para salir de casa durante la cuarentena, la violencia hacia las personas con una identidad o expresión de género diferente a la que aparece en su identificación oficial puede aumentar.

La pérdida de empleo o la falta de ingresos fue una de las principales preocupaciones en los hallazgos de la encuesta. Las restricciones de movilidad y las cuarentenas obligatorias han privado de sus ingresos a cuatro de cada 10 personas que necesitaban salir de sus hogares para trabajar, dando como resultado que cuatro de cada 10 personas necesitan apoyo nutricional y/o transferencias de efectivo.

A partir de los resultados de la encuesta, está claro que la respuesta a COVID-19 debería considerar las realidades de la vida de las personas y centrarse en eliminar las barreras que enfrentan para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.

Los países, los ministerios de salud y los programas nacionales contra el sida deben garantizar el acceso a tres meses o más de terapia antirretroviral para todas las personas que viven con VIH, incluidas las personas refugiadas y migrantes. Además, debe garantizarse la provisión de alimentos y otros servicios de protección social, incluidos refugios temporales para poblaciones clave, personas que viven con VIH y otras personas vulnerables.

La prestación de servicios y apoyo a las poblaciones más afectadas por la violencia, especialmente las mujeres y las niñas, también debe ser una prioridad clave para los gobiernos.

“Esta evidencia ha sido compartida con copatrocinadores, programas nacionales de sida y organizaciones de la sociedad civil. Les exhorto a continuar los esfuerzos para adoptar la dispensación de varios meses de la terapia antirretroviral, las medidas de protección social centradas en poblaciones clave y las personas que viven con VIH y el apoyo a iniciativas de salud mental", dijo César Núñez, Director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

Según un estudio de ONUSIDA, el impacto sobre la producción y la logística ejercido por la COVID-19 podría tener unas consecuencias muy significativas sobre el suministro de la terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, estamos a tiempo de hacer algo para aliviar el daño.

GINEBRA, 22 de junio de 2020 - Un nuevo análisis elaborado por ONUSIDA ha revelado los posibles impactos que la pandemia de la COVID-19 podría tener en los países de bajos y medianos ingresos en todo el mundo con relación al suministro de los medicamentos antirretrovíricos genéricos utilizados para tratar el VIH.

Una encuesta elaborada por ONUSIDA reveló que los confinamientos y los cierres de fronteras impuestos para frenar la COVID-19 están afectando tanto a la producción de medicamentos como a su distribución, lo que puede llevar a subidas de precio y problemas de suministro, incluidas las roturas de stock, en los próximos dos meses.

«Es vital que los países tracen urgentemente planes para mitigar la posibilidad y el impacto de un mayor coste y de una menor disponibilidad de los medicamentos antirretrovíricos», insistió Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Insto a los países y a los compradores de medicamentos para el VIH a actuar de inmediato para garantizar que todas las personas que actualmente están en tratamiento puedan continuarlo, con el fin de salvar vidas y detener las nuevas infecciones por el VIH».

Puesto que 24,5 millones de personas estaban siguiendo un tratamiento antirretrovírico a finales de junio de 2019, millones de personas podrían correr riesgos, tanto ellas mismas como los demás debido al mayor riesgo de transmisión del VIH, si no pueden continuar accediendo al tratamiento. De acuerdo con un ejercicio de modelaje elaborado recientemente, una interrupción de seis meses de la terapia antirretrovírica solo en el África subsahariana podría llevar a casi 500 000 muertes más relacionadas con el sida.

La producción de los medicamentos antirretrovíricos se ha visto afectada por distintos factores. El transporte aéreo y marítimo ha sufrido grandes restricciones, lo que ha obstaculizado la distribución de las materias primas y otros productos, como los embalajes, los cuales las compañías farmacéuticas necesitan para manufacturar los medicamentos. El distanciamiento social y los confinamientos están también reduciendo los recursos humanos disponibles en las plantas de fabricación. La escasez de materiales y mano de obra podría derivar en problemas de suministro y subidas de precios en los próximos meses, debido a lo cual algunas de las pautas de tratamientos de primera línea y terapias infantiles podrían verse muy afectadas.    

Son numerosas y distintas las circunstancias que están ejerciendo presión sobre el coste total de los medicamentos antirretrovíricos ya terminados. Algunos de los tratamientos antirretrovíricos están aumentando su valor en el mercado como consecuencia de los mayores gastos generales y de transporte, de la necesidad de fuentes alternativas de principios activos clave e ingredientes farmacéuticos, y de las fluctuaciones económicas causadas por una crisis económica que era previsible. Se calcula que un incremento de un 10-25 % podrá llevar a un aumento anual de entre 100 y 225 millones de dólares estadounidenses en el coste final de los medicamentos antirretrovíricos exportados solo desde la India. Teniendo en cuenta que en el año 2018 las inversiones en el VIH cayeron en más de 7 mil millones de dólares estadounidenses, el mundo hoy no se puede permitir una carga añadida en las inversiones en la respuesta al sida.

ONUSIDA y sus socios están trabajando juntos para mitigar el impacto. El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) está aportando una financiación inmediata de hasta mil millones de dólares estadounidenses para ayudar a los países a responder a la COVID-19. Asimismo, está expandiendo el uso de sus plataformas de adquisición a los no receptores del Fondo Mundial. El Plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para la lucha contra el sida está fomentando la continuidad de los servicios de atención al VIH, poniendo en marcha nuevas estrategias, como la telemedicina, y permitiendo una cierta flexibilidad en los programas en lo referente a los requisitos necesarios, el personal y la reasignación de fondos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud está recopilando, intercambiando y analizando información con relación a los servicios para el VIH que se han visto afectados, y está tratando de contactar con los fabricantes de las medicinas antirretrovíricos para contar con un suministro de emergencia. Asimismo, junto con los distintos países, está intentando buscar productos de calidad alternativos y disponibles, y plantear posibles medidas para mitigar los daños. ONUSIDA lleva todo este tiempo coordinando esfuerzos para hacer frente a los desafíos que supone el gestionar la obtención y el suministro de los medicamentos antirretrovíricos debido a la respuesta a la COVID-19.

Sin embargo, existe también una serie de recomendaciones para la acción coordinada que los Gobiernos y los proveedores deberían respetar, para solucionar las dificultades detectadas, y ver la forma de minimizar el impacto sobre las cadenas de suministro y los precios. Si se gestionan adecuadamente los stocks presentes y futuros de medicamentos antirretrovíricos, todas las personas que necesitan tratamiento podrán tener un suministro continuado.

El análisis de ONUSIDA recogió datos procedentes de ocho laboratorios genéricos de medicamentos antirretrovíricos en la India que juntos representan más del 80 % de la producción de medicamentos antirretrovíricos genéricos en todo el mundo. Para la encuesta también se contactó con los departamentos gubernamentales de otros siete países que fabrican medicamentos antirretrovíricos genéricos y que representan la mayor parte de la producción de medicamentos antirretrovíricos genéricos en los países de bajos y medianos ingresos. 

Mascarillas faciales, desinfectantes y jabón. Paquetes de alimentos y dinero para pagar el alquiler. Información para saber cómo protegerte y proteger a tus seres queridos del virus. Y un largo etcétera.

Cuesta cubrir todas las necesidades que están surgiendo durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las comunidades se están organizando y están siendo capaces de prestar servicios y proporcionar los bienes más básicos a las personas más faltas de recursos. Las comunidades que ya tuvieron que responder a otras epidemias están volcando las lecciones aprendidas antaño en la lucha para vencer a la COVID-19. 

«Las organizaciones lideradas por, y dirigidas a, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave están dirigiendo la puesta en marcha de todos aquellos programas que con urgencia se precisan para plantarle cara a la COVID-19 y proteger la salud y el bienestar de las comunidades», explicó Demba Kone, director nacional de ONUSIDA para Senegal.

Al igual que en muchos otros países de todo el mundo, en Senegal hay escasez de mascarillas y otros equipos de protección individual. Por ello, la organización no gubernamental Enda Santé dio con una solución rápida y eficiente: recurrir a los muchos sastres y costureras locales, quienes están totalmente preparados y tienen acceso al suministro de tejidos. Los profesionales de la costura respondieron a la llamada de «ven a trabajar con nosotros» y fabricaron miles de mascarillas de gran calidad en un tiempo récord y a muy bajo coste. Además, esta producción local significó que el dinero permaneció en la economía local, la cual se había visto extremadamente afectada por la pandemia.

Enda Santé también ha comenzado a negociar con los donantes que financian los programas para el VIH. Los fondos que se habían destinado a actividades relacionadas con el VIH que no se pudieron llevar a cabo debido a la situación se han reasignado para apoyar otras actividades referentes a la COVID-19 en las comunidades más afectadas.

El situar los recursos adecuados en el lugar adecuado resulta crucial para responder a los brotes, los cuales están viajando a gran velocidad de una comunidad a otra.  Por ese motivo, Enda Santé se propuso trabajar para identificar a aquellas comunidades más vulnerables y con mayores necesidades.

A partir de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno y de su propio saber en cuanto a la demografía, la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios, Enda Santé se fijó en el nivel de pobreza de las comunidades, y trató de dar con aquellos barrios más superpoblados donde la gente tenía más dificultad para acceder a la atención sanitaria. Una cosa estaba clara: quienes más vulnerables eran al VIH, más vulnerables eran ahora también a la COVID-19.

Enda Santré concentró sus esfuerzos en esas comunidades, en las que repartió materiales de protección, movilizó a los líderes jóvenes y a las mujeres, y los formó para que fueran puerta a puerta explicando a la gente cómo protegerse, cómo identificar los casos y cómo trasladar al enfermo al centro de tratamiento.

Era evidente que las personas afectadas por el VIH con las que Enda Santé más se volcó (personas que viven con el VIH, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas, y mujeres jóvenes y chicas adolescentes) habían perdido sus ingresos como consecuencia del confinamiento y estaban enfrentándose al triple impacto que en sus vidas habían tenido el VIH, la COVID-19 y la pobreza. En respuesta a sus necesidades, Enda Santé organizó el reparto de alimentos y las transferencias de dinero.

Daouda Diouf, director ejecutivo de Enda Santé, se detiene a reflexionar sobre el proceso: «Ya habíamos aprendido a realizar todo este trabajo en el contexto del VIH, por lo que decidimos extraer las lecciones aprendidas a lo largo de los 25 años de respuesta al sida y llevarlas a la lucha contra la COVID-19. Actuar rápido, lograr el compromiso de los miembros de la comunidad, ponerlos en el centro del trabajo, fomentar la atención puerta a puerta, adelantarse al riesgo de transmisión, suministrar paquetes de prevención, etc. Conseguimos actuar de inmediato».

La respuesta al sida ha enseñado al mundo la importancia de proteger los derechos humanos y promover la igualdad de género a la hora de luchar contra una enfermedad. Ahora, la COVID-19 ha ampliado aún más el aprendizaje.

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, ONUSIDA no ha cesado de instar a los Gobiernos a proteger los derechos humanos y prevenir y abordar la violencia de género, una cuestión más importante que nunca, ya que los confinamientos están haciendo que las mujeres y las chicas corran más riesgo de sufrir violencia sexual y dentro de la pareja. Asimismo, en todo este tiempo ONUSIDA ha defendido que los servicios de salud sexual y reproductiva deberían ser considerados esenciales, pues indudablemente lo son. 

Con el fin de hacer llegar todos estos mensajes a las mesas de decisiones y a la primera línea de la respuesta, ONUSIDA ha elaborado un nuevo informe que explica a los Gobiernos cómo hacer frente a los impactos de la COVID-19 en materia de género y discriminación. De acuerdo con el informe, son seis las áreas obligatorias para abordar las necesidades y proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia. El informe subraya las necesidades de las mujeres y las niñas en toda su diversidad, centrándose sobre todo en las más marginadas, y destaca la importancia de acceder a los servicios básicos de salud. Se hace referencia también a la olvidada epidemia de la violencia de género; al mal uso de las leyes penales y punitivas; a la importancia de la educación, la salud, el bienestar, y al reconocimiento de todo ese trabajo que realiza la mujer y de los cuidados que presta siempre sin percibir remuneración alguna.

«Al igual que el VIH ha servido como un espejo que ha mostrado al mundo las desigualdades y las injusticias, la pandemia de la COVID-19 ha hecho saltar las alarmas en cuanto a la discriminación a la que las mujeres y las chicas plantan cara a diario», insiste Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Muchos de los impulsores de la desigualdad que se observan en la epidemia del VIH son los mismos que los que nos están llevando a la desigualdad y a la injusticia durante esta pandemia de la COVID-19. Solo venceremos con éxito ambas epidemias si ponemos la igualdad de género en el centro de la respuesta». 

El informe refleja cómo la salud y los derechos sexuales y reproductivos a menudo son los que primero se sacrifican durante las epidemias, cuando hoy más que nunca hemos de proteger todo lo logrado la década pasada. El documento señala también que los escasos recursos deben dirigirse fundamentalmente a las mujeres y las chicas más marginadas, como las trabajadoras sexuales, las personas de distinto género, las mujeres encarceladas, las migrantes y todas aquellas sin empleo ni residencia.

A lo largo de las páginas del informe se recogen algunas medidas prácticas que ONUSIDA ha ido adoptando junto con los socios en los distintos países, con el objeto de mantener los servicios sanitarios esenciales, movilizar la protección social de emergencia y apoyar a los grupos de población que han visto violados sus derechos durante el brote de la COVID-19.

Por ejemplo, en Nigeria y Costa de Marfil ONUSIDA ha establecido una alianza con la Comunidad internacional de mujeres que viven con VIH. El fin de su trabajo conjunto no es otro que facilitar el que las mujeres que viven con el VIH puedan trabajar como farmacéuticas de la comunidad y se encarguen de recoger y repartir en los domicilios los tratamientos antirretrovíricos y otros medicamentos para todas aquellas personas que no pueden acceder a su medicación debido a las restricciones por la COVID-19.

En América Latina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas está ofreciendo tanto anticonceptivos y pruebas del VIH como kits de higiene e información sobre la violencia de género a todas aquellas mujeres que están en cuarentena obligatoria después de haber huido de la República Bolivariana de Venezuela debido a la COVID-19.  

En Marruecos, ONUSIDA, junto al Ministerio de Salud, el Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y la sociedad civil, está movilizando a los grupos de autoayuda, los servicios de apoyo médico y psicosocial, y los responsables de la mediación familiar para ayudar a los grupos de población con más riesgo de contraer el VIH. Gracias a las colaboraciones entre el Gobierno y la sociedad civil, se ha podido garantizar el acceso continuado a la terapia antirretrovírica, la terapia de sustitución de opiáceos y la ayuda alimentaria durante la pandemia. 

Por encima de todo, el informe busca trasladar el mensaje de que la salud, la seguridad, la dignidad y los derechos de las mujeres y las chicas, en toda su diversidad, no deben nunca verse comprometidos. Asimismo, llama a las mujeres a liderar al cambio. 

«Salid ahí fuera y luchad, alzad la voz y actuad en beneficio de vuestra comunidad», anima a las mujeres la Sra. Byanyima.

Las comunidades siempre han desempeñado un papel muy importante en la lucha contra las epidemias en África. En la respuesta al VIH, la implicación de la comunidad ha quedado recogida en un principio clave: nada para nosotros sin nosotros. Desde el comienzo de la respuesta al sida, la sociedad civil ha estado en primera línea, desde donde ha solicitado acceso al tratamiento, ha luchado por el respeto a los derechos humanos y ha apoyado los servicios para el VIH liderados por la comunidad.

En Guinea, gracias al compromiso de la comunidad, se han ido mejorando de manera continua los programas para el VIH y se ha avanzado considerablemente en materia de pruebas de detección, prevención, adherencia al tratamiento y apoyo psicológico. La promoción y la defensa de los derechos humanos constituyen también el eje central de las comunidades. El compromiso de la comunidad ha contribuido a abordar el estigma y la discriminación, ha permitido supervisar la calidad de los servicios y ha hecho posible asumir nuevos retos.

Con las lecciones aprendidas a partir del brote de ébola en el país en el periodo comprendido entre los años 2013-2016, no había duda alguna de que, en la respuesta a la COVID-19, era más que necesaria la participación activa de las comunidades y del público en general. Así fue como hace poco nació la Plataforma nacional de organizaciones de la sociedad civil para el VIH y la tuberculosis (PNOSC-HIV/TB, por sus siglas en inglés). PNOSC-HIV/TB contó desde sus inicios con el apoyo técnico y económico de ONUSIDA, aunó a 28 asociaciones y fue fundamental en el desarrollo del plan de contingencia para reducir el impacto de la COVID-19 en los servicios sanitarios, en particular en los relacionados con el VIH.

Centrada en las personas encarceladas y en quienes residen en campos de refugiados y ciudades solidarias (donde viven las personas con discapacidad), PNOSC-HIV/TB colabora muy activamente para prevenir la COVID-19, y se encarga sobre todo de concienciar sobre la importancia del distanciamiento social a través de mediadores de la comunidad, artistas locales, medios de comunicación, y actividades de divulgación puerta a puerta.

La plataforma presta atención psicológica mediante una línea de ayuda telefónica atendida por dos redes de personas que viven con el VIH, una de las cuales se ocupa de los grupos de población clave. PNOSC-HIV/TB también trabaja para promover y hacer extensible a todo el país la estrategia de la dispensación multimensual para la terapia antirretrovírica.

«PNOSC-HIV/TB nos permitirá alzar la voz a una, defender más nuestra misión, y organizar y fortalecer nuestra aportación a la lucha contra la COVID-19 y la erradicación del sida en Guinea para 2030», insiste Mahawa Diallo Sylla, presidenta de PNOSC-HIV/TB.

PNOSC-HIV/TB también participa en el Observatorio de tratamientos de la comunidad, el cual supervisa el respeto de los derechos humanos en el contexto de la COVID-19 y denuncia sus violaciones al Gobierno y al Instituto Nacional de los Derechos Humanos.

«Estoy impresionado por el enorme empeño demostrado por el PNOSC-HIV/TB para cerrar la brecha en lo referente a su participación en la respuesta nacional al VIH. Tengo la convicción de que el impulso y la energía que han demostrado desde su puesta en marcha tendrán un impacto duradero en las respuestas al VIH y a la COVID-19 en Guinea», recalca Dado Sy Kagnassy, director nacional de ONUSIDA para Guinea.

La experiencia de la directora de país de ONUSIDA para El Salvador, Celina Miranda, como doctora en medicina, ha sido muy útil durante el brote de COVID-19. Se sintió honrada cuando el Coordinador Residente de las Naciones Unidas la nominó para ser la líder del equipo de respuesta COVID-19 dentro de las Naciones Unidas en el país.

"Acepté el desafío, ya que la experiencia de trabajar en ONUSIDA con el VIH me ha dado las habilidades necesarias para manejar este tipo de situaciones", dijo.

Hasta la fecha, ha manejado seis casos confirmados de COVID-19 de personal de las Naciones Unidas de diferentes agencias. "Algunos fueron al hospital, mientras que otros se pusieron en cuarentena, y todos ya están saliendo de la etapa aguda", dijo Miranda.

Una tarea principal para los coordinadores de COVID-19 es determinar si los hospitales locales pueden admitir y tratar al personal de las Naciones Unidas y sus dependientes. El Salvador no estaba listo para la pandemia, dijo, lo que aumentó la presión.

La Sra. Miranda, junto con otros cuatro directores de país de ONUSIDA, han sido nominados por los equipos de país de las Naciones Unidas como coordinadores de COVID-19 en sus respectivos países.

Vladanka Andreeva en Camboya, Yafflo Ouattara en Chad, Job Sagbohan en Burkina Faso y Medhin Tsehaiu en Kenia se han sentido honrados de asumir esa responsabilidad.

La Sra. Andreeva explicó cómo, a principios de marzo, las Naciones Unidas en Camboya establecieron un Equipo interno de preparación y respuesta COVID-19 de las Naciones Unidas, y se le pidió que dirigiera los esfuerzos para garantizar que más de 2500 funcionarios de las Naciones Unidas y sus dependientes tengan acceso a la mas reciente información, tratamiento, atención y apoyo de COVID-19. Ella desarrolló un plan de contingencia para la familia de las Naciones Unidas y apoyó el establecimiento de un proceso de evacuaciones médicas y servicios de apoyo de salud mental para el personal.

Sagbohan, un epidemiólogo médico capacitado que trabajó para la Organización Mundial de la Salud durante los brotes de Ébola y fiebre amarilla, dijo que pasó mucho tiempo tranquilizando a los empleados para superar el estrés y el miedo. "El personal estaba asustado, así que durante el período de encierro recibí hasta 300 llamadas a la semana a pesar de las reuniones informativas virtuales regulares para el personal en todo Burkina Faso".

Explicó que a pesar del tamaño de ONUSIDA y la falta de recursos en comparación con otras agencias, conocer sobre enfermedades infecciosas ha sido de gran ayuda. Rápidamente solicitó puntos focales de diferentes organizaciones y creó un grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra COVID-19. "He podido aprovechar un grupo sólido de personas motivadas para ayudarme y ha hecho toda la diferencia".

Para Yafflo Ouattara, el rol de coordinador de COVID-19 se adapta perfectamente a los directores de país de ONUSIDA. "Estamos acostumbrados a obtener la aceptación de nuestros copatrocinadores, por lo que el trabajo en equipo conjunto es parte de nuestro ADN", dijo. Su tarea principal en Chad ha sido ampliar las unidades de cuidados intensivos y establecer un sólido sistema de derivación para el manejo de casos severos. Cerca de 7000 empleados y dependientes de las Naciones Unidas están repartidos por todo el país, algunos en lugares donde no hay cuidado nocturno.

Como otros, también ayudó con el plan nacional de contingencia COVID-19 para garantizar que las personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento y atención.

Dijo que la pandemia destacó los agujeros en el sistema de salud del país. "No solo nunca se hicieron inversiones clave en cuidados intensivos, sino que algunos de los elementos básicos, como guantes, máscaras y jabón, han estado desaparecidos todo el tiempo".

Vivir en un mundo COVID-19 significa muchos reajustes. "Tenemos la oportunidad de intervenir y hacer escuchar nuestras voces para revisar los sistemas", dijo el Sr. Ouattara.

Medhin Tsehaiu está de acuerdo. Ella se enorgullece de ver a ONUSIDA ser parte de una mayor discusión.

"Estamos presentes y estamos haciendo nuestra parte de manera muy activa y voluntaria", dijo. Pero ella cree que COVID-19 ha cambiado para siempre la forma en que las personas trabajan.

Todas las reuniones virtuales y ningún viaje ha significado que la gente estuviera mucho más disponible, por lo que hubo una comunicación continua, lo que significó un alto consumo de tiempo, explicó. "La crisis nos unió, nos guste o no, y eso ha requerido mucha colaboración", dijo Tsehaiu.

Además de su larga lista de tareas como coordinadora de COVID-19, ella y algunos otros comenzaron el fondo de solidaridad de las Naciones Unidas con Kenia. Después de mucho ir y venir, abrieron una cuenta bancaria donde el personal puede elegir contribuir con dinero durante un período de tres meses que se enviará a las personas necesitadas.

"Es una forma para que los empleados muestren empatía y apoyo a la gente de Kenia durante estos tiempos difíciles", dijo.

Hablando de solidaridad, la Sra. Andreeva dijo que la pandemia realmente probó la reforma de las Naciones Unidas a nivel de país, no solo en términos de responder a la pandemia, sino también en relación con los asuntos relacionados con el deber en los cuidados. Según una encuesta realizada en mayo, el 90% del personal en Camboya dijo que el liderazgo de las Naciones Unidas a nivel de país está tomando las decisiones correctas para gestionar la crisis.

Durante una reunión virtual de 300 miembros del personal de las Naciones Unidas en El Salvador recientemente, también hubo comentarios positivos. La Sra. Miranda dijo que no pide elogios ni agradecimientos adicionales. "Simplemente disfruto ayudando a las personas y viéndolas recuperarse, viviendo sus vidas plenamente".

Cuando el Gobierno de Camerún ordenó que nadie podría moverse de sus hogares como parte de la respuesta a la COVID-19, Marie-Jeanne Oumarou (nombre ficticio) salió corriendo a comprar comida, cogió a sus tres niños y se los llevó al campo.

Con sus hijos ya en buenas manos, solo deseó poder seguir trabajando.

«Jamás imaginé lo difícil que sería el confinamiento», confiesa. «Para nosotras, las trabajadores sexuales, no tiene ningún sentido».

En los últimos diez años la Sra. Oumaro conoció lo mejor y lo peor de lo que en Yaundé, la capital de Camerún, se conoce como couloirs, las zonas de los pequeños hoteles en los que ejercen las trabajadoras sexuales. Abandonada y con tres niños pequeños, en el año 2010 recurrió al trabajo sexual para sobrevivir.  Poco a poco logró conocer a distintas mujeres mayores, antiguas trabajadoras sexuales, a las que paga dinero para poder acceder a lugares seguros en los que trabajar. Sin embargo, la COVID-19 ha cambiado su vida de la noche a la mañana. 

«Los hoteles estaban cerrados, apenas había clientes, la policía estaba constantemente controlando, así es imposible sobrevivir», señala.

Denise Ngatchou, directora ejecutiva de Horizons Femmes, una organización no gubernamental que ayuda a las mujeres vulnerables, cuenta lo mucho que le impresionó el que las trabajadoras sexuales se convirtieran, de pronto, en el blanco.

«La policía detenía y encerraba a las mujeres, sin dar ninguna información», relata. «Nos sentíamos totalmente indefensas y no podíamos hacer nada, ya que era el Gobierno el que tenía todo el poder respecto a las medidas frente a la COVID-19».

Rosalie Pasma, directora de uno de los centros de acogida de Horizons Femmes, tuvo que encogerse de hombros para mostrar su acuerdo durante una entrevista por Skype.

«Todo se complicó muchísimo más durante la COVID-19», insiste. «Sufrimos directamente el confinamiento por más de un motivo. Ha habido mujeres que no han podido acudir a sus revisiones por falta de transporte, por ejemplo, y nuestro asesor legal tampoco ha sido capaz de acceder a las comisarías para defender a las mujeres arrestadas».

La Sra. Ngatchou se encargó de canalizar todo, porque, para ella, no había razón para rendirse. Horizons Femmes juró ante todo mantenerse abierta. Un mínimo de la plantilla trabajó incansablemente e hizo horas extra para seguir realizando pruebas del VIH y prestando otros servicios respetando siempre las medidas de prevención. 

«La gente nos decía que interrumpiéramos todas nuestras actividades de concienciación sobre el terreno, pero las mantuvimos todo lo que pudimos. Aconsejamos a las mujeres respecto a las medidas para prevenir la enfermedad del coronavirus, de manera que todas conocieran los posibles riesgos», explica.

Asimismo, continuaron repartiendo mascarillas y lanzaron un proyecto de crowdfunding para adquirir más equipos de protección. Lo que más entristece a la Sra. Ngatchou es que muchísimas cosas sucedieron ante sus propios ojos y ni tan siquiera pudo hacer nada.

«El suavizar las leyes contra el trabajo sexual y el poner fin a los arrestos arbitrarios de trabajadoras sexuales realmente supondría una enorme diferencia para nosotras», advierte.

Al final, está convencida de que el castigar a las trabajadoras sexuales no hace sino empeorar la situación.

«¿Tú no crees que, si las trabajadoras sexuales se esconden, tienen más posibilidades de trabajar e infectar e infectarse que si dispusieran de una estructura que las ayudase?», plantea.

Reflexionando sobre sus propias palabras, añade que esta idea hace referencia tanto a la COVID-19 como al VIH.

A principios de abril, ONUSIDA y la Red global de proyectos de trabajo sexual hicieron saltar las alarmas y llamaron la atención sobre la crueldad y los problemas a los que se enfrentaban las trabajadoras sexuales en todo el mundo. Instaron a los países a garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

«Las autoridades tienen que llegar a entender que no promovemos el trabajo sexual, sino la buena salud», recalca la Sra. Ngatchou. «Esa y solo esa es la prioridad».

La pandemia de la COVID-19 está afectando a todo el mundo, incluyéndose aquí los grupos de población clave con mayor riesgo de contraer el VIH. Como consecuencia de los reveses de la COVID-19, corremos el gran riesgo de desandar lo andado y volver atrás en lo que respecta a los avances conseguidos con relación a otras enfermedades infecciosas, incluyéndose aquí el VIH. Ese es precisamente el punto de partida de un nuevo informe publicado por FHI 360, en colaboración con ONUSIDA, en el cual se aconseja sobre cómo minimizar los impactos de la COVID-19 sobre los grupos de población clave.

«Centradas en los grupos de población clave, estas directrices complementan nuestros esfuerzos por apoyar el acceso durante la pandemia de la COVID-19 a los servicios y los productos para la prevención del VIH, así como por acercar a todo el mundo los servicios encargados de la salud sexual y la planificación familiar, la prevención de la violencia de género y el asesoramiento en materia del VIH, y de las pruebas de detección y el tratamiento antirretrovírico», insiste Paula Munderi, coordinadora de la coalición global para la prevención del VIH de ONUSIDA. «Para conservar todo aquello que tanto nos ha costado ganar en la respuesta al sida, es fundamental mantener los servicios básicos del VIH para los grupos de población clave, así como fomentar, y velar por, la seguridad y el bienestar del personal y de los miembros de la comunidad durante esta pandemia de la COVID-19».

El informe, concebido como una guía práctica para apoyar la continuación de los servicios del VIH para las personas seropositivas y los grupos de población clave, va dirigido a ayudar a los implementadores de programas, para que estos puedan continuar en todo momento desempeñando su trabajo.

«Los grupos de población clave son especialmente vulnerables a las interrupciones de servicios del VIH y a un daño adicional durante la pandemia de la COVID-19. Necesitamos urgentemente soluciones basadas en derechos que mantengan o incrementen el acceso de los grupos de población clave a los servicios para el VIH, al mismo tiempo que minimicen la posible exposición a la COVID-19 y promuevan la seguridad de las personas. Dichas soluciones han de apoyar el distanciamiento físico y la descongestión de las instalaciones sanitarias, pero de un modo que responda a la verdadera y actual realidad de los grupos de población clave», apunta Rose Wilcher, de FHI 360.

El informe ofrece sugerencias prácticas de cara a las tres grandes áreas que se distinguen:

La primera tiene que ver con la protección de los proveedores y los miembros de la comunidad frente a la COVID-19. Los servicios para el VIH solo pueden seguir en marcha durante la pandemia de la COVID-19 si se adoptan medidas para evitar la posible transmisión del coronavirus entre los trabajadores del programa, los proveedores y los beneficiarios. Servicios para el VIH se consideran también los que tienen que ver con las pruebas de detección y la atención relacionadas con la COVID-19, así como aquellos otros dirigidos a cuidar del bienestar mental de los proveedores y beneficiarios.

La segunda área es la que apoya el acceso seguro y constante a los servicios y productos para el VIH. Los programas para el VIH pueden integrar medidas de distanciamiento social, ofrecer consultas virtuales y proporcionar la dispensación multimensual de los medicamentos para el VIH. Las actividades de concienciación y las relaciones entre iguales deberían continuar allí donde sean posibles.

La tercera área sobre la que trabaja el informe guarda relación con supervisar la continuidad de los servicios y mejorar los resultados. Puesto que es posible que se produzcan interrupciones de los servicios, los programas para el VIH deberán adaptar sus sistemas de evaluación y supervisión con el fin de permitir la evaluación regular del suministro continuado de servicios para el VIH y del impacto de la COVID-19 sobre los programas para el VIH y sus beneficiarios. Ello podría requerir la puesta en marcha de sistemas de información estratégicos que utilicen medidas de distanciamiento físico como la recogida de datos virtual y las herramientas de presentación de informes.

«La pandemia de la COVID-19 no debería jamás servir de excusa para ralentizar el impulso en la respuesta global al VIH entre los grupos de población clave. Lejos de ello, la pandemia supone el momento de aprender y sacar conclusiones de nuestro trabajo para poner fin al sida. Nos brinda también la oportunidad de aliviar los sistemas sanitarios sobrepasados como consecuencia de la COVID-19 financiando plenamente las organizaciones basadas en la comunidad y lideradas por hombres gais y bisexuales, consumidores de drogas, trabajadores sexuales y personas transgénero, con el fin de garantizar un mejor acceso a los servicios para el VIH dirigidos a los grupos de población clave», recalca George Ayala, director ejecutivo de MPact.

El informe fue elaborado por FHI 360 como parte del proyecto EpiC (consecución de objetivos y mantenimiento del control epidémico), apoyado por USAID y el Plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida. ONUSIDA y sus socios aportan sus ideas y consejos.

Los cuarenta años de respuesta a la epidemia del VIH nos han proporcionado una experiencia más que notable con relación a lo importante que es, ante cualquier epidemia, adoptar un enfoque basado en los derechos humanos.  ONUSIDA ha hablado con Abdoulaye Ka, responsable de cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el Centro nacional para el control del sida en Senegal (conocido en el país como CNLS), sobre las lecciones que el CNLS ha aprendido de la respuesta al VIH y se pueden aplicar a la lucha contra la COVID-19.

¿Cómo está gestionando Senegal el estigma y la discriminación durante la pandemia de la COVID-19?

Gracias a la enorme experiencia que tenemos luchando contra el estigma y la discriminación relacionados con los servicios para el VIH, el CNLS ha logrado centrar la atención del comité para la gestión nacional de la COVID-19 y de la opinión pública en la importancia de desarrollar materiales de comunicación adaptados a las distintas comunidades. El implicar a las comunidades afectadas en la definición, puesta en marcha y seguimiento de los programas para la COVID-19 nos ha ayudado sobremanera a reducir el estigma en torno a la enfermedad.

El secretario ejecutivo del CNLS ha comparecido en infinidad de ocasiones para explicar lo importantísimo que es simplificar los mensajes dirigidos a las comunidades, con el fin de ayudarlas a desarrollar sus propias respuestas comunitarias.

La unidad de atención psicológica en Dakar recibe también el apoyo del CNLS para incorporar las lecciones aprendidas de la experiencia con el VIH y el estigma y la discriminación a su trabajo contra la COVID-19.

¿Qué medidas se están tomando en Senegal para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19?

Para responder al impacto socioeconómico de la COVID-19 sobre las personas y los hogares, Senegal ha desplegado un programa de resiliencia social y económica y ha destinado un presupuesto de 1 billón de francos de África occidental (alrededor de 1600 millones de dólares estadounidenses) para apoyar a los sectores económicos más afectados por la crisis, y facilitar una ayuda alimentaria a los más vulnerables. En total, se han asignado 59 000 millones de francos de África occidental (en torno a 100 millones de dólares estadounidenses) para la compra de alimentos para el millón de hogares que los necesitan.

En concreto, el CNLS ha aunado fuerzas con ONU-Mujeres para incrementar la resiliencia de las mujeres que viven con el VIH mediante el suministro de comida y productos de higiene.

¿Cómo es la respuesta a la COVID-19 en Senegal a la hora de responder a las necesidades concretas de las personas que viven con el VIH?

Con el fin de responder a las necesidades identificadas por la red nacional de personas que viven con el VIH, el país está facilitando la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales, de acuerdo con las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Estamos colaborando con proveedores de servicios y comunidades para evaluar las necesidades y evitar roturas de stock.  

El CNLS también ha habilitado para las personas que viven con el VIH un teléfono gratuito en el Centro de Dakar especializado en la terapia antirretrovírica. De la misma forma, ha creado un grupo de WhatsApp para todos los directores de los centros que suministran tratamientos antirretrovíricos y a través de él les proporciona recomendaciones sobre cómo adaptar la prestación de asistencia a las personas que viven con el VIH, incluyéndose aquí los procedimientos relacionados con el reparto de medicación para, al menos, tres meses.

¿Qué misión tienen a día de hoy las organizaciones basadas en la comunidad?

Las organizaciones y las redes de la comunidad llevan tiempo siendo esenciales para la respuesta al sida, debido al papel central que desempeñan, ya que incrementan la concienciación social, proporcionan información, destierran mitos y desmienten la información falsa, y se encargan de acercar los servicios a los grupos de población marginados y vulnerables.

Ahora más que nunca, los actores de la comunidad han de ser apoyados para que puedan innovar y garantizar los servicios necesarios. Deben ser reconocidos como proveedores de servicios esenciales para la respuesta al VIH y a la COVID-19.

En Senegal, los proveedores de servicios han innovado rápidamente en el contexto de la COVID-19. Por ejemplo, han recurrido a sistemas de cita previa para evitar la coincidencia de muchas personas a la misma hora y en la misma institución, y también han desarrollado sesiones formativas virtuales.

Asimismo, actualmente el CNLS está ofreciendo apoyo logístico a las personas que viven con el VIH, al hacerse cargo de la distribución por parte de la comunidad de los medicamentos antirretrovíricos.

El derecho a la información está recogido en la Constitución de Senegal. ¿Qué papel desempeña la información a la hora de prevenir y proteger frente a las epidemias?

El CNLS muy rápidamente elaboró mensajes, notas de prensa y carteles que se difundieron por las redes sociales para que las personas tuvieran claras las medidas de prevención que se debían adoptar contra la COVID-19, sobre todo en el caso de las personas que viven con el VIH. También informamos en tiempo real a las personas que viven con el VIH de los datos que se iban conociendo con relación al VIH y a la COVID-19.

Para toda la información se utilizó un lenguaje sencillo, y se intentó por todos los medios evitar todos los bulos y las noticias falsas que socavaran la utilización de los recursos sanitarios, incluyéndose aquí los servicios de vacunación, esenciales para velar por la salud de las personas, sobre todo de los niños que viven con el VIH.