COVID-19

Twinkle Paule es una activista transgénero que emigró de Guyana a los Estados Unidos de América hace dos años. Cuando la crisis por la COVID-19 empezó a agravarse más y más, no pudo evitar pensar en sus «hermanas» allí en su país y en la cercana región de Suriname. Para muchas de ellas, el trabajo sexual era su única opción para sobrevivir.  Sabía que el toque de queda las privaría de sus ingresos. Y le preocupaba que alguna se metiera en problemas legales si se veía forzada a trabajar por la noche.

Tras contactar con personas de allí, sus peores sospechas se confirmaron. Hizo una donación personal, pero era más que consciente de que aquella cantidad no era suficiente.

«Yo misma vine de esas calles, sabía que teníamos que movilizarnos para cuidar de nuestra comunidad. Conocía más que de sobra lo que era estar en casa y deberle dinero al casero, y que te desalojen por no poder pagar el alquiler», relata la Srta. Paule.

Colaboró con las activistas neoyorquinas Cora Colt y Ceyenne Doroshow, fundadoras de Gais y lesbianas en una sociedad transgénero (GLITS Inc), para lanzar la campaña de GoFundMe . Desde que la dieran a conocer el pasado 12 de mayo, ya han recaudado el dinero suficiente como para cubrir las ayudas al alquiler durante un mes de seis trabajadoras sexuales transgénero. Dicha cantidad se ha enviado a Guyana Trans United (GTU, por sus siglas en inglés), la organización para la que trabajó como educadora de iguales cuando en el año 2015 abandonó el trabajo sexual.

El hecho de que ahora pueda utilizar su posición de influencia para movilizar la ayuda de emergencia supone ya de por sí un éxito increíble. Cuando emigró, se halló a sí misma al borde del suicidio. Se sentía abrumada por el peso emocional de la exclusión y la injusticia.

Tras obtener una respuesta favorable a su petición de asilo, ahora es estudiante de comunicación a tiempo completo en el Borough of Manhattan Community College. Terminó la educación secundaria el año pasado, algo que no había sido capaz de hacer en Guyana. Mientras estudiaba, trabajó como oficial de proyección exterior para GMHC (Gay Men's Health Crisis, el centro para la crisis de salud de los hombres gais).

Adoptó a la perfección un papel defensor, al dirigirse el año pasado al ayuntamiento de la ciudad para que abolieran el artículo 240.37 del Código Penal del Estado de Nueva York, una ley que se utilizaba para ir en contra de las mujeres transgénero. Rápidamente se dio cuenta de que formaba parte de la misma tradición que las leyes del vagabundeo de las que ella misma había sido víctima en Guyana y contra las que después había luchado.

La Srta. Paule sabía bien todo lo que habían cambiado sus expectativas de vida gracias a la emigración.

«Se ve bien lo distinto que es todo cuando alguien tiene la oportunidad y las herramientas necesarias para tomar otras decisiones en su vida. Yo me di cuenta de que lo que a mí me faltaba eran los recursos y la capacidad de adentrarme en un entorno sin tener que preocuparme por la discriminación y la violencia. No digo que aquí todo sea perfecto, pero en mi día a día no me enfrento al mismo nivel de injusticia. Pude acceder a un tratamiento hormonal. Y, para mí, lo más importante es que conseguí volver al colegio», reflexiona en voz alta.

Su madre falleció cuando era tan solo una niña, su padre se marchó con una nueva familia y a ella la criaron unos familiares. Nunca hubo dinero suficiente para su educación. Algunos fines de semana limpiaba en una iglesia para ganar algo de dinero.

Sin embargo, la pobreza no era el único desafío al que se enfrentaba. Recuerda que, desde muy pequeña, se sentía diferente. No sabía ponerle un nombre a lo que sentía, pero instintivamente sabía que no sería aceptada. En el colegio se esforzaba por pasar desapercibida. Un día su corazón estuvo a punto de hacerse pedazos cuando un compañero dijo que parecía un antihombre, un término peyorativo del guyanés para referirse a los hombres gais.

Durante años escuchó una y otra vez a los adultos de su familia decir que, si resultaba ser gay, deberían echarla de casa; y así fue a los 16 años. Un pariente la vio «bailar como una chica» en una fiesta y se quedó sin hogar al que volver.

La Srta. Paule buscó refugio junto a otras mujeres transgénero y, como ellas, recurrió al trabajo sexual para sobrevivir. El creciente movimiento regional para abordar las necesidades de las comunidades vulnerables y marginadas ejerció un enorme impacto en su vida. Gracias a la recién formada Guyana Sex Work Coalition (coalición para el trabajo sexual en Guyana), aprendió a mantener sexo seguro y logró acceder a los productos necesarios para mantener relaciones sexuales seguras. Cuando algunas de sus compañeras empezaron a asistir a encuentros y congresos, descubrieron que sí había una palabra para definir lo que sentían. No eran antihombres: eran transgénero.

A pesar de ello, la vida en la calle era brutal. Si eran asaltadas o violadas, no podían denunciar el delito.

«La policía directamente te dirá: “¿Para qué vienes aquí si sabes de sobra que la prostitución y la sodomía van contra la ley?”», rememora.

Cuenta que, incluso, en alguna ocasión despiadados agentes de policía las amenazaban con extorsionarles y quedarse con todo su dinero.

Una vez, la policía la encerró a ella y a otras mujeres transgénero junto a hombres en la comisaría, y les tiraron preservativos a la celda, una luz verde para los otros detenidos. Por aquel entonces era solo una adolescente.

Otro día acompañó a una amiga a la comisaría para denunciar un caso de violencia doméstica. Y entonces, fue el policía quien le espetó a ella: «Tú estás implicada en un delito de sodomía y te encerraré por ello».

En 2014, un grupo de transexuales fue arrestado por dedicarse al trabajo sexual en Suriname. Entre otras humillaciones, tuvieron que soportar cómo un guarda de la prisión las obligaba a desnudarse y ponerse de cuclillas fuera de la celda, en presencia de los demás detenidos.

Hace siete años, una de sus amigas fue asesinada y su cuerpo fue arrojado detrás de una iglesia. No hubo investigación alguna.

Un trauma tras otro acaba pesando.

Incluso cuando no sucede nada, hay ya un temor constante. ¿Me echarán del taxi? ¿Me insultará la gente por la calle? ¿Me juzgarán por lo que llevo puesto?

«Las chicas se lo toman como que lo que les sucede es culpa suya», relata la Srta. Paule. «Incluso yo misma he sentido en ocasiones que la gente tenía derecho a hacerme cosas porque yo no me comportaba según las normas sociales».

Aun cuando se adentró en el mundo de la defensa de los derechos, no lo acababa de ver del todo. Intentó suicidarse una vez y comenzó a beber y fumar antes de empezar a trabajar. Hace dos años se desmoronó, pero ahora se moviliza en servicio de la comunidad.

La Srta. Paule valora sobremanera el trabajo de organizaciones como la Sociedad contra la discriminación por la orientación sexual y la GTU, ya que considera que, gracias a ella, se ha avanzado en el diálogo en torno a la inclusión en Guyana.

«Lo que todavía falta es mayor seguridad y equidad para la comunidad», insiste. «Necesitamos una respuesta estatal que diga: “Se ha de cuidar de estas personas”. La comunidad transgénero no tiene trabajo, sufrimos acoso desde la etapa escolar y somos víctimas de la brutalidad policial. Todo eso está mal. Necesitamos ya mismo una acción sólida y robusta por parte de nuestros representantes políticos».

Ulysease Roca Terry fue un diseñador de moda gay beliceño que vivió con el VIH. Acababa de perder a su madre  y batallaba contra una fuerte depresión. Aunque entonces aún no había pandemia, se atravesaba un momento complicado.

Fue arrestado en abril por incumplir las leyes que imponían el toque de queda por la crisis de la COVID-19. Estando bajo custodia policial, fue víctima de ataques homófobos y acoso por parte de un agente de la policía. Incluso en las redes sociales se colgó un vídeo de los abusos. Denunció, además, que, mientras estuvo detenido, fue agredido físicamente. Días más tarde murió.

Este mes en las Bahamas estuvo circulando por las redes sociales un vídeo en el que se veía cómo una mujer disconforme con el género era golpeada por tres hombres que, a la vez, le arrojaban insultos homófobos. Uno de los hombres le rompió un trozo de madera en la cabeza. Los otros la abofetearon y le dieron puñetazos. Cuando el vídeo circuló online, algunos se burlaron de la víctima.

Mientras los países del Caribe centran sus esfuerzos en combatir la COVID-19, las organizaciones de la comunidad han alzado sus voces contra los abusos emocionales, físicos y verbales que forman parte de la vida en la región de muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Asimismo, han hecho saltar las alarmas y han avisado de que esta crueldad cada vez es más habitual online.

Caleb Orozco, del Movimiento Belice Unido para la Promoción y Defensa (UNIBAM, por sus siglas en inglés), habló sobre el caso del Sr. Roca Terry con una mezcla de dolor y rebeldía. El Sr. Orozco está  muy habituado a las batallas duras. Fue el litigante que, con gran éxito, en 2016 desafió la ley de Belice que prohibía el sexo consensuado entre personas del mismo sexo.  

«La policía no puede erosionar la confianza de la población en su papel como garantes del cumplimiento de la ley demostrando desprecio por la dignidad y los derechos de las personas que forman parte de los grupos más vulnerables: las personas con problemas de salud mental, quienes viven con el VIH y los individuos con distinta orientación sexual», manifestó el Sr. Orozco. «Es responsabilidad de la policía imponer y hacer cumplir el toque de queda de una manera que sea razonable. El burlarse de la gente no ayuda a construir esa confianza pública en la policía como garante y protectora de los ciudadanos de a pie».

UNIBAM solicita una investigación transparente. Pide que se revise el informe de la autopsia y solicita que se tomen medidas para mejorar el trato que la policía da a los miembros de las comunidades vulnerables y marginadas, sobre todo en el contexto de las restricciones por la COVID-19.

En Belice se ha abierto un debate en torno a una Ley de igualdad de oportunidades. De acuerdo con una encuesta de opinión pública llevada a cabo por ONUSIDA en el año 2013, Belice se sitúa entre los países caribeños más tolerantes. Un 75 % de los participantes estaba de acuerdo en que las personas no deberían ser tratadas de forma diferente por su orientación sexual. Este incidente recuerda que, a pesar de los avances conseguidos en el campo de las actitudes sociales y la ley, hay aún por delante grandes desafíos relacionados con los prejuicios y el abuso de poder.

La Organización de las Bahamas para las cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTI ha considerado que el ataque que circula por las redes sociales es un delito de odio y que, por consiguiente, se ha de perseguir a los culpables.

«En todo el mundo, este tipo de delitos de odio (el tener como blanco a una persona y tratarla con violencia extrema por ser quien es)  es considerado uno de los modos de comportamiento humano más condenables que se puedan imaginar», declara Rights Bahamas.

Alexus D’Marco, directora ejecutiva de la Organización de las Bahamas para las cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTI, insiste en la necesidad de un diálogo y una acción mayores para abordar las actitudes sociales.

«¿Qué dice de nosotros como pueblo el que tantos consideren este comportamiento fuente de humor y diversión? ¿Qué vamos a pensar cuando muchas de las culpables son mujeres que deberían ponerse en pie juntas en señal de solidaridad para oponerse al sinfín de injusticias de las que todas son víctimas como miembros de un género oprimido en esta sociedad?», se plantea la Sra. D’Marco.

Las Bahamas son el único país del Caribe que, mediante una ley del parlamento, ha descriminalizado el sexo consentido entre adultos del mismo sexo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que las actitudes sociales vayan en consonancia con la ley. Los defensores insisten en que la legislación referente a los delitos de odio se debe aplicar y hacer cumplir de inmediato.

Tanto en las Bahamas como en Belice, las entidades estatales se han unido a la sociedad civil para denunciar los ataques. La Comisión nacional del sida, la oficina del Enviado especial para mujeres y niños y el Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación Social y Alivio de la Pobreza han pedido también que el caso del Sr. Roca Terry sea investigado en profundidad. En las Bahamas, el Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano ha solicitado el enjuiciamiento rápido por parte del Gobierno y la sociedad de los casos de violencia de género como señal de la tolerancia cero.

«Aparte de seguir adelante con la reforma legislativa y los programas para los grupos de población clave, debemos continuar insistiendo en el diálogo social y el orden público, para crear sociedades caribeñas más pacíficas e inclusivas en el Caribe», señaló James Guwani, director de ONUSIDA para el Caribe.  

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, Marcela Alcina, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), ha recibido más de 20 llamadas al día en las que le pedían tanto ayuda para comida o medicinas como consejos para afrontar el confinamiento.

Yesenia Rodríguez (no es su verdadero nombre) hizo una de esas llamadas. Colombiana de nacimiento, vivió durante más de 24 años en la República Bolivariana de Venezuela, pero, debido a la crisis humanitaria del país, tuvo que regresar a Cali, Colombia, hace seis meses para acceder a su tratamiento para el VIH.

«Somos ocho: mis cuatro hijos, mi marido, mis dos nietos y yo», me cuenta.

La Sra. Rodríguez no tiene trabajo y necesita ayuda para alimentar a su familia y acceder a su medicación antirretroviral. «Volví a Cali solo para enfrentarme a otra nueva crisis. Lo que más me preocupa es conseguir mi medicación antirretroviral, pero no tengo acceso a la atención sanitaria en Colombia», explica. «Está siendo extremadamente duro tanto para mí como para mi pareja, ya que ambos vivimos con el VIH. Mis hijos y mi esposo están desempleados. Y los niños no aguantan el hambre igual que los adultos».

A la Sra. Rodríguez la pusieron en contacto con Yani Valencia, de la Organización Lila Mujeres, parte de la red MLCM+. Recibió un paquete de alimentos para ella y para su familia, y actualmente la están poniendo en contacto con alguien que pueda garantizar su acceso a la terapia antirretroviral. «Estuve a punto de desmayarme cuando me trajeron toda esta comida, me hizo extremadamente feliz».

ONUSIDA está recomendando que, especialmente durante la pandemia de la COVID-19, las personas que viven con el VIH tengan a mano los suministros médicos necesarios. Las pautas para el tratamiento del VIH elaboradas por la Organización Mundial de la Salud recomiendan ahora la dispensación multimensual de tres o más meses de medicamentos para el VIH para la mayoría de las personas con visitas rutinarias. Sin embargo, según una encuesta reciente llevada a cabo por ONUSIDA en América Latina y el Caribe con relación a las necesidades de la comunidad de las personas que viven con el VIH en el contexto de la pandemia de la COVID-19, solo una de cada diez personas afirmaron haber recibido un suministro de tres meses de su terapia antirretroviral.

«Hemos conocido a personas que no pueden acceder a la atención sanitaria. Un compañero nuestro en Colombia cogió prestada la motocicleta de un vecino para repartir medicamentos. Nos damos cuenta de que a las comunidades se nos pasa por alto muy a menudo, cuando debemos ser también parte de la respuesta. No podíamos esperar más, necesitábamos hacer algo ya», insiste la Sra. Alcina.

Las comunidades han desempeñado y continúan desempeñando un papel clave en la respuesta al sida a nivel local, nacional e internacional. Y ahora las comunidades están desempeñando un papel enorme en la lucha contra la COVID-19. MLCM+ ha desarrollado una red de 850 voluntarios que trabajan en 17 países de la región y cuyo objetivo es extender la solidaridad durante la pandemia de la COVID-19, manteniendo el foco en las personas que viven con el VIH.

«Estamos distribuyendo comida y productos de limpieza, hacemos mascarillas que después distribuiremos junto con la terapia antirretroviral, estamos enseñando a las personas métodos de prevención, repartimos preservativos y ayudamos a las mujeres a encontrar refugio en los casos de violencia doméstica», cuenta la Sra. Alcina.

MLCM+ está trabajando en toda la región junto con ONUSIDA, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Juntas, todas las organizaciones están ofreciendo apoyo técnico o financiero.

«ONUSIDA nos proporciona recursos, especialistas y webinars formativos». Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nos ayuda económicamente. De esta forma, entre todos estamos lanzando un mecanismo que pretende reforzar las acciones del Gobierno, nunca reemplazarlas», detalla la Sra. Alcina.

«Observamos cómo las desigualdades se han hecho mucho más evidentes durante la pandemia de la COVID-19. La desigualdad y, sobre todo, la desigualdad de género, se ve exacerbada en tiempos de crisis. Las mujeres que viven con el VIH han de estar en el centro de las respuestas tanto al VIH como a la COVID-19, no podemos dejarlas atrás», insistió César Núñez, director del Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

Pia Wurtzbach, Miss Universo 2015 y Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA para Asia y el Pacífico, lleva mucho tiempo defendiendo la respuesta al sida en Filipinas y el resto de la región. Sin embargo, últimamente su trabajo se ha centrado en apoyar la respuesta a la COVID-19. Para ello, ha concentrado sus esfuerzos en recaudar dinero para distribuir 25 000 mascarillas  en los hospitales de Manila, y ha apoyado las campañas realizadas en las redes sociales para evitar los contagios tanto de la COVID-19 como del VIH.

ONUSIDA ha conversado con la Srta. Wurtzbach para conocer mejor su misión en este desafiante momento.

¿De qué manera organizó la campaña para donar mascarillas a las instalaciones sanitarias de Manila?

De entrada, encargué 5000 mascarillas que pagué con mi propio dinero para tener referencias de un proveedor con garantías. Encontré uno, pedí las mascarillas y después las repartí entre cuatro hospitales. Una vez que estuve lista y que me sentí segura, empecé la campaña para recaudar fondos. Recurrí al sector privado de Filipinas y eché mano también de mi propia red de contactos. Hasta la fecha, hemos conseguido donar mascarillas a 30 hospitales de Metro Manila. Intentamos hacer llegar mascarillas a otros hospitales de fuera de la capital, pero, debido al confinamiento, aún no ha sido posible. He logrado, además, donar comidas a la unidad de cuidados intensivos de uno de los hospitales en Metro Manila. Las enfermeras y los médicos que trabajan en dicha unidad están viviendo en el hospital y no van a sus casas. Con las donaciones siento que les estoy prestando mi apoyo.

¿Cómo continúa apoyando la respuesta al VIH en su papel como Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA?

A diario estoy en contacto con LoveYourself, la organización de la sociedad civil de la que soy voluntaria para Filipinas. Nos ponemos al día de lo que está pasando y supervisamos las necesidades de las personas que viven con el VIH. También aprovecho mis perfiles en las redes sociales para colgar información relacionada con la prevención del VIH y la COVID-19, y consejos para mantenerse sano. Asimismo, mantengo a mis seguidores informados de los servicios proporcionados por LoveYourself para apoyar a las personas que viven con el VIH durante esta pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, el acercar a casa de quien lo necesite su medicación antirretroviral.

¿Qué preguntas le están planteando las personas que viven con el VIH o los grupos de población clave con respecto al VIH y la COVID-19?

Lo que más me están preguntando tiene que ver con cómo acceder a las medicinas. Muchas personas también desean saber si va a haber un suministro suficiente de la medicación.  Es fantástico que haya organizaciones como LoveYourself en Filipinas que ayuden a las personas que viven con el VIH a acceder a sus medicamentos. Estoy verdaderamente impresionada por la actitud de Vinn (Ronivin Garcia Pagtakhan), fundador de LoveYourself. Lleva todo este tiempo utilizando su propio coche para llevar las medicinas a los hogares de las personas, estén donde estén. Sin duda, es un superhéroe de la vida moderna.

¿Cómo ha mantenido su motivación para continuar adelante con el trabajo en este momento que nos ha puesto a todos a prueba?

Me siento afortunada, porque a mi alrededor en este ámbito tengo infinidad de amigos y amigas que también son enfermeros y enfermeras. Quizá sorprenda si digo que mi maquilladora es enfermera, y que muchos de los fotógrafos que me acompañan también son enfermeros. En Filipinas, hay infinidad de personal de enfermería que, por un motivo u otro, acaba dedicándose a otra cosa. Pero siguen vinculados al ámbito sanitario y conocen a mucha gente de ese sector. Y sé mucho gracias a ellos. Me han contado muchas historias, historias reales, sobre cómo están los hospitales y el ambiente que se respira en ellos.

Al escuchar todo eso, sentía la necesidad de hacer algo. Tengo suerte, yo he podido permanecer todo el tiempo a salvo en casa. Así que una y otra vez le daba vueltas a lo mismo: ¿qué puedo hacer para sentirme útil? Por eso empecé la campaña para recaudar fondos. Los sanitarios que están en primera línea me enviaron mensajes para darme las gracias e incluso me hicieron llegar un vídeo. Y cuando veo a toda esa gente que está al pie del cañón, pero que saca tiempo para darme las gracias, aún quiero ayudar más y más.

La campaña de financiación dio a mi vida una misión y un propósito. Eso es lo que le digo a la gente. Si estás en casa y tienes seguidores en Instagram, o si eres una influencer o una persona famosa, si eres alguien conocido en tu colegio, utilízalo. Haz uso de esa fama. ¡Es el momento! No podemos sentarnos y quedarnos de brazos cruzados hasta que toda esta tormenta pase. La solución ha de venir de nosotros mismos.

¿Qué echa en falta de su vida anterior a esta pandemia de la COVID-19?

Me da la sensación de que no valoraba las pequeñas cosas. Las daba por sentadas. No apreciaba el valor de los pequeños recorridos de ida y vuelta al trabajo, de los viajes, de mi ajetreada vida profesional. Antes del confinamiento recuerdo estar quemadísima por el exceso de trabajo. No tenía ni un solo día ni fin de semana libre. Trabajaba de lunes a domingo. Me había dicho a mí misma que necesitaba algo de tiempo para mí, para estar sola. Y, de repente, empezó todo esto. Estoy aprovechando para reflexionar y pensar en todo aquello que realmente es importante para mí.

Lo echo todo de menos. Extraño el salir a andar, el tráfico, el ver a gente. Estoy realmente convencida de que este confinamiento nos está brindando el tiempo que necesitamos para meditar y darle vueltas a lo que realmente es importante en nuestra vida. Pienso que, cuando acabemos la cuarentena y el aislamiento, sabremos bien a qué dar prioridad.

¿Cómo pasa el tiempo libre ahora en casa, confinada?

Bueno, pues, lo bueno de este confinamiento es que dispongo de más tiempo para mí. Todos los días subo a mi azotea a entrenar. Extiendo allí mi esterilla de yoga y dedico unas cuantas horas a practicar ejercicio y tomar algo de sol. Me fijo una rutina para cada día. Soy de la opinión de que, con una rutina, los días parecen seguir una dirección. Cuando me despierto por la mañana, miro el correo electrónico y trato de sacar algo de trabajo adelante. Por las tardes entreno. Y por las noches cocino algo, me pongo la televisión o veo Netflix. Así que divido mi día entre el trabajo, la luz del sol y «mi tiempo». Creo que he conseguido un buen equilibrio. Me siento productiva y me cuido.

¿Qué hará una vez que haya alcanzado su objetivo de donar 25 000 mascarillas?

Aún no es nada seguro, pero mi equipo y yo estamos viendo la manera de ayudar a las personas que necesitan algún tipo de apoyo económico. Queremos prestarles nuestra ayuda y donarles alimentos. Además de todo ello, me gustaría también centrarme en utilizar mis redes sociales para transmitir a la gente mensajes con relación  a la salud mental. Me encantaría ofrecer consejos para ayudar a controlar o gestionar la ansiedad.  La gente está en casa con sus teléfonos, por lo que podrían leer algo que los ayudara a gestionar su estrés.

Cuando las tiendas y los mercados de productos no esenciales cerraron en Senegal en respuesta al brote de la COVID-19 en el país, y se prohibieron, además, los movimientos entre regiones, muchas personas que trabajaban en el sector informal, entre ellas mucha gente que vive con el VIH, perdieron todos sus ingresos. El hambre comenzó a acercarse a muchos de forma tremendamente peligrosa.

En tan solo unos días, la Red nacional de asociaciones de personas que viven con el VIH en Senegal (RNP+, por sus siglas en inglés) se movilizó y dio a conocer a todos sus miembros las opciones de ayudas para alimentos que el Gobierno había puesto a disposición de un millón de hogares. Al mismo tiempo, empezó a asesorar a las personas, con el fin de evitar los contagios de la enfermedad del coronavirus.

«Si a la gente se le pide que se aísle, hemos de tener la certeza de que cuentan con alimentos y medicación». Las comunidades de personas que viven con el VIH se ayudan unas a otras a cuidarse, a aislarse, a acceder a la medicación cuando se necesita y a cuidar de las familias de los otros», explica Soukèye Ndiaye, presidenta de RNP+.

Los líderes de las comunidades y las organizaciones no gubernamentales están desempeñando un papel muy activo en Senegal, donde se encargan de proporcionar información clara y precisa para evitar el pánico, y se enfrentan al estigma y la discriminación, tanto contra el VIH como contra la COVID-19. RNP+ se ocupa de monitorizar la respuesta a la COVID-19 a medida que esta se desarrolla, se fija en cómo esta está afectando a los más vulnerables y llama la atención del Gobierno y los proveedores de servicios con relación a los problemas urgentes.

Su actuación conjunta con la Alianza nacional de comunidades para la salud y ENDA Santé permitió a RNP+ distribuir más de 200 lotes de alimentos y productos de higiene a las familias más pobres que viven con el VIH. La Oficina regional de ONUSIDA en el país ha dado también un paso al frente para proporcionar una cantidad económica capaz de garantizar que el programa Una familia-Un kit siga prestando ayuda a las personas que más lo necesitan.

RNP+ está defendiendo asimismo la posibilidad de financiar a las personas que viven con el VIH con el fin de facilitarles el viajar a los centros sanitarios, ya que se han incrementado los gastos relacionados con los transportes. Asimismo, trata incansablemente de conseguir un apoyo económico para aumentar el alcance del trabajo de los sanitarios de la comunidad, quienes están contribuyendo sobremanera al suministro de la terapia antirretroviral.

Durante la pandemia de la COVID-19, resulta vital garantizar la continuidad del tratamiento del VIH distribuyendo suministros multimensuales de terapia antirretroviral. Aunque RNP+ ha instado al Gobierno para que todas las personas que viven con el VIH dispongan de reposiciones multimensuales, la debilidad de la cadena de suministro, incluyéndose aquí la valoración inadecuada por parte de algunas clínicas de las necesidades de suministros de terapia antirretroviral y la irregularidad de los suministros a nivel central, han hecho que no todas las personas estén recibiendo los medicamentos que necesitan. ONUSIDA le está prestando su apoyo al Gobierno para seguir los pedidos de medicinas antirretrovirales y reforzar la cadena de suministro.

El papel de las comunidades, principalmente de las comunidades de los más vulnerables, es vital en esta era de la COVID-19 que estamos viviendo. «La historia de la epidemia del VIH nos ha dejado claro que la respuesta a una epidemia solo es efectiva si las comunidades afectadas están plenamente integradas en la respuesta, desde su planificación hasta su puesta en marcha y supervisión. Solo así será una respuesta basada en las realidades y las necesidades de todos», apunta Demba Kona, directora regional de ONUSIDA para Senegal.

Este artículo se publicó por primera vez en inglés el 19 de mayo de 2020 aquí

En la mayor parte de las conversaciones sobre la COVID-19 en el mundo, apenas se menciona a África. Sin embargo, los riesgos que la crisis por la enfermedad del coronavirus plantea en África son aún mayores que en ningún otro rincón del mundo. Riesgos que se agravarán cada vez más si dejamos a África de lado en la respuesta mundial. Y es que derrotar a la COVID-19 en África es, en cambio, fundamental para ganarle la batalla en todo el mundo. El liderazgo africano y la solidaridad global son ambos esenciales para superar la crisis de la COVID-19 en África, y eso es precisamente lo que piden los ciudadanos africanos. 

Los determinantes sociales y económicos de la salud y la enfermedad son enormes vaticinadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Si bien África dispone de una experiencia vital a la hora de enfrentarse a epidemias, lo cierto es que cuenta con sistemas sanitarios carentes de recursos, los cuales, además, acostumbran a ser inaccesibles para los más pobres, y no están preparados para el trabajo que conlleva la lucha contra la COVID-19.

Sí, claro que es posible vencer a la COVID-19 en África, pero no en las condiciones actuales. Necesitamos urgentemente acelerar el acceso a las pruebas; garantizar el acceso igualitario a los equipos para proteger a los profesionales sanitarios que estén en primera línea y cuidar a aquellos que enfermen. Hemos de garantizar la correcta financiación de los sistemas de salud. Todos los países han de pactar una vacuna contra la COVID-19 que sea gratuita para todo el mundo y es necesario trabajar para lograr mitigar los impactos sociales y económicos de la crisis de la COVID-19 mediante medidas de protección social a gran escala y un desarrollo económico sostenible que ponga fin a la desigualdad.

La Unión Africana, a través de su Centro para el control y la prevención de  enfermedades, está asumiendo las riendas en la respuesta a la epidemia. Se ha creado una nueva alianza como parte de la respuesta Estrategia Continental Conjunta de África para la COVID-19, la Alianza para acelerar las pruebas diagnósticas de la COVID-19 (PACT, por sus siglas en inglés), la cual ha contado desde su origen con el fuerte respaldo de los Jefes de Estado y de los Gobiernos de la Unión Africana.  ONUSIDA siente un enorme orgullo por encabezar la lista de los signatarios de dicha alianza, con la cual se pretende cerrar la brecha en lo referente a las pruebas, apoyando los esfuerzos de los países africanos para aumentar rápidamente el alcance de su capacidad para realizar test y rastrear. Como ya hemos visto en otras regiones del mundo, se trata de algo imprescindible para reducir tanto el número de contagios como las muertes. PACT insta también a establecer rápidamente en África un sistema dirigido por el Centro para el control de enfermedades para la adquisición mancomunada de pruebas y otros productos básicos necesarios para la respuesta a la COVID-19.

La buena noticia es que los países están uniéndose y redoblando esfuerzos: a principios de mayo, Sudáfrica había llevado a cabo más de 300 000 test, solo en Ghana más de 100 000. Y lo han logrado, en parte, impulsando la infraestructura ya existente para las pruebas del VIH. Otros países como Nigeria planean seguir su ejemplo. Aun así, el Centro africano para el control de enfermedades afirma que África necesita 10 millones de test para responder a la pandemia a lo largo de los próximos cuatro meses. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud calcula que el continente africano tendrá que recibir al mes 100 millones de mascarillas y guantes, y hasta 25 millones de respiradores, para responder de forma eficaz y a tiempo a la COVID-19. Y todo ello en un contexto mundial complejo: justo cuando los países batallan por los recursos sanitarios.

Es necesario mejorar la producción de los kits de pruebas y los suministros médicos esenciales en todo el mundo. Asimismo, todos los países deben coordinarse y aunar esfuerzos para conseguir que los test y los equipos de protección personal lleguen a aquellos lugares y a aquellas personas que más los necesitan. Así, en África los suministros deben llegar a los municipios con mayor densidad de población y a los profesionales sanitarios y los trabajadores de la comunidad que están al pie del cañón plantándole cara a la epidemia. Hemos también de impulsar los servicios existentes para el VIH con el fin de incrementar los test para la COVID-19 y todo lo preciso para garantizar el aislamiento, el rastreo y los tratamientos.

Ahora más que nunca, los países africanos deben priorizar sus inversiones en los servicios esenciales. Esto tiene que incluir un sólido compromiso para abordar la evasión fiscal de las empresas y garantizar que quienes más fuertes son económicamente hablando paguen la mayoría de los impuestos. Del mismo modo, es necesario acabar con las exenciones de las tasas impositivas corporativas. Ahora más que nunca, la solidaridad mundial se vuelve esencial para financiar una respuesta de miles de millones de dólares que incluya a los países africanos de bajos y medianos ingresos, y al resto del mundo. Esto incluye también la financiación de los dos millones de dólares estadounidenses del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19, lanzado por las Naciones Unidas, así como la concesión de ayudas para abolir las tasas de usuario en los servicios sanitarios. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que rascarse los bolsillos antes de recibir asistencia. Ahora, cuando la lucha por controlar un coronavirus tan agresivo es cada día más intensa, se torna imprescindible y urgentísimo el acabar con las tasas de usuario en materia de salud. Las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados han de ampliar, e ir más allá de, las suspensiones temporales de las deudas que anunciaron recientemente. La deuda africana supone en torno al 60 % de su producto interior bruto, lo cual es algo absolutamente insostenible. Necesitamos gobiernos que inviertan en la respuesta y que fortalezcan la atención sanitaria financiada con fondos públicos. Gobiernos plenamente convencidos de que todo el mundo tiene derecho a la salud. A la hora de responder a la COVID-19, tenemos que estar alerta para que los recursos no se desvíen de los que necesitamos para otras amenazas sanitarias como la epidemia del VIH, la tuberculosis o la malaria, enfermedades todas ellas que ya se cobran muchas vidas en África.

Los trabajos de modelización llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA señalan que, si no se realizan esfuerzos para aliviar y eliminar las interrupciones de los servicios sanitarios y de aprovisionamiento durante la pandemia de la COVID-19, un parón de seis meses en la terapia antirretroviral podría llevar a que, para 2020-2021, se produzcan en el África subsahariana más de 500 000 muertes extra por enfermedades relacionadas con el sida, incluyéndose la tuberculosis.

Debe haber también un acuerdo internacional previo a tenor del cual todas las vacunas y los tratamientos que se descubran contra la COVID-19 estén disponibles gratuitamente para todas las personas en todos los países. No podemos permitirnos el repetir la experiencia de la epidemia del VIH. En aquel entonces, las medicinas quedaron durante mucho tiempo lejos del alcance de millones de personas, quienes acabaron muriendo, y aún hoy son muchos los que aguardan a la cola para iniciar un tratamiento.

Es clave conseguir una recuperación sólida que nos permita construir sociedades resilientes capaces de soportar el siguiente revés. Dada la interconexión entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán que fortalecer sus redes de seguridad sociales para fomentar la resiliencia. Todos los países tendrán que construir economías más sostenibles, donde también los puestos de trabajo para los jóvenes africanos sean dignos y estén bien pagados. En todo el mundo se deberá reconocer el trabajo infravalorado, y a menudo no remunerado, llevado a cabo por las mujeres.

Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es hasta qué punto estamos interconectados como comunidad global. También, y como ha dicho Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, nos ha dejado claro que el mundo es solo tan fuerte como se lo permita el sistema sanitario más débil. Toda respuesta mundial a la COVID-19 que margine a los ciudadanos africanos no solo sería incorrecta, sino que se volvería autodestructora. Es más, los africanos no la permitirán. Incluso con las restricciones excepcionales que está suponiendo esta pandemia, los africanos de a pie se han organizado para reivindicar su derecho a la atención sanitaria y a la protección social. Como africanos, estamos con ellos y nos oponemos a que sean enviados al final de la cola de la COVID-19.

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA

John Nkengasong, director del Centro africano para el control y la prevención de enfermedades 

Kuraish Mubiru se despierta de madrugada cada día para reponer los medicamentos de la terapia antirretroviral en distintas instalaciones sanitarias y después repartirlos entre sus compañeros y otros miembros de la comunidad que viven con el VIH. Esa lleva siendo su rutina desde hace siete semanas.

El Sr. Mubiru es el director ejecutivo de Uganda Young Positives (UYP), una organización basada en la comunidad que reúne a las personas que viven con el VIH, sobre todo en el sector informal. Con más de 50 000 miembros registrados, UYP se centra en aumentar el alcance para sus miembros de los servicios para la prevención, el cuidado y el apoyo relacionados con el VIH.

Cuando Yoweri Museveni, presidente de Uganda, se dirigió por primera vez a la nación el pasado 18 de marzo para informarla de la pandemia mundial de COVID-19, entre las medidas que dio a conocer estaban las de prohibir los encuentros sociales, decretar el cierre de la mayoría de los negocios, y cancelar el transporte público. Desde ese mismo momento, las personas que viven con el VIH y tuberculosis han tenido dificultades para acceder tanto a sus cuidados médicos rutinarios como a la reposición de sus medicamentos.

Como consecuencia de las medidas, el Sr. Mubiru empezó a recibir llamadas de gente joven cuyos medios de subsistencia y tratamiento del VIH dependían de las instalaciones que se habían cerrado. Se empezaba a sentir el impacto de las restricciones. La gente joven dejaba de ser capaz de acudir a su centro de atención sanitaria para recibir atención y tratamiento y, además, ni tan siquiera podía permitirse adquirir comida.

Si bien distintos centros sanitarios y organizaciones de la sociedad civil trabajaron juntos para acercar a las personas sus medicinas antirretrovirales, un buen número de personas, como informan los grupos de apoyo de la comunidad y los centros sanitarios, no han recibido sus medicamentos como consecuencia del miedo al estigma y la discriminación por parte de la comunidad y de los miembros de su familia.

«Puso a prueba a la comunidad y a nuestra resiliencia, pues nuestros iguales nos necesitaban más que nunca», apuntó el Sr. Mubiru. «Nos vimos obligados a salir de nuestra zona de confort; tuvimos que actuar y pensar rápido para no perder debido a la COVID-19 todo lo que habíamos ganado en la respuesta nacional al VIH».

El Sr. Mubiru se unió como voluntario para ayudar a sus compañeros a acceder al tratamiento para el VIH poniendo a su disposición su propio coche. Al principio utilizó sus propios recursos para repostar el coche y comprar comida, pero enseguida se quedó sin dinero.

Cuando todo comenzó, uno de los mayores desafíos era ser capaz de repostar el coche para continuar reponiendo los medicamentos. Sin embargo, al endurecerse las restricciones sobre el transporte privado, el Sr. Mubiru no pudo continuar haciendo repartos. Gracias al apoyo de ONUSIDA, del Instituto de Enfermedades Infecciosas  y del Ministerio de Salud, obtuvo un permiso que lo autorizaba a seguir prestando apoyo a su comunidad.

Durante uno de sus repartos diarios, la policía incautó el coche del Sr. Mubiru durante más de cuatro horas y le hicieron esperar. Fue necesaria la intervención de un alto cargo policial para que el Sr. Mubiru pudiera recuperar tanto su coche como su libertad. En otras muchas ocasiones  la policía lo había parado para preguntarle a dónde iba y, debido a esas pausas, a veces llegaba  a casa después del toque de queda, que estaba fijado a las 19:00 horas.

Pese a todo, su decisión de apoyar a la comunidad es inquebrantable. Sabe bien que no todo el mundo se sentiría cómodo teniendo que acudir a su centro sanitario más cercano para reponer sus antirretrovirales, pues eso los obligaría a revelar a las autoridades locales por qué tienen permiso para moverse. Y muchos tampoco querrían ver un coche de la organización de la comunidad, que sería fácilmente reconocible, aparcado a la puerta de su casa.

«Casos como estos me empujan a salir de la cama cada mañana. Seguimos estando juntos en esto. La COVID-19 terminará y nuestra vida seguirá», confiesa.

De media, entrega a sus compañeros ocho repuestos de antirretrovirales al día. A pesar de las largas distancias que debe recorrer y de los lugares de tan difícil acceso a los que tiene que llegar, la comida es uno de sus mayores desafíos ahora mismo, puesto que el hambre compromete la adherencia de las personas a su medicación. El estigma y la no revelación del estado serológico hacen que para las personas también sea todo un reto el acceder a su tratamiento para el VIH en un centro cercano.

«El brote de la COVID-19 está teniendo un mayor impacto en las personas que viven con el VIH», recalcó Karusa Kiragu, directora de ONUSIDA en Uganda. «Tenemos que garantizar que no se ponga en riesgo la adherencia al tratamiento para el VIH. Y esto es algo que se puede conseguir mediante la dispensación multimensual de la terapia antirretroviral, apoyada por una fuerte y sólida respuesta liderada por la comunidad».

Kimberly Marsh, asesora superior en materia de modelización y epidemiología, lleva seis años trabajando en ONUSIDA. Colabora con los países ayudándolos a estimar el impacto mundial y regional de la epidemia del VIH.

¿Qué más nos puede contar sobre el último informe de modelización? Examina las distintas situaciones posibles en la era de la COVID-19 en el África subsahariana, ¿no es así?

Los modelos se centraban en las posibles interrupciones que podrían sufrir los servicios del VIH como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Dichas alteraciones podrían afectar negativamente a la incidencia del VIH (el número de nuevas infecciones por el VIH) y al número de muertes relacionadas con el sida, excesivas respecto a las que podríamos haber visto de no haberse producido la pandemia de la enfermedad del coronavirus.

Se trata de una cuestión que nos importa especialmente, porque sabemos que más de dos tercios de las personas que viven con el VIH en todo el mundo habitan las regiones del África subsahariana. Así, en 2018, hablamos de 25,7 millones de personas que viven con el VIH, 1,1 millones de nuevas infecciones y alrededor de 470 000 muertes relacionadas con el sida. Entre quienes viven con el VIH en estas zonas, el 64 % de las personas siguen una terapia antirretroviral que salva vidas y que, además, evita futuras nuevas infecciones por el VIH.

Por ello, es realmente importante que seamos capaces de garantizar su acceso a los servicios. En los modelos, nos fijamos en las interrupciones de los servicios: un parón total de todos los servicios relacionados con el VIH durante tres y seis meses. Y estudiamos el impacto que ello tendría en un año y en cinco años. Eso sí, no hay que olvidar que hablamos de escenarios y que son escenarios extremos. No esperamos que esto suceda de hecho, pero nos ayuda a responder a dos grandes preguntas. Primero, ¿qué servicios relacionados con el VIH son los más importantes para evitar futuras muertes y acabar con las nuevas infecciones por el VIH? Y segundo, ¿qué podría pasar si no mitigamos o abordamos estas interrupciones?

Y de todo este ingente trabajo, ¿qué dos conclusiones clave se extraen?

El trabajo de modelización predijo que, si los tratamientos del VIH se interrumpían durante seis meses, en el África subsahariana se producirían 500 000 muertes más. Así que, cuando nos fijamos en las estimaciones de ONUSIDA para las muertes relacionadas con el sida a lo largo del tiempo, nos situaríamos de nuevo alrededor de 2008, cuando hubo casi un millón de muertes.

No cabe duda de que el tratamiento para el VIH es fundamental. Ahora mismo, lo más importante que los países pueden hacer para evitar el aumento de muertes y de la incidencia del VIH es garantizar que las personas que necesitan tratamiento para el VIH dispongan de las dosis necesarias para tres y seis meses. Todos los países deberían trabajar para asegurar que las cadenas logísticas de suministro les proporcionen las medicinas suficientes que tienen que distribuir, de manera que todas las personas tengan la medicación necesaria y que la puedan seguir tomando en los próximos meses.

Lo segundo que cabe decir es que estamos ante proyecciones y que, por tanto, todavía tenemos tiempo de garantizar que las personas reciban los tratamientos que necesitan para el VIH.

Evitemos lo que este modelo predice que podría pasar, y consigamos la medicación para las personas que viven con el VIH.

¿Qué puede decirnos sobre la prevención del VIH? ¿Influye realmente la disponibilidad de los preservativos?

Nuestros modelos demostraron que, con respecto a los servicios de prevención, la disponibilidad de los preservativos influye en los resultados. Es importante aclarar que lo fundamental es, ante todo, un plan de tratamiento, pero que hay cosas como el acceso a los preservativos que son importantes. Detectamos que, al año, habría un aumento relativo de un 20-30 % en la incidencia del VIH si los preservativos dejaran de estar disponibles durante seis meses. Se trata, en definitiva, de algo en lo que deberíamos centrarnos.

¿Nos cuenta algo más sobre el impacto que tiene en sus escenarios la transmisión maternoinfantil del VIH?

En nuestros escenarios, observamos a lo que podría llevar tanto la interrupción de los servicios relacionados con las pruebas del VIH como el hecho de que las mujeres no dispusieran de la medicación necesaria para no transmitirles el VIH a sus hijos. Y lo que los distintos modelos hallaron es que, al retirar estas medicinas (las cuales han tenido un impacto extremadamente importante a la hora de reducir las nuevas infecciones por el VIH en los últimos 5 a 10 años), se observan incrementos de hasta un 162 % en el número de nuevas infecciones del VIH entre niños en determinados países de todo el mundo. Es fundamental mantener la prevención de la transmisión maternoinfantil dentro de los servicios relacionados con el VIH.

Antes ha afirmado que se trata de un escenario extremo, no de una profecía. Aun así, ¿sigue creyendo en la modelización?

Los modelos son esenciales para explorar cuestiones que los países normalmente plantean a ONUSIDA y a la Organización Mundial de la Salud en cuanto al desarrollo de enfoques estratégicos para responder al VIH en sus territorios. Los modelos no son perfectos, pero tienen mucho que decirnos. Además, en esta situación concreta que se nos plantea ahora, ponen de manifiesto algunas de las estrategias realmente importantes para los próximos meses en los que la COVID-19 golpeará, o podría golpear, al África subsahariana.

Por Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA — Publicado por primera vez en Informes de perspectivas del Foro Económico Mundial (mayo de 2020)

Reconociendo la catástrofe de la salud pública

Como bien hemos visto en los países más ricos, los determinantes económicos y sociales de la enfermedad y la salud son unos fuertes indicadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Para una cuarta parte de la población urbana mundial que vive en barrios marginales y para muchísimos refugiados y desplazados, la distancia social y el lavado constante de manos no son, en absoluto, posibles.

La mitad de las personas que habitan el globo no tiene acceso a la atención sanitaria básica ni tan siquiera en épocas normales. Mientras que en Italia hay un médico por cada 243 personas, en Zambia tan solo hay un médico para cada 10 000 personas. En Mali se cuenta con tres respiradores por cada millón de habitantes. El gasto medio en salud en los países de bajos ingresos ronda únicamente los 41 dólares por persona al año, 70 veces menos de lo que invierten los países con altos ingresos.

La pandemia ejercerá una presión ingente sobre las instalaciones sanitarias, la cual no solo afectará a las personas con COVID-19, sino que perjudicará muy negativamente a todo aquel que necesite atención médica. Sabemos de lo que hablamos. Esto ya pasó tiempo atrás. Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona se registró un aumento de un 34 % en la mortalidad materna y un 24 % en las tasas de mortalidad fetal, debido a que cada vez menos mujeres tenían acceso al cuidado pre- y posparto.

La Organización Internacional del Trabajo prevé que desaparecerán entre 5 y 25 millones de empleos, y que se perderán entre 860 mil millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses en ingresos laborales. El empobrecimiento masivo hará que los tratamientos sean inaccesibles aún para más gente. Hasta ahora, cada año, mil millones de personas tienen bloqueado el acceso a la atención sanitaria como consecuencia de las tasas de usuario. Esta exclusión de los cuidados básicos no perjudicará solo a las personas directamente afectadas: pondrá en peligro la vida de todos, puesto que hemos de convencernos de que un virus no se puede contener si hay personas que no pueden permitirse ni test ni tratamientos.

Los confinamientos sin ningún tipo de retribución son devastadores, pues están obligando a millones de personas a escoger entre el peligro y el hambre. Como en muchos países en desarrollo, más de tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen al sector informal y viven con lo que ganan a diario, muchos de los que se vean obligados a quedarse en casa no tendrán nada que llevarse a la boca. Por ello, infinidad de personas ignorará las reglas del confinamiento y asumirá el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus.

Ya fuimos testigos de ello durante la respuesta al sida. Sabemos que los Gobiernos que luchen por contener la crisis buscarán chivos expiatorios (migrantes, minorías o personas socialmente excluidas), lo que hará aún más complicado acceder a las personas, realizarles las pruebas, tratarlas y frenar la expansión del virus. Los países donantes empezarán a dejar el dinero en sus fronteras, al sentir que no pueden permitirse el ayudar a los demás. La presencia de la COVID-19 supone una enorme amenaza para todos y en todo el mundo. Y no solo perjudicará a los países en desarrollo, sino que también exacerbará los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países donantes.

Sin embargo, en medio del inmenso dolor que sentimos y del terror que se ha apoderado de nosotros, la crisis también nos brinda la oportunidad de forjar un fuerte, tenaz y colaborador liderazgo basado en principios, a partir del cual podamos cambiar el curso de la pandemia y de la sociedad.

Aprovechando la oportunidad de la sanidad pública

Si bien suele pensarse que, al responder a una crisis, agotamos nuestra capacidad para emprender mayores reformas sanitarias, lo cierto es que, en materia de salud, sucede todo lo contrario. Los grandes pasos en cuanto a la salud normalmente se han producido en respuesta a una crisis mayor. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios en Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o en cómo el sida y la crisis económica nos acercaron a la atención sanitaria universal en Tailandia. Ahora, en medio de esta despiadada crisis, los líderes de todo el mundo tienen ante ellos la oportunidad de construir esos sistemas de salud que siempre se necesitaron y por los que ahora no se puede esperar ni un segundo más.

La atención sanitaria universal

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que recaudar dinero antes de recibir asistencia. Mientras la lucha por controlar al agresivo coronavirus continúa sin descanso, hay una necesidad imperiosa de acabar de inmediato con las tasas de usuario.

La atención sanitaria gratuita no solo se antoja esencial para plantarle cara a la pandemia: cuando la República Democrática del Congo en 2018 instauró la atención sanitaria gratuita para derrotar al ébola, el uso de la atención sanitaria mejoró en general, al duplicarse las consultas por neumonía y diarrea, y observarse un aumento de entre un 20-50 % de mujeres que dan a luz en una clínica. Dichas ganancias volvieron a perderse tan pronto como se retiró la asistencia gratuita. Con la atención sanitaria gratuita lograremos también evitar la tragedia de ver cómo 100 millones de personas son obligadas a caer en la pobreza extrema por tener que costearse ellas mismas y año tras año su atención sanitaria.

Ya que aún no hay vacuna contra la COVID-19, los países deberán ser capaces de limitarla y contenerla. El carácter inevitable de futuras pandemias torna permanente la necesidad de contar con fuertes sistemas de salud universal en todos y cada uno de los países del mundo.

Financiadas con fondos públicos, las medicinas y la atención sanitaria más puntera han de llegar a todas las personas con independencia de dónde vivan. Para permitir el acceso universal, los Gobiernos han de integrar los servicios liderados por la comunidad en los sistemas públicos. Esta crisis ha puesto también de manifiesto cómo nuestra salud precisa que los sanitarios que nos protegen y cuidan deben protegerse también a sí mismos y recibir cuidados.

Dada la interconectividad existente entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán también que fortalecer sus redes de seguridad social para fomentar la resiliencia. La COVID-19 no se ha cansado de demostrarnos que necesitamos Gobiernos activos, responsables y comprometidos que regulen los mercados, reduzcan las desigualdades y nos proporcionen los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe estar ahí, al pie del cañón.

Financiando nuestra salud

Muchos países en desarrollo se estaban ya enfrentando a una deuda que los llevó a recortes en la atención sanitaria pública. Reconociendo que la atención sanitaria universal en todo el mundo es un bien público global, los Gobiernos prestamistas, las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados deben seguir prolongando y ampliando las suspensiones temporales de la deuda que han anunciado recientemente. La propuesta realizada por Jubilee Debt Campaign y cientos de otras organizaciones de la sociedad civil establece el tipo de ambición que se expone.

Los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, deberían asimismo otorgar subsidios, no préstamos, para abordar el impacto social y económico de la pandemia sobre los grupos de población pobres y más vulnerables, entre ellos los trabajadores del sector informal y las poblaciones marginadas. Se ha de incrementar el apoyo a los costes de los sistemas sanitarios existentes en los países en desarrollo. Costaría aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses doblar el gasto en salud pública de los 85 países más pobres del mundo, donde viven 3,7 mil millones de personas. Eso es menos del 8 % del último estímulo fiscal concedido por los Estados Unidos. Es fantástico ver a los países donantes conversar e intercambiar palabras muy inspiradoras con relación a un nuevo Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad, las contribuciones prometidas son totalmente insuficientes.

Liderazgo empresarial

Del mismo modo, hace falta un nuevo tipo de liderazgo por parte del mundo empresarial. Es preciso uno que reconozca cuánto depende de sociedades sanas, y que logre el equilibrio necesario entre el mercado y el Estado. Tal y como ha señalado el presidente Macron, esta pandemia «revela que algunos productos y servicios han de situarse fuera de las reglas de mercado establecidas». La década pasada vio un rápido aumento en la comercialización y financiación de los sistemas sanitarios en todo el globo. Eso ha de terminar.

De acuerdo con lo que un grupo de 175 multimillonarios hicieron constar en una carta pública firmada en la Reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 celebrada en Davos, ha llegado el momento de que «los miembros de la clase más privilegiada de seres humanos que nunca antes había caminado sobre la faz de la Tierra» apoyen «impuestos más elevados y más justos a los millonarios y multimillonarios, y luchen por evitar el fraude y la evasión fiscales». Los líderes empresariales responsables deberían apoyar una reforma impositiva de las empresas, nacionales e internacionales, que incluya tasas más elevadas, elimine las exenciones, cierre los paraísos fiscales y resuelva todas las lagunas fiscales.

A pesar de las innumerables lecciones aprendidas con el sida, la monetización de la propiedad intelectual ha traído consigo un sistema de enormes monopolios privados, investigación insuficiente en enfermedades clave y precios que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Los países necesitan contar con la mayor de las flexibilidades para garantizar la disponibilidad de tratamientos médicos básicos para todas las personas, y, al tiempo, garantizar las nuevas reglas que priorizan la salud colectiva por encima de los beneficios privados. Es vital alcanzar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. La propuesta de Costa Rica de «una patente internacional mancomunada» permitiría que todas las tecnologías diseñadas para la detección, la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19 estés disponibles para todo el mundo. De esta forma, se evitaría que ninguna empresa o país se hiciera con el monopolio. Los países en desarrollo no deben ser dejados fuera ni atrás en la cola a la espera de tratamientos.

Se necesita un liderazgo que vuelva a dar forma a la cooperación global: la crisis de la COVID-19 ha demostrado que nuestro sistema multilateral es desigual, que está anticuado y que es incapaz de responder a los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Sin duda, haremos frente a amenazas aún mayores que esta pandemia, que solo podremos superar con un multilateralismo justo e inclusivo.

Todos nos necesitamos

La pandemia de COVID-19 es, al mismo tiempo, una crisis que está agudizando las desigualdades existentes y una oportunidad para dar visibilidad a dichas desigualdades.

La respuesta al sida demuestra que solo con un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en valorar a cada persona individualmente, las sociedades podrán vencer la amenaza existencial que suponen las pandemias. La atención sanitaria universal no es un regalo de quienes tienen medios a quienes no los tienen, es una derecho que todos tenemos y una inversión compartida en nuestra seguridad y bienestar.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Según los nuevos modelos observados, la pandemia de COVID-19 podría tener un mayor impacto en las nuevas infecciones infantiles por el VIH en el África subsahariana.

Desde el año 2010, las nuevas infecciones infantiles por el VIH en el África subsahariana han descendido en torno a un 43 %, al pasar de los 250 000 casos en el año 2010 a los 140 000 en 2018, como consecuencia de la gran cobertura en la región de los servicios del VIH para las madres y sus hijos. Sin embargo, si dichos servicios se vieran alterados como consecuencia de la respuesta a la COVID-19, volveríamos a desandar lo andado. Con una interrupción de seis meses, veríamos cómo las nuevas infecciones infantiles por el VIH aumentarían de forma drástica, tanto como un 83 % en Mozambique, un 106 % en Zimbabwe, un 139 % en Uganda y un 162 % en Malawi.

Hubo aproximadamente 30 000 nuevas infecciones infantiles por el VIH (de 0 a 14 años) cada año en Uganda desde 1990 hasta principios del año 2000. El suministro de medicamentos antirretrovíricos para prevenir la transmisión maternoinfantil aumentó y pasó de llegar a solo el 9 % de madres embarazadas que vivían con el VIH en 2004 a más del 95 % en el año 2014. Esa alta cobertura se viene manteniendo desde entonces. Las nuevas infecciones infantiles por el VIH (de 0 a 14 años) se desplomaron hasta aproximadamente los 11 000 casos en el año 2014, y siguieron bajando hasta los 7500 en 2018. Aun así, el impacto causado por la COVID-19 podría ser enorme.

El posible alto coste de las nuevas infecciones infantiles por el VIH en el África subsahariana

Aumento porcentual de las nuevas infecciones infantiles por el VIH

Posible impacto de la COVID-19 en las nuevas infecciones infantiles por el VIH en Uganda

Número de nuevas infecciones infantiles por el VIH, Uganda, 1990-2018