COVID-19

GINEBRA, 18 de mayo de 2020—Uno de los grandes pilares de la respuesta al VIH, el suministro de servicios sanitarios liderado por la comunidad, se ha vuelto incluso más importante en el contexto de la COVID-19, mientras siguen aumentando las necesidades de los miembros de la comunidad marginados y la carga sobre el sector sanitario. Ello hace que sea vital garantizar la prestación continuada de los servicios para el VIH, la tuberculosis y otras enfermedades.  Las organizaciones lideradas por la comunidad están siendo la salvación para los grupos de población de todo el mundo que se están dejando desatendidos, que son marginados y a los que cuesta llegar.

Las restricciones de distanciamiento físico han supuesto enormes desafíos para quienes necesitan acceder a los servicios básicos. De esta forma, se ha incrementado la carga sobre las organizaciones de la comunidad, las cuales se han convertido en el eje central del suministro de servicios.

ONUSIDA reconoce que las organizaciones de la comunidad tienen una incomparable experiencia a la hora de crear y suministrar respuestas a las crisis de salud y derechos humanos dentro de sus comunidades. Las muchas redes y los innumerables grupos liderados por la comunidad que emergieron para responder al VIH poseen una ingente experiencia práctica y fuerza organizativa, y gozan de un enorme acceso a la comunidad para facilitar el suministro de apoyo que salva vidas e influir en las prácticas de la vida real de las personas, para así proteger mejor su salud.

Las redes y las organizaciones lideradas por la comunidad también han forjado importantes relaciones profesionales y desempeñado grandes papeles dentro de los sistemas comunitarios y sanitarios, incluyéndose aquí funciones de coordinación y de rotación de tareas. Como ha quedado demostrado en muchos países, estas capacidades pueden, con el apoyo adecuado, desplegarse para facilitar la provisión de información sobre la COVID-19, así como otras informaciones en materia de prevención, pruebas y cuidados. Sin embargo, al no estar formalmente reconocida la naturaleza esencial de su trabajo, se enfrentan a grandes barreras que les dificultan el seguir prestando y acercando servicios. De esta forma, ONUSIDA considera fundamental para responder a la COVID-19 y mitigar los descomunales impactos de la pandemia que las organizaciones lideradas por la comunidad sean apoyadas para prestar los servicios esenciales y dispongan de los equipos de protección y del marco político necesario para seguir haciéndolo con seguridad. 

El gran papel de las organizaciones lideradas por la comunidad ha de ser adecuadamente reconocido y apoyado en el contexto de la COVID-19. Deben formar parte de todos los aspectos de la planificación, el diseño y la puesta en marcha de las intervenciones tanto para combatir la COVID-19 como para mitigar su impacto en otras áreas sanitarias, como el VIH y la tuberculosis. En concreto, y como punto de partida, ONUSIDA insta a los comités nacionales y regionales encargados de la crisis por la COVID-19 a:

• Incluir la fuerza de trabajo de los servicios de atención sanitaria liderados por la comunidad en las listas de proveedores de servicios esenciales, y a tratarlos como proveedores de atención sanitaria.
• Diseñar restricciones de distanciamiento físico y políticas que permitan a los servicios liderados por la comunidad el continuar operando de manera segura. Los servicios esenciales incluyen, pero no solo se limitan a, la prestación física de servicios sanitarios para el VIH, la tuberculosis, la COVID-19 y otros servicios sanitarios entre los que están los productos de prevención, como preservativos, lubricantes, agujas limpias y terapia de sustitución de opiáceos, anticonceptivos, kits de higiene, kits de test, medicación, triaje y cuidados, apoyo para la adherencia, paquetes de alimentos y otros productos básicos, provisión de servicios legales y protección a supervivientes de la violencia de género y otros tipos de violencia y discriminación. Se ha de prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidades físicas.
• Proporcionar una autorización especial a los proveedores de servicios liderados por la comunidad para que puedan moverse libremente, con los equipos de protección personal adecuados, con el fin de prestar así los servicios en el lugar y el momento en que se necesiten.
• Garantizar que las organizaciones, las redes y los grupos liderados por la comunidad cuenten con los equipos de protección personal y la formación adecuada para protegerse a sí mismos y a sus clientes durante el suministro de servicios.
• Adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la expansión de los fondos existentes para las organizaciones lideradas por la comunidad, para que estas puedan continuar prestando servicios.
• Garantizar la gobernanza inclusiva y transparente de las respuestas a la COVID-19, con organismos encargados de la toma de decisiones que incluyan a los representantes de las organizaciones lideradas por la comunidad, incluyéndose aquellas centradas en el género, la equidad y los derechos humanos, para asegurar que las políticas para la COVID-19 se diseñen con el fin de apoyar a los proveedores de servicios y las actividades necesarias para lograr una respuesta eficaz e igualitaria.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

La ayuda de emergencia no es la especialidad de Humsafar Trust, pero la COVID-19 ha cambiado su propósito.

Unos días después de que las medidas de confinamiento se hicieran efectivas en la India, los equipos de Humsafar Trust recibieron llamadas desesperadas de personas que no tenían ni un sitio para vivir ni ningún ingreso, explica Vivek Anand, director ejecutivo de Humsafar Trust, una organización no gubernamental basada en la comunidad para personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y con sede en Bombay. En aquel momento se convocó a los equipos a una reunión urgente para decidir qué hacer. «Tras mucho pensar y evaluar las necesidades, todos estuvimos de acuerdo en empezar por proporcionar alimentos a la gente».

Recaudaron dinero de entre ellos mismos, y compraron comida y otros productos básicos.

Después fueron a sus comunidades y les dijeron que Humsafar Trust había iniciado un fondo de ayuda para la COVID-19. En solo tres días más de 700 personas pidieron ayuda. «Gracias a lo aportado por las comunidades, los aliados, las empresas y algunas agencias donantes, hemos ayudado a más de 2000 personas ofreciéndoles comida, acceso a la atención sanitaria (por ejemplo, a los medicamentos para el VIH) y una prestación económica. También hemos solicitado apoyo al Gobierno», apunta el Sr. Anand, sonriendo en su pequeño despacho en casa mientras el aire acondicionado le regala soplos de frescura.

Siente que, durante la respuesta a la pandemia, no se está prestando atención a la comunidad LGBTI. «El 70 % de nuestra comunidad procede de un nivel socioeconómico más bajo y carece de ahorros», apuntó.

El grueso de la ayuda de Humsafar Trust va dirigida a las personas transgénero, quienes, para él, han sido las más golpeadas por la pandemia. «Esta gente no solo sobrevive normalmente con ingresos muy bajos, sino que, además, muchos de ellos no tienen papeles, por lo que son invisibles para los Gobiernos y no reciben su ayuda», explica el señor Anand.

El confinamiento se ha traducido en un problema económico y ha dado lugar a un enorme estrés mental. El Sr. Anand cuenta cómo un miembro de su equipo transgénero en Humsafar Trust no puede presentarse a sí misma durante las sesiones que realizan online porque vive con sus padres y ellos piensan que es un chico. Otras personas están siendo obligadas a contraer matrimonio, mientras que muchas son víctimas de abusos y malos tratos.

A la puerta de la frutería para intentar tener más cobertura, Shreya Reddy confiesa que siempre quiso ser mujer. Nació chico, fue el blanco de muchas burlas, pero nunca se rindió. A los 13 huyó y se unió a una comunidad hijra, la cual estaba formada principalmente por personas transgénero. Cuatro años más tarde, comenzó el proceso para cambiar de género gracias al dinero que había ido ganando como trabajadora sexual. Tras un tiempo, revela la joven Reddy, se dio cuenta de que, para tener éxito, debía estudiar. Su grado en trabajo social y el pasado que cargaba a sus espaldas la llevaron a Hamsafar Trust, donde ahora ejerce como educadora de iguales y trabajadora social. La COVID-19 la ha hecho retroceder por una serie de motivos.

«Está siendo horrible, no puedo acceder a mis hormonas, he perdido peso y tengo hemorragias», relata. Añade que, como consecuencia del confinamiento, nadie puede seguir sus controles con el ginecólogo. «Y mi comunidad es incapaz de entender las normas y el lenguaje científico. Fundamentalmente porque mucha gente, al igual que yo, está luchando una barbaridad porque no pueden pagar el alquiler ni acceder a los productos básicos», afirma la Srta. Reddy.

Hablando cada vez más rápido, sigue diciendo: «Las personas no están educadas ni preparadas para esto, tienen miedo y hay mucha desconfianza».

Pero Shreya Reddy se ha vuelto aún mejor persona y reconoce estar dedicada en cuerpo y alma al trabajo social. Una de las personas transgénero con las que colabora, cuando se le acabaron los ingresos, llegó a decirle: «Lo mejor es que me muera». «Me capacito a mí misma hablando con la gente», insiste. «Somos todos una población tan vulnerable y tan pobre que necesitamos ayuda».

De acuerdo con el último informe de OutRight Action International, Vulnerability amplified: the impact of the COVID-19 pandemic on LGBTIQ people, (vulnerabilidad amplificada: el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la comunidad LGBTIQ), los desafíos a los que se enfrentan las personas LGBTI en todo el mundo como resultado del virus y las medidas de contención se multiplican en comparación con los de la población general. Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight, se atreve a pronunciar: «Para nosotros la situación es calamitosa. Me temo, y me da terror, que muchas personas LGBTI van a perder sus vidas debido a la enorme vulnerabilidad a la que estamos haciendo frente».

Apuntando con el dedo a los vendedores del mercado que están tras ella, la Srta. Reddy dice: «Los he ayudado a elaborar las mascarillas y los desinfectantes. Yo ayudo a todo el mundo, pero me asusta el futuro».

El Sr. Anand se hizo eco de ese mismo sentir. Ha tenido que prolongar el fondo de ayuda hasta agosto.

«Cada día estamos ante un nuevo desafío», suspira. Sus equipos, a menudo muy activos, no pueden todos trabajar online. Señala, además, que cada vez más personas viven de modo clandestino, lo que dificulta aún más llegar a ellas.

Al echar la vista atrás y volver a su juventud, recuerda que tuvo un desarrollo tardío. «No conocía a ningún gay», explica. Cuando su relación secreta de nueve años llegó a su fin, no tenía a nadie con quien hablar. Se sentía completamente solo y abandonado. «A partir de ahí, Humsafar Trust se convirtió en mi hogar y en mi familia». Suscribe que nunca juzgaría a nadie en estos tiempos tan convulsos, y reitera que su primer y principal objetivo es ayudar a los demás.

Lo que de verdad pretende es que la comunidad transgénero forme parte de esta historia. «Darles voz, ponerles cara, incluir en la foto a todas y cada una de las personas de esta comunidad», concluye.

Más de 140 líderes y expertos y expertas mundiales, entre ellos el presidente de Sudáfrica y el presidente de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, el presidente de Senegal, Macky Sall y el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo han firmado una carta abierta en la que instan a todos los Gobiernos a unirse para conseguir una vacuna universal contra el COVID-19. Esta petición se hizo pocos días antes de que los ministros de Salud se reunieran virtualmente para la Asamblea Mundial de la Salud el 18 de mayo.

La carta, que marca la posición más ambiciosa que hasta ahora han establecido los y las líderes mundiales para una vacuna contra el COVID-19, exige que todas las vacunas, tratamientos y pruebas estén libres de patentes, se produzcan en masa, se distribuyan equitativamente y se pongan a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita.

Entre otros signatarios y signatarias figuran la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, el exprimer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, la exadministradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.

Todos ellos se unen a reputados economistas, defensores de la salud y otros, desde la presidenta de The Elders y expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el Premio Nobel Joseph Stiglitz, Moussa Faki, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el Dr. John Nkengasong, y Dainius Puras, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

"Miles de millones de personas esperan hoy una vacuna, que es nuestra mejor esperanza para acabar con esta pandemia", afirmó Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. "Como países de África, estamos decididos a que la vacuna contra el COVID-19 no tenga patentes, se fabrique y distribuya rápidamente y sea gratuita para todas las personas. Los Gobiernos deben compartir todos los avances científicos. Nadie debe quedar relegado al final de la cola de las vacunas por el lugar donde vive o por sus ingresos".

"Tenemos que trabajar juntas y juntos para combatir este virus. Debemos aunar todos los conocimientos, la experiencia y los recursos de que disponemos para el bien de toda la humanidad", declaró Imran Khan, primer ministro de Pakistán. "Ningún líder puede estar tranquilo hasta que todas las personas de todas las naciones puedan acceder rápidamente a una vacuna gratuita."

La carta, coordinada por ONUSIDA y Oxfam, advierte que el mundo no puede permitirse que los monopolios y la competencia se interpongan en el camino de la necesidad universal de salvar vidas.

"Esta es una crisis sin precedentes y requiere una respuesta sin precedentes", subrayó la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. "A partir de las lecciones aprendidas de la lucha contra el ébola, los Gobiernos deben eliminar todas las barreras para el desarrollo y el rápido despliegue de vacunas y tratamientos. Ningún interés es más importante que la necesidad universal de salvar vidas".

Los y las líderes mundiales reconocen que se están realizando progresos y que muchos países y organizaciones internacionales están cooperando multilateralmente en materia de investigación y desarrollo, financiación y acceso, en especial con los 8.000 millones de dólares prometidos el 4 de mayo en la maratón internacional de compromisos de contribuciones de la Unión Europea.

Sin embargo, puesto que muchos países y empresas están avanzando con una rapidez sin precedentes en el desarrollo de una vacuna eficaz, los y las líderes mundiales piden compromisos concretos para asegurar que esta sea asequible y esté disponible para todo el mundo en el plazo más breve posible. Estos incluyen:

• Una puesta en común obligatoria a nivel mundial de las patentes y el intercambio de todos los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con el COVID-19 con el fin de garantizar que cualquier nación pueda producir o comprar dosis asequibles de vacunas, tratamientos y pruebas.
• El rápido establecimiento de un plan mundial justo de fabricación y distribución de todas las vacunas, tratamientos y pruebas completamente financiado por las naciones ricas y que garantice precios de coste reales y transparentes y suministros de acuerdo con las necesidades y no con la capacidad de pago.
  • Esto incluiría la adopción de medidas urgentes para aumentar a gran escala la capacidad de producción de las vacunas en cantidades suficientes, además de formar y contratar a millones de trabajadores y trabajadoras de la salud para distribuirlas.
• Una garantía de que las vacunas, los tratamientos y las pruebas del COVID-19 se proporcionarán gratuitamente a todas las personas, en todas partes, dando prioridad a los trabajadores y trabajadoras de primera línea, a las personas vulnerables y a los países pobres con menor capacidad para salvar vidas.

"Frente a esta crisis, no podemos seguir actuando como de costumbre. La salud de cada uno de nosotros depende de la salud del conjunto de la población", declaró Helen Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda. "La vacuna contra el COVID-19 no debe pertenecer a nadie y tiene que ser gratuita para todo el mundo. Las buenas intenciones diplomáticas no son suficientes, necesitamos garantías legales, y las necesitamos ahora".

"Las soluciones de mercado no son las mejores para luchar contra una pandemia", afirmó Nelson Barbosa, exministro de Finanzas de Brasil. "Un sistema de salud pública, que incluya la vacunación y el tratamiento gratuitos cuando estén disponibles, es esencial para hacer frente al problema, y así lo demuestra la experiencia brasileña con la concesión de patentes obligatorias de medicamentos antirretrovirales para el VIH".

Unidos por una vacuna universal contra el COVID-19- carta abierta y lista completa de firmantes.

Con más de 11 millones de personas detenidas en todo el mundo y 30 millones de personas entrando y saliendo de la detención cada año, la amenaza de COVID-19 para las personas en las cárceles es muy real. En la gran mayoría de las prisiones y centros de detención superpoblados y con fondos insuficientes del mundo, el distanciamiento físico simplemente no es una opción. En situaciones donde el confinamiento cercano, las instalaciones y espacios compartidos y la falta de higiene son comunes, los reclusos y el personal de la prisión viven con el miedo constante de la bomba de tiempo COVID-19.

“Una respuesta de salud a COVID-19 en las cárceles no es suficiente. Esta emergencia mundial sin precedentes exige una respuesta basada en los derechos humanos", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. "Los países deben garantizar no solo la seguridad, sino también la salud y la dignidad humana de las personas privadas de libertad en todo momento, independientemente de cualquier estado de emergencia".

ONUSIDA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están pidiendo a los líderes que hagan de la detención un último recurso, que cierren los centros de detención de rehabilitación de drogas y que despenalicen el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y el consumo de drogas. Instan a los países a liberar a las personas que pueden ser liberadas y a considerar a las personas en riesgo de COVID-19, como las personas mayores y las personas con condiciones de salud preexistentes. Otras personas, incluidas las personas condenadas por delitos menores no violentos, las mujeres embarazadas, las mujeres que están amamantando y los niños, también deben ser considerados para la liberación.

A medida que continúan surgiendo informes de presos aterrorizados que cosen máscaras improvisadas, los países comienzan a tomar medidas. El Gobierno de Etiopía, por ejemplo, ha liberado a más de 30 000 prisioneros y ha aumentado las medidas de saneamiento. Indonesia está liberando a más de 50 000 personas, incluidas 15 000 personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas. La República Islámica de Irán está liberando el 40% de su población carcelaria total, 100 000 personas, mientras que Chile liberará a unas 50 000 personas.

Ghada Fathi Waly, Directora ejecutiva de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la OMS; Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. — * Agradecemos a PNUD su aportación a esta declaración.

Nosotros, los líderes de las instituciones mundiales encargadas de velar por la salud, los derechos humanos y el desarrollo, aunamos nuestras fuerzas para llamar la atención de los Gobiernos con respecto a la elevada vulnerabilidad a la pandemia de COVID-19 de los prisioneros y de otras personas privadas de su libertad. Instamos a todos los responsables de los diferentes países a adoptar las medidas necesarias en materia de salud pública, para atender a las necesidades de esta población vulnerable que es parte de nuestras comunidades.

Si bien sabemos que el riesgo de que la COVID-19 se adentre en las cárceles y en otros centros de detención varía de un país a otro, insistimos en la urgencia con la que es necesario minimizar la presencia de la enfermedad en estos entornos. Asimismo, se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes aún mayores de la enfermedad del coronavirus. Igualmente, insistimos en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores sanitarios y judiciales, mantenga bien informado al personal de prisión y garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de los derechos humanos.

Reducir el hacinamiento

A la luz de la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, la cual mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, se antoja insuficiente una sola respuesta sanitaria a la COVID-19 en estos entornos cerrados. Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta a la COVID-19.

Desde nuestras instituciones rogamos a los líderes políticos que consideren la privación de libertad, incluyéndose aquí la prisión preventiva, como un último recurso, especialmente en los casos en los que las prisiones están masificadas. Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños.

Si queremos mitigar el riesgo de que la COVID-19 entre y se extienda en las cárceles y en otros centros de privación de libertad, debemos proporcionar una respuesta rápida y firme dirigida a garantizar una custodia sana y segura, y a reducir el hacinamiento. Es de suma importancia mantener al máximo la limpieza y la higiene en lugares de privación de libertad, con el fin de evitar la entrada del virus o limitar su propagación.

Se deberían cerrar los centros de detención obligatoria y rehabilitación, donde se mantienen detenidas a las personas sospechosas de consumir drogas o ejercer trabajos sexuales, sin el proceso debido, con la excusa de ofrecerles tratamiento o rehabilitación. No hay prueba alguna de que dichos centros sean efectivos para el tratamiento de la drogodependencia y la rehabilitación de las personas. Además, la detención de las personas en estos centros vulnera algunos de los aspectos relacionados con los derechos humanos y amenaza la salud de los detenidos, con lo que aumentan los riesgos de brotes de COVID-19.

Garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana

Se pide a todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia.

Son elementos intrínsecos de esta obligación unas condiciones de vida y trabajo decentes, así como el acceso gratuito a los servicios básicos de salud. No debe existir discriminación alguna por motivo de la situación legal o de cualquier otra índole de las personas privadas de su libertad. La atención sanitaria en las prisiones, incluyéndose aquí el tratamiento preventivo, complementario y curativo, debería ser de la mayor calidad posible, o al menos equivalente al proporcionado en la comunidad. Las respuestas prioritarias a la COVID-19 actualmente en marcha en la comunidad, como la higiene de manos y el distanciamiento social, resultan a menudo restringidas e incluso imposibles en ambientes cerrados.

Garantizar el acceso a los servicios de salud continuados

Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general. La tasa de infección de enfermedades en población tan confinada es también más elevada que entre la población general. Más allá de la infectividad normal de la pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, hepatitis y TB podrían tener mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19.

Para garantizar que los beneficios de los tratamientos empezados antes o durante la encarcelación no se pierdan, se deben tomar medidas, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias públicas, con el fin de permitir que las personas continúen su tratamiento ininterrumpidamente en todas las fases de la detención y tras la liberación. Los países deberían adoptar un nuevo enfoque con respecto a sus sistemas de salud, en el cual las cárceles no se aparten de la atención continuada e integrada con los servicios de salud de la comunidad.

Es necesario, por tanto, reforzar las medidas de prevención y control en los ambientes cerrados, así como incrementar el acceso a los servicios sanitarios de calidad, incluyéndose aquí el acceso ininterrumpido a la prevención y el tratamiento del VIH, la TB, la hepatitis y la dependencia a opiáceos. Las autoridades deben garantizar el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención. El personal, los profesionales sanitarios y los proveedores de servicios que trabajan en ambientes cerrados deberían ser considerados una fuerza de trabajo esencial para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y, en consecuencia, deberían recibir los equipos de protección personal y el apoyo que tanto necesitan.

Respetar los derechos humanos

En sus respuestas a la COVID-19 en lugares cerrados, los Estados deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Las restricciones que pudieran imponerse tienen que ser necesarias, estar fundamentadas en pruebas, resultar proporcionadas (es decir, ser la opción menos restrictiva), y no ser arbitrarias. El impacto disruptivo de estas medidas debería mitigarse de forma activa, por ejemplo, mejorando el acceso a los teléfonos y las comunicaciones digitales cuando se limiten las visitas. Se deben seguir respetando plena y constantemente determinados derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, como los relativos a sus garantías y salvaguardias. Se incluyen aquí el derecho a la representación legal, así como el acceso a cuerpos de inspección externos a los lugares de privación de libertad.

Adherirse a las reglas y las pautas de las Naciones Unidas

Solicitamos a todos los líderes políticos que garanticen que la preparación y las respuestas a la COVID-19 en los entornos cerrados se identifiquen e implementen en línea con los derechos humanos fundamentales, que respeten las pautas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que nunca consistan en torturar ni llevar a cabo ningún tipo de castigo o trato cruel, inhumano o degradante. En las cárceles, toda intervención debe respetar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las reglas Nelson Mandela).

Las personas privadas de su libertad con síntomas de la COVID-19 o quienes hayan dado positivo en las pruebas deberían ser monitorizadas y tratadas respetando las últimas indicaciones y recomendaciones de la OMS. Las cárceles y otros centros de detención deben formar parte de los planes nacionales para la COVID-19 con la participación dedicada de los grupos de población afectados. Deben comunicarse todos los casos de COVID-19 en ambientes cerrados a las autoridades sanitarias públicas responsables, quienes después lo comunicarán a las autoridades nacionales e internacionales.

En línea con nuestros mandatos, seguimos disponibles para apoyar la rápida puesta en marcha de las recomendaciones arriba indicadas.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Los logros alcanzados en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH podrían revertirse, con un aumento de hasta el 104% en las nuevas infecciones por VIH en niños

GINEBRA, 11 de mayo de 2020. Un grupo de modelización convocado por la Organización Mundial de la Salud y el ONUSIDA ha estimado que, si no se hacen esfuerzos para mitigar y superar las interrupciones en los servicios y suministros sanitarios durante la pandemia de COVID-19, una perturbación de los tratamientos antirretrovíricos que durase seis meses podría provocar más de 500 000 fallecimientos adicionales en 2020 y 2021 por enfermedades asociadas al sida, incluida la tuberculosis, en el África subsahariana. Se estima que en 2018 fallecieron 470 000 personas en esa región por causas relacionadas con el sida.

Los servicios podrían verse interrumpidos por muy diversas causas: esta modelización deja claro que las comunidades y los asociados deben actuar ya, porque el impacto de una perturbación de los tratamientos antirretrovíricos durante seis meses podría retrotraernos a las cifras de mortalidad asociada al sida que existían en 2008, cuando se registraron en la región más de 950 000 defunciones relacionadas con el sida. Además, seguirían muriendo muchas personas como consecuencia de dicha perturbación durante al menos cinco años más, con un exceso anual medio de mortalidad del 40% a lo largo del próximo lustro. Además, las perturbaciones en los servicios contra el VIH también podrían afectar a la incidencia del VIH durante el próximo año.

«La terrible perspectiva de que medio millón de personas más mueran en África por enfermedades relacionadas con el sida supone un retorno al pasado», declaró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud.

«Debemos tomárnoslo como una llamada de aviso a los países para que busquen el modo de mantener todos los servicios sanitarios vitales. En el caso del VIH, algunos países ya están adoptando medidas importantes, como asegurarse de que las personas puedan obtener envases con múltiples dosis de tratamiento y otros suministros esenciales —como dispositivos de autoanálisis— en puntos de recogida determinados, lo que reduce la presión sobre los servicios y los profesionales sanitarios. También debemos asegurarnos de que los suministros mundiales de pruebas y tratamientos continúen llegando a los países que los necesitan», añadió el Dr. Tedros.

En el África subsahariana se estima que en 2018 había 25,7 millones de personas con VIH, de las que 16,4 millones (un 64%) recibían tratamiento antirretrovírico. Ahora, estas personas corren el riesgo de que su tratamiento se vea interrumpido porque los servicios contra el VIH permanezcan cerrados o no puedan suministrar antirretrovíricos debido a trastornos de la cadena de suministro o al simple desbordamiento de los servicios por tener que participar al mismo tiempo en la respuesta a la COVID-19.

«La pandemia de COVID-19 no debe ser una excusa para desviar inversiones del VIH —advierte Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva del ONUSIDA—. Existe el riesgo de que los logros de la respuesta al sida que tanto costó alcanzar se sacrifiquen en aras de la lucha contra la COVID-19, pero el derecho a la salud supone que no se debe combatir ninguna enfermedad a costa de otra».

Cuando los pacientes siguen correctamente el tratamiento, su carga vírica de VIH cae a niveles no detectables, lo que los mantiene sanos y evita que transmitan el virus a otras personas. Cuando un paciente no puede tomar regularmente sus antirretrovíricos, la carga vírica aumenta, lo que conlleva efectos perjudiciales para la salud que pueden desembocar en la muerte. Incluso una interrupción relativamente corta del tratamiento puede tener consecuencias negativas importantes para la salud de la persona y para su potencial de transmisión del VIH.

En el estudio de modelización participaron cinco equipos de especialistas, que aplicaron diferentes modelos matemáticos para analizar los efectos de posibles perturbaciones debidas a la COVID-19 en los servicios de detección, prevención y tratamiento del VIH.

En todos los modelos se examinó el efecto que una perturbación de los tratamientos durante tres o seis meses tendría en la mortalidad por sida y la incidencia de VIH en el África subsahariana. En la hipótesis de una perturbación de seis meses de duración, las estimaciones del exceso anual de mortalidad asociado al sida fueron desde 471 000 hasta 673 000 muertes adicionales, con la consiguiente imposibilidad de alcanzar la meta mundial para 2020 de que las muertes relacionadas con el sida sean inferiores a 500 000.

Una perturbación más breve, de tres meses de duración, tendría un efecto menor pero aun así significativo en la mortalidad por VIH. Interrupciones más esporádicas en el suministro de tratamientos antirretrovíricos darían lugar a un cumplimiento terapéutico inconstante que provocaría un aumento de la farmacorresistencia del VIH, con consecuencias a largo plazo para la eficacia futura de los tratamientos en la región.

Las perturbaciones en los servicios también podrían revertir los logros alcanzados en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. Desde 2010, las nuevas infecciones infantiles por VIH en el África subsahariana han descendido un 43%, pasando de 250 000 en 2010 a 140 000 en 2018, gracias a la elevada cobertura de los servicios maternoinfantiles contra el VIH en la región. Si la COVID-19 restringiese dichos servicios durante seis meses, el número de nuevas infecciones por VIH en niños podría experimentar un aumento drástico, de hasta el 37% en Mozambique, el 78% en Malawi, el 78% en Zimbabwe y el 104% en Uganda.

Otros efectos significativos de la pandemia de COVID-19 en la respuesta al sida en el África subsahariana que podrían aumentar la mortalidad son la reducción de la calidad de la atención clínica debida a la sobrecarga de los centros sanitarios, así como la suspensión de las pruebas de carga vírica y la reducción del asesoramiento sobre cumplimiento terapéutico y los cambios de tratamiento farmacológico. Los modelos también examinaron el grado en que se vería afectada la incidencia del VIH en la región por perturbaciones de servicios de prevención como la suspensión de la circuncisión médica voluntaria en los varones, la interrupción en la disponibilidad de preservativos y la suspensión de las pruebas de detección del VIH.

El estudio pone de manifiesto la necesidad de esfuerzos urgentes para garantizar la continuidad de los servicios de prevención y tratamiento del VIH a fin de evitar un exceso de mortalidad por VIH y un incremento de la incidencia del VIH durante la pandemia de
COVID-19. Será importante que los países den prioridad a reforzar las cadenas de suministro y a asegurarse de que las personas que ya reciben tratamiento puedan seguir haciéndolo, lo cual incluye adoptar o reforzar políticas como la dispensación de tratamiento antirretrovírico para varios meses a fin de reducir la necesidad de acudir a los centros sanitarios para visitas de rutina y disminuir así la carga para unos sistemas de atención sanitaria desbordados.

«Cada muerte es una tragedia —añade la Sra. Byanyima—. No podemos permanecer cruzados de brazos mientras cientos de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, fallecen innecesariamente. Insto a los Gobiernos a garantizar que todos los hombres, mujeres y niños con VIH reciban un suministro regular de tratamientos antirretrovíricos que suponen, literalmente, un salvavidas».

Fuentes:

Jewell B, Mudimu E, Stover J, et al for the HIV Modelling consortium, Potential effects of disruption to HIV programmes in sub-Saharan Africa caused by COVID-19: results from multiple models. Pre-print, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12279914.v1, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12279932.v1.

Alexandra B. Hogan, Britta Jewell, Ellie Sherrard-Smith et al. The potential impact of the COVID-19 epidemic on HIV, TB and malaria in low- and middle-income countries. Imperial College London (01-05-2020). doi: https://doi.org/10.25561/78670.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

OMS

La Organización Mundial de la Salud lidera las actividades mundiales de salud pública en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Fundada en 1948, la OMS colabora con sus 194 Estados Miembros, en seis regiones y a través de más de 150 oficinas, para promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables. Nuestro objetivo para 2019-2023 es lograr que mil millones de personas más cuenten con cobertura sanitaria universal, que mil millones de personas más estén mejor protegidas frente a emergencias sanitarias y que mil millones de personas más disfruten de una mejor salud y bienestar.

Sistemas de salud sobrecargados, cuarentenas, pérdida de medios de vida y menos oportunidades de empleo podrían aumentar las relaciones sexuales sin protección, la violencia y la explotación sexual, el sexo transaccional y el trabajo sexual, lo que conduciría a un aumento de nuevas infecciones del VIH 

GINEBRA, 6 de mayo de 2020—A pesar del progreso logrado en la prevención del VIH, con un descenso de 40% en nuevas infecciones del VIH desde el pico en 1997, los logros obtenidos con gran esfuerzo están en peligro de ser revertidos por la pandemia de COVID-19 que se extiende por todo el mundo.

A la luz de la pandemia de COVID-19, ONUSIDA exhorta a los países a mantenerse firmes en sus esfuerzos para la prevención del VIH y garantizar que las personas continúen accediendo a los servicios que necesitan para mantenerse libres de VIH, de discriminación y de violencia y a ser capaces de disfrutar de su salud y derechos sexuales y reproductivos.

“COVID-19 está impactando a casi todos los países y comunidades, pero la epidemia mundial del VIH no ha desaparecido”, dijo Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. “La gente sigue teniendo relaciones sexuales. La gente sigue consumiendo drogas. Durante la pandemia de COVID-19, todos deben recibir las herramientas que necesitan para estar seguros y para protegerse del VIH. Los derechos humanos son la piedra angular de la prevención del VIH y debe ser la piedra angular de la respuesta a COVID-19”.

Tres nuevos documentos en prevención del VIH publicados por ONUSIDA y sus socios en la Coalición Global de Prevención del VIH, analizan cómo mantener y priorizar los servicios de prevención del VIH en el contexto de COVID-19. Estos analizan las medidas críticas necesarias para mantener con vida y saludables a los más vulnerables, incluyendo las medidas requeridas para prevenir y abordar la violencia contra mujeres y niños, mantener el suministro de productos esenciales disponible y sostener los medios de vida de los más pobres del mundo. 

Los documentos explican que la gama de opciones para prevenir el VIH –condones, tanto masculinos como femeninos, lubricantes, agujas y jeringas estériles y terapia de sustitución de opiáceos para personas que se inyectan drogas, profilaxis pre-exposición y profilaxis post exposición y tratamiento como prevención –son tan validos ahora como siempre. Deben encontrarse formas innovadoras para llevar los productos de prevención del VIH a las personas que los necesitan —dispensar cantidades de suministros de prevención para periodos más largos, permitir que los centros de distribución permanezcan abiertos durante los bloqueos y proteger los puntos de distribución comunitarios, son solo algunas posibilidades.

Además de obstruir los servicios de prevención y tratamiento del VIH, a ONUSIDA le preocupa que la epidemia de COVID-19 pueda aumentar la vulnerabilidad de las personas al VIH. La pérdida generalizada de medios de vida y menos oportunidades de empleo pudieran significar un aumento en las relaciones sexuales transaccionales, el trabajo sexual y la explotación sexual, colocando a las personas en un mayor riesgo de contraer el VIH a menos que tengan los medios para protegerse.

Al igual que los productos básicos para la prevención del VIH, la disponibilidad sostenida de servicios y programas de apoyo para la prevención del VIH, la prevención de violencia de género y la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como servicios esenciales, es algo fundamental. Los servicios de asesoramiento y pruebas del VIH, la detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, la continuidad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios de pares y otros de alcance comunitario, servicios de apoyo psicosocial, centros de acogida para poblaciones clave y poblaciones vulnerables, la educación sexual integral y la protección contra la violencia sexual, todos son vitales para preservar la respuesta de prevención del VIH. Las cuarentenas obligatorias impuestas durante la respuesta a COVID-19 han resultado en incrementos alarmantes en los informes de violencia doméstica y contra la mujer y de violencia fuera del hogar, lo que requiere un refuerzo urgente de los servicios de prevención, protección y apoyo para la violencia de género y la violencia sexual.

Como el distanciamiento social y las cuarentenas han prácticamente detenido la prestación de servicios cara a cara, ONUSIDA exhorta a introducir medios innovadores a través de los cuales las personas puedan acceder a los servicios. Las reuniones físicas se pueden hacer más seguras usando sistemas de citas que  no permitan que hayan muchas personas en una instalación al mismo tiempo, mientras las reuniones y sesiones educativas virtuales y el uso de líneas telefónicas directas y servicios de SMS todos tienen que jugar un papel para mantener a las personas a salvo del nuevo coronavirus y para permitirles continuar recibiendo la ayuda que necesitan para mantenerse libres del VIH. Hacerse auto-pruebas del VIH es una forma más segura de realizar las pruebas del HIV que reduce el contacto con otras personas y reduce la carga del servicio en las instalaciones sanitarias.

Durante mucho tiempo, las organizaciones y redes comunitarias han sido fundamentales para la respuesta al sida, debido al papel central que desempeñan creando conciencia, brindando información, disipando mitos y contrarrestando la desinformación y prestando servicios a poblaciones marginalizadas y vulnerables.  Ahora más que nunca, los actores comunitarios deben recibir apoyo para innovar, realizar su trabajo y ser reconocidos como prestadores de servicios esenciales para las respuestas tanto al VIH como a COVID-19.

Cuarenta años de respuesta al VIH han aportado valiosas lecciones, en particular que la pandemia del COVID-19 no afectará a todos por igual y que los más marginalizados, incluyendo las poblaciones clave, serán las más afectadas. En los tres documentos nuevos, ONUSIDA exhorta a los países a adoptar un enfoque de derechos humanos para priorizar las necesidades de las poblaciones más marginalizadas durante la COVID-19, incluyendo el mantenimiento de servicios críticos de prevención del VIH. 

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Xiao Yang jamás olvidará el invierno de 2019/2020 en Wuhan, China. Durante los 60 días que trabajó en un hospital improvisado como enfermero de urgencias, vio la vida y la muerte, la felicidad y la pena, las lágrimas y las risas.

Xiao se ofreció como voluntario para ir a Wuhan desde su ciudad natal, Beijing, para salvar vidas. «Salvar vidas es responsabilidad de todos los trabajadores médicos», afirma. Esta dedicación está profundamente arraigada en su familia: hace 17 años, su padre trabajó como médico en la primera línea de la epidemia de SARS.

Xiao no le dijo a su novio que se iba a Wuhan hasta el último minuto. «No quería que fuera, pero respetó mi decisión», dice Xiao.

La noche de su llegada a Wuhan, los voluntarios se dividieron en dos grupos: cuidados intensivos y casos leves.

Xiao fue asignado a cuidados intensivos. Para su protección, se le exigió que usara cinco guantes y dos mascarillas. Sin embargo, la mayoría de los guantes eran demasiado pequeños para él. Al llevarlos durante más de 20 minutos le hacían daño. También le costaba respirar. «Era como si alguien estuviese cubriéndome la boca todo el tiempo», afirma.

Lo peor para Xiao es que él es asmático.  Si le daba un ataque de asma, no tendría tiempo de alcanzar su medicina por todo el equipo de protección que llevaría.

«Todos los trabajadores médicos grabamos unas últimas palabras para nuestras familias en nuestros teléfonos», afirma.

Su novio, Lin Feng, es policía. Él también está mucho más ocupado ahora debido a la pandemia de COVID-19. Cuando el COVID-19 irrumpió por primera vez en Beijing, estuvo de guardia durante muchas horas, inspeccionando las autopistas, calles y zonas residenciales.

Cuando estaban separados, la mensajería instantánea era su única vía de comunicación. Cubierto de nieve después de terminar su turno de noche, recibió un mensaje de texto de Xiao recordándole que se pusiera ropa más gruesa. Su respuesta: «Tú cuida de tus pacientes. Yo te cuido a ti».

Seis días después de su llegada a Wuhan, Xiao se dio cuenta de que la muerte podía estar cerca.

Mientras caminaba por la sala, vio cómo un paciente experimentaba una fuerte caída del nivel de oxígeno en sangre e insuficiencia respiratoria. Corrió a intubarlo, la manera más efectiva de mantenerlo con vida. Pero lo hizo con demasiada energía y su traje protector se rompió por la espalda; un compañero le tapó el agujero para que pudiera seguir trabajando.

Cuando el paciente estaba estable, Xiao no podía apenas respirar y sentía unos dolores punzantes en las manos, los oídos y la cara: había llevado las mascarillas, los guantes y el traje protector demasiado tiempo. Cuando desaparecieron los dolores, le invadió el miedo. Por el agujero se podía haber infectado fácilmente por el nuevo coronavirus. Además, le recordaba los riesgos a los que se enfrentaba todos los días. «Solo puedo rezar para estar bien», explica. «Estaba preparado para lo peor cuando decidí venir».

Muchas personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, como Xiao y Lin, han trabajado duro para contener el virus y salvar vidas durante la pandemia. En el Centro de Wuhan de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero, 26 voluntarios trabajaron contra reloj para entregar medicinas a las personas que viven con el VIH. Desde ONUSIDA, nos sentimos orgullosos de haber apoyado sus esfuerzos conectando el centro con las autoridades sanitarias locales para facilitar la entrega de medicinas. También ayudamos a que las recibiera la población china seropositiva residente en el extranjero y apoyamos la creación de un número de atención que ofrecía servicios de asesoramiento para las personas que viven con el VIH. En consecuencia, los centros pudieron entregar medicinas a más de 2600 personas y el número de atención ayudó a otras 5500.

«En principio iba a estar una semana, pero me la extendieron a tres y después a más tiempo», afirma Xiao, conteniendo las lágrimas.

Se fue a principios de abril, cuando disminuyó la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Dice que lo recordará todo, pero no quiere revivirlo. Nadie debería.

Ahora, a salvo con su novio en Beijing, recuerda las palabras del piloto en el vuelo a Wuhan: «Este vuelo es de Beijing a Beijing, con escala en Wuhan. Cuando hayan ganado la batalla, los llevaremos de vuelta a casa».

Como en muchos otros países, el COVID-19 no es una excepción en Kirguistán. Se han registrado casos en la capital, Bishkek, y en casi todas las otras grandes ciudades y provincias del país.

Para responder a la pandemia, el 25 de marzo se decretó el estado de emergencia en Bishkek, en Osh, en Jalal-Abad y en tres distritos. Esta medida restringe a las personas a permanecer en sus hogares de 20:00 a 07:00 y solo se les permite abandonar la residencia durante el día por razones específicas.

Como todo el mundo, las 8500 personas que viven con el VIH en Kirguistán, según estima ONUSIDA, han enfrentado dificultades tales como la pérdida de ingresos y las dificultades para alimentar a su familia.

En la pequeña ciudad de Karabalta, al norte de Kirguistán, las organizaciones comunitarias de VIH Believe in Yourself y la Red Estatal de Personas que Viven con el VIH trabajan para promover los derechos de las personas que viven con el VIH. Sin embargo, con el COVID-19, sus servicios son aún más necesarios.

El director de Believe in Yourself, Umid Shukurov, explicó que desde que se anunció el confinamiento de Kirguistán, más personas que viven con el VIH han entrado en contacto con la organización. Para muchos, el acceso a los alimentos es una gran preocupación. «Muchas personas nos llaman desesperadas, mujeres que lloran y piden auxilio. Por supuesto, ayudamos de todas las maneras posibles, pero nuestros recursos son limitados. Cuando nosotros, junto con la Red Estatal de Mujeres que Viven con el VIH, hicimos una lista, nos dimos cuenta de que 12 mujeres de nuestra pequeña ciudad están en una situación angustiosa. Algunas de ellas han sido madres hace poco o cuidan de sus hijos solas. Ayer distribuimos paquetes de alimentos y algunas mujeres no podían creer que alguien las hubiera contactado y les trajese comida. Me preguntaban: “¿De verdad nos han oído?”»

La directora de la Red Estatal de Mujeres que Viven con el VIH, Baktygul Shukurova, sabía que la red enfrentaría muchos problemas tras haberse establecido, pero nunca pensó que fueran a ser de esta magnitud. «Nuestra tarea es que las personas continúen con el tratamiento antirretrovírico. Me he visto en situaciones difíciles en mi vida y sé lo difícil que puede ser cuando no tienes nada con lo que alimentar a tus hijos. Sólo alguien que ha pasado por todo eso puede entender las necesidades de las comunidades. Cuando tú y tus hijos no tenéis nada para comer, no te preocupas por la medicación».

El acceso a la terapia antirretrovírica se está asegurando en el país gracias a la provisión de suministros de medicamentos para varios meses. Durante la pandemia del COVID-19, el centro nacional del sida de Kirguistán dotará de suministros de tres meses de terapia antirretrovírica a todas las personas que viven con el VIH y que están en tratamiento.

La Delegación Nacional de ONUSIDA en Kirguistán, con el apoyo de un programa ruso de asistencia técnica, está organizando el envío de paquetes de alimentos que dará asistencia social cubriendo las necesidades de 130 familias de personas que viven con el VIH y que se han visto más afectadas por la pérdida de ingresos. Además de la comida, los paquetes también contienen libros para colorear, rotuladores permanentes y acuarelas para los hijos de las personas que viven con el VIH, que les ayudarán a sobrellevar el confinamiento.

«Esperamos que esta pequeña ayuda permita de alguna manera que las personas que viven con el VIH continúen el tratamiento», afirma Meerim Sarybaeva, directora nacional de ONUSIDA en Kirguistán.

ONUSIDA y MPact instan a los Gobiernos y a los socios a proteger, apoyar y respetar los derechos humanos de la comunidad LGBTI durante la respuesta al COVID-19.

GINEBRA, 27 de abril de 2020 - ONUSIDA y MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights están extremadamente preocupados por el hecho de que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) están siendo señaladas, culpadas, maltratadas, encarceladas y estigmatizadas como vectores de la enfermedad durante la pandemia de COVID-19. Tanto ONUSIDA como MPact reconocen sentir gran angustia, ya que las prácticas discriminatorias están agravando los desafíos a los que la comunidad LGBTI ya tiene que enfrentarse al acceder a sus derechos, incluyéndose aquí el acceso a servicios sanitarios seguros y de calidad.

«El VIH nos enseñó que la violencia, el bullying y la discriminación solo sirven para marginar aún más a las personas que más lo necesitan», recuerda Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, tienen derecho a disfrutar de su salud, protección y seguridad sin excepción alguna. El respeto y la dignidad son ahora más necesarios que nunca».

En Belice, se han denunciado abusos por parte de la policía a un hombre gay que fue arrestado, humillado y apaleado por saltarse el toque de queda impuesto para frenar la expansión de coronavirus. Este joven de 25 años que vivía con el VIH se cree que falleció como consecuencia de las complicaciones sufridas tras los golpes perpetrados por la policía.

«Estamos recibiendo denuncias por actitudes de Gobiernos y líderes religiosos, ya que en algunos países están haciendo afirmaciones falsas y generando desinformación respecto al COVID-19, lo cual ha incitado a la violencia y a la discriminación contra la comunidad LGBTI», señala George Ayala, director ejecutivo de MPact. «Se están registrando organizaciones y viviendas, se está acosando a la comunidad LGBTI, y se ha detectado también un aumento en el número de arrestos y amenazas de deportación a quienes buscan asilo dentro de la comunidad LGBTI».

En Uganda, veinte personas de la comunidad LGBTI fueron hace poco arrestadas durante el registro a una vivienda, lo cual, según las autoridades policiales, se produjo porque desobedecieron las normas en cuanto a distancia social. En Filipinas, tres personas de la comunidad LGBTI estaban entre un grupo que fue públicamente humillado como castigo por incumplir el toque de queda. Después de que partes del incidente se hicieran virales en las redes, el responsable de la policía fue obligado a disculparse por tratar de manera diferente a los miembros de la comunidad LGBTI y obligarlos a bailar y besarse unos a otros.

«Estamos también cada vez más preocupados por la privacidad y la confidencialidad, puesto que los Gobiernos están recurriendo a las tecnologías basadas en Internet y a los smartphones para controlar los movimientos de la gente durante esta época de confinamientos y toques de queda», insiste el Sr. Ayala. «Los hombres gais y las personas disconformes con su género suelen ser el primer objetivo, y están también a la cabeza de las personas más afectadas por el aumento de la vigilancia policial y el control». 

Para algunas personas de la comunidad LGBTI, el autoaislamiento y la distancia física suponen un gran desafío, e incluso un peligro. Muchas de ellas bien son víctimas de la violencia, bien están siguiendo tratamientos mientras están confinadas en sus hogares con miembros de su familia cuyo comportamiento es inaceptable. Los miembros de las comunidades LGBTI pueden sufrir también violencia dentro de la pareja durante todo este tiempo en casa, pero ser incapaces de denunciar los abusos a la policía por miedo a represalias. El aislamiento puede también exacerbar los problemas de salud mental preexistentes, por ejemplo, sentimientos de soledad, depresión, ansiedad y tendencias suicidas, los cuales son ya de por sí habituales entre las personas de la comunidad LGBTI.

La pandemia de COVID-19 deja a muchos hombres gais y mujeres transgénero desprovistos de las herramientas adecuadas que necesitan para tener el control de sus derechos y de su salud sexual. Los hombres gais representan el 20 % del conjunto de nuevas infecciones por el VIH que se producen a nivel mundial y tienen 22 veces más posibilidades de infectarse con el VIH que cualquier otro hombre. Las mujeres transgénero llevan a sus espaldas un riesgo 12 veces mayor de contraer el VIH que la población general.

El confinamiento, sobre todo cuando se impone sin contemplar flexibilidades, acrecienta las dificultades que estos grupos de por sí ya experimentan a la hora de acceder a la terapia antirretrovírica y los servicios de prevención del VIH y afirmación de género, entre ellos, las terapias hormonales. Esto es algo especialmente cierto en el caso de los miembros de la comunidad LGBTI que carecen de recursos económicos, se encuentran en situación de desempleo, han perdido sus hogares o residen en viviendas marginales.

ONUSIDA y MPact están instando a los países a:

• Denunciar la desinformación en la que se apoyan quienes calumnian y buscan chivos expiatorios para culpar a la comunidad LGBTI de la expansión del COVID-19.
• Poner fin a las redadas y los registros en las organizaciones lideradas por la comunidad LGBTI, sus viviendas y espacios, y dejar de arrestar a personas por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
• Garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas, se fundamenten en pruebas y respeten los derechos humanos.
• Evitar la vigilancia por parte del Estado sobre las tecnologías de la comunicación utilizadas por la comunidad LGBTI.
• Invertir en la respuesta al COVID-19, velando por los fondos y protegiendo los programas en materia de salud sexual y VIH, los cuales son inclusivos y sensibles a las necesidades de la comunidad LGBTI.
• Salvaguardar el acceso continuado a los apoyos médicos que salvan vidas, incluyéndose aquí los programas para la reducción del daño, los preservativos y lubricantes, la profilaxis preexposición, la terapia antirretrovírica, las terapias de reemplazo hormonal y los servicios de salud mental para la comunidad LGBTI.
• Ofrecer opciones flexibles para la prestación de servicios, que van desde la dispensación multimensual hasta la entrega en la comunidad, las consultas virtuales y las opciones de apoyo.
• Valorar el considerar proveedores de servicios esenciales a las organizaciones de servicios lideradas por la comunidad, de manera que puedan prestar servicios clave de una manera segura y flexible.
• Incluir a la comunidad LGBTI dentro de los programas nacionales de protección social, incluyéndose aquí los relacionados con el apoyo económico.
• Aumentar el acceso a las viviendas seguras y de emergencia para las personas de la comunidad LGBTI que están sin hogar y que han sido desahuciadas.
• Implicar a la comunidad LGBTI en la elaboración de los planes de salud pública y en la difusión de mensajes relacionados con el COVID-19.
• Poner en marcha programas de control de la seguridad y mitigar la piratería informática durante las reuniones virtuales.

Ahora más que nunca, debemos alzar la voz y aunar fuerzas para proteger la salud y los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo.

MPact

MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights fue fundada en el año 2006 por un grupo de activistas preocupados por las disparidades relacionadas con el VIH, el estigma, la discriminación, la violencia y la criminalización experimentada en todos los rincones del mundo por gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. MPact es hoy una sólida organización de defensa internacional dedicada a garantizar el acceso igualitario a los servicios del VIH a todos los hombres gais, velando y fomentando siempre la salud y los derechos humanos. Está directamente relacionada con casi 150 organizaciones lideradas por la comunidad y presentes en 62 países, y con miles de otros defensores a través de sus distintas plataformas de redes sociales. MPact logra su misión supervisando la acción de los Gobiernos, los patrocinadores y otros responsables de las tomas de decisiones; fortaleciendo las capacidades de las organizaciones lideradas por la comunidad y los proveedores sanitarios; apoyando la proliferación de redes lideradas por hombres gais; dirigiendo y llevando a cabo investigaciones; y facilitando intercambios de información interregional.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.