Las respuestas al COVID-19 deben salvaguardar y proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

24 de abril de 2020

La Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y ONUSIDA han publicado recientemente una declaración conjunta en la que llamaban a los países a la acción inmediata y decisiva para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia, al igual que otras crisis sanitarias, está poniendo de manifiesto las desigualdades existentes y afectando de manera desproporcionada a personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones sanitarias y económicas precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social.

Los gobiernos de todo el mundo se están olvidando de las trabajadoras sexuales en la respuesta a la crisis del COVID-19. Mientras las trabajadoras sexuales y sus clientes se autoaislan, estas se encuentran sin protección, cada vez más vulnerables e incapaces de mantenerse a sí mismas y a sus familias. En Ecuador, el Colectivo Flor de Azalea (Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales) ha destacado la repentina falta de apoyo y de acceso a los servicios básicos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales. «Las trabajadoras sexuales han sufrido un duro golpe debido a la emergencia sanitaria. Salimos a la calle con mucho miedo y tememos que nos violen. No tenemos dinero para comer, para el alquiler o para medicinas; los servicios sanitarios están cerrados. No hay acceso a los preservativos y muchas compañeras han muerto por el COVID-19».

«La legislación de los derechos humanos estipula que los derechos humanos son inalienables, interdependientes e indivisibles», afirma Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Asegurar que durante esta pandemia esto sea una realidad para todos, especialmente para los más vulnerables, es esencial, y es que también creará el tipo de comunidad resiliente que necesitamos para salir de esta».

Mientras las trabajadoras sexuales informan de las interrupciones en el suministro de preservativos, las trabajadoras sexuales que viven con VIH afirman que también están perdiendo el acceso a los medicamentos esenciales. En Eswanati, la organización Voice of Our Voices informa de que «para aquellos que están recibiendo el tratamiento contra el VIH es difícil acudir a sus citas si no hay transporte. También lo es para alcanzar los productos de prevención».

Además de la criminalización de las trabajadoras sexuales en casi todos los países, estas son también las más vulnerables a las medidas punitivas asociadas a la aplicación de las disposiciones del COVID-19. El aumento de la vigilancia policial puede exponer a las trabajadoras sexuales a un mayor acoso y violencia y, en algunos países, esto ha llevado a redadas en casas, a pruebas obligatorias de COVID-19 y al arresto y amenazas de deportación de las trabajadoras sexuales migrantes. Para aquellas que se han visto llevadas a las calles por la falta de hogar, como se ha sido el caso de muchos prostíbulos y trabajadoras sexuales migrantes, la falta de apoyo implica una escasa seguridad y medios para poder cumplir con los requerimientos del gobierno.

La penalización del trabajo sexual en la mayoría de países también supone problemas concretos para acceder a las ayudas del gobierno. En Estados Unidos, SWOP-Tucson, una red de justicia social para trabajadoras sexuales, explicó que «muchas de estas medidas necesitan pruebas de que el empleo se ha perdido o ha sido reducido debido al COVID-19. Pero como el trabajo sexual está penalizado, no es posible ofrecer ni la documentación necesaria ni pruebas del estado de desempleo o de las dificultades sufridas. Por ello, las trabajadoras sexuales no pueden recibir ni ayudas al alquiler o la hipoteca, ni reducciones en el pago de facturas ni prestaciones por desempleo.

Incluso en países en los que el trabajo sexual está legalizado en cierta medida, el sistema de subsidio ofrecido a los trabajadores del sector formal no incluye a las trabajadoras sexuales. Así ocurre en Alemania, por ejemplo, donde las trabajadoras sexuales señalan las barreras en el acceso a las ayudas para cualquier persona fuera del sistema. «Si bien el gobierno ha proporcionado un paquete para los trabajadores autónomos (registrados), no ha incluido a las trabajadoras sexuales de ninguna manera y las personas que viven aquí de forma ilegal no tienen posibilidad de acceder a las ayudas del gobierno».

A medida que la crisis mundial aumenta, las trabajadoras sexuales se enfrentan cada vez más a la difícil decisión de aislarse sin ingresos ni ayudas o trabajar poniendo en riesgo su propia salud y su seguridad. Otro problema ha sido que la mayoría de las viviendas temporales asequibles se han cerrado mientras las trabajadoras sexuales luchan por pagar el alquiler o las tarifas de las habitaciones de hotel. La inexistencia de viviendas temporales junto con el cierre de los lugares de trabajo ha resultado en una repentina falta de hogar para las trabajadoras sexuales en muchos países, una situación que se agrava en especial para las trabajadoras sexuales migrantes, muchas de las cuales están atrapadas por el cierre de fronteras.

Pese a la continua exclusión que sufren las comunidades de trabajadoras sexuales de los grupos de planificación de la emergencia de salud pública, ellas han empezado a coordinar su propia respuesta ante la crisis. Se han creado varias campañas de recaudación de fondos de ayuda mutua y emergencia, lo que ha permitido a las trabajadoras sexuales y a sus organizaciones acceder y distribuir fondos y artículos de primera necesidad. Una de estas iniciativas la desarrolló And Soppeku, una organización de trabajadoras sexuales en Senegal, que distribuye paquetes de alimentos y productos de higiene a sus miembros en tres regiones (Dakar, Thiès y Kaolack). Se están llevando a cabo iniciativas similares en todo el mundo en ausencia de medidas y ayudas por parte del gobierno.

Sin embargo, la autoorganización de personas y grupos no debe considerarse un sustituto de la urgente necesidad de ayuda del gobierno. Los gobiernos están obligados por los derechos humanos internacionales a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, sin discriminación, incluso en tiempos de emergencia.

Las trabajadoras sexuales y sus organizaciones exigen protección igualitaria bajo la ley y acceso a ayudas económicas y atención sanitaria. ONUSIDA se une a esta llamada a la acción, subrayando la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos para la respuesta al COVID-19, que debe centrarse en el empoderamiento y la participación comunitaria.

Las citas en esta noticia han sido recopiladas del Informe sobre el impacto del COVID-19 del NSWP, que recoge respuestas de trabajadoras sexuales y sus organizaciones con el objetivo de supervisar las medidas que toman los gobiernos para la comunidad de trabajadoras sexuales durante este período

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

ONUSIDA insta a aumentar el gasto en salud y protección social como parte esencial de la respuesta económica a la crisis de la COVID-19

17 de abril de 2020

Discurso de Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, con relación a la respuesta económica a la COVID-19, pronunciado durante un evento online celebrado el 16 de abril de 2020 y copatrocinado por el Global Development Policy Center y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

La COVID-19 está matando a personas. Sin embargo, la magnitud y las consecuencias de la pandemia son las creadas por el hombre.

No era inevitable el que con la enfermedad se hayan perdido miles de vidas y echado a perder millones de medios de subsistencia. Todas estas pérdidas a las que nos seguimos enfrentando son el resultado de la enorme desigualdad para la que hemos programado nuestra economía mundial.

La pronunciada pendiente de las curvas de mortalidad, la profundidad de las pérdidas económicas y las revueltas sociales que se han visto en distintos países no son sino las consecuencias de nuestras elecciones políticas, una función del modelo económico que nosotros mismos hemos creado.

La COVID-19 ha empujado al mundo a la recesión. El Fondo Monetario Internacional ya nos está advirtiendo de que este gran confinamiento será peor que la crisis financiera que todo el mundo atravesó en el año 2008. Según las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, la enfermedad del coronavirus acabará con el equivalente a 195 millones de puestos de trabajo a jornada completa.

Como bien aprendimos de la epidemia del VIH, las epidemias causan estragos en un mundo desigual. Alimentan las desigualdades ya existentes y golpean con fiereza a los más vulnerables y marginados, a todos aquellos que no tienen acceso a la atención sanitaria, que no disponen de ninguna red que les aporte seguridad, a quienes no se les reconoce el derecho a tener una baja por enfermedad y a las personas que carecen de agua con la que limpiarse las manos. Precisamente las epidemias abaten antes, y con más crueldad, a aquellos a los que se les niega el derecho a la salud.

Cuando los Gobiernos dan prioridad a los sistemas de atención sanitaria privados frente a la atención sanitaria universal financiada con fondos públicos, están eligiendo. Están diciendo que el derecho a la salud se convierte en un privilegio para los pocos que pueden permitírselo. Y entonces, cuando la epidemia azota, esa elección se convierte en una decisión sobre a quién hay que permitir vivir y a quién se debe dejar morir. En ese momento quienes disfrutan del privilegio de acceder a la atención sanitaria consiguen vivir, mientras que a los demás no les queda más que morir.

Los Gobiernos han de invertir en la protección social universal. En las comunidades pobres presentes en todo el mundo, a menudo escuchamos: «Si no podemos trabajar, moriremos de hambre antes de contraer la enfermedad del coronavirus». Se trata de una elección que nadie tendría que hacer. Esta crisis sanitaria se está convirtiendo a pasos agigantados en una crisis también alimentaria.

En toda nuestra economía, observamos modelos empresariales que confían en mano de obra a la que no se protege. Modelos que explotan a los trabajadores y a los proveedores, que ni los apoyan ni los protegen.

La crisis climática es otra consecuencia de este amañado modelo económico que explota los ecosistemas de los que dependemos. Y de nuevo son los más pobres, los menos responsables de los abusos, quienes mayor varapalo reciben. Ahora mismo en el Pacífico, las personas no están solo luchando contra la COVID-19, sino que siguen recuperándose de las secuelas del ciclón Harold.

Nada de todo esto es accidental. Cada pequeño aspecto responde a un diseño, obedece a una intencionalidad. Al comienzo de mi discurso ya les adelanté que nuestra vida viene regida por decisiones tomadas por el hombre; no obstante, en muchos casos, estamos ante decisiones adoptadas por el sexo masculino. Me refiero a hombres que todavía dominan las salas de juntas y los pasillos del poder político, mientras son las mujeres quienes siguen asumiendo la gran responsabilidad de cuidar a otros. Mujeres que han de atender a familiares enfermos durante la pandemia o que deben andar kilómetros y kilómetros para conseguir agua potable.

Sin embargo, en esta historia no todo son sombras. Empezamos a atisbar pequeños resquicios de esperanza, vamos aprendiendo algunas lecciones. Somos cada vez más conscientes de la importancia de la salud y la protección social. Ello supone que, si queremos recuperarnos, debemos resetearnos. No podemos regresar al punto en que estábamos.

Estamos siendo testigos de cómo algunos países imponen lo que están llamando impuestos de solidaridad a las grandes empresas y a las personas con más recursos. Estamos oyendo hablar sobre la cancelación de la deuda estudiantil; la exención de tasas sanitarias, incluyéndose aquí las cuotas de usuarios, y el mayor apoyo a los cuidadores. Nos encontramos ante una nueva agenda.

Mas a nuestro alrededor otros países avanzan en dirección contraria: rebajas de impuestos para los más adinerados, paquetes de rescate para las grandes empresas sin garantía de que esos fondos se vayan a traducir en un apoyo para los trabajadores y los proveedores que trabajan sobre el terreno. Vamos viendo, por tanto, distintas señales.

Se ha de incrementar el gasto en salud y protección social. Esta pandemia debería ser el punto de partida de nuestra reconstrucción, de ahí que no debamos solo remendar con rescates.

Hemos de salir de esta crisis diferentes, reforzados, convencidos de que es imprescindible cambiar el modelo económico. Necesitamos un nuevo pacto verde mundial en el que el estímulo esté en invertir en las personas y en el planeta.

Un nuevo modelo económico que expanda la cobertura sanitaria universal y la protección social universal para todos, que impulse el trabajo digno y el cobro de sueldos dignos, y en el que las recompensas se distribuyan por toda la cadena de suministros y todas las partes interesadas se beneficien por igual. Un modelo en sintonía con el Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones distintas. Rezo para que todos los líderes mundiales así lo hagan.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

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Mantener el tratamiento disponible en Pakistán durante el COVID-19

15 de abril de 2020

Sentada junto a una ventana rota mientras cuenta sus pendientes, Ashee Malik (nombre ficticio), una mujer transgénero que vive en la provincia de Punyab, Pakistán, se da cuenta de que sus ingresos han caído en picado. Su única fuente de dinero es el baile, la limosna y entretener a sus clientes, pero desde que se impuso el confinamiento el 20 de marzo para parar el COVID-19, no ha podido salir de casa. Su ropa colorida está en el armario, al igual que su kit de maquillaje, que no se usa desde hace semanas. «Estamos preocupadas por nuestro bienestar, puesto que no tenemos suficientes recursos para mantenernos ni a nosotras mismas ni a nuestras familias», afirma.

La historia de Malik es parecida a la de la mayoría de las personas transgénero que viven en Pakistán, que se enfrentan al estigma, la discriminación y el aislamiento social. El acceso a los servicios de salud, la educación y el empleo es una de las muchas dificultades a las que se enfrentan las personas transgénero en el país, a pesar de la aprobación de la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero de 2018. El COVID-19 y el correspondiente confinamiento solo están complicando la situación. El 15 de abril, había más de 5900 casos confirmados de coronavirus en Pakistán y 107 muertes. 

Debido a la restricción del movimiento de personas, hay un verdadero riesgo de interrupción de los servicios esenciales para las personas que viven con el VIH, que afecta de manera desproporcionada a las personas transgénero en Pakistán.

La Asociación Khawaja Sira (KSS, por sus siglas en inglés), que trabaja con personas transgénero, ha intervenido para proporcionar apoyo trabajando con los más marginados y difundiendo información sobre cómo prevenir el VIH y el COVID-19.

«La comunidad transgénero es incluso más vulnerable debido a los prejuicios, el estigma y la discriminación que sufre. Necesitamos desarrollar un modelo de prevención para el COVID-19 teniendo presentes las dinámicas y los problemas de la comunidad en esta pandemia», declaró Mahnoor Aka Moon Ali, Directora de Programas del KSS.

Durante las conversaciones que el KSS tuvo con 150 personas transgénero, de las que aproximadamente el 30 % vive con el VIH, hubo algunos problemas que se plantearon en repetidas ocasiones. Entre ellos se encuentran la falta de ingresos y el reducido tamaño de las Dheras, hogares comunitarios para las personas transgénero en los que viven juntas cuatro o cinco personas, lo que imposibilita el distanciamiento físico. Debido a que la mayor parte de las personas transgénero contactadas son analfabetas, las campañas de salud pública sobre cómo prevenir la infección por el coronavirus no surten efecto. El miedo a la enfermedad aumenta, lo que afecta a la salud mental. El Gobierno de Pakistán ha anunciado que se facilitará ayuda alimenticia, pero las personas transgénero encuentran dificultades para acceder al programa, ya que dependen de la verificación basada en la tarjeta de identificación nacional, algo que la mayoría de las personas transgénero del país sencillamente no tienen.   

Durante el confinamiento, se están utilizando cada vez más las redes sociales y, junto con la sección de ONUSIDA de Pakistán, la KSS está difundiendo información sobre higiene, medidas preventivas y distanciamiento social en las redes sociales, además de involucrarse con la comunidad en lo relativo al COVID-19. La KSS, junto con las autoridades de los gobiernos provinciales, también está trabajando para asegurar que las personas que viven con el VIH puedan recibir en su casa repuestos multimensuales de terapia antirretrovírica.

«Como personas transgénero viviendo con el VIH sentimos que estamos en riesgo cuando visitamos los centros de terapia antirretrovírica administrados por el gobierno. Necesitamos que se nos administre terapia antirretrovírica», afirma Guddi Khan, una mujer transgénero que vive con el VIH.

Dado que el suministro ininterrumpido de terapia antirretrovírica es esencial para las personas que viven con el VIH, la Unidad de Gestión Común de Pakistán para el sida, la tuberculosis y la malaria, en colaboración con ONUSIDA y otros asociados, ha establecido plataformas virtuales y líneas telefónicas de ayuda para garantizar la continuidad de la coordinación. Se ha facilitado una reserva de emergencia de terapia antirretrovírica para los próximos dos meses a las personas que viven con el VIH. Además, se está poniendo a su disposición una reserva de estabilización por medio del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo a fin de evitar interrupciones en caso de que se alteren las importaciones de medicamentos.  

«Estamos trabajando estrechamente con la Asociación de Personas que Viven con el VIH, los gobiernos federales y provinciales y la familia de ONUSIDA para vigilar la situación y ayudar rápidamente a eliminar los obstáculos que impiden el acceso a los servicios relacionados con el VIH que permiten salvar vidas en estos tiempos extremadamente difíciles de la crisis del COVID-19», afirma Elena Borromeo, Directora Nacional de ONUSIDA para Pakistán y Afganistán.

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

ONUSIDA condena el mal uso y abuso de los poderes de emergencia para atacar a las poblaciones marginadas y vulnerables

09 de abril de 2020

GINEBRA, 9 de abril de 2020—ONUSIDA está profundamente preocupada por los informes de que la epidemia de COVID-19 se está utilizando como una excusa para atacar a las poblaciones marginadas y vulnerables, restringir el espacio de la sociedad civil y aumentar los poderes policiales. En particular, ONUSIDA está extremadamente preocupada por los informes de nuevas leyes que restringen los derechos y libertades y van dirigidas a los grupos criminalizados de una manera que dañará los derechos y la salud de las personas que viven o son vulnerables al VIH.

“En tiempos de crisis, los poderes de emergencia y la agilidad son cruciales; sin embargo, no pueden costar los derechos de los más vulnerables", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Los controles y equilibrios que son la piedra angular del estado de derecho deben ejercerse para evitar el mal uso de tales poderes. Si no, podemos ver una reversión de gran parte del progreso realizado en los derechos humanos, el derecho a la salud y la respuesta al SIDA".

La experiencia de epidemias pasadas y presentes muestra claramente que una respuesta efectiva a crisis de salud como COVID-19 debe estar profundamente arraigada en la confianza, la solidaridad humana y el respeto inquebrantable por los derechos humanos. Sin embargo, recientemente han surgido informes de que algunos países están utilizando poderes de emergencia o justificaciones de salud pública para restringir los derechos relacionados con la autonomía personal, la identidad de género, la libertad de expresión y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. También ha habido informes preocupantes de aumentos en las sanciones penales en relación con la transmisión, exposición y no divulgación del VIH y el uso de poderes policiales para atacar, a través de arrestos y brutalidad, a grupos vulnerables y criminalizados, como trabajadores sexuales, personas que usan drogas, personas que viven con VIH y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

En Hungría, se ha presentado un nuevo proyecto de ley para eliminar el derecho de las personas a cambiar su género y nombre en los documentos oficiales a fin de garantizar la conformidad con su identidad de género, en clara violación de los derechos humanos internacionales al reconocimiento legal de la identidad de género.

En Polonia, se aprobó una enmienda acelerada a la ley penal que aumenta las penas por exposición al VIH, no divulgación y transmisión a al menos seis meses de prisión y hasta ocho años de prisión, una clara violación de las obligaciones de los derechos humanos internacionales de eliminar las leyes penales específicas del VIH.

A ONUSIDA le preocupan los informes de países que recurren al uso del derecho penal, como la penalización de la transmisión de COVID-19, y el arresto y detención de personas por infringir las restricciones. Nuestra experiencia en la epidemia del VIH es que la criminalización de la transmisión del virus conduce a violaciones significativas de los derechos humanos, socava la respuesta y no se basa en la ciencia. La capacidad de probar la transmisión real de una persona a otra, así como la intención necesaria, es casi imposible y no cumple con los requisitos del estado de derecho para la criminalización. La criminalización a menudo se implementa contra comunidades vulnerables y estigmatizadas. En Uganda, 23 personas conectadas con un refugio para proporcionar servicios a la comunidad LGBTI han sido arrestadas, 19 han sido acusadas de un acto negligente que probablemente propague infección o enfermedad. Esos 19 están detenidos en prisión sin acceso a un tribunal, representación legal o medicamentos.

A ONUSIDA también le preocupan los informes de varios países sobre la brutalidad policial en la aplicación de medidas, el uso de la violencia física y el acoso y el ataque a grupos marginados, incluidas las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y las personas sin hogar. El uso del derecho penal y la violencia para hacer cumplir las restricciones de movimiento es desproporcionado y no se basa en pruebas. Se sabe que tales tácticas se implementan de manera discriminatoria y tienen un efecto desproporcionado en los más vulnerables: personas que por cualquier motivo no pueden quedarse en casa, no tienen un hogar o necesitan trabajar por razones de supervivencia.

En Kenia, las organizaciones de la sociedad civil, motivadas por las preocupaciones sobre acciones que no son consistentes con una respuesta epidémica basada en los derechos humanos, emitieron una opinión consultiva pidiendo que se adopte una visión basado en los derechos humanos en la respuesta COVID-19 y han publicado una carta pidiendo un enfoque en la participación de la comunidad y lo que funciona para la prevención y el tratamiento en lugar de enfoques desproporcionados y coercitivos.

Si bien algunos derechos pueden estar limitados durante una emergencia para proteger la salud y la seguridad públicas, dichas restricciones deben ser para un objetivo legítimo, en este caso, contener la pandemia de COVID-19. Deben ser proporcionales a ese objetivo, necesarios, no arbitrarios, basados ​​en pruebas y legales. Cada orden/ley o acción de la policía también debe ser revisada por un tribunal de justicia. Las facultades de aplicación de la ley también deben definirse de manera estricta, proporcionadas y necesarias.

ONUSIDA insta a todos los países a garantizar que las leyes y poderes de emergencia se limiten a un período de tiempo razonable y sean renovables solo a través de procesos parlamentarios y participativos apropiados. Deben establecerse límites estrictos sobre el uso de los poderes policiales, junto con una supervisión independiente de la acción policial y los recursos a través de un mecanismo de responsabilidad. Las restricciones a los derechos relacionados con la no discriminación en base al estado del VIH, la salud sexual y reproductiva, la libertad de expresión y la identidad de género detalladas anteriormente no ayudan con la respuesta COVID-19 y, por lo tanto, no tienen un propósito legítimo. ONUSIDA hace un llamamiento a los países para que deroguen cualquier ley establecida que no pueda decirse que tenga el objetivo legítimo de responder o controlar la pandemia de COVID-19.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

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El nuevo mapa de innovaciones para fortalecer la respuesta al COVID-19

08 de abril de 2020

StartupBlink, junto con el Health Innovation Exchange (Intercambio de innovaciones sanitarias), una iniciativa de ONUSIDA para aprovechar el potencial de las innovaciones para mejorar la salud de todos, y la Agencia de Innovaciones de Moscú, han puesto en marcha un mapa de innovaciones sobre el coronavirus.

El mapa es un directorio de cientos de innovaciones y soluciones a nivel mundial que podrían apoyar y fortalecer la respuesta al COVID-19. El objetivo es ayudar a las personas a adaptarse a la vida durante la pandemia de COVID-19 y conectar a los innovadores para que puedan colaborar en las soluciones.

El mapa proporciona información sobre cinco categorías: prevención, diagnóstico, tratamiento, información y adaptación a la vida y a los negocios. Como parte de la categoría de prevención, por ejemplo, el directorio destaca la aplicación Track Virus, que muestra dónde se ha propagado el virus en Israel, y un kit de pruebas para detectar el COVID-19 desarrollado por E25Bio que podrá entregar resultados en media hora.

El directorio también muestra las formas en que las personas pueden obtener medicamentos sin salir de su casa: las soluciones de telemedicina y entrega de medicamentos a domicilio serán tan importantes para el COVID-19 como para la respuesta al SIDA.

La categoría de información muestra cómo las personas pueden obtener información oportuna y precisa sobre la crisis y las innovaciones. Por su parte, la categoría de adaptación a la vida y a los negocios muestra cómo las personas pueden adaptarse haciendo las cosas virtualmente. En poco tiempo, las escuelas y universidades han pasado al aprendizaje electrónico y las oficinas en el hogar han sustituido a las oficinas in situ.

El mapa está diseñado para proporcionar información a funcionarios del gobierno, capitalistas de riesgo, empresarios y otros para apoyar la respuesta al COVID-19 y abordar la pandemia y su impacto.

«Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes y necesitamos trabajar juntos para aportar las mejores ideas para vencer al virus. El Mapa de Innovación de Coronavirus tiene como objetivo proporcionar una plataforma para los innovadores, cada uno de nosotros, para colaborar y participar en la respuesta», afirma el Director de la Oficina de Innovación de ONUSIDA, Pradeep Kakkattil.

«Puedes compartir ideas o contactar con innovadores a través de la plataforma. Hemos visto una serie de herramientas e innovaciones existentes que ya están siendo reutilizadas para el COVID-19 con gran éxito y creemos que la plataforma ayudará a llevar nuevas soluciones más rápidamente a las manos de aquellos que están a la vanguardia de la respuesta», añadió Eli David, Director General de StartupBlink.

Ya se han recibido más de 500 innovaciones en la plataforma y el Health Innovation Exchange elaborará un informe sobre las innovaciones preseleccionadas que se compartirá con los países asociados para la respuesta al COVID-19. 

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

Vivir con el VIH durante una cuarentena

07 de abril de 2020

Pumza Mooi, residente en Puerto Elizabeth, Sudáfrica, está preocupada, ya que es una de los 2,5 millones de personas en el país que viven con el VIH, pero que no reciben terapia antirretrovírica.

«He tomado la decisión de empezar con el tratamiento», confirma Mooi. «No importa cuán alto sea mi recuento de linfocitos CD4 o cuán baja mi carga vírica, nunca estará mejor que siguiendo el tratamiento contra el VIH. Debo hacerlo por mí misma, por mis hijos y por aquellos para los que soy un ejemplo. Tengo miedo de enfermar», afirma.

La decisión de Mooi de empezar el tratamiento contra el VIH llega en un momento de incertidumbre para las personas con un sistema inmunitario comprometido, debido al riesgo de una grave infección de COVID-19. Actualmente no hay pruebas de que las personas que viven con el VIH tengan mayor riesgo de contagio por COVID-19, pero existe la preocupación de que la infección pueda ser más severa para las personas seropositivas que no reciben terapia antirretrovírica.

Sudáfrica está bajo una cuarentena de 21 días para intentar frenar la propagación de este virus y el Ministro de Salud Zweli Mkhize ha instado a toda la población a tomar precauciones para prevenir la infección. Además, subraya la importancia de que todos conozcan su estado serológico, se realicen la prueba y empiecen inmediatamente el tratamiento si dieran positivo.

«Me aterra contagiarme de COVID-19», afirma Mooi. «Da miedo pensar que ya tengo un virus (VIH) con el que mi cuerpo tiene que lidiar. Me pregunto a mí misma si mi cuerpo es suficientemente fuerte, si mi sistema inmunitario es suficientemente fuerte».

Mooi contrajo el VIH hace muchos años, cuando la recomendación predominante era empezar con el tratamiento si el paciente experimentaba una reducción en el recuento de linfocitos CD4, así que enfermó. Desde entonces ha estado monitorizando su estado. En 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó unas nuevas orientaciones generales en las que se recomendaba la terapia antirretrovírica de por vida a todos los niños, adolescentes y adultos, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes, que vivieran con el VIH, sin importar su recuento de células CD4. Es decir, cualquier persona diagnosticada con VIH debería empezar de inmediato con el tratamiento.

ONUSIDA monitorea de manera activa el impacto del COVID-19 y trabaja con con el gobierno, con asociados para el desarrollo y con redes de personas que viven con el VIH para asegurarse de que se escuchan las preocupaciones de las personas seropositivas y de que se reflejan en la respuesta al COVID-19. Esto incluye identificar las limitaciones de los servicios de salud, fomentar las prescripciones de medicamentos antirretrovíricos que duren más tiempo (varios meses) y ayudar a las comunidades a ofrecer soluciones. 

Utilización de redes sociales

La vida en confinamiento resulta especialmente difícil a las personas que viven en asentamientos informales y ONUSIDA ha reconocido el reto de conseguir la autoprotección, la distancia social y la contención en dichas áreas. A esto se le suman informes sobre el coronavirus que son imprecisos e inducen al miedo. «Hay mucha información en circulación, pero no toda es verdad», afirma Mooi. «Recuerdo a la gente que el gobierno nos ha dado un número de WhatsApp a través del cual podemos acceder a información veraz, sin preocuparnos de las demás. Si hay algo cierto, el gobierno nos lo dirá».

Por suerte, Mooi tiene una sólida red de apoyo tras haber dado a conocer su estado serológico en internet hace muchos años. «Sé que cuidarán de mí», afirma. Mooi modera grupos de apoyo de Facebook y WhatsApp de las personas que viven con el VIH. Estos cuentan con docenas de miembros, desde una persona de 16 años que nació con VIH hasta una mujer de 62 que lleva muchos años viviendo con el VIH.

Durante los últimos años, muchos miembros del grupo han compartido su experiencia de vida con el VIH, del tratamiento contra el VIH, de hacer frente al estigma y la discriminación, y de permanecer motivados. Su consenso es que recibir el tratamiento contra el VIH y seguirlo es la mejor opción, asegura Mooi.

Ahora hay un nuevo tema en los grupos. «Están preocupados por el COVID-19», comenta. «Les digo que no se preocupen, que estén en casa y que cuiden sus hábitos de higiene». De momento, todos saben que tendrán que acostumbrarse y cuidar unos de otros a distancia, para sobrellevar el aislamiento prolongado.

El grupo fomenta el debate, sobre todo las mujeres, aunque los hombres permanecen atentos. «Recibo mensajes de hombres que preguntan por qué no debatimos acerca de lo que les afecta a ellos, pero si no se abren, no siempre podrán contar con la ayuda que necesitan», comenta Mooi. «Animo a los hombres a que compartan sus historias y que nos podamos ayudar entre todos».

Mirando hacia el futuro

Como la mayoría, Mooi ya está deseando poder moverse con más libertad de nuevo y comenzar el tratamiento contra el VIH. Está haciendo lo que puede en casa para cuidar de sí misma, de su madre y de su hija, y para animar a sus redes de personas que viven con el VIH. «Hacemos lo que nos dicen que hagamos, como lavarnos las manos y guardar la distancia con otras personas y, simplemente, rezando y esperando lo mejor», comenta Mooi.

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

Las trabajadoras sexuales no deben quedar atrás en la respuesta a la COVID-19

08 de abril de 2020

GINEBRA, 8 DE ABRIL DE 2020—La pandemia de COVID-19, al igual que otras crisis de salud, expone las desigualdades existentes y afecta desproporcionadamente a las personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones financieras precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social.

Durante estos tiempos difíciles, la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP por sus siglas en inglés) y ONUSIDA desean llamar la atención sobre las dificultades y preocupaciones particulares que enfrentan las trabajadoras sexuales a nivel mundial, y exhortan a los países a garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Como resultado de la pandemia de COVID-19, las trabajadoras sexuales en todo el mundo están experimentando dificultades, una pérdida total de ingresos y una mayor discriminación y acoso. La criminalización de varios aspectos del trabajo sexual en la mayoría de los países sirve para magnificar la ya precaria situación de las trabajadoras sexuales en la economía informal. Como las trabajadoras sexuales y sus clientes se auto aíslan, las trabajadoras sexuales quedan desprotegidas, son cada vez más vulnerables y no pueden mantenerse a sí mismas ni a sus familias.

Las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales de todas las regiones informan que no tienen acceso a los esquemas nacionales de protección social y están excluidas de las medidas de protección social de emergencia que se están implementando para otros trabajadores, particularmente donde el trabajo sexual está criminalizado. Siempre que sea posible, las trabajadoras sexuales se auto aíslan responsablemente en respuesta a los llamados de los gobiernos. Sin embargo, cuando están excluidas de las respuestas de protección social de COVID-19, las trabajadoras sexuales se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir.

NSWP y ONUSIDA también están preocupadas por los informes de represiones punitivas contra las trabajadoras sexuales, que resultan en allanamientos de casas, pruebas obligatorias de COVID-19, arresto y amenaza de deportación de trabajadoras sexuales migrantes.

ONUSIDA hace un llamamiento a los países para que tomen medidas inmediatas y críticas, basadas en principios de derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales. Las medidas deben incluir:

  • Acceso a esquemas nacionales de protección social para trabajadores sexuales, incluidos esquemas de apoyo a los ingresos.
  • Una barrera inmediata entre los servicios de salud y las autoridades de inmigración para garantizar que las trabajadoras sexuales migrantes puedan acceder a los servicios de salud.
  • Apoyo financiero de emergencia para las trabajadoras sexuales que enfrentan la indigencia, en particular los migrantes que no pueden acceder al apoyo financiero basado en la residencia.
  • El fin inmediato de los desalojos y el acceso a viviendas de emergencia apropiadas para trabajadoras sexuales sin hogar.
  • Detener las redadas en los hogares de las trabajadoras sexuales y los locales de trabajo sexual y garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas.
  • Un cese inmediato de los arrestos y enjuiciamientos por actividades relacionadas con el trabajo sexual, alejándose de las medidas punitivas y la criminalización para llegar y servir a los más necesitados.
  • El fin inmediato del uso del derecho penal para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19, incluidas las pruebas forzadas de COVID-19 y los enjuiciamientos relacionados.
  • Las extensiones automáticas en las visas debido a su expiración a medida que se ajustan las restricciones de viaje. Los sistemas de detención de inmigrantes deben apoyar a los detenidos en alojamientos seguros.
  • La participación de las comunidades de trabajadoras sexuales en las respuestas: la participación significativa de organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en grupos de planificación de salud pública de emergencia.

ONUSIDA, como siempre, está lista para apoyar a los países en la implementación de las recomendaciones anteriores.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

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COVID-19 y VIH

ONUSIDA elogia la decisión de Portugal de conceder derechos de residencia temporal a inmigrantes y solicitantes de asilo

02 de abril de 2020

GINEBRA, 2 de abril de 2020—ONUSIDA acoge con gran satisfacción la decisión del Gobierno portugués de conceder derechos de residencia temporal a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo que hayan solicitado la residencia en el país antes del 18 de marzo de 2020, fecha en que se anunció el estado de emergencia por el COVID-19. Estos derechos permitirán a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo acceder a las prestaciones sociales y sanitarias, incluido el acceso al servicio nacional de salud, a las cuentas bancarias y a los contratos de trabajo y de alquiler, al menos hasta el 1 de julio de 2020.

«ONUSIDA insta a todos los países a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, que se centre en las personas y respete los derechos y la dignidad de todos», afirma Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Portugal ha demostrado su liderazgo y compasión al dar prioridad a estas medidas para proteger a los más vulnerables en su respuesta al COVID-19».

Los migrantes se enfrentan a la misma amenaza sanitaria del COVID-19 que las poblaciones de acogida y deben ser incluidos para garantizar una respuesta eficaz que aborde los impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia. Los migrantes y otras poblaciones clave y vulnerables a menudo no pueden acceder a los servicios sanitarios y sociales por temor a la deportación, los costos financieros, las limitaciones jurídicas, las barreras lingüísticas, la exclusión y el temor al estigma y a la discriminación. La eliminación de las barreras que impiden a las personas solicitar atención médica y social mejorará los resultados de la salud pública en general, defenderá los derechos humanos de los más vulnerables y creará una respuesta más fuerte, eficaz y equitativa al COVID-19.

Portugal ha sido pionero en una respuesta al VIH basada en los derechos humanos desde el comienzo de la epidemia al crear entornos jurídicos propicios, promulgar políticas progresistas en materia de drogas y hacer que el tratamiento del VIH sea gratuito para todos, independientemente de la situación migratoria de la persona. Hoy en día, Portugal sigue liderando mediante su impulso de modelos de atención comunitaria y el fomento para la mejor integración de servicios de atención sanitaria. 

Para ayudar a orientar a los gobiernos, a las comunidades, y a otras partes interesadas en la planificación y aplicación de medidas para contener COVID-19, ONUSIDA ha elaborado un nuevo documento de orientación que aprovecha las principales enseñanzas extraídas de la respuesta a la epidemia de VIH: Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19: Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

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COVID-19 y VIH

Homenaje a Gita Ramjee

01 de abril de 2020

El 9 de marzo dejé mi hotel en Brasil. Habíamos terminado una reunión fascinante sobre la integración del VIH con otras enfermedades y programas de salud. Había muchos golpecitos de codo y sonrisas discretas por la falta de abrazos con los colegas de Brasil y de todo el mundo. Sabíamos que venían olas, pero las playas aún lucían hermosas. Incluso bebimos cerveza Corona con la cena.

Estaba emocionado y reservé para ir directamente a Boston para la edición de 2020 de la CROI, la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas. Aparte de la alta calidad de la ciencia presentada en la CROI, siempre me encantan los pasillos. Siempre había mucho tiempo para reunirse con amigos y colegas, muchos de los cuales habían estado juntos durante los últimos 25 años, o más, que ha durado la pandemia del VIH. Vi a Gita Ramjee en todas las reuniones y estaba deseando encontrarme con ella de nuevo.

Por desgracia, eso no sucedió. Mi teléfono me notificó un correo electrónico anunciando que la conferencia ya no se realizaría en Boston, sino que se realizaría de forma virtual.

Gita ya estaba en Londres, de camino a una reunión desde Sudáfrica. Al oír que el CROI iba a «virtualizarse», Gita estaba encantada de quedarse en Londres unos días más. Últimamente pasaba más tiempo en Londres porque quería estar con sus hijos y con su nieto, que viven allí. Visitó la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde tiene una cátedra honoraria por su trabajo en los ensayos de prevención del VIH. Mis colegas de allí me dijeron que estaba de su buen humor habitual—amable, colaborativa, sencilla y llena de integridad y determinación para conseguir cosas. Volvió a Sudáfrica aquel fin de semana y dio una charla a distancia el 17 de marzo en la Escuela de Londres. Dos semanas después falleció, siendo una de las primeras muertes por COVID-19 en Sudáfrica.

Gita es un extraordinario ejemplo de resiliencia y determinación. Nació en Uganda y escapó del régimen de Idi Amin. Continuó sus estudios en la India y después fue a la universidad en el Reino Unido. Allí conoció a quien sería su marido, un sudafricano también de ascendencia india. Se mudó a Transvaal con él, pero ambos odiaban aquella vida segregada, que contrastaba claramente con la sociedad de Reino Unido, más abierta. Así que se trasladaron a Durban, una ciudad más adecuada para ellos, y Gita empezó a construir los dos pilares de su vida: su familia y su carrera profesional.

Su importante trayectoria liderando la investigación de la prevención del VIH, en particular para mujeres y más en concreto mujeres desfavorecidas y trabajadoras sexuales, le ha dado el prestigio mundial: premios científicos durante toda su vida a la excelencia otorgados por Sudáfrica, un premio a la científica por excelencia de parte de la Asociación de Ensayos Clínicos de Europa y los Países en Desarrollo, doctorados honoris causa, etc. Para mí, siempre fue un rostro amable y alguien con quien podía quedar y charlar, no solo de ciencia, sino también de nuestros hijos y nietos, de Londres, Durban y mucho más.

La ola de COVID-19 rompe en nosotros ahora y su fuerza es impresionante. Gita fue una de las primeras pérdidas de la epidemia africana, ya que era una estrella mundial; su muerte es una dura advertencia. Millones de personas pobres de África meridional y oriental, muchas seropositivas, se enfrentan ahora a un terrible desafío. Los frágiles sistemas social y sanitario, la dependencia en los trabajadores del sector, el hacinamiento en las viviendas y la falta de agua y electricidad forman una horrible perspectiva. El número de muertes aumentará drásticamente, en parte por las infecciones directas por el virus, pero mucho más por las repercusiones en el sobrecargado sistema de salud y las frágiles redes de seguridad de protección social. ¿Cómo se espera que mantengan la distancia física millones de personas asustadas que viven en abarrotadas viviendas compartidas y dependen de su salario diario para comprar comida?

Gita creía en los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales y luchó por conseguirlos. En 2007, declaró lo siguiente en el periódico The Guardian: «Las historias que nos contaban eran horribles. Entonces supe que me quería involucrar en la prevención de la infección por el VIH en mujeres». Sé que ella querría que diéramos un paso adelante y estuviéramos a la altura del desafío del COVID-19, que no es solo una crisis de salud pública, sino también un reto a la inequidad, la pobreza y la falta de solidaridad mundial.

 

Peter Godfrey-Faussett, Asesor Principal de Ciencia, ONUSIDA

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