GINEBRA, 26 de agosto de 2020 - ONUSIDA está instando a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social y defender a las personas más vulnerables del impacto sanitario y el desplome económico derivados de la pandemia de la COVID-19.
Las personas que viven con el VIH y tuberculosis (TB) son las que más sufren los efectos de la COVID-19. Según el modelaje, se calcula que el posible impacto catastrófico de la pandemia de la COVID-19 causaría hasta un 10 %, un 20 % y un 36 % más de muertes de personas con VIH, tuberculosis y malaria, respectivamente, en los próximos cinco años.
Entre los más vulnerables están las mujeres y las chicas, los gais y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, los consumidores de drogas y las personas transgénero. Muchos de ellos son excluidos de los programas existentes de protección social.
«Los países han de asegurar que todo el mundo sea capaz de disfrutar del acceso a los servicios esenciales, incluyéndose aquí la atención sanitaria. Del mismo modo, los Gobiernos deben invertir adecuadamente en programas de protección social, con el fin de mantener a los ciudadanos seguros y de protegerlos de las consecuencias derivadas de la falta de sustento», recordó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.
El desplome socioeconómico provocado por la pandemia de la COVID-19 tendrá un impacto descomunal en algunas de las personas más desfavorecidas de las sociedades de todo el mundo. Por ejemplo, la COVID-19 amenaza con doblar el número de personas que se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria hasta llegar a más de 265 millones de personas para final de año. La mayoría de ellas serán residentes de países ya muy afectados por conflictos o crisis económicas o climáticas. Los refugiados se encuentran entre los grupos que más peligro corren.
Es muy probable que cientos de millones de personas de todo el mundo pierdan sus puestos de trabajo en sectores tanto formales como informales de la economía. Alrededor de 150 millones de trabajos a jornada completa se perdieron ya durante el primer trimestre del año, y se espera que en los próximos meses sean muchos más los millones de personas que se vean obligadas a decir adiós a su fuente de ingresos.
«A día de hoy, solo el 29 % de la población mundial cuenta con un buen respaldo en lo que a medidas de protección social se refiere», señaló Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Los Gobiernos han de actuar para garantizar la sostenibilidad de los medios de subsistencia, las empresas y los puestos de trabajo, y para velar por la salud, los derechos y los ingresos de los trabajadores durante y después de la COVID-19».
Las mujeres acostumbran a ser las más vulnerables a las crisis económicas, puesto que un enorme porcentaje, desproporcionado con respecto al de hombres, trabaja en los sectores informales de la economía, lo que hace que tengan más posibilidades de perder sus ingresos. A menudo trabajan en la primera línea de la respuesta a la COVID-19; constituyen el 70 % de la mano de obra en los sectores relacionados con el cuidado social y sanitario, y llevan a sus espaldas la carga del trabajo doméstico, nunca remunerado, además de encargarse de los hijos y realizar otros quehaceres vinculados al cuidado de la familia.
El aumento de la violencia de género durante el confinamiento también hace imperativo para los Gobiernos el invertir desde ya en programas de protección social diseñados específicamente para velar por las mujeres y los niños.
Hay una generación de jóvenes también con riesgo de ser víctimas del colapso socioeconómico causado por la pandemia. La vulnerabilidad de los niños y los jóvenes ha crecido exponencialmente como consecuencia del cierre de las escuelas, que ha afectado a más del 90 % de la población en edad escolar del mundo, la cual ha visto interrumpida su educación y su acceso a servicios sociales imprescindibles para ellos, como el comedor escolar.
«Los niños y los jóvenes están sufriendo de manera desproporcionada el impacto socioeconómico de la crisis de la COVID-19», destaca Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF. «Antes del brote, dos de cada tres niños ya no contaban con un fondo de protección social o, de tenerlo, era inadecuado. Los países necesitan estar a la altura de su compromiso con la protección social para todas las personas que la necesiten.
Esta llamada a la acción dirigida a los Gobiernos para que inviertan adecuadamente en programas de protección social es apoyada por ONUSIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También cuenta con el sustento del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial.
ONUSIDA
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
