Criminalization

BANGKOK, 15 de abril de 2023 — ONUSIDA aplaude la decisión tomada hoy por los responsables políticos de las Islas Cook de suprimir de la Ley de Delitos (Crimes Act) las leyes que prohíben actos sexuales consentidos entre hombres. Con la despenalización de las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, la nación del Pacífico se une a un movimiento mundial de afirmación de los derechos humanos en defensa de la no discriminación y de la intimidad.

"La última medida de las Islas Cook forma parte de una oleada de avances mundiales en torno a la eliminación de leyes que dañan a los ciudadanos. Inspirará a países de todo el Pacífico, Asia y del resto del mundo a seguir su ejemplo. La despenalización salva vidas", declaró Eamonn Murphy, Director Regional de ONUSIDA para Asia y el Pacífico.

La criminalización de las relaciones homosexuales socava los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). Las leyes punitivas refuerzan la estigmatización y la discriminación contra las personas LGBT y socavan su acceso a los derechos, tratamientos y oportunidades que sí están a la disponibilidad de las demás personas. Estas leyes también obstaculizan el acceso a servicios vitales, entre ellos la asistencia sanitaria sexual y reproductiva.

“Esta decisión de las Islas Cook va a salvar vidas”, afirmó el Sr. Murphy. “La abolición de leyes coloniales punitivas y discriminatorias en todo el mundo es fundamental para la preservación de la salud pública y para garantizar también el fin de la epidemia del sida”.

El apoyo bipartito que recibió el proyecto de ley Crimes (Sexual Offences) Amendment Bill demuestra que los responsables políticos, la sociedad civil y las comunidades pueden llegar a un acuerdo para elaborar leyes que construyan sociedades más justas y equitativas.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron oficialmente un nuevo conjunto de principios jurídicos, elaborados por especialistas en la materia, para orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación penal. 

Los denominados “principios del 8 de marzo” establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, el desamparo y la pobreza.

Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, declaró: “El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... por ello, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a escala mundial, se ha observado una tendencia creciente a la penalización excesiva.” 

“Debemos reconocer que esta legislación no solo viola los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal”, afirmó.

Según Edwin Cameron, antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y actual juez inspector de los servicios penitenciarios sudafricanos, dichos principios son de especial relevancia y utilidad para jueces, legisladores, responsables políticos, sociedad civil y académicos. “Los principios del 8 de marzo proporcionan un marco jurídico claro, accesible y práctico fundamentado en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló.

Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto nocivo de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos para abordar los efectos negativos de dichas leyes sobre los derechos humanos. 

Estos principios, desarrollados a lo largo de 5 años, se basan en la retroalimentación y las revisiones de un grupo de expertos e interesados. Terminaron de redactarse en 2022. Inicialmente, se centraban en los efectos de las leyes penales que proscriben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual con consentimiento, la identidad de género, la expresión de género, la ocultación del VIH, la exposición y la transmisión, el consumo de drogas y su posesión para el uso personal. Más tarde, se incluyó también la penalización vinculada al desamparo y la pobreza, basándose en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

El uso excesivo y continuado del derecho penal y, en algunos casos, de leyes penales arbitrarias y discriminatorias por parte de los gobiernos ha causado una serie de violaciones de los derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y la discriminación por género u orientación sexual.

En 2023, veinte países penalizan o persiguen a las personas transgénero y 67 países siguen penalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Además, 115 informan de que penalizan el consumo de drogas, más de 130 penalizan la exposición al VIH, la no ocultación y la transmisión del VIH, y más de 150 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

En el mundo del VIH, el abuso y mal uso de las leyes penales no sólo afecta al derecho a la sanidad, sino a otros muchos, entre los que se encuentran los siguientes: derecho a no ser discriminado, a la vivienda privada, a la seguridad individual, a la circulación, a la familia, a la intimidad y a la autonomía corporal, y en casos extremos al propio derecho a la vida. Por ejemplo, en los países donde el trabajo sexual está penalizado, los trabajadores sexuales tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que en aquellos donde está parcialmente legalizado. Ser penalizado también puede significar verse privado de la protección de la ley y de la aplicación de la misma. Y, sin embargo, las comunidades penalizadas, especialmente las mujeres, suelen ser las que más necesitan esa protección que se les niega.

La Directora Ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, Christine Stegling, declaró: "Celebro que estos principios se lancen el Día Internacional de la Mujer (DIM), en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal puede tener, y tiene, con demasiada frecuencia, sobre las mujeres en toda su diversidad".

“No pondremos fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública mientras se mantengan estas leyes dañinas”,  añadió.  “Estos principios serán de gran utilidad en nuestros esfuerzos, tanto para nosotros como para nuestros socios”.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer: "El día de hoy es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre el poder y los sistemas controlados por los hombres".

Su intervención terminó de la siguiente manera: "Me alegro de que hayáis hecho este trabajo, tenemos que utilizarlo y tenemos que hacerlo también en un contexto mucho más político, cuando se trata precisamente de contrarrestar estas dinámicas de poder".

"Francamente, tenemos que plantearnos estas cuestiones y asegurarnos de que serán una parte integral de los derechos humanos en el futuro", afirmó.

Para concluir, Phelister Abdalla, Presidente de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, con sede en Kenia, señaló: "Cuando se criminaliza el trabajo sexual se lanza el mensaje de que se puede abusar de los trabajadores sexuales... Somos seres humanos y tenemos derecho a todos los derechos humanos".

Rosma Karlina y Yulistyo Dwi viven con sus dos hijos pequeños en la lluviosa ciudad de Bogor, en el sur de Yakarta.

La Sra. Karlina relató: “A veces vamos a museos para introducir a los niños a la historia o damos de comer a los ciervos del Palacio Presidencial. Es un entretenimiento sencillo, pero puede enseñar a los niños a amar incluso a los animales”.

Si su vida familiar es tradicional, su vida laboral es todo menos eso. La Sra. Karlina es la fundadora y Directora de Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (también denominada en inglés Womxn's Voice), una organización que defiende y atiende a mujeres y a mujeres trans que consumen drogas. Bambang, conocido popularmente como Tedjo, fundó la AKSI Keadilan Indonesia (también conocida como Indonesian Justice Action Foundation). Desde 2018, su equipo ofrece asistencia jurídica y apoyo a personas que consumen drogas y defiende sus derechos.

Sus jornadas de trabajo son una mezcla de organización comunitaria, burocracia paralegal y atención a llamadas de socorro. Una clienta denunció violencia doméstica por parte de su marido. Cuando la policía llegó a la casa, el marido informó a los agentes del consumo de drogas de su mujer y la detuvieron a ella en lugar de a él.

Las organizaciones abogaron con éxito por que un hombre saliera de un centro de rehabilitación obligatoria para que pudiera acceder al tratamiento del VIH. De lo contrario, habría estado tres meses sin tomar sus medicamentos.

Las organizaciones han sido testigos de muchos ejemplos de mujeres que viven con el VIH que se enfrentan a un desprecio extremo. En una ocasión, un agente de policía arrojó un paquete de compresas a la celda de una mujer en lugar de pasárselo y alegó miedo de estar cerca de ella.

La Sra. Karlina afirmó: “Desde 2018 he visto muchas violaciones de derechos perpetradas por agentes de la autoridad: abuso físico, psicológico e incluso económico”. Y, además, puntualizó que “extorsionan a las familias por dinero para que sus seres queridos puedan volver a casa”.

La actual Rosma Karlina, educadora y apasionada activista, evolucionó tras casi dos décadas de abuso de sustancias. Ha estado 17 veces en centros de rehabilitación. Tocó fondo durante un encarcelamiento de 18 meses por posesión de heroína.

“Mi familia pagó mucho dinero a la fiscalía, pero aún así, seguía en prisión. Perdí la custodia de mi hijo mayor. El juez pensó que no merecía ser madre porque consumía drogas”, relató.

Tedjo también evolucionó de la adicción al activismo.

“Consumí drogas entre 1989 y 2015. Ha sido un largo viaje”, reflexionó. “Cuando mi vida era un desastre, hice daño a mucha gente. No fue fácil demostrar que había mejorado”.

Estas personas son dos de las más destacadas por alzar su voz con respecto a cómo la dura legislación penal sobre posesión y consumo de drogas acarrea violaciones de los derechos de las personas que consumen drogas, al tiempo que reduce el acceso a los servicios sanitarios.

Un análisis político y jurídico de 38 países realizado por ONUSIDA y el PNUD reveló que 14 países de la región cuentan con castigo corporal o pena capital por el uso o posesión de drogas. Algunos estados han justificado los asesinatos extrajudiciales por delitos por consumo o posesión de drogas.  Se estima que, en 2021, el 12 % de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico se produjeron entre personas que se inyectaban drogas.

 “La guerra contra las drogas ha creado un gran estigma social y una cultura que ve a toda una comunidad como criminales. Cuando accedemos a la asistencia sanitaria, nos tratan como si fuéramos malas personas”, manifestó Tedjo.

Francis Joseph, el Coordinador Regional de la Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD, por sus siglas en inglés), explicó que al carecer de entornos legalmente favorables, estas personas no tienen acceso a los servicios adecuados.

“Los profesionales sanitarios y los organismos del orden público los tratan con violencia y abuso”, confesó. “Por ello, no quieren destaparse y reconocer: 'He compartido agujas y jeringas y ahora necesito una prueba del VIH'.  Puesto que las personas que consumen drogas no son bienvenidas en nuestros centros sanitarios, lo que provoca esto es que huyan del sistema y se queden fuera de él”.

Lord Lawrence Latonio, un estudiante de derecho y socio de la Community Access to Redress and Empowerment (CARE, por sus siglas en inglés), ha puntualizado que Filipinas también criminaliza la posesión de lo que se considera parafernalia de drogas. Asimismo, esto implica que los educadores inter pares que distribuyen agujas y jeringas limpias tengan que estar alerta para no ser detenidos.

Afortunadamente, los defensores presionaron con éxito para que se incluyera la protección a los trabajadores sanitarios que proporcionan servicios para el VIH en la Ley de Política sobre el VIH y el Sida de 2018. Parte de la labor de CARE consiste en impartir conocimientos jurídicos básicos para que las comunidades puedan comprender sus derechos. Y también cuenta con una red de funcionarios inter pares trabajando en diferentes regiones para apoyar a los miembros de las comunidades de población clave y a las personas que viven con el VIH a obtener reparación en casos donde se hayan violado sus derechos.

Veintiún países de la región cuentan con centros estatales de detención y rehabilitación obligatoria o centros similares para personas que consumen drogas. Estos consisten en una forma de confinamiento donde aquellos acusados o conocidos por consumo de drogas son ingresados de manera involuntaria para su desintoxicación y supuesto tratamiento. Se ha indicado que las condiciones incluyen trabajo forzoso, falta de nutrición adecuada y acceso limitado a asistencia sanitaria.

En 2012 y 2020, los organismos de las Naciones Unidas exigieron el cierre definitivo de estos centros de internamiento involuntario. Pero según un informe de 2022 se han paralizado, en gran medida, los avances en este asunto en el Este y el Sudeste Asiático.

“ONUSIDA está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para alentar a estos países a pasar de centros de internamiento involuntario a tratamientos voluntarios de base comunitaria que proporcionen servicios basados en pruebas y en derechos humanos”, anunció el Asesor Jurídico y de los Derechos Humanos de ONUSIDA Asia y el Pacífico, Quentin Lataire.

ONUSIDA Indonesia está colaborando con Womx'n Voice para poner a prueba un programa piloto multisectorial de refugio y educación para mujeres y niños en Bogor. Sus acciones incluyen protección social, respaldo jurídico, apoyo a la salud mental, educación sanitaria y sobre el VIH y acompañamiento a los servicios.

La Sra. Karlina ha pedido mayores inversiones en asistencia a la salud mental, reducción de la pobreza y educación. “Necesitamos evaluaciones adecuadas para poder analizar mejor cada situación y encontrar la solución más eficaz. La cárcel no es la respuesta. Si nos veis como seres humanos, nos cuidaréis como seres humanos”, insistió.

En el Día de la Cero Discriminación de 2023, que se celebra el 1 de marzo, ONUSIDA pone de relieve la necesidad de eliminar las leyes que criminalizan a las personas que viven con el VIH y a los grupos de población clave.* El lema de 2023, «Despenalizar salva vidas», insiste en el impacto positivo en los resultados de salud y vida que se observa cuando se eliminan las leyes discriminatorias y punitivas.

En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10 % de los países mantuvieran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran a la respuesta al VIH.

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó:

«La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vidas. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escolares, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo».

«A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas de la prevención y el tratamiento del VIH».

Estos objetivos son ambiciosos pero necesarios

La investigación en el África subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es cinco veces superior en los países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos judiciales recientes.

La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los trabajadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Policía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las tasas de violencia.

La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley.

En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:

«Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

«Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, por lo que necesitamos que todo el mundo participe».

Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si queremos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Los objetivos son ambiciosos, pero no imposibles

De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son.  En 2022, Bélgica y Australia han eliminado las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restricciones de viaje relacionadas con el VIH.

Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para garantizar que solo menos del 10 % de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según ONUSIDA, en 2021, 134 países que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o perseguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer ciertas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH.

Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estigmatizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas.

La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida.

* Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cárceles y otros centros de internamiento.

GINEBRA, 13 de diciembre de 2022—ONUSIDA celebra la sentencia del Tribunal Superior de Barbados que revoca las leyes contra la indecencia grave y sodomía, promulgadas en la era colonial del país, que criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

“Esta decisión histórica constituye un paso importante para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGTB en Barbados”, declaró Luisa Cabal, la Directora Regional de ONUSIDA en América Latina y el Caribe. “También fortalecerá la respuesta al VIH del país, ya que ayudará a reducir el estigma y la discriminación que sufren las personas LGTB y mejorará la percepción de las pruebas del VIH, así como de los servicios de prevención y tratamiento”.

En virtud del artículo 9 de la Ley de Delitos Sexuales de Barbados, los hombres que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres podrían enfrentarse a cadena perpetua. Conforme al artículo 12, tanto hombres como mujeres se consideraban criminales y estaban sujetos a hasta 10 años de cárcel. Las leyes que castigan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, además de violar los derechos humanos de las personas LGTB, suponen un obstáculo para mejorar los resultados sanitarios, incluida la respuesta al VIH. Estas leyes contribuyen al estigma y la discriminación de las personas LGTB e impiden que busquen y reciban asistencia médica por miedo a ser castigadas o detenidas. La descriminalización del colectivo LGTB salva y cambia vidas y construye sociedades más fuertes.

Barbados se convierte en el tercer país caribeño que anuncia este año la derogación de este tipo de legislación discriminatoria. El proceso judicial fue emprendido por dos abogados LGTB de Barbados junto a la organización local Equals Barbados, que ofrece apoyo a la comunidad, y la organización LGTB regional, Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad.

A principios de este año, los tribunales de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves también abolieron leyes por su carácter inconstitucional que criminalizaban a los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Actualmente quedan seis países en el Caribe que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. Todos ellos son excolonias británicas: Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Durante casi 150 años, declararse gay en St. Kitts y Nevis era sinónimo de ser criminalizado.  Y es que aquello que las autoridades coloniales inhumanamente etiquetaron como «el abominable crimen de la sodomía» ha formado parte durante muchos años de la ley, y solo ha logrado castigar, estigmatizar, discriminar y excluir a las personas LGBT por ser ellas mismas. 

Esta misma semana, el Tribunal Superior de la nación caribeña dictaminó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizan los actos sexuales privados entre las parejas del mismo sexo; desde ese mismo instante, dicha criminalización pasó a ser nula y a quedar sin efecto. 

La abogada Nadia Chiesa señaló que en el caso de St. Kitts y Nevis eran varios los derechos constitucionales violados por las disposiciones penales: los derechos a la privacidad, la libertad personal, la libertad de discriminación y la libertad de expresión.  

«Se presentaron como pruebas no solo argumentos legales, sino también las infinitas formas en que la existencia continuada de estas leyes afecta a las personas de la comunidad en todos los aspectos de su vida», explicó la Sra. Chiesa.  

Las partes demandantes pusieron sobre la mesa los problemas que con mayor frecuencia afectan a los miembros de la comunidad LGBT en St. Kitts y Nevis.  En lo más alto de la lista, sobresalía «una tendencia a evitar los servicios de salud sexual, incluyéndose aquí las pruebas del VIH, por miedo a ser víctimas del estigma por parte de los proveedores de atención sanitaria o la sociedad en su conjunto».  

«Llevamos un tiempo en una situación en que, aunque los programas para el VIH deberían centrarse en los grupos de población clave, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, algunos gobiernos han establecido una política que los ha apartado de esos enfoques o que incluso ha impedido actuar a las autoridades estatales responsables de proporcionar servicios a estas comunidades. Precisamente ese dato fue muy importante en el caso para afianzar los argumentos legales en torno a la discriminación», explicó Veronica Cenac, abogada de San Lucía y una de las estrategas líderes de la iniciativa.   

Ahora, con el cambio de la ley, llega la oportunidad de mejorar toda una gama de servicios. El cambio legal salvará y cambiará vidas.  

Mientras lo celebran, los activistas destacan la importancia de reflexionar y aprender sobre cómo se cosechó el éxito, de ayudar a dar a conocer los esfuerzos de los demás y de proporcionar información sobre los siguientes pasos necesarios para poner fin al estigma y la discriminación.  

La estrategia que finalmente lograría derrumbar la ley del siglo XIX nacida hace siete años. A  partir de esta iniciativa, el mes pasado también surgió un exitoso desafío a la ley de «sodomía» en Antigua y Barbuda. En Barbados, Granada y Santa Lucía se han vivido casos similares.  

El enfoque se inspiró en ejemplos recientes del Caribe respecto al uso de la revisión judicial para poner fin a las leyes que criminalizan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. Así, liderados por la Alianza para la Diversidad y la Igualdad del Caribe Oriental (ECADE), un consorcio de abogados, grupos de la sociedad civil y fideicomisos de los derechos humanos ultimaron un plan distinto para lograr su objetivo de acabar con las leyes discriminatorias en el Caribe Oriental. 

El proceso ECADE se caracterizó por tres rasgos clave.  

En primer lugar, en vez de perseguir la creación de un alto perfil para los casos que aparecen en las noticias, todos los esfuerzos de comunicación se centraron en concienciar y aprovechar la sabiduría dentro de las comunidades. El equipo trabajó para identificar las fortalezas y los aliados, mientras planificaba cómo abordar los posibles escollos. 

En segundo lugar, la estrategia se basó fundamentalmente en el fortalecimiento institucional. 

«No se trataba solo de dar a conocer más y más casos», detalló la Directora Ejecutiva de ECADE, Kenita Placide. «Nuestro objetivo era el de construir una comunidad».  

Uno de los demandantes en el caso fue la organización no gubernamental Alliance for Equality de St. Kitts y Nevis (SKNAFE, por sus siglas en inglés). La presidenta de SKNAFE, Tynetta McKoy, insistió en que la organización está preparada para apoyar la siguiente etapa del trabajo: un mayor compromiso público.  

«La mayoría de los miembros de la comunidad... saben que este es un primer paso y aún queda mucho trabajo por hacer en torno a la educación y la concienciación pública. Al venir del nivel de la comunidad, estamos ante un trampolín. Estamos listos para seguir avanzando», destacó. 

La tercera punta de la estrategia tenía que ver con la seguridad de los litigantes y de toda la comunidad en general. Para ECADE era fundamental pensar en los demandantes más allá del caso y garantizar que su vida pudiera seguir transcurriendo con absoluta seguridad, aun cuando sus nombres y rostros no dejaran de circular por los medios de comunicación.  

ECADE mostró su enorme agradecimiento por las aportaciones de Human Dignity Trust, Kaleidoscope Trust, Canadian HIV/AIDS Legal Network, University of the West Indies Rights Advocacy Project (URAP) y Caribbean Vulnerable Communities (CVC) Coalition, entre otros, por contribuir de varias maneras. Entre ellos se incluía el apoyo a la investigación fundamental y la oferta de orientación estratégica. 

La Sra. Cenac señaló que una fase posterior de la estrategia se centraría en animar a los gobiernos a promulgar una legislación protectora De ese modo, se garantizaría que la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables quedaran cubiertos por las medidas de seguridad legales implementadas para otros ciudadanos.     

El abogado principal, E. Anthony Ross Q.C., instó a los Gobiernos del Caribe a actuar proactivamente para garantizar que sus leyes defiendan siempre los derechos que la propia constitución otorga a los ciudadanos. 

«Aquí no se creó absolutamente nada nuevo [en este juicio]. Es la constitución la que específicamente aborda todos estos derechos. Todos los fiscales generales deberían tomar nota. Ha llegado el momento de revisar todas estas leyes y meter en vereda a las discriminatorias».

GINEBRA, 30 de agosto de 2022 - ONUSIDA recibe con infinito agrado una sentencia del Tribunal Superior de Saint Kitts y Nevis en la que se dicta que las leyes que criminalizan el sexo entre hombres gais son inconstitucionales, lo que se traduce en su inmediata retirada del código jurídico. El Tribunal ratificó la demanda que insistía en que las secciones 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona violaban el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

«Esta sentencia emblemática supone un paso importante para garantizar la igualdad y la dignidad de la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans de Saint Kitts y Nevis, así como de todo el Caribe», destacó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «En el día de hoy Saint Kitts y Nevis se unen a la creciente lista de naciones caribeñas que ya han derogado estas leyes de la era colonial que niegan los derechos humanos de las personas y frenan la respuesta a la pandemia del VIH. Una descriminalización de la que todo el mundo se beneficia».

Las leyes que castigan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, además de contravenir los derechos humanos de las personas LGBT, suponen un obstáculo significativo para mejorar los resultados sanitarios, incluso en la respuesta al VIH. Dichas leyes no hacen sino contribuir a mantener el estigma y la discriminación contra las personas LGBT y suponen barreras para estas personas a la hora de buscar y recibir atención sanitaria por miedo a ser castigadas o detenidas. La descriminalización salva y cambia vidas.

La demanda contra el Gobierno de Saint Kitts y Nevis fue presentada por un ciudadano, Jamal Jeffers, y la Alianza de Saint Kitts y Nevis para la Igualdad, y contó con el respaldo de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad. La sentencia del Tribunal Superior sigue una decisión similar adoptada por el Tribunal Superior de Antigua y Barbuda el pasado mes de julio. Los tribunales de Belice y Trinidad y Tobago también han derogado aquellas secciones de sus códigos jurídicos que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

En la actualidad aún hay siete países en el Caribe que criminalizan el sexo homosexual consentido entre adultos. Estos países, todos ellos antiguas colonias británicas, son Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

«La sociedad civil caribeña está determinada y los tribunales caribeños son claros al respecto. El tiempo corre para estas leyes coloniales dañinas», afirmó Luisa Cabal. «Los países que aún no han puesto fin a estas leyes deben hacerlo de forma urgente, por la salud y los derechos humanos de todos sus ciudadanos».

La sentencia del Tribunal reduce a 68 el número de países en todo el mundo que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A principios de este mes, Singapur anunció que está derogando la legislación que castigaba al sexo gay con una pena de prisión de hasta dos años.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.