Criminalization

Las leyes discriminan de muchas maneras, pero la criminalización de las personas es una de las formas de discriminación más devastadoras. A pesar de haberse instado a realizar reformas y adquirir compromisos en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el fin de eliminar las leyes discriminatorias y reducir las desigualdades,

• 69 países siguen criminalizando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
• Más de 100 países criminalizan el consumo o la posesión de drogas para consumo propio y otros 98 criminalizan algunos tipos de trabajos sexuales.
• Una de cada cinco personas encarceladas están en prisión por delitos relacionados con las drogas y de estas un 80 % eran consumidoras o estaban en posesión de sustancias para consumo propio.
• 19 países deportan a los extranjeros cuando estos tienen un estado serológico positivo.

En Nueva York, en los Estados Unidos de América, se está celebrando un foro político de alto nivel del 9 al 18 de julio cuyo objetivo es revisar el progreso realizado por los Estados miembros en lo referente a los compromisos que adquirieron para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyéndose aquí los relacionados con la desigualdad y la paz, la justicia y las instituciones poderosas.

«Como juez, he podido ver en primera persona el efecto que la legislación penal puede tener en las comunidades. Aparta a las personas de los sistemas de protección, ilegitima sus acciones o su identidad, incrementa el estigma y las excluye de toda protección que puedan brindar nuestros sistemas judicial, social y económico», señala Edwin Cameron, de la Corte Constitucional de Sudáfrica.

La criminalización afecta el acceso a los servicios sanitarios, a la vivienda, la educación, la protección social y el empleo. La criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, del trabajo sexual y del consumo de drogas impide a la población acceder a los servicios de atención sanitaria como son la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH. Los datos nos muestran que los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se exponen al contagio del VIH 28 veces más que la población general. Las personas que consumen drogas presentan un riesgo de contagio 22 veces superior y, por su parte, el riesgo que corren los trabajadores sexuales y los transgénero es también 13 veces mayor. 

«Para implementar por completo la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurarnos de que nadie quede atrás, tenemos que garantizar leyes que protejan a las personas frente a la discriminación y que no las empujen a esconderse de la sociedad», opinó Lloyd Russell Moyle, miembro del Parlamento del Reino Unido.

Los grupos que representan a las personas criminalizadas a menudo tienen prohibido registrarse como organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, los trabajadores sexuales normalmente no pueden sindicalizarse. Las leyes contra la propaganda hacen que la información sobre la prevención del VIH no pueda darse a conocer y expandirse entre la sociedad.

«Poner fin al sida y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia sanitaria no será posible si no plantamos cara a la discriminación, la violencia y la exclusión. Tenemos la oportunidad de aprovechar las lecciones que nos ofrece el movimiento contra el sida y situar los derechos y la participación significativa de los más marginados en el centro de la respuesta», señaló Luisa Cabal, asesora de derechos humanos y género de ONUSIDA.

Los grupos criminalizados suelen experimentar mayores tasas de violencia que la población general. Las víctimas de la violencia, quienes también son criminalizadas, normalmente no pueden denunciar a la policía la violencia de la que son víctimas, y los abogados se arriesgan a sufrir violencia u otro tipo de repercusiones si aceptan llevar estos casos.

«La discriminación contra las personas que viven con el VIH, y la criminalización de estas, continúan siendo una realidad a día de hoy. En Indonesia padecemos a diario el estigma constante contra los grupos de población clave y también su criminalización. No lograremos nunca acabar con el sida si no hacemos que sus necesidades y sus derechos constituyan una prioridad máxima para el acceso a la atención sanitaria, la protección contra la violencia y el reconocimiento de su derecho a la salud», confesó Baby Rivona, de la Red de mujeres positivas en Indonesia.

Los países que descriminalizan el consumo de drogas y que hacen que los servicios para la reducción del daño estén disponibles han visto una disminución en el número de nuevas infecciones por el VIH. Según lo visto, descriminalizar el trabajo sexual en diez años podría evitar entre el 33 % y el 46 % de las nuevas infecciones por VIH entre trabajadores sexuales y clientes. A pesar de ello, el resultado no es solo reducir las nuevas infecciones por el VIH. Incluye también mejoras en el bienestar y un aumento de la confianza en el cumplimiento de las leyes, disminución de la violencia y un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria y apoyo. Sin embargo, y por encima de todo, la descriminalización de las personas hace que dejen de ser vistas como criminales y que no estén estigmatizadas por la sociedad.

GINEBRA, 13 de junio de 2019 – ONUSIDA acoge con infinito agrado la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH y la hepatitis B. La criminalización excesivamente amplia de la transmisión del VIH resulta inefectiva, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para evitar nuevas infecciones por el VIH.

«Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella —señaló Gunilla Carlsson, directora ejecutiva en funciones de ONUSIDA—. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y por la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivas que bloqueen las respuestas efectivas al VIH».

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, al señalar a las personas que viven con el VIH, estigmatizarlas y limitar sus derechos. El Tribunal dejaba constancia de que la ley creaba un tratamiento diferente que no era razonable y que, consecuentemente, daba lugar a la discriminación. Además, apuntaba que esa ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que resultaba inefectiva para alcanzar los objetivos de salud pública.

La aplicación demasiado amplia e inapropiada de la ley criminal contra las personas que viven con el VIH continúa suponiendo una gran preocupación en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en las regiones de América del Sur y América Central y al menos otras 77 en todo el mundo todavía criminalizan la no divulgación, exposición y transmisión del VIH.

ONUSIDA presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Colombia en la que indicaba que no había ningún dato que apoyara que la amplia aplicación de la ley criminal para la transmisión del VIH fuera eficaz para prevenir la transmisión del virus. Muy al contrario, dicha medida se arriesga a debilitar los objetivos en materia de salud pública y las protecciones de los derechos humanos. ONUSIDA elogia encarecidamente la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de Colombia de restaurar la dignidad y los derechos de las personas que viven con el VIH en el país.

En 2018, ONUSIDA, la Asociación internacional de proveedores de atención al sida y la Sociedad internacional del sida constituyeron un grupo de científicos que desarrolló una Declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. Dicha declaración insta al sistema de justicia criminal a garantizar que la ciencia informe respecto de la aplicación de dicha ley en casos penales relacionados con el VIH.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

GINEBRA, 24 de mayo de 2019   ONUSIDA lamenta la decisión del Tribunal Supremo de Kenia de mantener disposiciones clave de las secciones 162 y 165 del Código Penal del país. Dichas disposiciones penalizan determinadas actos sexuales privados y fomentan la discriminación y la violencia contra las personas las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de Kenia.

“Con el fallo de hoy, Kenia pierde una oportunidad de defender los derechos humanos y restablecer la intimidad, el respeto y la dignidad a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)”, afirmaba Gunilla Carlsson, directora ejecutiva provisional de ONUSIDA. “Comparto la profunda decepción y la frustración que sienten las personas LGBTI de Kenia, y quiero asegurarles que ONUSIDA seguirá defendiendo que haya justicia e igualdad para todos”.

ONUSIDA ha estado cooperando con la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), otros grupos LGTB, organizaciones de la sociedad civil y otros colaboradores para promover un entorno jurídico más propicio en el país.

Hay indicios de que la sentencia será recurrida.

La criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo es una violación de los derechos humanos y legitima el estigma, los prejuicios y la violencia contra las personas LGBT. Impide a las personas acceder y usar los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH, y aumenta el riesgo de que lo contraigan.

“No despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo minará el objetivo de Kenia de lograr la cobertura sanitaria universal”, explicaba la Sra. Carlsson.

En términos generales, el riesgo de infección por el VIH es 28 veces mayor entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que entre la población general, y 13 veces mayor para las mujeres transgénero. Los entornos legales y políticos represivos y la carencia de servicios adaptados para las poblaciones clave incrementan su vulnerabilidad ante el VIH. ONUSIDA insta a los países a garantizar que los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, se respeten plenamente mediante la derogación de las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas, privadas y entre adultos, promulgando leyes que los protejan de la violencia y la discriminación, abordando la homofobia y la transfobia y garantizando la disponibilidad de servicios sanitarios fundamentales.

“En lo tocante a las relaciones entre personas del mismo sexo, el mundo entero debe encaminarse hacia un enfoque más humano, compasivo y basado en los derechos humanos. Esta decisión refuerza leyes injustas que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y obstaculiza el acceso de las personas a servicios esenciales, como el de la asistencia sanitaria”, manifestaba la Sra. Carlsson.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

GINEBRA, 22 de mayo de 2019 — La Comisión de África Occidental sobre las Drogas, ONUSIDA y la Comisión Global de Políticas de Drogas presentaron hoy la Ley Modelo sobre las Drogas para África Occidental a los ministros de Salud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

En África Occidental, las leyes en relación con los estupefacientes no están obteniendo los resultados pretendidos. No se ha logrado reducir de forma eficaz ni el consumo ni el tráfico de drogas. El tráfico de estupefacientes en África Occidental ha alcanzado tales dimensiones que supone una amenaza para la estabilidad de la región. Los datos de 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que el consumo de cannabis en África Occidental supera con creces el del resto del mundo: en 2014, el 12,4% de las personas de la región lo habían consumido, mientras que solo el 3,9% de la población global lo había hecho. Además, el problema del uso y prescripción de drogas sintéticas se está agravando. El aumento de la población penitenciaria provocado por la detención previa al juicio y por los delitos relacionados con la salud pública ha ocasionado una grave sobrepoblación en las prisiones de la mayoría de los países.

“Las personas que consumen drogas necesitan ayuda y asistencia, no castigo. Estigmatizar y encerrar a un número cada vez más y más alto de ellas solo agrava los problemas de salud y congestiona unos sistemas de justicia penal que ya están tremendamente saturados”, afirmaba Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y presidente de la Comisión de África Occidental sobre las Drogas. “Nuestra región tardó años en adoptar políticas que se basaran en las pruebas en relación con la respuesta al VIH, y ahora, año tras año, gracias a su éxito se salvan muchas vidas. Creemos que una política sobre drogas debe partir del mismo enfoque que la respuesta al VIH: pragmático, basado en la salud y centrado en las personas”.

La ley modelo sobre las drogas proporciona modelos específicos (disposiciones legales y cómo se relacionan con las obligaciones legales internacionales) que los países pueden adaptar para reformar sus legislaciones en materia de estupefacientes, así como útiles explicaciones sobre las diferentes opciones y razones para escoger la solución jurídica propuesta. Mediante un sistema de umbrales, la ley ofrece una forma cuantificable de despenalizar el consumo de drogas y la posesión para uso personal, lo que posibilita que las personas que consumen drogas accedan a los servicios sanitarios y busquen asistencia. Además, la nueva ley modelo se hace eco de la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden a millones de personas, incluidas las personas que viven con el VIH o con cáncer, acceder a los servicios sanitarios que necesitan.

“Los países tienen que adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en lo que respecta al VIH y el consumo de drogas, y asegurarse de que la salud y el bienestar de las personas sea lo primero”, apuntaba Gunilla Carlsson, directora ejecutiva provisional de ONUSIDA, en la presentación del informe a los ministros de Salud durante la 72.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra (Suiza). “Sabemos que la reducción del daño es eficaz, sabemos que la despenalización funciona. Los países no pueden seguir haciendo oídos sordos a las pruebas, tienen que tomar medidas urgentemente”.

El estigma y la discriminación generalizados y la violencia y la mala salud a los que se enfrentan las personas que se inyectan drogas se ven agravados por las altas tasas de VIH. Mientras que la incidencia mundial de las infecciones por el VIH se redujo un 25% entre 2010 y 2017, las nuevas infecciones entre las personas que se inyectan drogas no dejan de aumentar. En 2016, de los 10,6 millones de personas que se inyectaban drogas en todo el mundo, más de la mitad vivía con hepatitis C, y una de cada ocho vivía con el VIH.

La experiencia internacional demuestra que es posible reunir la voluntad política para llevar a cabo los cambios de amplio alcance en las leyes sobre drogas que son necesarios para hacer frente a la propagación de las enfermedades infecciosas y la rémora que representan para el desarrollo. Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza y presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas, declaró, “Este es un momento decisivo en el que los gobiernos pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos y tomar el control de las epidemias suministrando los conjuntos de herramientas de prevención, tratamiento y reducción del daño adecuadas, o no hacerlo, y mantener el statu quo prohibicionista”. 

Comisión Global de Políticas de Drogas 

El propósito de la Comisión Global de Políticas de Drogas es elevar al plano internacional un debate informado y basado en las evidencias científicas sobre formas humanas y eficaces de reducir el daño que provocan en las personas y en las sociedades tanto las drogas como las políticas de control de las mismas.

Comisión de drogas de África Occidental

Iniciada por Kofi Annan, la Comisión de África Occidental sobre las Drogas (WACD) incluye a un grupo de destacados políticos y miembros de la sociedad civil y de los ámbitos sanitario, de la seguridad y jurídico de África Occidental. Está presidida por Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, y se trata de un cuerpo independiente, por lo que puede expresarse con imparcialidad y franqueza.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

La noche del 6 de febrero de 2009 en Georgetown (Guyana), la policía acorraló a siete mujeres transgénero, a las que tuvo detenidas durante un fin de semana. El lunes siguiente, en el Tribunal de Georgetown, descubrieron que habían sido acusadas de travestismo y, finalmente, se declararon culpables y fueron condenadas a pagar una multa. Incluso el Magistrado llegó a amonestarlas añadiendo que estaban «confundidas con su sexualidad».

Con el respaldo del Rights Advocacy Project (Proyecto para la Defensa de los Derechos), U-RAP, de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, este grupo fue en contra de la ley decimonónica de Guyana que prohíbe a los hombres vestirse como mujeres, y viceversa, «con propósitos inapropiados». El 13 de noviembre de 2018, la Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de Guyana, dictaminó por unanimidad que la ley es inconstitucional y que, en consecuencia, queda derogada.

«No se debería pisotear la dignidad de nadie, ni negarle los derechos humanos por una simple diferencia», dijo el Presidente del Tribunal Supremo, Adrian Saunders.

Para la profesora de Derecho y co-coordinadora del proyecto U-RAP, Tracy Robinson, esto supuso un paso adelante en la lucha contra las diferencias de poder y de oportunidades de vida que sufren muchas personas del Caribe. 

«La ley no es igual para todos: aquellos que cuentan con recursos mínimos y los que se encuentran marginados son los que más peligro corren. Las mujeres trans no son las únicas que ven sus vidas afectadas por la acción e inacción estatal, ya que hay muchos otros casos en los que olvidamos y excluimos a personas que también forman parte de la sociedad», dijo Tracy Robinson.

El VIH supone una manifestación de cómo los grupos sociales vulnerables se dejan de lado. En la región, la prevalencia del VIH entre los grupos de población clave es generalmente mucho más alta que entre los adultos que no pertenecen a estos colectivos. Por ejemplo, en las mujeres transgénero de Guyana, uno de los pocos países del Caribe que poseen datos de la población, la prevalencia del VIH es de 8,4 %, en comparación con el 1,7 % en los adultos. Además, las estadísticas en estos países caribeños indican que la prevalencia del VIH entre los hombres que mantienen relaciones homosexuales y otros hombres que tienen relaciones con personas de su mismo sexo oscila entre el 1,3 % y el 32,8 %. La combinación de leyes discriminatorias, estigma social, discriminación y la relativa escasez de servicios cordiales con los miembros de los grupos de población clave obligan a estas personas a esconderse, lo que les impide acceder a los servicios de prevención del VIH y recibir tratamiento cuando han contraído el virus. 

Sin embargo, en algunos países, las asociaciones están trabajando para desafiar la constitucionalidad de las leyes discriminatorias que llevan vigentes desde la época colonial. Mediante un caso que respaldó U-RAP, Caleb Orozco desafió la legislación de Belice que establecía que «las prácticas sexuales contra el orden natural», como la sodomía, suponían un delito penado con hasta diez años de prisión. El 10 de agosto de 2016, Belice se convirtió en el segundo país independiente de la Comunidad del Caribe en despenalizar las relaciones sexuales ente hombres, y el primero en hacerlo por medio de los tribunales.

En Trinidad y Tabago, el Tribunal Supremo falló a favor de Jason Jones el 12 de abril de 2018, llegando a la conclusión de que no se debía penalizar la actividad sexual entre adultos cuando existe consentimiento entre ambas partes. Se citó esta resolución en la decisión histórica tomada por la Corte Suprema de la India en 2018 para despenalizar las relaciones entre hombres homosexuales.

ONUSIDA contribuye a aumentar la participación comunitaria y a que se traten cuestiones importantes, entre las que se incluyen: los foros públicos de apoyo en Belice y en Trinidad y Tabago, así como la sensibilización de los periodistas que informan sobre la comunidad transgénero de Guyana.

Para las partes procesales, estas victorias suponen un paso adelante en el largo camino hacia la igualdad.

«Propicia la comunicación entre las familias y sus familiares homosexuales, bisexuales o transgénero. Anima a estas personas a salir del armario. Obliga a las instituciones a reconsiderar sus prácticas administrativas, así como la discriminación que justificaban basándose en esa legislación. Obliga a las personas homófobas a reconocer que la constitución abarca a todo el mundo», apuntó Caleb Orozco.

El litigante, y cofundador de Guyana Trans United (Personas Trans Unidas de Guyana), Gulliver Quincy McEwan, comentó «era muy importante para nosotros hacernos oír y que se hiciera justicia».

Los procesos penales a personas que viven con el VIH por actos que no entrañan riesgo de exposición al virus o de transmisión del VIH ha llevado a los científicos a emitir un comunicado urgente en el que instan al sistema de justicia penal a que se apoye en las evidencias científicas para valorar los procedimientos relacionados con la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH

ÁMSTERDAM (GINEBRA), 25 de julio de 2018—Un grupo de 20 científicos destacados expertos en el VIH y procedentes de todo el mundo ha emitido un comunicado consensuado en el que se insta a los gobiernos y a quienes trabajan en los sistemas legales y judiciales a que presten una mayor atención a los importantes progresos científicos que se han logrado en el campo del VIH en aras de garantizar que la aplicación del derecho penal en los casos relacionados con el VIH se base en las evidencias científicas..

“La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años, y esto ha sido fundamental para que los países pudieran tomar decisiones basadas en las pruebas en lo tocante a sus programas de lucha contra el VIH”, afirmaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Con todos los nuevos avances científicos de que disponemos a día de hoy, tenemos que seguir basándonos en las evidencias para la administración de justicia. Nadie debería ser criminalizado por culpa de que el sistema judicial ignore o no entienda los riesgos de transmisión del VIH”.

El grupo de científicos expertos convocados por ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida (IAPAC, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Internacional del Sida advierten de que la aplicación indiscriminada e inapropiada del derecho penal contra las personas que viven con el VIH por todo el mundo sigue siendo sumamente preocupante. Alrededor de 73 países cuentan con leyes que penalizan la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH, y 39 han aplicado otras disposiciones penales en casos similares.

“Muchas de estas leyes no tienen en cuenta las medidas que reducen las probabilidades de transmisión del VIH, como la utilización de preservativos, y se promulgaron mucho antes de que se comprobara la efectividad de los tratamientos antirretrovíricos o de la profilaxis previa a la exposición”, apuntaba José M. Zuniga, presidente y director general de la IAPAC. “La mayoría de personas que viven con el VIH y conocen su estado toman medidas para evitar transmitir el VIH a otros.

En consecuencia, las leyes que penalizan específicamente la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH, agudizan el estigma relacionado con el VIH y reducen la aceptación de los servicios para el VIH”.

La mayoría de procesos penales se originaron atendiendo a consideraciones sobre el riesgo de transmisión del VIH a través de la actividad sexual. Algunos fueron el resultado de acciones como morder, escupir o incluso arañar. El procesamiento y la condena se han visto a menudo influidos por el desconocimiento o la falta de comprensión de las evidencias científicas en cuanto a las probabilidades reales de transmisión del virus. En muchos casos, el estigma y el miedo relacionados con el VIH, y tan profundamente arraigados pese a los magníficos progresos logrados en su tratamiento y prevención, han ejercido una gran influencia.

“Secundamos esta declaración consensuada de expertos, de importancia mundial, que suscribe lo que llevamos defendiendo ya mucho tiempo”, explica Sally Cameron, analista principal de políticas de la Red de Justicia del VIH, en representación del comité ejecutivo de HIV Justice Worldwide, una coalición mundial de la sociedad civil que lucha por poner fin a la criminalización injusta. “La penalización del HIV es un fenómeno global que va en aumento y que acosa injustamente a las personas que viven con el VIH mediante procesos penales y castigos muy duros. Esta declaración tan esperada sostiene que, desde nuestra actual comprensión de la ciencia del VIH, así como desde la perspectiva de los derechos humanos y de los principios legales más fundamentales, esta clase de injusticias resultan inadmisibles”.

La declaración, consensuada, contrastada y suscrita por otros 70 científicos más de todo el mundo, se publicó el día de hoy en Journal of the International AIDS Society, la publicación de la Sociedad Internacional del Sida. En ella se describen de forma que puedan comprenderse perfectamente en el contexto del derecho penal las evidencias científicas en cuanto a las probabilidades de transmisión del VIH en diversas circunstancias, los efectos a largo plazo de la infección por el VIH y los métodos para probar la transmisión del VIH.

La declaración, basada en un análisis detallado de las mejores pruebas científicas disponibles sobre la transmisión del VIH y la eficacia del tratamiento, señala que no es posible transmitir el VIH por medio de la saliva como resultado de morder o escupir, incluso aunque la saliva contenga pequeñas cantidades de sangre. Tampoco hay posibilidad alguna de transmitir el VIH cuando se utiliza adecuadamente un preservativo para mantener relaciones sexuales o si la persona que vive con el VIH tiene una carga viral indetectable.

Además, un tratamiento antirretrovírico eficaz, una carga vírica baja, la utilización de profilaxis previa a la exposición (medicamentos antirretrovíricos que toma la persona seronegativa antes de la posible exposición) o de profilaxis posterior a la exposición (medicamentos antirretrovíricos que se toman tras la posible exposición) son todos ellos factores que reducen significativamente las probabilidades de transmisión del VIH.

Las indicaciones internacionales sobre el VIH en el ámbito de la ley penal recomiendan que “la prueba de causalidad en relación a la transmisión del VIH se debe basar siempre en las pruebas de varias fuentes pertinentes, como registros médicos, métodos científicos rigurosos e historia sexual” (Acabar con la penalización indiscriminada de la ocultación del estado serológico, la exposición al virus y la transmisión del VIH: consideraciones científicas críticas, médicas y legales).

Los expertos recomiendan encarecidamente que se tomen mayores precauciones a la hora de valorar el enjuiciamiento penal, incluyendo una evaluación pormenorizada de las actuales evidencias científicas sobre los riesgos y daños del VIH. Se espera que la declaración consensuada ayude a los legisladores, fiscales y tribunales a guiarse por la mejor información científica disponible y, de este modo, a evitar una aplicación indebida de las leyes penales, tal y como sucede ahora mismo en muchos países de todo el mundo.

Acceda al texto completo de la Declaración consensuada de expertos sobre la ciencia del VIH en el ámbito del derecho penal (en inglés)

ONUSIDA

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Enfrente de la concurrida estación de tren de Ginebra, se alza el llamativo bloque verde lima conocido como Quai 9. Este edificio aloja un centro de inyección de drogas bajo supervisión dirigido por la organización no gubernamental Première Ligne. Quai 9 (andén 9, en español) ofrece a las personas que consumen drogas servicios de consumo en su centro social especializado en la reducción de daños relacionados con el uso de este tipo de sustancias.

Con motivo de la 41ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA de mediados de diciembre, el gobierno de Suiza organizó una visita para los miembros de la Junta Directiva de la organización.

La visita puso de relieve cómo el abordar las necesidades de los consumidores de drogas inyectables a través de un enfoque basado en los derechos humanos y la salud pública reduce considerablemente los riesgos de infección por el VIH y une a la gente en torno a la atención de la salud.

Valentin Zellweger, Embajador de Suiza ante las Naciones Unidas, recordó cómo en los años 80 y 90, Suiza era uno de los países europeos con mayor incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas. En respuesta a esta crisis, Suiza introdujo una política de "cuatro pilares" centrada en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y el cumplimiento de la ley.

La aplicación de esta política dio lugar a la creación de centros de inyección de drogas y el aumento de la colaboración entre la policía y las instalaciones de atención sanitaria.

Como resultado, las infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas en Suiza cayeron en picado.

A principios de semana, Ruth Dreifuss, antigua Presidenta de Suiza y actual Presidenta de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, se puso en contacto con los miembros de la Junta Directiva de ONUSIDA. La Sra. Dreifuss, que dirigió la política de cuatro pilares durante su mandato, señaló que las evidencias de la reducción de daños y de la despenalización del consumo de drogas hablan por sí solas. Asimismo, instó a los Estados miembros a no excluir a nadie, tratando el consumo de drogas como un problema de salud pública. Posteriormente, los miembros de la delegación de la ONG recogieron e hicieron hincapié en esa llamada. 

El Director Ejecutivo Adjunto de ONUSIDA, Luiz Loures, elogió a Suiza por su innovador enfoque multisectorial para la reducción de daños. Dijo que ONUSIDA seguiría abogando por un enfoque basado en pruebas y derechos humanos, como el de Quai 9, para dar respuesta al sida.