Munsu vive con el VIH desde hace 20 años y ha tenido un papel activo en el movimiento contra el sida en la República de Corea. Sin embargo, como miles de personas en su situación, no ha comunicado su estado serológico a su familia porque teme su reacción y el aislamiento social que tal relevación traería consigo.

Es plenamente consciente del estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas seropositivas en su país.

Munsu es miembro fundador de la Red coreana de personas que viven con el VIH/Sida (KNP), una organización con sede en Seúl que cuenta con unos 2000 miembros, creada en 2011 para agrupar a cinco organizaciones existentes bajo una misma denominación y proporcionar una voz conjunta y conectada a la comunidad seropositiva del país. El 30 de octubre de 2015, tras varios años de esfuerzo, la KNP+ abrió su primera oficina y espacio comunitario oficial.

Una epidemia de miedo

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea, en el país hay más de 10 000 personas que viven con el VIH. La epidemia de la República de Corea se concentra principalmente en los hombres homosexuales en contextos urbanos, ya que los varones representan el 92 % de todas las infecciones por el VIH desde que comenzó la recogida de datos en 1985.

A pesar de la baja prevalencia del VIH en el país, el miedo al virus es un problema. Una encuesta nacional realizada en 2005 indicó que solo la mitad de los encuestados cuidaría de un familiar si él o ella fuera seropositivo. Los informes también indican que la fobia al VIH está presente en los centros de atención sanitaria.

En el acto celebrado en el centro comunitario de la KNP+, Minji Kim, una joven doctora y voluntaria de la KNP+, habló de la ignorancia sobre el VIH que encontró en la facultad de Medicina. "Una de nuestras clases se centró en el sida y las reacciones de mis compañeros me sorprendieron", dijo Minji. "Hacían bromas y se burlaban de las personas que viven con el VIH. Supe que tenía que hacer algo para cambiar eso".

Munsu cree que una de las razones por las que se teme tanto al VIH en la sociedad coreana es que está vinculado a la homosexualidad, la sexualidad transgénero y otros temas que se consideran negativos. Esta "doble dosis" de exclusión, afirmó, obliga a muchas personas que viven con el VIH a aislarse, en especial de sus familias.

Puesto que el apego a los seres queridos es particularmente fuerte en la sociedad coreana, el rechazo de los familiares puede significar el abandono de muchas personas que viven con el VIH y su segregación de los actos sociales. Esta situación se extiende a la prestación de atención sanitaria, indicó. "Muchas personas que viven con el VIH no pueden ingresar en un hospital porque no tienen ningún familiar que se haga cargo de ellas y sea su cuidador. Esto es esencial en Corea si se quieren recibir servicios médicos", declaró Munsu.

La superación del estigma como prioridad

Puesto que el estigma en la vida diaria es una de las principales preocupaciones que más citan los miembros de la KNP+, la organización y sus socios están dando prioridad a los trabajos para responder a ella. Con su oficina permanente ya abierta, la KNP+ se está preparando para recopilar el primer índice de estigma de las personas que viven con el VIH en Corea.

La iniciativa del índice de estigma es una colaboración entre la Red global de personas que viven con el VIH, la Comunidad internacional de mujeres que viven con el VIH/Sida y ONUSIDA. La iniciativa pretende documentar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH y ofrecer un mecanismo para comparar experiencias en diferentes entornos y a lo largo del tiempo. Los resultados se utilizarán para luchar por el cambio y el progreso y corregir la situación. El índice de estigma también es importante porque empodera a las personas que viven con el VIH en el proceso, implicándolas directamente en las fases de diseño, despliegue y análisis. Este enfoque participativo está dirigido por organizaciones de personas que viven con el VIH con ayuda de socios nacionales e internacionales.

El índice de estigma se realizará en 2016. Un equipo de investigación supervisará su desarrollo y se espera que su despliegue esté operativo en enero de 2016.

La KNP+ es optimista y está convencida de que los resultados del índice de estigma influirán en las políticas, en especial en lo referente a derechos humanos, mejorarán los programas de apoyo psicosocial para las personas que viven con el VIH y potenciarán el uso de los servicios, al facilitar que la gente acuda a ellos. La organización también espera utilizar los datos recopilados para crear una campaña nacional de cero casos de estigmatización que prevé lanzar en 2017. Y lo que es más importante para la organización, el índice de estigma debe iniciar un diálogo largo tiempo pospuesto sobre la eliminación del miedo al VIH, muy arraigado en la sociedad coreana.

Steve Kraus, director del equipo regional de apoyo de ONUSIDA para Asia y el Pacífico, felicitó a la organización por sacar el índice de estigma adelante y declaró que es una herramienta clave para llevar el cambio a las personas que viven con y está afectadas por el VIH.

"Nuestra experiencia en todos los países de nuestra región que consiguen recopilar el índice de estigma demuestra que se producen cosas increíbles: se establecen un mayor diálogo y comprensión y se crea un espacio para la movilización política", declaró el Sr. Markus. "Este a su vez se utiliza para defender presupuestos, políticas, programas y sobre todo para llegar a la comunidad y asegurarse de que no se deja a nadie atrás y que todos se sienten incluidos en la respuesta nacional".

La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA reclamó el aumento de la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida con el propósito de poner fin a la epidemia de VIH para el año 2030 durante la sesión temática calebrada el 28 de octubre en Ginebra, Suiza.

La sesión temática, parte del 37º encuentro de la Junta, reunió a distinguidos oradores representantes de gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional con el fin de informar el debate sobre una respuesta sostenible al sida.

En su discurso inaugural, Ibrahim Assane Mayaki, director ejecutivo de la Agencia de Coordinación y Planificación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), dijo que el único mecanismo de gobernanza que produjo una respuesta eficaz al sida debería repetirse en cuestiones de salud más generales.

Los participantes coincidieron en que las metas relacionadas con el sida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU podrían alcanzarse solo a través de un enfoque acelerado que esté adecuadamente financiado, que sea equitativo y que responda a las necesidades de poblaciones clave con mayor riesgo de infección por el VIH.

En los últimos años, varios países han aumentado sus inversiones nacionales relacionadas con el virus VIH a través de distintos mecanismos, incluyendo el pago de impuestos, y han concentrado sus recursos en Programas de Alto Impacto. No obstante, todavía se necesitaría una importante financiación adicional para lograr el objetivo de conseguir el tratamiento 90-90-90 para el año 2020.

Los participantes también llegaron a la conclusión de que las respuestas comunitarias son fundamentales para la gobernanza y la aplicación de la respuesta al sida, y que la garantía de la participación efectiva de la sociedad civil, las personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave en los procesos de elaboración de políticas públicas es indispensable.

“La inversión estratégica en las respuestas comunitarias no se logrará sin cambios estructurales en la forma en que los gobiernos y los donantes asignan fondos. Necesitamos una manera sistemática para asegurar que la financiación llegue a los grupos comunitarios”, dijo Alessandra Nilo, cofundadora y directora ejecutiva de Gestos, una organización contra el sida ubicada en Brasil. También añadió que “ Los indicadores de inclusión la capacitación de todas las personas, la transparencia, la promoción y la garantía de políticas basadas en los derechos serán fundamentales”.

Al clausurar la sesión, Luiz Loures, director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, destacó que el secreto para lograr los ODS reside en la innovación de los medios de aplicación. Reforzar los componentes de la responsabilidad compartida: La financiación y la gobernanza, para de esta forma garantizar la eficiencia, serán los factores decisivos para alcanzar un final del virus VIH en el que nadie se quede excluido.

La tasa de muertes por tuberculosis en todo el mundo ha descendido a casi la mitad desde 1990, pero cada día siguen muriendo más de 4000 personas por esta enfermedad evitable, afirma el Informe mundial sobre tuberculosis 2015 (en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el 28 de octubre.

La tuberculosis es, junto con el VIH, una importante causa de mortalidad, ya que 1,5 millones de personas murieron por esta enfermedad en 2014, de las que 400 000 eran seropositivas.

Se han conseguido éxitos notables en la respuesta a la tuberculosis y la eficacia de los diagnósticos y los tratamientos ha permitido salvar 43 millones de vidas en los últimos 15 años. El Objetivo de Desarrollo del Milenio de detener e invertir la incidencia de la tuberculosis para 2015 se logró tanto globalmente como en 16 de los 22 países en los que se produce el 80 % de los casos.

Según la directora general de la OMS, Margaret Chan: "El informe muestra que el control de la tuberculosis tiene una enorme repercusión en términos de vidas salvadas y pacientes curados". Sin embargo, añadió un matiz de precaución. "Estos avances son esperanzadores, pero si el mundo desea poner fin a esta epidemia, debe ampliar los servicios y lo que es más importante, invertir en investigación".

Además de este aumento de la inversión, se deben desarrollar nuevos métodos diagnósticos, vacunas y medicamentos y mejorar la financiación. El informe argumenta que la principal causa de las carencias en la detección y el tratamiento es la importante falta de financiación, que en 2015 ascendía a 1400 millones de dólares de los 8000 millones necesarios para implantar los programas contra la tuberculosis.

La financiación es además fundamental para financiar el ambicioso movimiento, que está previsto que comience en 2016, consistente en pasar de controlar la enfermedad a poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Los estados miembros de la OMS han adoptado la Estrategia para poner fin a la tuberculosis, que ofrece una hoja de ruta para que los países reduzcan la incidencia de la tuberculosis en un 80 % y las muertes en un 90 % para 2030, al tiempo que garantiza que las familias no se vean abrumadas por los gastos generados por la enfermedad.

“Poner fin a la epidemia de tuberculosis forma ahora parte del programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible", declaró Eric Goosby, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Tuberculosis. "Si queremos lograrlo, necesitaremos mucha más inversión, en un nivel adecuado para una amenaza mundial de este tipo. También debemos realizar progresos en la cobertura sanitaria universal y la reducción de la pobreza. Queremos que las comunidades más vulnerables del mundo sean las primeras, y no las últimas, en beneficiarse de nuestros esfuerzos".

Antes de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga que se celebrará en Nueva York en abril de 2016, los representantes de diversos organismos de las Naciones Unidas han participado en una perspectiva de diversas partes interesadas de alto nivel en Ginebra (Suiza). El objetivo del acto era estudiar las maneras de transformar el actual sistema de control de las drogas en una respuesta mensurable que esté centrada en las personas y basada en el respeto de los problemas en materia de salud pública y los derechos humanos.

La reunión, organizada y presidida de forma conjunta por Suiza y Colombia, abarcó diversos temas esenciales que se debatirán en mayor profundidad durante las consultas preparatorias por la Comisión sobre estupefacientes en Viena durante el periodo previo a la UNGASS.

Durante la presentación de los participantes, el embajador de las Naciones Unidas en Ginebra afirmó que las partes interesadas ya han demostrado su compromiso de estudiar el problema de la droga a través del prisma de los derechos humanos y la salud pública.

"Queremos seguir aprovechando este impulso reiterando nuestro compromiso con las políticas sobre drogas centradas en las personas y subrayando el poderoso nexo entre los derechos humanos y la salud pública", declaró el embajador Alexandre Fasel.

En su intervención en el debate, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, afirmó que era esencial que la salud pública esté en el corazón de las futuras políticas sobre drogas y justicia penal.

"La criminalización de las personas que usan la droga alimenta la epidemia de VIH", dijo el Sr. Sidibé. "Es una injusticia que las personas que usan la droga queden apartadas de la respuesta al sida cuando sabemos qué es lo que funciona. La inversión en la reducción de daños es una base fundamental para una política eficaz contra las drogas que no solo salve vidas, sino que además sea rentable. Todo el mundo tiene derecho a la salud".

Las estrategias de reducción de daños, como el tratamiento sustitutivo con opiáceos y los programas de suministro de agujas y jeringuillas han demostrado tener éxito en diversos países, incluidos Australia, los Países Bajos, Portugal y Suiza. Sin embargo, menos de un tercio de los países ofrece programas de suministro de agujas y jeringuillas para los usuarios de las drogas. Las personas que se inyectan la droga tienen una probabilidad 28 veces superior de infectarse con el VIH que la población general. Solo el 14 % de las personas que se inyectan la droga y viven con el VIH tiene acceso a los antirretrovíricos.

En el acto también estaba presente el director ejecutivo adjunto de la UNODC, Aldo Lalé-Demoz, quien subrayó que las reflexiones sobre salud pública nunca han tenido la suficiente importancia en la política internacional sobre las drogas y el sistema de justicia penal.

"Las necesidades de la salud pública nunca han tenido suficiente presencia en la política internacional sobre las drogas y el sistema de justicia penal", aseveró. "El acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH para las personas que usan la droga está muy lejos de lo que sería necesario".

Muchos participantes destacaron que la UNGASS suponía una oportunidad histórica para reestructurar la respuesta internacional al problema mundial de la droga.

"A medida que nos acercamos a la UNGASS del próximo año tenemos una oportunidad única para toda una generación de reequilibrar las políticas internacionales sobre las drogas y hacer más hincapié en la salud pública, la prevención, la garantía de tratamiento, la atención y la reducción de daños", afirmó Marie-Paule Kieny, subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud.

En un mensaje especial de vídeo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, hizo un llamamiento a los estados para estudiar la despenalización de la posesión y el consumo de drogas y establecer unas respuestas más sólidas en materia de salud pública, como recomienda el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.

"La penalización de la posesión y el consumo de drogas genera importantes obstáculos en el derecho a la salud", declaró el Sr. Ra'ad Al-Hussein. "Los usuarios de la droga pueden temer, de forma justificada, ser arrestados o encarcelados si buscan atención sanitaria. Incluso se les puede disuadir si buscan información sobre prácticas seguras para el uso de la droga".

Los participantes también coincidieron en la necesidad de unas estrategias de desarrollo alternativas que posibiliten unos medios de subsistencia sostenibles a fin de reducir la dependencia del crimen organizado, el tráfico de estupefacientes y la producción de drogas.

En el grupo de expertos se encontraba también la embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, Beatriz Londoño Soto, el presidente del International Drug Policy Consortium, Mike Trace, y el subsecretario general de las Naciones Unidas para la Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales, Thomas Gass, que intervino por videoconferencia desde Nueva York.

El debate de alto nivel se celebró al mismo tiempo que un grupo de 120 responsables de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos hacía un llamamiento para que se encarcelara a menos personas por delitos menores, incluida la posesión y el consumo de pequeñas cantidades de droga.

Los líderes de los cuerpos de seguridad para reducir la criminalidad y la encarcelación dijeron que muchos reclusos encarcelados por delitos menores, como hurtos y posesión de pequeñas cantidades de droga, necesitaban una atención y un tratamiento que no están disponibles en las prisiones.

Hace 20 años, el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) fijó las normas internacionales para la protección de la propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC trajo cambios significativos en el ámbito de la propiedad intelectual, con implicaciones trascendentales para el sector farmacéutico.

Durante el Foro Público 2015 de la OMC, celebrado el 2 de octubre, Trade Works, ONUSIDA, Médicos sin Fronteras (MSF), el Movimiento de Salud de los Pueblos y Third World Network se reunieron para comentar los avances que se han producido desde que se adoptó el Acuerdo sobre los ADPIC y su impacto en el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo.

Durante el evento se analizaron las dificultades y las oportunidades en el ámbito de la salud pública. Mariangela Simão, directora de Derechos, Cuestiones de Género, Prevención y Movilización Comunitaria de ONUSIDA, destacó la importancia de debatir sobre el acceso a los medicamentos en el marco de los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible. "La comunidad mundial debe encontrar un régimen de propiedad intelectual equilibrado que trabaje para la consecución de los objetivos de salud, incluido el acceso a la innovación, como recomienda la Comisión Mundial sobre el VIH y la Ley", afirmó la Sra. Simão.

Los participantes comentaron los resultados de la aplicación de la Declaración de Doha de 2001 de la OMC sobre el Acuerdo de los ADPIC y la salud pública, un logro histórico para reducir el impacto de la protección de la propiedad intelectual en la salud pública. Según Ellen ‘t Hoen, el uso de algunos mecanismos proporcionados en la Declaración de Doha "ha ayudado a algunas agencias internacionales, como UNICEF y UNITAID, a proporcionar fármacos genéricos asequibles a los países menos desarrollados sin ningún impedimento legal, puesto que dichos países se benefician de una exención sobre los ADPIC en lo referente a los productos farmacéuticos”.

La preservación de los espacios políticos creados por la Declaración de Doha para los países menos desarrollados será uno de los asuntos primordiales que se abordarán en la próxima reunión del Consejo sobre los ADPIC que se celebrará este mes en Ginebra (Suiza).

A pesar de las oportunidades que ofrecen las flexibilidades que se enmarcan dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, los países todavía se enfrentan a numerosas dificultades cuando tratan de aplicarlas. Las nuevas disposiciones en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales que van más allá de lo establecido en los ADPIC están limitando todavía más los espacios políticos para el uso de dichas flexibilidades.

Los participantes también estudiaron las tendencias en materia de propiedad intelectual en la promoción de la innovación dentro del sector sanitario desde la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC. Hu Yuanqiong, asesor jurídico y político de la Campaña de Acceso de MSF, indicó que el actual "modelo de investigación y desarrollo centrado en las patentes no funciona para satisfacer las necesidades sanitarias, incluidas las de las personas que viven en los países desarrollados, puesto que los nuevos tratamientos para la hepatitis C y otras enfermedades no transmisibles son simplemente inasequibles".

Doce organismos de las Naciones Unidas han publicado una declaración conjunta haciendo un llamamiento a poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). La declaración conjunta destaca el compromiso interinstitucional de las Naciones Unidas de trabajar con los estados miembros para proteger, respetar y hacer valer el derecho de las personas LGTBI a vivir sin violencia, persecuciones, discriminación ni estigma. También hace un llamamiento a los países para que rechacen las leyes discriminatorias.

Las personas LGBTI se enfrentan a un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas y otros organismos han documentado violencia física y psicológica generalizada contra las personas LGBTI en todas las regiones, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, violaciones y violencia sexual, así como torturas y malos tratos en entornos institucionales y en otros ámbitos.

En muchos países, la respuesta a estas violaciones es inadecuada; en otros, con frecuencia, los defensores de los derechos humanos que desafían estas violaciones son perseguidos y se enfrentan a restricciones en sus actividades. El marco legislativo puede empeorar la situación. Hay 76 países que criminalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Estas leyes exponen a las personas al riesgo de padecer detenciones arbitrarias, persecuciones, encarcelamientos e incluso pena de muerte en al menos cinco países.

Los entornos punitivos que marginan a las personas LGBTI también crean dificultades significativas en la respuesta al VIH. Los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen 19 veces más probabilidades de vivir con el VIH que la población general y la prevalencia del VIH entre los homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres está aumentando en algunas regiones, como Asia, el Pacífico y América Latina. Las mujeres transgénero tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH.

Además de la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, las leyes punitivas restringen gravemente la capacidad de estas para acceder a servicios contra el VIH y otros servicios sanitarios esenciales. A menudo se obliga a los profesionales de servicios sanitarios a dejar de trabajar, debido al acoso o por el miedo a la persecución.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reafirmó su apoyo a los derechos de las personas LGBTI con un mensaje pronunciado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado. "La lucha por los derechos humanos, y la lucha contra la discriminación, subyace en el corazón de la misión de las Naciones Unidas. La lucha por la igualdad de derechos exige un compromiso mundial. Por este motivo las Naciones Unidas trabajan de forma activa para combatir la homofobia y la transfobia en todo el mundo", declaró.

Los organismos de las Naciones Unidas que han firmado la declaración conjunta para poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI son: la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Leer la declaración conjunta

En respuesta a las dificultades y las oportunidades planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados, los responsables de salud y educación de todo el mundo se dieron cita en los actos paralelos a la Cumbre de los ODS para debatir las maneras en que los sectores de la salud y la educación pueden colaborar e integrarse para lograr unos resultados conjuntos y centrados en las personas.

La mesa redonda de alto nivel, convocada el 26 de septiembre de 2015 por la Alianza Mundial para la Educación, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, UNICEF y ONUSIDA, junto con la Fundación de las Naciones Unidas y el Global Poverty Project, destacó la necesidad de una adecuada financiación de la salud y la educación para alcanzar los ODS.

Los participantes que intervinieron en el evento fueron Julia Gillard, presidenta de la Alianza Mundial para la Educación y anterior Primera Ministra de Australia, Gordon Brown, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, Mark Dybul, director ejecutivo del Fondo Mundial y Jan Beagle, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA. Los participantes acordaron que poner a las personas, y en especial a las mujeres y las niñas, en el centro de los esfuerzos colectivos en materia de salud y educación será esencial para el éxito de los ODS.

Las adolescentes, sobre todo en el África subsahariana, se enfrentan a un mayor riesgo de infección por el VIH. Se estima que en 2014 el 60 % de los adolescentes de entre 15 y 19 años que vivían con el VIH eran niñas. Existen datos sólidos que demuestran que mantener la escolarización de las adolescentes y las jóvenes reduce el riesgo de infección por el VIH. Las jóvenes con un grado más alto de formación son más susceptibles de retrasar el inicio de las relaciones sexuales, utilizar preservativos con mayor frecuencia, retrasar la edad del matrimonio y de la maternidad y obtener mayores ingresos.

Los participantes en el evento indicaron que queda bastante trabajo por hacer para lograr una mayor colaboración entre los sectores de la salud y la educación, pero que existen buenas experiencias de respuestas multisectoriales y plataformas existentes en las que basarse, incluidas las creadas en la respuesta mundial al sida.

Poniendo el énfasis en el modo en que los logros de la respuesta al sida han aumentado al máximo el impacto en otros resultados en asuntos de desarrollo, la Sra. Beagle afirmó: "La respuesta al sida ha demostrado el valor de un enfoque multisectorial y centrado en las personas. Desde el inicio estaba claro que el VIH era mucho más que una cuestión de salud. Es una cuestión de desarrollo, de derechos, de género, en cuyo centro se encuentran la inclusión de las comunidades afectadas y los enfoques basados en los derechos y en hechos demostrados. Las lecciones aprendidas pueden trasladarse no solo a los ámbitos de la salud y la educación, sino a todos los ODS".

Al concluir la mesa redonda, los participantes prometieron mantener el compromiso, invertir en la salud y la educación de las niñas, concentrar los esfuerzos conjuntos en estrategias basadas en hechos, aplicar la lecciones de las lecciones aprendidas a través de otros sectores y realizar un seguimiento de los éxitos. Además subrayaron la importancia de aprovechar el impulso para la colaboración entre sectores creado por la cumbre y seguir dialogando diálogo para profundizar en el avance del programa de integración.

Una sociedad civil activa, vibrante y comprometida ha sido el sostén de la respuesta global al sida durante más de tres décadas y su papel está a punto de tornarse aun más esencial con la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el programa de Acción acelerada contra el VIH.

El Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil (RCNF) se ha comprometido a reforzar las redes internacionales de la sociedad civil que actúan en la lucha contra el VIH, prestando especial atención a las poblaciones marginadas y desfavorecidas. En una reunión de alto nivel durante la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de septiembre en Nueva York, defensores y donantes se juntaron para garantizar que el fondo se reponga y pueda continuar su vital trabajo.

A los coanfitriones, Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, y la embajadora Deborah Birx, coordinadora mundial de los EE. UU. para el sida, se unieron al presidente del Fondo, Michel Kazatchkine, y otros participantes.

El Sr. Sidibé subrayó que las organizaciones basadas en la comunidad eran el motor de la respuesta al sida, ya que participan en la defensa y la investigación, prestan servicios de calidad y llegan a las personas que se han dejado atrás. "La sociedad civil ayudó a romper la conspiración de silencio sobre el sida. Es el perro guardián, impulsa los resultados", indicó el Sr. Sidibé. "En esta nueva fase de desarrollo sostenible, que aúna el trabajo por la salud de la gente y por un planeta saludable, necesitamos a la sociedad civil para hacer avanzar la responsabilización y garantizar la responsabilidad compartida. El Fondo Robert Carr ha demostrado que podemos llegar a todas las personas y crear el compromiso político que necesitamos".

A lo largo de la reunión se presentaron los logros del RCNF y diversos representantes de comunidades marginadas contaron cómo se habían beneficiado de ellos. Entre ellos se encontraban Felicita Hikuam, de AIDS Right Alliance of Southern Africa, y Gai Gurung de Youth Lead Tailandia.

"Trabajando a nivel regional reforzamos la capacidad de los grupos comunitarios de base para implantar los servicios, controlar los objetivos e identificar las carencias y luchar por solventarlas", declaró la Sra. Hikuam. "Robert Carr fue claro acerca de no trabajar en nichos aislados. Con ayuda del Fondo podemos trabajar en todos los sectores para crear solidaridad y lograr el avance de estas cuestiones", añadió".

La embajadora Birx anunció la nueva contribución de 10 millones de dólares del gobierno de EE. UU. al Fondo. "Estas son las organizaciones regionales que dan esperanza a las personas en la base. No infravaloremos el poder de las personas para combatir el sida. Esa es la misión de los grupos comunitarios, levantarse ante los gobiernos y exigir más. Los recursos del Fondo van dirigidos a respaldar a los seres humanos", dijo la Sra. Birx.

El nombre del Fondo es un homenaje al médico jamaicano Robert Carr, que tuvo un papel esencial en el fomento de la respuesta al sida y la protección de los derechos humanos en poblaciones que reciben una atención inadecuada en un nivel regional, nacional y mundial.

“Cuando tenía 30 años, me sorprendió descubrir que estaba embarazada", dijo Prem Paika, que vive en Chiang Mai (Tailandia). "Mi pareja, con la que llevaba ocho años de relación, creía ser estéril, por lo que no usábamos ningún método anticonceptivo".

La Sra. Paika también estaba preocupada porque a ella y su pareja se les había diagnosticado el VIH cinco años antes. Los años anteriores había estado tomando antirretrovíricos y acudió a consultar al médico que lleva su tratamiento contra el VIH en un hospital público.

"Me preocupaba mucho que mi bebé tuviera el VIH, pero el médico me tranquilizó diciéndome que el antirretrovírico lo protegería", afirmó la Sra. Paika.

Si no reciben tratamiento, las mujeres que viven con el VIH tienen entre un 15 y un 45 % de probabilidades de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el período de dilatación, el parto o la lactancia. Sin embargo, el riesgo desciende a menos del 5 % si se administran antirretrovíricos a la madre y al niño durante las fases en las que puede producirse la infección.

Tailandia ha convertido la eliminación de las nuevas infecciones por el VIH entre los niños en una prioridad y ha adaptado de manera coherente su programa de prevención de la transmisión maternoinfantil, en consonancia con los datos de las últimas investigaciones. El país sigue actualmente las directrices de la Organización Mundial de la Salud para proporcionar antirretrovíricos a todas las embarazadas que viven con el VIH. El Ministerio de Salud Pública ha implantado diversas medidas en los hospitales para garantizar que las madres que viven con el VIH reciban algunos servicios esenciales.

"Hemos desarrollado un sistema en los hospitales en el que la confidencialidad de la madre está garantizada. El personal del sector sanitario ha recibido formación para establecer una buena comunicación con sus pacientes", declaró Danai Teewanda, director de la Oficina de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Tailandia.

La Sra. Paika encontró el apoyo de su médico y estaba contenta, porque el hospital le prestó asesoramiento psicológico durante todo el embarazo y hasta que su hijo cumplió un año. También pudo acceder al tratamiento contra el VIH y someterse a revisiones prenatales en el mismo hospital, por lo que no tuvo que desplazarse de una parte de la ciudad a la otra para visitar a diferentes especialistas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias de Tailandia por crear un entorno de apoyo, el estigma sigue siendo un problema entre el personal que trabaja en otras áreas sanitarias. El ginecólogo del hospital trataba mal a Sra. Paika y a menudo le daba información errónea.

"Desde mi primer reconocimiento prenatal, el ginecólogo me animó a abortar. No me dejó ver la ecografía, porque decía que no tenía ningún sentido. Me dijo que el bebé solo tenía un 2 % de posibilidades de nacer sin el VIH".

La Sra. Paika buscó apoyo en el médico que llevaba su tratamiento contra el VIH y su pareja se quejó al director del hospital. Tras hacerlo, el ginecólogo la trató mejor. Finalmente, llegó el gran día: dio a luz a una niña.

"Le proporcionaron un tratamiento profiláctico con antirretrovíricos y le hicieron las pruebas al mes y después cada seis meses. En todos los análisis, resultó ser seronegativa. Soy tan feliz de que no tenga el VIH", dijo la Sra. Paika.

Gracias a su esfuerzo, Tailandia ha conseguido un notable avance en la eliminación de las nuevas infecciones por el VIH entre los niños. En 2014, los datos del programa nacional demostraron que casi el 95 % de las embarazadas seropositivas recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión del VIH y casi el 98 % de sus hijos nació sin el VIH.

El país espera reducir todavía más las nuevas infecciones por el VIH entre los niños. "Tenemos algunos puntos débiles, como la detección temprana. Animamos a todas las mujeres a que busquen asistencia prenatal en las primeras 12 semanas de embarazo", declaró el Sr. Danai.

Desde 2013, Tailandia ha facilitado servicios prenatales gratuitos a embarazadas en todos los centros sanitarios, ha fomentado el asesoramiento y las pruebas de detección del VIH para parejas y ha suministrado antirretrovíricos a bebés, lo antes posible tras el nacimiento. El país espera haber eliminado prácticamente las nuevas infecciones por el VIH entre los niños para 2016.

Las principales autoridades sanitarias del gobierno de Tailandia estaban entre los representantes de los 20 países que asistieron a la 10ª reunión del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas en la región Asia-Pacífico para la eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis, celebrada en Pekín (China) del 15 al 17 de septiembre. La reunión analizó los éxitos regionales, pero también los obstáculos para detener las nuevas infecciones por el VIH entre los niños.

Durante una visita oficial a Argentina del 9 al 11 de septiembre, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, subrayó la importancia de mantener en la agenda política los asuntos relacionados con los derechos humanos. También indicó el modo en que la respuesta al sida puede utilizarse como una plataforma para fomentar la inclusión social y los derechos de las poblaciones más marginadas.

El Sr. Sidibé se reunió con responsables del gobierno, personas que viven con el VIH y representantes de la sociedad civil y universitaria. Felicitó a Argentina por los resultados obtenidos en el avance de los derechos humanos, en especial los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI).

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y dos años después el Congreso Nacional aprobó una ley integral sobre Identidad de Género. Esteban Paulón, presidente de la Federación de LGTBI de Argentina, declaró que: "En una región con amplias desigualdades, los argentinos tenemos la obligación moral de trabajar para hacer avanzar los derechos y la igualdad que hemos logrado aquí más allá de nuestras fronteras".  

El país también ha realizado progresos para acelerar el acceso al tratamiento antirretrovírico. Argentina ofrece tratamiento gratuito a todas las personas que dan positivo en las pruebas del VIH, con independencia de su recuento de células CD4.

El ministro de Sanidad, Daniel Gollán, expresó el compromiso del gobierno de garantizar que la respuesta al VIH sea sostenible y que los precios de los medicamentos sean asequibles. "La salud es un derecho humano esencial e inalienable. No debe haber otra perspectiva", afirmó el Sr. Gollán. "Trabajamos duro para combatir los precios abusivos. Las empresas deben ser rentables, pero los precios no deben ser imposibles de pagar, de lo contrario, se impide el acceso a los medicamentos".

Según Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped y anterior presidente de la Sociedad Internacional de Sida, el acceso a los servicios sanitarios no basta. Deben hacerse más cosas para garantizar el acceso a los servicios sociales y oportunidades de empleo. "El VIH es un problema de salud, pero, por encima de todo, es un problema social", declaró el Sr. Cahn.

Patricia Pérez, presidenta de la Fundación More Peace Less AIDS, hizo un llamamiento al fomento de una cultura de paz y respeto como "herramienta eficaz contra la discriminación, la violencia en la familia y el acoso, ya que todas ellas repercuten en la propagación del VIH".

En Argentina, 130 000 personas vivían con el VIH en 2014 y el 47 % de ellas tenía acceso al tratamiento contra el VIH. Según el gobierno, el 30 % de las personas que viven con el VIH no conoce su estado serológico.