En una recepción celebrada durante la conferencia de las ciudades en la Acción acelerada en 2022 que tuvo lugar hoy en Sevilla, España, varios alcaldes y un gobernador adjunto asistieron virtualmente acompañados por otros miembros de toda la red de ciudades en la Acción acelerada para firmar con su nombre en una declaración dirigida a definir y facilitar la posición de las comunidades afectadas en el centro de las respuestas urbanas al VIH.

• Los alcaldes de Blantyre (Wild Ndipo), Kingston (Delroy Williams), Libreville (Issa Malam Salatou), Quezon City (M.ª Josefina Belmonte) y Sevilla (Antonio Muñoz Martínez) firmaron la Declaración de Sevilla sobre el papel central de las comunidades afectadas en las respuestas urbanas al VIH (Declaración de Sevilla) junto con el alcalde de Johannesburgo (Dada Morero), el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y otros alcaldes que participaron por vídeo o virtualmente.
• La vicegobernadora de la Administración Metropolitana de Bangkok (Dra. Tavida Kamolvej) también estampó su firma en la declaración durante la ceremonia de Sevilla, y una representante de GGD Amsterdam firmó en nombre de la alcaldesa de su ciudad (Femke Halsema). Múltiples funcionarios regionales y locales de las ciudades de Acción acelerada de otros países también firmaron la declaración por vídeo o virtualmente.
• Además, los alcaldes y representantes de otras 22 ciudades de Acción acelerada en España firmaron la declaración. Cabe destacar la presencia en la ceremonia de firma de la recepción de Carolina Darias, ministra de Sanidad de España, en cuyo país son más de 150 las ciudades que se han unido a la red de ciudades en la Acción acelerada. De hecho, Sevilla ha sido la primera ciudad española en firmar la Declaración de París sobre la Acción acelerada en las ciudades para poner fin a la epidemia del VIH en 2015.

Según el Dr. José M. Zuniga, presidente/CEO de la Asociación Internacional de Médicos Especialistas en Atención del Sida y del Instituto de las Ciudades en Acción acelerada, la Declaración de Sevilla complementará la Declaración de París sobre la Acción acelerada en las ciudades, que más de 400 ciudades y municipios de todo el mundo han firmado desde el lanzamiento de la red en 2014, por lo que se unirá a la red de ciudades en la Acción acelerada. La nueva declaración incluye los 10 compromisos a los que las ciudades en Acción acelerada deben adherirse, los cuales van desde salvaguardar la dignidad y los derechos de las comunidades afectadas por el VIH hasta hacer realidad los objetivos de las Naciones Unidas en lo referente a las respuestas al VIH lideradas por la comunidad.

«Un término impreciso y excesivamente maleable, como “colocar a las personas en el centro” de la respuesta al VIH, tiene poco efecto si se puede interpretar de un millón de formas diferentes. O peor aún, si se lleva a cabo como un mero simbolismo que no hace sino marginar a todos aquellos cuya voz y liderazgo son fundamentales en la mesa de toma de decisiones», insistió el Dr. Zuniga. «Los 10 compromisos que están adquiriendo las ciudades en Acción acelerada al firmar la Declaración de Sevilla reflejan un importante paso adelante a la hora de definir claramente, llevar a cabo y facilitar aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de «colocar a las personas en el centro» de las respuestas urbanas al VIH, precisamente en un momento en el que es más importante que nunca hacerlo».

La Declaración de Sevilla estuvo formada por organizaciones que representan a las personas que viven con el VIH, incluida la Red mundial de personas que viven con el VIH (GNP+), así como por sesiones de escucha regionales en las que participaron comunidades locales de personas que viven con el VIH en toda la red de Acción acelerada en las ciudades. Además, los cuatro socios principales de la iniciativa Acción acelerada en las ciudades fueron los siguientes: IAPAC, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la ciudad de París.

«La Declaración de Sevilla brinda una estructura a las comunidades de personas que viven con el VIH para que sean capaces de desempeñar un papel de liderazgo más formal en las respuestas al VIH a nivel urbano y municipal», subrayó Sbongile Nkosi, directora coejecutiva de GNP+, quien respaldó formalmente la declaración en la conferencia de ciudades en Acción acelerada de 2022. «Hablamos mucho de “colocar a las personas en el centro de la respuesta al VIH”, pero la Declaración de Sevilla llega incluso más lejos, al articular los compromisos que los Gobiernos y las instituciones locales deben asumir para crear el espacio para ello y capacitar a las personas que viven con el VIH y sus organizaciones comunitarias, con el fin de que sean ellas quienes lideren las respuestas urbanas al VIH».

En su Estrategia mundial contra el sida, 2021-2026, ONUSIDA enfatiza la naturaleza crítica del compromiso y el liderazgo de la comunidad para recuperar el impulso contra el VIH que se perdió durante la pandemia de la COVID-19. Mediante su defensa del compromiso de la comunidad, ONUSIDA no se ha cansado de subrayar que el llamamiento a «nada para nosotros sin nosotros» debe ser más que un simple eslogan.

«En línea con la Estrategia mundial contra el sida y la Declaración de Sevilla, capacitar e integrar el compromiso de la comunidad es la piedra angular para poner fin al sida y tener a las personas en el centro de la respuesta», destacó Eamonn Murphy, director ejecutivo adjunto de programas de ONUSIDA.

Haga clic aquí para acceder a la Declaración de Sevilla.

«Yo soy Jonathan. Hoy no voy a hablaros de cómo me contagié de la viruela del mono. Simplemente quiero haceros comprender lo difícil que es convivir con esta enfermedad», relata Jonathan Albinagorta, activista y travesti. Jonathan también es conocido como Samantha Braxton, uno de los influencers que brinda su apoyo al Ministerio de Sanidad en su campaña de vídeos para la prevención de la viruela del mono en Perú.

Con más de 2300 casos confirmados de viruela del mono a finales de septiembre, Perú alcanzó la tasa de infección más alta del mundo por millón de personas, según Our World in Data, una plataforma colaborativa en línea dirigida por investigadores de la Universidad de Oxford.

La respuesta al brote en Perú se llevó a cabo bajo el liderazgo del equipo nacional de estrategia contra el VIH, que desarrolló un plan para concienciar sobre la enfermedad. Su panel de datos público en tiempo real, inspirado en la respuesta a la COVID-19, proporcionó pruebas concretas para la rápida campaña de concienciación. Sin embargo, los mismos datos, principalmente de centros especializados en el VIH, también tuvieron el efecto secundario no deseado de aumentar el estigma y la discriminación hacia algunos grupos de personas.

«Los datos crearon una muestra sesgada al principio. Las pruebas demostraron que las personas que viven con el VIH y algunos grupos de población clave, como los gais, se encontraban entre los más afectados en Perú», recuerda Andrea Boccardi, directora de ONUSIDA para Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. «Pero lo cierto es que estas son las personas que acostumbran a acudir a los servicios relacionados con el VIH para hacer sus consultas, realizarse chequeos  periódicos y recibir su tratamiento para el VIH».

Los Centros de referencia para infecciones de transmisión sexual, conocidos como Cerits, y las Unidades Periódicas de Atención Sanitaria acercan los servicios para el VIH a los grupos de población clave y más vulnerables de Perú. «Estos grupos de personas no suelen ir a los hospitales, ya que allí acostumbran a ser víctimas de una gran discriminación. Por el contrario, se dirigen a estos centros, de donde procede el mayor número de casos de viruela del mono diagnosticados al comienzo», explica Boccardi.

La experiencia con la pandemia del VIH nos dice que los datos deben ir acompañados de una información adecuada, y que se han de compartir con el público y los grupos afectados de una forma que no alimente el estigma. El enfoque inclusivo y el uso correcto del lenguaje son claves para interactuar con las comunidades, de modo que, en lugar de ser apartadas, se conviertan en una parte integral de la respuesta.

ONUSIDA apoyó al país para establecer rápidamente una estrategia que incluía encuentros entre los funcionarios sanitarios y los representantes de la sociedad civil. Los líderes comunitarios también contribuyeron revisando los mensajes procedentes del Ministerio de Sanidad.  La gente también recibió formación para actuar como portavoces en entrevistas con los medios de comunicación.  

«A menudo, la comunicación que llega del Ministerio de Sanidad acostumbra a ser muy institucional o bastante distante. Un mensaje que la comunidad no es capaz de asimilar», advierte Mauricio Guitierrez, activista de la red GayLatino. «Hemos elaborado materiales visuales fáciles de usar para la difusión. Es importante traducir y personalizar la información para que llegue a las personas, y eso fue lo que intentamos hacer cuando decidimos prestar nuestro apoyo al Ministerio en estas campañas».

«Además de informar y diagnosticar clínicamente a las poblaciones con mayor riesgo en saunas, hoteles y otros centros, el grupo de trabajo en relación con la viruela del mono convenció a los alcaldes para que mantuvieran estos establecimientos abiertos y los utilizaran como plataformas críticas para la difusión de información relevante sobre la viruela del mono, con el fin de acercar a la gente a la información y poner a su disposición los servicios existentes».

En Perú, las personas LGBTIQ+ y las personas que viven con el VIH son las más discriminadas, ya que el 71 % y el 70 % de ellas, respectivamente, afirman haber sufrido discriminación en algún nivel, según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos publicada en 2021 por el Ministerio de Justicia e Ipsos Perú.

«Por miedo al estigma y al qué dirán, muchos de nosotros evitamos preguntar y caemos en la trampa de la ignorancia», confiesa Albinagorta. «Fue estupendo que el Ministerio colocara códigos QR en establecimientos LGBT, por ejemplo».

Las alianzas con empresas de telecomunicaciones y aplicaciones de redes sociales, como Grindr, hicieron posible informar a las poblaciones más vulnerables a través de aproximadamente 40 millones de mensajes centrados en la prevención y el tratamiento de la viruela del mono. Los antiguos espacios empleados para la COVID-19 también se utilizaron para el periodo de aislamiento de 21 días de las personas que no tenían donde guardar  cuarentena, incluidos los migrantes y refugiados.

Pese a que sí ha habido algún primer signo de estabilización, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) avisó recientemente de que es demasiado pronto para proclamar victoria. Así, instó a los países a «intensificar las acciones de respuesta, priorizando la detección, la vigilancia y el compromiso de la comunidad para reducir nuevos casos y poner fin al brote en la región». Los Estados Unidos siguen albergando más de la mitad de todos los casos, pero en el último mes se han observado aumentos rápidos en Brasil, Perú, Colombia, México y Chile.

El Ministerio de Salud del Perú está comprando vacunas a través del Fondo Estratégico de la PAHO, pero el número total de vacunas disponibles para toda la región es de 100 000.  De esta forma, los principales retos a los que nos enfrentamos son los criterios de priorización, ya que el número previsto de vacunas por país no será superior a 5000.

«Fueron muchas las personas que se pusieron en contacto conmigo después del primer vídeo que hice para el Ministerio de Sanidad de Perú. A quienes son más reacios, les inspira más confianza conocer a alguien como yo, que se ha contagiado de la viruela del mono y habla libremente al respecto, que acudir a un hospital, una institución o al propio ministerio», destaca Samantha. «Por supuesto, también hay detractores. De hecho, hay quienes creen que, cuando un hombre gay comparte que ha tenido la viruela del mono, se está estigmatizando a sí mismo. Pero no es así, en absoluto es así».

Durante casi 150 años, declararse gay en St. Kitts y Nevis era sinónimo de ser criminalizado.  Y es que aquello que las autoridades coloniales inhumanamente etiquetaron como «el abominable crimen de la sodomía» ha formado parte durante muchos años de la ley, y solo ha logrado castigar, estigmatizar, discriminar y excluir a las personas LGBT por ser ellas mismas. 

Esta misma semana, el Tribunal Superior de la nación caribeña dictaminó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizan los actos sexuales privados entre las parejas del mismo sexo; desde ese mismo instante, dicha criminalización pasó a ser nula y a quedar sin efecto. 

La abogada Nadia Chiesa señaló que en el caso de St. Kitts y Nevis eran varios los derechos constitucionales violados por las disposiciones penales: los derechos a la privacidad, la libertad personal, la libertad de discriminación y la libertad de expresión.  

«Se presentaron como pruebas no solo argumentos legales, sino también las infinitas formas en que la existencia continuada de estas leyes afecta a las personas de la comunidad en todos los aspectos de su vida», explicó la Sra. Chiesa.  

Las partes demandantes pusieron sobre la mesa los problemas que con mayor frecuencia afectan a los miembros de la comunidad LGBT en St. Kitts y Nevis.  En lo más alto de la lista, sobresalía «una tendencia a evitar los servicios de salud sexual, incluyéndose aquí las pruebas del VIH, por miedo a ser víctimas del estigma por parte de los proveedores de atención sanitaria o la sociedad en su conjunto».  

«Llevamos un tiempo en una situación en que, aunque los programas para el VIH deberían centrarse en los grupos de población clave, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, algunos gobiernos han establecido una política que los ha apartado de esos enfoques o que incluso ha impedido actuar a las autoridades estatales responsables de proporcionar servicios a estas comunidades. Precisamente ese dato fue muy importante en el caso para afianzar los argumentos legales en torno a la discriminación», explicó Veronica Cenac, abogada de San Lucía y una de las estrategas líderes de la iniciativa.   

Ahora, con el cambio de la ley, llega la oportunidad de mejorar toda una gama de servicios. El cambio legal salvará y cambiará vidas.  

Mientras lo celebran, los activistas destacan la importancia de reflexionar y aprender sobre cómo se cosechó el éxito, de ayudar a dar a conocer los esfuerzos de los demás y de proporcionar información sobre los siguientes pasos necesarios para poner fin al estigma y la discriminación.  

La estrategia que finalmente lograría derrumbar la ley del siglo XIX nacida hace siete años. A  partir de esta iniciativa, el mes pasado también surgió un exitoso desafío a la ley de «sodomía» en Antigua y Barbuda. En Barbados, Granada y Santa Lucía se han vivido casos similares.  

El enfoque se inspiró en ejemplos recientes del Caribe respecto al uso de la revisión judicial para poner fin a las leyes que criminalizan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. Así, liderados por la Alianza para la Diversidad y la Igualdad del Caribe Oriental (ECADE), un consorcio de abogados, grupos de la sociedad civil y fideicomisos de los derechos humanos ultimaron un plan distinto para lograr su objetivo de acabar con las leyes discriminatorias en el Caribe Oriental. 

El proceso ECADE se caracterizó por tres rasgos clave.  

En primer lugar, en vez de perseguir la creación de un alto perfil para los casos que aparecen en las noticias, todos los esfuerzos de comunicación se centraron en concienciar y aprovechar la sabiduría dentro de las comunidades. El equipo trabajó para identificar las fortalezas y los aliados, mientras planificaba cómo abordar los posibles escollos. 

En segundo lugar, la estrategia se basó fundamentalmente en el fortalecimiento institucional. 

«No se trataba solo de dar a conocer más y más casos», detalló la Directora Ejecutiva de ECADE, Kenita Placide. «Nuestro objetivo era el de construir una comunidad».  

Uno de los demandantes en el caso fue la organización no gubernamental Alliance for Equality de St. Kitts y Nevis (SKNAFE, por sus siglas en inglés). La presidenta de SKNAFE, Tynetta McKoy, insistió en que la organización está preparada para apoyar la siguiente etapa del trabajo: un mayor compromiso público.  

«La mayoría de los miembros de la comunidad... saben que este es un primer paso y aún queda mucho trabajo por hacer en torno a la educación y la concienciación pública. Al venir del nivel de la comunidad, estamos ante un trampolín. Estamos listos para seguir avanzando», destacó. 

La tercera punta de la estrategia tenía que ver con la seguridad de los litigantes y de toda la comunidad en general. Para ECADE era fundamental pensar en los demandantes más allá del caso y garantizar que su vida pudiera seguir transcurriendo con absoluta seguridad, aun cuando sus nombres y rostros no dejaran de circular por los medios de comunicación.  

ECADE mostró su enorme agradecimiento por las aportaciones de Human Dignity Trust, Kaleidoscope Trust, Canadian HIV/AIDS Legal Network, University of the West Indies Rights Advocacy Project (URAP) y Caribbean Vulnerable Communities (CVC) Coalition, entre otros, por contribuir de varias maneras. Entre ellos se incluía el apoyo a la investigación fundamental y la oferta de orientación estratégica. 

La Sra. Cenac señaló que una fase posterior de la estrategia se centraría en animar a los gobiernos a promulgar una legislación protectora De ese modo, se garantizaría que la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables quedaran cubiertos por las medidas de seguridad legales implementadas para otros ciudadanos.     

El abogado principal, E. Anthony Ross Q.C., instó a los Gobiernos del Caribe a actuar proactivamente para garantizar que sus leyes defiendan siempre los derechos que la propia constitución otorga a los ciudadanos. 

«Aquí no se creó absolutamente nada nuevo [en este juicio]. Es la constitución la que específicamente aborda todos estos derechos. Todos los fiscales generales deberían tomar nota. Ha llegado el momento de revisar todas estas leyes y meter en vereda a las discriminatorias».

En respuesta a la noticia de que la Comisión Europea ha dado luz verde a una opción de tratamiento para el VIH diseñada para la dosificación semestral, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, afirmó:

«Es una grandísima noticia que distintas opciones de tratamiento para el VIH de acción prolongada estén ya a punto de salir adelante. El contar con diferentes antirretrovirales de acción prolongada, administrados cada pocos meses, podría no solo permitir que más personas reciban tratamiento, sino también ofrecer mejores opciones clínicas a los pacientes que muestren resistencia a las pautas actuales, con lo que se podría conseguir que permanecieran más tiempo en tratamiento y evitar así muchas muertes relacionadas con el sida. Todo ello siempre y cuando  los medicamentos estén disponibles para todos los que los necesitan. La realidad habla por sí sola: los monopolios en la producción jamás pueden garantizar la disponibilidad y asequibilidad mundiales. La disponibilidad global de tratamientos asequibles de acción prolongada requerirá la transferencia de tecnología para permitir la producción genérica».

El progreso en los tratamientos de acción prolongada sigue al progreso en la prevención de acción prolongada. La reciente decisión adoptada por ViiV de compartir su tecnología para el VIH relacionada con la prevención a largo plazo con el fin de permitir la producción genérica ha demostrado que la idea de compartir sí es viable para las empresas. ONUSIDA agradeció esta decisión y está instando a ampliar el número de países incluidos. En la actualidad, muchos países de ingreso mediano alto no tienen acceso a estas tecnologías. Lograr los objetivos mundiales para poner fin al sida exige que los países con una alta incidencia del VIH tengan acceso a tecnologías más novedosas. Mientras distintas empresas avanzan en el desarrollo de antirretrovirales de acción prolongada, todas deberían desde ya seguir el ejemplo de ViiV, pero ampliar el número de países y no esperar al lanzamiento del medicamento para transferir la tecnología.

En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:

«Los retrasos en la transferencia de tecnología de productos sanitarios innovadores cuestan vidas. El proceso de compartir la tecnología que está detrás de los tratamientos de acción prolongada, los derechos de propiedad intelectual y las «recetas» no debería esperar al momento en que los medicamentos para el tratamiento del VIH de acción prolongada estén ya a disposición de las personas en los países ricos. Muy al contrario, ese proceso debe comenzar en las primeras etapas del ciclo de Investigación y Desarrollo (I+D). Compartir la tecnología ahora, para ayudar a los productores a prepararse, salvará vidas y contribuirá a poner fin a la pandemia de sida. La transferencia a países de ingreso bajo y mediano de tecnologías para poner fin a la pandemia no es solo lo que se debe hacer, sino que incluso va también en beneficio de los países ricos. Únicamente pondremos fin al sida si acabamos con él en todos los rincones del mundo. Para poner fin al sida, debemos compartir la tecnología. Y debemos hacerlo desde ahora».

Nota

La declaración de ONUSIDA sigue el anuncio de la aprobación de la UE que se detalla en este enlace: https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2022/8/gilead-announces-first-global-regulatory-approval-of-sunlenca-lenacapavir-the-only-twiceyearly-hiv-treatment-option. La declaración de ONUSIDA no hace referencia a ningún medicamento individual, sino a los avances que se están logrando en las tecnologías de acción prolongada y a la necesidad de compartir dicha tecnología.

Fue un día de orgullo para Stacy Velásquez, la directora ejecutiva de OTRANS Reinas de la Noche, cuando en junio abrió las puertas de la clínica comunitaria que acababa de ser aprobada oficialmente como puesto de salud por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esto significaba que ahora había un médico a tiempo completo. 

Alrededor de 40 mujeres transexuales y trabajadoras del sexo han acudido a la clínica desde la llegada del médico. La clínica existe desde hace varios años, pero con la aprobación del Ministerio de Sanidad y el apoyo financiero del Fondo Mundial y OXFAM, las pacientes tienen ahora acceso a una atención integral: Prevención y diagnóstico del VIH; prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual; asesoramiento psicosocial; consultas médicas, incluida la terapia hormonal; un servicio de laboratorio para pruebas de salud sexual y una farmacia.

La clínica ofrece profilaxis previa a la exposición (PrEP), una intervención biomédica dentro del enfoque de prevención combinada, que se refiere al uso de medicamentos antirretrovirales por parte de las personas negativas al VIH para reducir el riesgo de contraer el virus.

"En 2016 se aprobó una estrategia sanitaria integral para las personas trans con el apoyo técnico de ONUSIDA. Incluye un manual de directrices para la atención sanitaria de las personas trans", dijo Stacy. "La clínica comunitaria y esta estrategia son el fruto del trabajo de casi 18 años de defensa de la comunidad trans".

OTRANS contribuye al Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOSTALC), un sistema comunitario de recogida de información, seguimiento y respuesta a las barreras relacionadas con los derechos humanos a las que se enfrenta la población transgénero en 26 países de América Latina y el Caribe.

En Guatemala, las mujeres transgénero siguen enfrentándose a la exclusión, la discriminación, el estigma, la violencia verbal y física, la criminalización, la marginación y la falta de reconocimiento de sus derechos, lo que se traduce en una esperanza de vida de sólo 35 a 40 años. La esperanza de vida media en el país es de 74 años.

Durante una visita a la clínica, la directora de ONUSIDA en el país, Marie Engel, elogió la labor del lugar y rindió homenaje a Andrea González, la representante legal de OTRANS que fue asesinada en 2021. 

"En Guatemala, la tasa de prevalencia del VIH es del 22,2% entre la población transgénero, en comparación con el 0,2% de la población general", dijo la Sra. Engel. "Y aunque las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 23% entre todas las mujeres entre 2010 y 2019 a nivel mundial, no han disminuido entre las mujeres transgénero. Y, sin embargo, las personas transgénero tienen menos acceso a los servicios de VIH que el resto de la población."

El estigma y la discriminación tienen un profundo efecto negativo en la salud mental de las personas transgénero, lo que a su vez puede influir en su vulnerabilidad a la infección por el VIH. Los datos comunicados a ONUSIDA en los últimos años muestran que el porcentaje de personas transgénero que evitan someterse a las pruebas del VIH debido al estigma y la discriminación oscila entre el 47% y el 73%.

Imagine que a usted lo culparan una y otra vez por todas las tragedias que ocurrieran en su país. Terremotos. Huracanes. Inundaciones.

Ahora imagine que, precisamente por eso, lo excluyeran de los esfuerzos para responder a las catástrofes.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Haití se enfrentan a profundos prejuicios. La discriminación a menudo socava su oportunidad de vivir. Mina sus oportunidades de educación y empleo. Para ellas incluso acceder a la atención sanitaria se vuelve difícil.

Fundada en 1999, la Fundación SEROvie aúna la promoción de la salud para la comunidad LGBT con la defensa de los derechos humanos y la capacitación socioeconómica. Hoy en día, la organización lleva a cabo proyectos en nueve departamentos geográficos.

ONUSIDA brinda su apoyo a SEROvie para asegurarse de que, en la respuesta a los desastres, siempre se tengan en cuenta  las necesidades de los grupos de población clave. Esta intervención garantiza que las personas que viven con el VIH continúen recibiendo su tratamiento antirretroviral y tengan acceso a la ayuda a tiempo. Más allá de la fase de emergencia, los beneficiarios obtienen apoyo para reanudar la generación de ingresos y poder reintegrarse en sus hogares. También reciben apoyo psicosocial para hacer frente al dolor y el trauma.

En 2016, SEROvie fundó la clínica J.C Ménard en Port au Prince. Esta clínica atiende a personas LGBT y a otros grupos de población clave, incluidas las trabajadoras sexuales y sus clientes. Aquí SEROvie ha condensado más de dos décadas de experiencia en la prestación de asistencia sanitaria y social en un paquete de servicios completo.

Con la ayuda de varios colaboradores, incluida la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), J.C Ménard ofrece una gama de servicios de libre acceso a usuarios que abordan la violencia de género, el estigma y la discriminación, la planificación familiar y la prevención del VIH, incluida la profilaxis previa a la exposición. También proporciona tratamiento y atención para el VIH, las ITS y la tuberculosis. 

En el laboratorio interno, los técnicos gestionan tanto el diagnóstico como la monitorización del tratamiento. Realizan un seguimiento individual de cada caso, desde el positivo en la prueba hasta la supresión vírica. Durante el último año, la clínica realizó pruebas del VIH en las instalaciones para 6000 personas y apoyó la gestión del tratamiento del VIH para más de 1500 clientes. Además de suministrar medicamentos a los pacientes, la clínica se coordina con otras instalaciones de tratamiento para garantizar que las existencias no se agoten y que los fármacos no caduquen.

Los trabajadores sociales realizan evaluaciones individuales para determinar las necesidades de los clientes. Para la psicóloga Darline Armand, sin duda, el momento más importante de su trabajo es la primera interacción tras el diagnóstico.

«Necesitan sentirse seguros», afirma.

Gregory Jacques, supervisor de iguales, explicó que la clínica emplea tanto la educación entre pares como la navegación entre pares como enfoques estratégicos. Los educadores hacen que los clientes se sientan implicados en las relaciones, el riesgo y la seguridad, y les proporcionan información precisa. Los propios navegadores son personas que viven con el VIH y que guían a los demás a través del proceso de tratamiento y atención.

«Lo que marca la diferencia es precisamente que saben que eres como ellos», explica un navegante.

En la sala de la comunidad, los clientes aprenden sobre salud y relaciones mediante divertidas actividades. Aquí es donde también se reúnen para los grupos de apoyo y diálogos.

El equipo de supervisión y evaluación mide el rendimiento del programa al detalle. Hacen un seguimiento de todo, desde el número de personas que viven con el VIH identificadas mediante pruebas de índice hasta el número de sesiones de sensibilización llevadas a cabo con sacerdotes de vudú. En el último año, la clínica envió mensajes de sensibilización en materia de VIH, VGB, estigma y discriminación a más de 15 000 personas. Más de 1500 personas se benefician de los servicios integrales de atención y tratamiento del VIH mientras más de 1500 se mantienen adheridas a la profilaxis previa a la exposición.

Steeve Laguerre, cofundador de SEROvie, reflexiona sobre la trayectoria de la organización con asombro y claridad.

«Los servicios que ofrecemos están totalmente determinados por las necesidades de las personas a las que servimos», afirma. «Buscamos financiación que se adapte a sus demandas. El trabajo siempre está orientado al cliente». 

Este enfoque centrado en el cliente es valioso para el Caribe en general. Según la Actualización mundial sobre el sida de 2022 En peligro, el año pasado cuatro de cada cinco nuevas infecciones en la región se vieron vinculadas a los grupos de población clave y a sus parejas sexuales. Al mismo tiempo, la mayor parte de la financiación para las actividades regionales de prevención combinada con los grupos de población clave procede de fuentes internacionales. 

«Las estrategias lideradas por la comunidad para la atención al paciente ayudan a reducir el diagnóstico tardío y la pérdida de seguimiento, a la vez que mejoran los resultados del tratamiento», afirmó el Dr. Christian Mouala, director nacional de ONUSIDA para Haití. «Estos enfoques deben contar con los recursos adecuados y estar integrados en la respuesta nacional».

Un nuevo informe presentado al Consejo de los Derechos Humanos en su 50.ª sesión titulada «Derechos humanos y VIH/sida» confirma que la puesta en marcha de facilitadores sociales y el respeto integral de los derechos humanos son indispensables para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

En la presentación del informe, Michelle Bachelet, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el informe como una herramienta para ayudar a catalizar los esfuerzos más determinados con el fin de alcanzar los objetivos para 2025 y proteger los derechos de las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus.

«Hemos de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar que todas las políticas relevantes para la respuesta al VIH respeten, protejan y cumplan los derechos humanos, con el objeto de garantizar así que los grupos de población clave y otras poblaciones marginadas estén capacitadas para reclamar sus derechos», afirmó la Sra. Bachelet.  

El informe recomienda la acción necesaria para alcanzar los objetivos de los facilitadores sociales adoptados por la Asamblea General en su Declaración política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Entre las medidas se incluye la eliminación de marcos jurídicos y políticos punitivos, la reducción del estigma y la discriminación, y el tratamiento de las desigualdades de género y la violencia de género.

Los facilitadores sociales son factores estructurales y sistémicos, incluidos los legales, culturales, sociales y económicos, que son fundamentales para la eficacia de la respuesta al sida. Su implementación eliminaría las barreras de acceso a los servicios sanitarios y permitiría a las personas y a las comunidades proteger mejor su salud y bienestar. Las principales brechas y desafíos que quedan en la respuesta al VIH se deben en gran parte a un continuo fracaso a la hora de defender los derechos humanos. El informe presentado deja claro que sí es posible y, de hecho, en algunos lugares ya se está consiguiendo, defender los derechos humanos, reformar las leyes y reducir el estigma y la discriminación. Sin embargo, para lograr este cambio, necesitamos asegurarnos de que la acción sea a largo plazo, se lleve a cabo por organizaciones lideradas por la comunidad y se financie adecuadamente. Consciente de esto, el informe hace recomendaciones claras para garantizar la financiación y el apoyo a las organizaciones lideradas por la comunidad, especialmente a aquellas encabezadas por poblaciones clave que a menudo son criminalizadas; así como para reducir el estigma y la discriminación a través de plataformas con múltiples partes interesadas, tales como la Alianza mundial para la acción, para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH.

En relación con la publicación del informe, el Dr. Tlaleng Mofokeng, ponente especial sobre el derecho a la salud, declaró: 

«Para avanzar en materia de equidad sanitaria, debemos centrarnos en las personas que experimentan múltiples intersecciones de opresión y en aquellos estados de salud que a menudo conducen a la discriminación, como en el caso del VIH. Esto ha de servirnos de motivación para que los enfoques basados en los derechos humanos para el VIH y, por consiguiente, para que las leyes nacionales y los marcos legislativos sean examinados no solo por su protección de los derechos humanos, sino en la medida en que apoyen una vida digna en cuanto a la realización del derecho a la salud. Las leyes hostiles y la criminalización no tienen cabida en la atención al VIH y los problemas relacionados».

En su intervención durante el evento, Matthew Kavanagh, director ejecutivo adjunto de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, afirmó: 

«Esta es la primera vez en que los Estados miembros de las Naciones Unidas de todo el mundo se han comprometido a objetivos específicos sobre la reforma de las leyes y la eliminación de las leyes punitivas. Las leyes y las políticas son, indudablemente, intervenciones críticas contra el VIH. Ambas tienen la capacidad de ayudar a las personas a acceder a los servicios y reducir el riesgo, o pueden impulsar la discriminación y el estigma. Y esto es urgente y necesario para que podamos volver a coger el rumbo y poner fin al sida para 2030. Ahora mismo tenemos la oportunidad única de crear un cambio significativo y duradero para nuestras comunidades».

Los activistas comunitarios agradecieron el informe e instaron a los países a poner totalmente en práctica las recomendaciones del informe con el propósito de encaminar al mundo hacia el fin del sida como amenaza para la salud pública para 2030.

«Nosotros, las comunidades de personas que viven con el VIH y que están afectadas por el virus, hemos mencionado desde el principio de esta epidemia cuáles son nuestras necesidades. Hemos promovido nuestros derechos y abierto el camino, siempre buscando soluciones innovadoras para los desafíos a los que nos enfrentamos», afirmó Harry Prabowo, coordinador de proyectos en APN+ y coordinador regional de GNP+ para asociaciones globales. «"No somos solo defensores, somos expertos legales, educadores entre iguales y consejeros. Y no solo accedemos a los servicios, sino que los diseñamos, implementamos y supervisamos».

«Nuestro objetivo a largo plazo es invertir en la consecución de un compromiso que forme el futuro de África y que demuestre que los jóvenes, especialmente las jóvenes y las mujeres, tienen el máximo poder para cambiar la narrativa y lograr un cambio en los problemas que les afectan, incluido el VIH/sida y la violencia de género; es un objetivo a largo plazo», recordó Rahma Seleman, representante de la juventud de Education Plus. 

Mikhail Golichenko, del Grupo de Referencia sobre el VIH y los Derechos Humanos, se encargó de los comentarios finales en el acto. 

«La criminalización de la no revelación del VIH y la transmisión no intencionada del VIH, así como la criminalización del comportamiento relacionado con el consumo de drogas, el comportamiento relacionado con el trabajo sexual y el comportamiento relacionado con las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo están entre los principales desafíos a los que hemos de hacer frente para detener e invertir la epidemia mundial del VIH».

Un año después de adoptar una nueva Declaración política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030, los Estados miembros de las Naciones Unidas han puesto de relieve la necesidad de trabajar juntos para acelerar el progreso en la implementación.

Antes de la reunión, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó  un informe titulado Abordar las desigualdades para poner fin a la pandemia de sida en el que se refería a la aplicación de la declaración política sobre el VIH/sida. El informe establece cómo las desigualdades y la inversión insuficiente «dejan al mundo peligrosamente mal preparado para hacer frente a las pandemias de hoy y de mañana»

La pandemia de sida es responsable de más de 13 000 muertes cada semana.

Los datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) reflejan que las infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida no están disminuyendo lo suficientemente rápido como para conseguir poner fin a la pandemia para 2030, tal y como se prometió.

El informe del Secretario General destaca las soluciones, entre las que se incluyen (a) la prevención del VIH y los facilitadores sociales; (b) las respuestas lideradas por la comunidad; (c) el acceso equitativo a los medicamentos, las vacunas y las tecnologías sanitarias; (d) la financiación sostenible para la respuesta al sida y una prevención, preparación y respuesta más amplias a la pandemia; (e) los sistemas de datos centrados en las personas y (f) el fortalecimiento de las alianzas mundiales.

La declaración del Secretario General de las Naciones Unidas ante la Asamblea General, presentada por el jefe de gabinete, Courtenay Rattray, describió los tres pasos inmediatos para revertir las tendencias actuales y volver al buen camino. «En primer lugar, debemos abordar las desigualdades, la discriminación y la marginación de comunidades enteras, que a menudo se ven exacerbadas por leyes, políticas y prácticas punitivas». Asimismo, hizo un llamamiento a las reformas políticas para reducir los riesgos del VIH en las comunidades marginadas, incluidos los trabajadores sexuales, las personas que se inyectan drogas, los prisioneros, las personas trans y los gais. Llamó la atención sobre cómo el estigma está obstaculizando la salud pública: «El estigma perjudica y hace daño a todos. Por el contrario, la solidaridad social nos protege a todos».

El segundo paso es garantizar el intercambio de tecnologías sanitarias, incluidos los antirretrovirales de acción prolongada, para ponerlas a disposición de las personas en todos los países del mundo.

El tercer paso es aumentar los recursos disponibles para combatir el sida. «Invertir en sida es invertir en seguridad sanitaria mundial. Permite salvar vidas y ahorrar dinero».

En su discurso de apertura, el presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, señaló que «el acceso igualitario a la atención sanitaria es un derecho humano esencial para garantizar la salud pública, para todos. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esforzarnos por alcanzar los objetivos relacionados con el sida para 2025 nos brinda la oportunidad de trabajar juntos para aumentar las inversiones en los sistemas de salud pública y las respuestas a la pandemia, y de aprovechar las lecciones aprendidas de la crisis del VIH/sida para aplicarlas en nuestra recuperación de la COVID-19, y viceversa».

Más de 35 Estados miembros y observadores participaron activamente en la revisión de la situación del sida, que incluía aportaciones en nombre del grupo de África, la Comunidad del Caribe y el Sistema de Integración Centroamericano y la Unión Europea.

En todas las declaraciones se incidió en la urgencia de intensificar la acción colectiva para situarnos en el camino y alcanzar los objetivos para 2025, y en la importancia de detectar todas las desigualdades para garantizar una respuesta al VIH exitosa.

El presidente de la Asamblea General, el Secretario General, el grupo africano, la UE y varios Estados miembros incidieron una vez más en la relevancia de financiar plenamente la respuesta al VIH y de fortalecer las inversiones en salud mundial.

El Grupo de África, junto con muchos otros, habló sobre cómo abordar el estigma y las leyes discriminatorias que impiden que las personas accedan a la atención sanitaria y a los servicios sociales.

El debate dejó claro que es posible poner fin al sida, pero solo si los países trabajan juntos y son valientes a la hora de abordar las desigualdades. «El mensaje más importante de hoy —señaló el Secretario General en su conclusión— es que, si trabajamos juntos para abordar las desigualdades que perpetúan el VIH/sida, todavía estamos a tiempo de poner fin a esta amenaza para la salud pública para 2030».

El 17 de mayo, personas de todo el mundo celebraron el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT) para defender la inclusión y construir un mundo mejor para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).  En muchos países, la falta de protección legal adecuada contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género deja a muchas personas LGBTI vulnerables a violaciones de sus derechos humanos.  Esta situación es aún peor en el contexto bélico y de crisis humanitaria que está experimentando ahora Ucrania.

ONUSIDA e ILGA-Europa organizaron juntos un evento, moderado por Cianán B. Russell, responsable senior de políticas de ILGA-Europa para celebrar IDAHOBIT. Al evento acudieron representantes de la comunidad LGBTI y un gran número de líderes, legisladores y profesionales de la salud.

Los panelistas señalaron las diversas vulnerabilidades y retos a los que hacen frente las personas LGBTI en Ucrania y las que huyen del país a causa de la guerra.  Dos representantes LGBTI explicaron de forma muy clara estas vulnerabilidades y retos.

“Los niveles de discriminación, la violación de los derechos y los delitos de odio han aumentado en Ucrania desde que empezó la guerra.  Mientras tanto, no hay reglamentación ni medidas específicas en los refugios y centros de acogida para proteger a los grupos de población clave. Las personas LGBTI no gozan de garantía alguna sobre su seguridad desde que estalló la guerra,” afirma Olena Shevchenko, de Insight. “Se puede acudir a organizaciones locales y preguntarles qué necesitan si quieres ayudar a Ucrania.  También garantizar la rendición de cuentas de las misiones humanitarias para satisfacer las necesidades de la comunidad local”, añadió.

Tymur Lysenko, un consultor sobre la crisis de Ucrania que trabaja para Trangender Europe, nos habló de la importancia de no dejar a nadie atrás diciendo “el lema «no dejar a nadie atrás» tiene que funcionar, no puede quedarse en papel mojado.  Se debe proporcionar apoyo humanitario, una evacuación con garantías de seguridad y acceso a atención médica y a procedimientos de regulación de reconocimiento de género efectivos a las personas trans en Ucrania. También hay que fomentar conexiones directas que sean resistentes y sostenibles entre organizaciones locales y misiones humanitarias internacionales.  Y centrarse en organizaciones que hayan demostrado su compromiso en apoyar de manera directa a las personas LGBTI».

Reflexionando sobre su propio trabajo y experiencias, los panelistas también analizaron las acciones llevadas a cabo hasta la fecha para proteger los derechos humanos de las personas LGBTI en Ucrania y las que huyen del país, así como las carencias existentes en la respuesta humanitaria. Terminaron haciendo recomendaciones y manifestando su compromiso para lograr una mejor protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en Ucrania.

“Las agencias de ayuda humanitaria deben garantizar que las organizaciones de la sociedad civil con experiencia sean incluidas en la planificación y ejecución de toda la asistencia humanitaria y en los esfuerzos de recuperación”, declaró Victor Madrigal-Borloz, experto independiente de Naciones Unidas en materia de orientación sexual e identidad de género.

Esta postura fue secundada por Kate Thomson, a cargo del departamento de comunidad, derechos y género del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria/paludismo (Fondo Mundial), que hizo referencia a la necesidad de que todos los asociados trabajen juntos para reconstruir sistemas sanitarios y comunitarios resilientes.  “Todos los asociados deben trabajar juntos para apoyar el acceso a servicios para el VIH en Ucrania, incluyendo los dirigidos por comunidades LGBTI, en el país y en el extranjero.  Trabajemos en equipo para ayudar a Ucrania a recuperar y mejorar sus sistema sanitarios y comunitarios” , afirmó.

Matthew Kavanagh, director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, a.i., habló sobre la importancia de mantener y aumentar la financiación de la respuesta al sida.  “Apoyamos a los ucranianos que están luchado para garantizar que sus respuestas, la respuesta al sida, la comunitaria, la relacionada con los derechos, la LGBTI, no se vean destruidas por la situación que estamos viviendo.  Se necesita urgentemente destinar financiación a este objetivo y también al Fondo Mundial. No podemos elegir entre ambas porque, de hacerlo, acabaríamos en un mundo menos seguro. Debemos financiar las dos”, declaró.

Joanna Darmanin, a cargo de la Unidad de políticas relacionadas con la ayuda humanitaria, la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria Europeas, reiteró el compromiso de la Unión Europea de ofrecer una respuesta humanitaria inclusiva.  “Apoyar a Ucrania y los países fronterizos se mantiene como una prioridad de la Unión Europea y seguimos comprometidos a proporcionar apoyo humanitario de una manera inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades a las que la comunidad LGTBI se enfrenta”, comentó.

Esto fue secundado de nuevo por Katalin Cseh, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que prometió luchar por la inclusión de la comunidad LGBTI.  “Me comprometo a luchar por todos los medios para garantizar la mejora de las consultas con las comunidades LGBTI desplegadas en Ucrania y en el área de recepción europea”.

Maria Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, destacó la necesidad de dirigir la respuesta humanitaria hacia las necesidades de las personas LGBTI, afirmando que “las zonas de conflicto están poniendo en peligro a las personas con este tipo de vulnerabilidades, así que tenemos que ser muy conscientes de la situación y adaptar nuestra respuesta a sus necesidades, incluyendo el seguimiento de estos fondos”.

Marc Angel, co-presidente de LGBTI Intergroup en el Parlamento Europeo, recalcó la importancia de garantizar que los compromisos se correspondan con la financiación.  “Las acciones y el dinero deben seguir a las palabras y promesas”, declaró.

Valeriia Rachynska, de la Alianza mundial de acciones tendentes a eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH, habló sobre el compromiso de la Alianza mundial de luchar para salvar todas las vidas, diciendo: “Nuestro principal objetivo es luchar por salvar vidas; haremos todo lo que esté en nuestra mano para salvar la vida de las personas LGBTI en Ucrania”.

En efecto, con el objetivo de fomentar y construir un mundo mejor para la comunidad LGTBI y de acabar con las desigualdades para lograr una respuesta al sida eficaz, especialmente en un contexto de crisis humanitaria, los actores institucionales con responsabilidades diferentes deben garantizar que no se deja a nadie atrás.  Esto incluye, entre otras, acciones dirigidas a: luchar contra la discriminación que afecta a las personas LGBTI y a las personas que viven con el VIH; reconstruir o reforzar el sistema de respuesta al VIH; incluir de manera significativa a la sociedad civil LGBTI tanto en la planificación como en los sistemas de respuesta a las crisis; garantizar que los esfuerzos humanitarios dirigidos por personas LGBTI cuenten con los recursos adecuados y que las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas de este colectivo sean correctamente documentadas, investigadas y llevadas ante la justicia.