Latin America

«Por fin soy dueño de mi vida», expresa Erick González, un venezolano que lleva casi un año afincado en Ecuador. Durante mucho tiempo, estuvo buscando incansable un lugar en el que sentirse parte de la sociedad. Y ya lo ha encontrado en Diálogo Diverso. 

Con sede en Quito, esta organización de la sociedad civil creada en 2018 trabaja en la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo hincapié en las cuestiones de género y en el colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). Gracias a la iniciativa Hablemos Positivo, respaldada por ONUSIDA, Diálogo Diverso aumentó su capacidad para responder a las necesidades de los migrantes LGBTI durante el primer año de la pandemia de la COVID-19.

«Existen muy pocas entidades que trabajen en la prevención del VIH, así como en lo relacionado con otros problemas de salud a los que estamos expuestos como parte de la comunidad LGBTI y migrante», afirma el Sr. González.

Diálogo Diverso es una de las 61 organizaciones que recibieron ayudas del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe como parte de la iniciativa Soy Clave: de las Comunidades para las Comunidades, una plataforma que tiene como objetivo promover soluciones sociales lideradas por la comunidad para responder al VIH durante la pandemia de la COVID-19.

«Hemos recibido solicitudes de diferentes personas LGBTI: venezolanos, cubanos y colombianos, entre otros. Y hemos podido constatar que todos se enfrentan a un proceso migratorio muy similar», explica Danilo Manzano, director y cofundador de Diálogo Diverso, que cuenta con un equipo de más de 40 personas que trabajan en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. «Pero, aparte de las necesidades colectivas como migrantes y grupos de población clave, era importante tener en cuenta la interrelación con los derechos humanos y el impacto de los desafíos individuales a los que se enfrentan en un nuevo país».

«El VIH es una de las razones por las que las personas LGBTI abandonan la República Bolivariana de Venezuela. Allí tienen grandes dificultades para acceder a los antirretrovirales de forma constante, sufren la invisibilidad de sus derechos y, en muchas ocasiones, son víctimas de crueles crímenes de odio», detalla Andrés Alarcón, activista con Diálogo Diverso. «Este proyecto nació fruto de nuestro gran bagaje al servicio de miles de migrantes LGBTI. Y durante la pandemia, percibimos una tendencia particular entre las personas que viven con el VIH: falta de información y acceso a diferentes servicios sanitarios».

Gracias a una subvención de ONUSIDA, a través del proyecto se hizo entrega de cientos de kits para la salud sexual y reproductiva, se organizó varias charlas sobre la promoción de la salud, la prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la COVID-19, y se difundió una campaña en redes sociales dirigida a aumentar la concienciación y promover los derechos humanos de las personas LGBTI migrantes.

«Este es un gran ejemplo de cómo las organizaciones internacionales, los donantes y los Gobiernos pueden invertir en las comunidades para que estas sean capaces de aportar soluciones sociales a sus propias comunidades, al tiempo que abordan otras cuestiones clave interrelacionadas como los derechos y la migración de las personas LGBTI», destaca Guillermo Márquez Villamediana, asesor principal de apoyo a la comunidad del equipo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «Su gran saber y capacidad de divulgación han sido cruciales para mantener viva la respuesta al VIH para los más vulnerables durante la pandemia de la COVID-19».

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la creación de una alianza entre dos organizaciones de la comunidad que trabajan con migrantes y refugiados en Ecuador, Alianza Igualitaria y Construyendo Igualdad. De este modo ampliaron su alcance y consiguieron llegar a otros grupos de población, como el de los trabajadores sexuales y los jóvenes.

La exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género constituye una violación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados LGBTI en la República Bolivariana de Venezuela. Según un estudio llevado a cabo por Diálogo Diverso y la Organización Internacional para la Migración en 2020, el 43 % de los migrantes LGBTI del país había sufrido exclusión, discriminación o violencia. El mismo estudio recalcó que a los migrantes y refugiados LGBTI les resulta difícil acceder al sistema sanitario debido a la falta de información y concienciación sobre el mismo.

«Con este proyecto conocí las opciones que existen para evitar la infección y la transmisión del VIH», confiesa Reinaldo Mendoza, un migrante venezolano que recibió el apoyo de Hablemos Positivo.

Reina Manteña, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cantón Milagro, en Ecuador, afirmó que la asociación con Diálogo Diverso para proporcionar asesoramiento técnico a las mujeres LGBTI ha sido una experiencia muy gratificante. «Muchas compañeras se beneficiaron de los kits y los diálogos. No olvidemos que, como consecuencia de la pandemia, los centros sanitarios dejaron de atender y suministrar preservativos, que son vitales para los trabajadores sexuales», subraya. «Además, hemos prestado apoyo técnico a los trabajadores sexuales venezolanos para que puedan regularizar su situación en el país». 

Para el Sr. Manzano y su equipo en Diálogo Diverso, resulta muy gratificante ver estos resultados. «Nunca ha sido cuestión de cantidad. Perseguimos la calidad de la asistencia que podemos ofrecer y el impacto real que esta tenga en sus vidas».

«Hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra actitud hacia las personas que viven con el VIH. En la selva no hablamos de ello y cada día vemos a más personas que viven con el virus», afirmó Aurora Coronado, miembro de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú.

Fenmucarinap, como se conoce por su acrónimo en español, es una de las 61 organizaciones que han recibido becas de ONUSIDA a través de una iniciativa llamada Soy Clave: de las Comunidades para las Comunidades desde su lanzamiento en mayo de 2020. Los fondos apoyan las soluciones lideradas por la comunidad en la respuesta al VIH durante la pandemia de la COVID-19. «El proyecto nos permitió compartir conocimientos y aprender más sobre el VIH. Ahora estamos transmitiendo todo ese conocimiento adquirido. Hoy hablamos con el corazón a los jóvenes que viven con el VIH, y muchos de ellos ya se ocupan de sí mismos y se preocupan de su tratamiento», añadió la Sra. Coronado.

A casi 5000 kilómetros del proyecto en la selva peruana, en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, en México, también se puso en marcha otra iniciativa liderada por la comunidad en el primer año de la pandemia. «Básicamente podemos decir que salvamos la vida de esas personas que suelen caer en el olvido, sobre todo en momentos como estos», afirmó Georgina Gutiérrez, miembro del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo proyecto se implementó en la misma institución en la que su marido había sido encarcelado durante ocho años. «A través de esta iniciativa, logramos brindar nuestro apoyo a una población que carece básicamente de todo, sobre todo de dignidad».

Estos proyectos constituyen el verdadero ejemplo de cómo los pequeños fondos catalíticos pueden marcar la diferencia y tener un impacto positivo en comunidades enteras, especialmente en momentos de extrema vulnerabilidad y desigualdades exacerbadas. Mediante la iniciativa Soy Clave, ONUSIDA y sus socios se centran en brindar apoyo a los proyectos liderados por la comunidad en torno a tres pilares: la prevención de la transmisión de la COVID-19, la continuación de la respuesta al VIH y el mantenimiento de los derechos humanos, así como la prevención del estigma, la discriminación y la violencia hacia las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus y la COVID-19.

De acuerdo con los últimos informes elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), en la región latinoamericana y el Caribe existen desigualdades muy pronunciadas entre la población. Además, en estas zonas se sitúan países más desiguales que otros ubicados en regiones con niveles similares de desarrollo.

La primera fase de esta iniciativa de 300 000 dólares estadounidenses se lanzó en julio de 2020 como respuesta a los datos arrojados por varias encuestas regionales en línea llevadas a cabo por ONUSIDA desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Las subvenciones se distribuyeron inicialmente entre 31 proyectos, 10 de los cuales también fueron financiados con el apoyo de copatrocinadores de ONUSIDA a través de sus oficinas regionales: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ayudó a financiar cuatro proyectos, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD financiaron dos proyectos cada uno.

Los datos de las 31 iniciativas de la primera ronda de subvenciones recopiladas hasta julio de 2021 por el equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe muestran que, gracias a las distintas actividades de los proyectos, ya se ha conseguido llegar a 700 000 personas en la región. En conjunto, los proyectos liderados por la comunidad han aportado más de 270 soluciones comunitarias que han tenido un impacto directo en, por ejemplo, el fortalecimiento de los servicios sanitarios, la formación de las comunidades y poblaciones vulnerables, la concienciación sobre cuestiones clave relacionadas con el VIH y la COVID-19, y la prevención y mitigación de la COVID-19.

Recientemente, ONUSIDA puso en marcha una segunda parte de financiación para 30 iniciativas lideradas por la comunidad. De este modo, se llegó a un total de 61 proyectos en 19 países (Argentina, Brasil, Bolivia [Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, el Perú, Uruguay y Venezuela [República Bolivariana de]).

«En nuestros 40 años de experiencia en la respuesta al VIH, hemos aprendido que la sociedad civil y las iniciativas lideradas por la comunidad son esenciales para llegar a los más vulnerables. Acertamos por completo cuando decidimos invertir en estas organizaciones durante la pandemia de la COVID-19 porque han dado resultados y han demostrado que son cruciales para la respuesta a ambas pandemias», recalcó Alejandra Corao, directora adjunta del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «Quiero transmitir mi enhorabuena a las organizaciones seleccionadas en 2020 y espero que las 30 elegidas para la segunda fase de financiación también cosechen el mismo éxito a la hora de llegar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles para nuestra región».

La fase de implementación de estos nuevos proyectos seleccionados se llevará a cabo hasta diciembre de 2021. Todas las iniciativas fueron seleccionadas por un comité conjunto formado por el equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe y las oficinas regionales de UNICEF, el PMA, el PNUD, el UNFPA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Panamericana de la Salud.

Más de 200 organizaciones hispanoparlantes y 70 de habla portuguesa participaron en talleres virtuales organizados por ONUSIDA para orientar a las organizaciones lideradas por la comunidad respecto a cómo presentar las solicitudes para la iniciativa Soy Clave, y crear proyectos y definir objetivos con el fin de optar a una subvención de 5000 dólares estadounidenses.

Impacto en las comunidades

La activista contra el VIH Marcela Alsina, que es de Honduras y ha puesto en marcha un proyecto regional con la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH) y el Movimiento Latinoamericano de Mujeres Positivas (MLCM+), señaló que los fondos permitían a las organizaciones llevar a cabo una encuesta en línea en ocho países y recopilar datos para definir sus líneas de acción estratégicas.

«Descubrimos que el 35 % de las mujeres encuestadas en estos países fue víctima de algún tipo de violencia de género o institucional durante la pandemia de la COVID-19», reveló.

Al menos el 23 % de toda la financiación se destinó a mujeres. Asimismo, se repartieron fondos entre proyectos centrados en grupos de población clave y vulnerable, entre los que se incluían pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas en movimiento.

«Gracias a esta financiación, nuestro proyecto, Hablemos Positivo, hizo entrega de 450 kits de salud sexual y reproductiva, y organizó charlas sobre la promoción de la salud, la prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la COVID-19», subrayó Danilo Manzano, de Diálogo Diverso en Ecuador. «También difundimos una campaña de comunicación en las redes sociales para concienciar sobre los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en movimiento, así como de las personas que viven con el VIH».

«No es fácil obtener financiación para trabajar con mujeres, especialmente con mujeres que viven con el VIH en América Latina», apuntó Kattia López, de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH/sida en Costa Rica, quien desarrolló grupos de trabajo virtuales con más de 60 mujeres que viven en condiciones vulnerables y que sufrieron violencia por parte de sus parejas durante las primeras etapas de la pandemia. «Nos dimos cuenta de que este proyecto nos permitía llegar a aquellas mujeres a las que nadie más llega, y nos daba luz verde para transformar sus realidades. No vamos a dejar a nadie atrás. Invertir en mujeres siempre es rentable».

Nilsa Hernández, de 62 años, solía trabajar como verdulera informal en Venezuela para ayudar a aumentar los ingresos de su familia y mantener a sus hijos, nietos y bisnietos. Como persona que vive con VIH desde hace 16 años, Nilsa había conseguido reducir su carga viral al nivel indetectable hasta que de repente todo cambió cuando la crisis político-económica se instaló en Venezuela. Los servicios de salud se vieron gravemente afectados y las personas que viven con VIH perdieron gradualmente el acceso a la atención habitual y a los antirretrovirales.

"Estuve unos dos años sin acceso al tratamiento. Mi cuerpo comenzó a sentir las consecuencias y me di cuenta que tenía que hacer algo urgentemente. Era una situación de vida o muerte ¡Y decidí vivir!", recuerda Nilsa.

Nilsa cruzó la frontera y emigró a Brasil, donde el tratamiento del VIH está disponible para cualquier persona a través del sistema de salud público. Le tomó un año prepararse para este viaje . En 2018, llegó a Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, con su pareja, que también vivía con el VIH, y su nieto de 12 años.

Terminaron en la calle tras sufrir todo tipo de discriminación y violencia. Gracias al apoyo de algunas personas, finalmente ella logró alquilar una pequeña casa en las afueras de Río Branco, la capital de Roraima, y retomar su tratamiento contra el VIH. Tan pronto recuperó la inmunidad, no tenía ninguna duda: era el momento de convertirse en activista y crear lValientes por la Vida, una iniciativa de voluntariado para apoyar a otros venezolanos que viven con el VIH que, como ella, llegaron a Brasil con escasos recursos y poca información.

"Somos valientes porque se necesita mucho coraje para salir de tu país, a menudo con las únicas cosas que tenemos en la mano, en busca de tratamiento y en la búsqueda de la vida."

Hoy, como activista humanitaria, Nilsa ha movilizado una red de otros Valientes que se unieron a ella para difundir sobre la llegada de nuevos venezolanos migrantes en busca de tratamiento para el VIH.

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente este proceso, especialmente cuando se cerraron las fronteras entre Brasil y Venezuela en marzo de 2020. “El cierre hizo muy difícil para mis compatriotas acceder a un tratamiento contra el VIH que podría salvar sus vidas. Con la reapertura de la frontera, ahora estamos volviendo a poner en marcha estos servicios.”

Según el Informe Anual de Epidemiología 2020 emitido por la autoridad médica del estado de Roraima, en los años 2018 y 2019, una combinación total de 1.137 casos de VIH/SIDA fueron reportados en su territorio. Entre la población extranjera residente en el estado, los migrantes de Venezuela representan el número más significativo de los casos combinados de VIH/SIDA para el mismo período: 383 personas.

Al igual que Nilsa, muchas de las personas venezolanas que viven con el VIH emigran a Brasil en busca de acceso al tratamiento del VIH que ya no pueden tener en muchos territorios de su país. En este contexto, ONUSIDA estableció una asociación con la UNESCO en diciembre de 2020 en una estrategia conjunta, colaborativa e intersectorial para garantizar el acceso de los migrantes venezolanos a la educación sanitaria, prevención, promoción de la salud y apoyar las respuestas del Estado de Roraima al VIH y COVID-19.

Claudia Velásquez, representante de ONUSIDA y directora de país en Brasil, explica que la propuesta es reducir los prejuicios, el estigma y la discriminación relacionados con migrantes y refugiados, y poblaciones más vulnerables, como trabajadoras sexuales y población LGBTQIA+, jóvenes y pueblos indígenas.

“Queremos promover el empoderamiento de las poblaciones vulnerables a través de la difusión de información sobre el VIH y los derechos de las personas que viven con el VIH”, dice Velásquez. “Nilsa Hernández es un ejemplo de una activista humanitaria. Y personas como ella, que son Valientes por la Vida, muestran el enorme impacto que la movilización de la sociedad civil tiene en el apoyo y acogida a las personas que viven con el VIH y en los esfuerzos para superar la estigmatización y la discriminación, que potencian las desigualdades que nos impiden poner fin a la pandemia del sida para 2030."

Para el futuro, el sueño de Nilsa para “Valientes por la Vida” es que se convierta en una organización internacional, con voluntarios dedicados a apoyar a las personas que viven con el VIH para que tengan acceso al tratamiento y a una vida saludable. "También quiero que la gente deje de vernos como un VIH positivo. Esto crea un estigma horrible que nos pesa a todos. No somos seropositivos. Somos valientes e impacientes porque tenemos prisa por vivir como todos los demás".

GINEBRA, 11 de agosto de 2021—ONUSIDA recibe con agrado el reconocimiento por parte de Chile de su responsabilidad internacional por violar los derechos de una mujer que vive con el VIH y fue esterilizada sin su consentimiento hace casi 20 años. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo amistoso con la mujer, Francisca, que incluye el pago de las reparaciones por la violación de sus derechos humanos. Además, se ha comprometido a poner fin a la esterilización forzosa y a garantizar los derechos reproductivos como derechos humanos sin discriminación.

Francisca dio a luz a un bebé sano en el año 2002 y luego fue esterilizada sin su consentimiento por el médico que le realizó la cesárea, quien decidió que una mujer seropositiva no debería tener hijos. El acuerdo amistoso anunciado esta semana llega tras más de una década de litigios encabezados por la mujer y sus equipos legales.

«Este acuerdo supone un paso muy importante para todas esas mujeres de todo el globo que llevan años y años luchando por la justicia reproductiva. La esterilización coactiva de las mujeres que viven con el VIH es una violación de los derechos humanos más fundamentales de las mujeres», afirmó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Desgraciadamente, se trata de una práctica que sigue ocurriendo en muchos países. Por ello, hemos de intensificar los esfuerzos para detenerla y acercar la justicia a más mujeres».

El presente acuerdo ve por fin la luz después de la gran batalla librada durante años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y tras una denuncia anterior en el sistema judicial chileno que no prosperó. El caso fue litigado por la organización chilena Vivo Positivo y la organización internacional de derechos humanos Center for Reproductive Rights.

ONUSIDA presentó un amicus curiae para informar a la IAHCR de los estándares que los Gobiernos deben respetar para abordar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH que afectan a las mujeres seropositivas. Estos incluyen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con su vida sexual y reproductiva, su derecho a la integridad física y su derecho a estar libres de violencia, incluyendo la violencia a manos de personal sanitario.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Por Roberto Antonio Flores Reyna, Asesor en Información Estratégica, Oficina de ONUSIDA en Guatemala

Para ONUSIDA, la muerte de Andrea es motivo de profunda tristeza. Es increíble pensar que ese fatídico día de junio, cuando estábamos trabajando con ella por la mañana, iba a ser la última vez que la veríamos. ¡No podemos creerlo! ...

¿Cómo describir a Andrea?

Es difícil resumir la respuesta en un párrafo. Tenía 28 años, era una trabajadora apasionada y empoderada. Como activista de derechos humanos, ella estaba plenamente convencida de que trabajar en el campo del VIH es una tarea que implica desafíos y sacrificios. ¿Cómo podríamos imaginar que tal sacrificio iba a ser el máximo? ... ¡su vida!

Fue una de las pioneras del trabajo transfeminista en Guatemala. Colaboró con entidades de prevención como OTRANS-RN y REDTRANS Guatemala; y participó en actividades del Sistema Interamericano como la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue una de las fundadoras por Guatemala de la "PlaTRANSforma Feminista", un espacio regional para mujeres y mujeres trans.

Andrea fue representante de las poblaciones vulnerables ante el Mecanismo Coordinador de País de Guatemala. Además, fue representante legal de OTRANS-RN; y anteriormente fue parte del Comité Regional de Empleabilidad LGBT de México y el Triángulo Norte. Contribuyó al desarrollo de múltiples propuestas técnicas para ser implementadas en Guatemala, con recursos del Fondo Mundial.

Uno de sus principales logros como activista fue ser representante de la Sociedad Civil ante el Congreso de la República de Guatemala por la Iniciativa de Ley de Identidad de Género, iniciativa presentada en diciembre de 2017, y posteriormente rechazada en septiembre de 2018. Desde el lado personal, uno de sus principales logros y orgullos, fue estudiar y graduarse como auxiliar de enfermería, trabajando inicialmente como enfermera en OTRANS-RN y siendo esta tarea su ingreso al mundo de la prevención del VIH.

¡Su carisma estará con nosotros como ONUSIDA para siempre!

Nuestras oraciones por ella, su familia, sus amistades y colegas de OTRANS.                               

Descanse en paz Andrea.

Costa Rica se ha unido a la Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH. En un evento paralelo a la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de las Naciones Unidas celebrado el día 7 de junio, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, enfatizó el férreo compromiso del país con los derechos humanos y destacó que una respuesta integral y eficaz al VIH debe incluir los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

Costa Rica es el tercer país que ha firmado para unirse, junto a Jamaica y Argentina, a la alianza mundial en América Latina y el Caribe.

El acto paralelo, América Latina y el Caribe rumbo a acabar con el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, contó con el gran apoyo de ONUSIDA y fue coorganizado por el coordinador regional de la asociación mundial RedTraSex (la red de trabajadores sexuales para América Latina y el Caribe), la Red mundial de personas que viven con el VIH y los Gobiernos de Jamaica y Costa Rica.

Ya hace cinco años, en la Declaración política de las Naciones Unidas para poner fin al sida de 2016, la epidemia del VIH se reconoció como un desafío para los derechos humanos. Los Estados miembros expresaron su preocupación por el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en todo el mundo, así como por los marcos normativos y legales que no hacen sino desalentar e impedir que las personas accedan a los servicios relacionados con el VIH.

La Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH se creó en el año 2017. El objetivo de la iniciativa es catalizar y acelerar la implementación de los compromisos suscritos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades para poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Los países ya se han comprometido a acabar con la discriminación en varias convenciones internacionales y han sido más las promesas a nivel regional y nacional. La alianza mundial brinda apoyo a los países para hacer esas promesas realidad a través de políticas, programas y prácticas que fortalecen la salud y los derechos relacionados con el VIH.

Mediante la coordinación regional de RedTraSex, la alianza mundial apoya un diálogo abierto y continuo en las redes regionales de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer las plataformas nacionales de coordinación y la representación, siempre centrados en las personas que viven con el VIH, corren el riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus. 

“El sida llegó a mi puerta de manera sorpresiva. Todo comenzó el año 1988 cuando mi pareja, Rafael, empezó a enfermar. En ese momento, ambos teníamos 28 años”, cuenta Georgina Gutiérrez, activista por los derechos humanos de las personas que viven con el VIH en México desde hace más de treinta años.

Hoy es la representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento de las personas que viven con el VIH privadas de libertad. Además, ella es parte del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

“En esos años el estigma y la discriminación eran preocupantes. Yo sabía del VIH solo a través de la televisión y muchas mujeres que tenían parejas con VIH asumían que eran positivas sin haberse hecho nunca la prueba”, rememora la activista.

Su pareja fue privada de libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde pasó ocho años. Este periodo fue para Georgina una oportunidad de conocer la realidad dentro de las cárceles y fue finalmente esta experiencia la que encaminaría el rumbo de su vida hacia el trabajo con personas que viven con el VIH privadas de libertad.

“Las personas que viven con el VIH en la cárcel son invisibles ante la sociedad. Recuerdo que hace muchos años, en modo de protesta, quemaban sus colchones solo para pedir un trato digno”, rememora Georgina.

Ella se dio cuenta de que la protección de la salud física y mental de las personas que viven con el VIH privadas de libertad requería medidas inmediatas y urgentes. Fue así como crearon un proyecto contra el VIH y la COVID‑19 en la Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla.

El proyecto es una de las 30 iniciativas que han recibido financiación, seleccionada de entre más de 190 postulantes a la convocatoria de 2020 de ONUSIDA de propuestas para las organizaciones comunitarias que trabajan con el VIH en América Latina y el Caribe.  Ha recibido un premio de 5000 dólares americanos para ayudar a la labor.

La Penitenciaría Santa Martha Acatitla alberga alrededor de 2000 internos, incluidas 180 personas que viven con el VIH, algunas de ellas en estadio avanzado de enfermedades relacionadas con el sida. Las personas que viven con el VIH están concentradas en el Dormitorio 10 de la prisión.

“El Dormitorio 10 está abarrotado y mantener el distanciamiento físico es difícil. Su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido.  Además, la mayoría no había recibido materiales de protección individual para la COVID-19, y los pocos que han podido acceder a ellos lo consiguieron gracias a sus familias”, afirma la Sra. Gutiérrez.

A parte de las 180 personas que viven con el VIH en la prisión, cada una de las cuales recibió cubrebocas personalizados y otros materiales de protección individual y asistió a una serie de formaciones, aproximadamente otras 1000 personas de entre el personal y los internos se beneficiaron del proyecto.

“He podido ver una transformación en ellos. Me han contado varias veces que se sienten más seguros con las herramientas y el conocimiento que han adquirido”, declara la Sra. Gutiérrez. “Se sienten bien al saber que hay gente que se preocupa por ellos durante esta crisis sanitaria”.

“Ahora, con nuestras formaciones y donaciones los reclusos pueden mantener limpias sus habitaciones y lavar con frecuencia sus manos, su ropa y sus pertenencias”. 

Trabajar en la prevención del VIH es “un compromiso que llevo hasta en la última gota de mi sangre”, admite. “Con estas acciones estamos devolviendo la vida a personas olvidadas. Agradezco a ONUSIDA que haya financiado este proyecto; con él estamos apoyando a población carente en todos los ámbitos”.

Un día cualquiera, se encarcela aproximadamente a 11 millones de personas en todo el mundo.  El riesgo de violencia sexual entre reclusos, junto con el acceso inadecuado a preservativos, lubricantes, profilaxis profilaxis previa a la exposición y servicios de reducción del daño, aumenta sus posibilidades de contraer el VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual.

En una tarde de noviembre del 2020, R.J., que vive con VIH, estaba en su casa sin poder trabajar, sin acceso a comida, muy enferma y con mucha incertidumbre por la COVID-19. Migró desde Nicaragua hace algunos años, y Costa Rica la acogió como su nuevo hogar. No tenía idea de que todo iba a cambiar muy pronto.

Fue cuando sintió su puerta sonar. Era Kattia, una activista costarricense que se había enterado de su situación y llegó a su casa con alimentos, elementos de protección contra la COVID-19, y una tarjeta con internet para su teléfono.

“Me veo siempre reflejada en estas historias de vida. La de R.J., que no estaba recibiendo su tratamiento antirretroviral, me llevó hacia 25 años atrás, cuando recibí mi diagnostico positivo para VIH”, dice Kattia López, 45 años, la Referente de ICW en Costa Rica. “Hoy este es mi trabajo: garantizar que las mujeres que viven con VIH no sufran esa sentencia que sentí al conocer mi estado serológico.”

"El juego de la vida" es un taller que Kattia recibió gracias al apoyo de ICW. El taller cambió su vida y ahora ella lo imparte como herramienta para empoderar a muchas mujeres dentro de la comunidad de beneficiarias.
Foto: Gloriana Ximendaz/Colectivo Nómada para ONUSIDA

Luego de la visita de Kattia, R.J. logró conseguir una cita médica para tomar sus medicamentos. Además, quedó invitada a las sesiones de empoderamiento por Zoom lideradas por Kattia. Ahora tiene alimentos, datos para navegar en internet, y una nueva amiga.  

La ICW Costa Rica fue una de las 31 organizaciones ganadoras de la Convocatoria 2020 para Organizaciones de Base Comunitaria que trabajan en VIH en América Latina y el Caribe, en contexto de COVID-19 que el año pasado lanzó ONUSIDA para América Latina y el Caribe. Y una de las más de 190 organizaciones que participaron.

“En este proyecto trabajamos en grupos de empoderamiento con más de 60 mujeres de 20 a 65 años, en condición de vulnerabilidad, sin escolarización y que viven situaciones de mucha violencia por parte de sus parejas”, comenta Kattia.

18 años atrás, Kattia nunca pensó en quedar embarazada, mucho menos dar a luz. Profesionales en medicina habían diagnosticado casi nula la posibilidad de concebir. Su hijo es un milagro de vida ya que existieron muchas complicaciones durante su gestación. Aún así Kattia lo trajo al mundo en medio del luto de haber perdido a su madre. Su hijo ha sido un gran apoyo en sus luchas y activismo.
Foto: Gloriana Ximendaz/Colectivo Nómada para ONUSIDA

Primero, les asegura acceso a internet y luego trabaja para que desarrollen herramientas psicológicas que les asegure una vida libre de violencia, además de superar los impactos del estigma y discriminación acumulados de ser mujer en una sociedad desigual y vivir con VIH – y, en el caso de R.J., las dificultades de ser migrante.

La Convocatoria 2020 de ONUSIDA fue para Kattia “una gran ventana oportunidad. No es fácil conseguir fondos para trabajar con las mujeres, especialmente con las mujeres que viven con VIH en América Latina”.

“Cambiar esas realidades de violencia es un proceso muy largo y complejo”, afirma Kattia. Cuando van a dejar tarjetas de teléfono con internet móvil y alimentos a las casas de las participantes pueden notar los cambios, y también los llamados de auxilio.

Kattia se acuerda del caso de una joven que es parte de este proyecto que solía entrar con una cámara apagada a las reuniones de formación y empoderamiento. Luego de más de 10 sesiones grupales, cuando fueron a visitarla a su casa, esta joven finalmente logró pedirles ayuda: su pareja la golpeaba. Sin embargo, luego de un largo proceso ella logró salir de esa relación. “Para dimensionar este gran paso, tenemos que pensar que ella y muchas mujeres conviven a diario con sus agresores”, dijo Kattia.

Las 60 mujeres que participan de este proyecto ya saben usar internet, saben encender sus cámaras, manejan las herramientas tecnológicas, y no tienen miedo a hablar sobre lo que les sucede. También gracias a eso continúan tomando sus antirretrovirales. “Vimos que este proyecto nos da luz para llegar a mujeres a las que nadie llega, y transformar sus realidades. Ha sido maravilloso y no las vamos a dejar solas. Invertir en las mujeres siempre es una ganancia”, dice Kattia López. 

Mientras se maquilla y alista para salir, Kattia cuenta que nunca deja de emocionarse cuando se trata de ir a compartir con las compañeras beneficiarias de los talleres de ICW.
Foto: Gloriana Ximendaz/Colectivo Nómada para ONUSIDA

GINEBRA, 29 de enero de 2021 — El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) está profundamente preocupado por la detención, por parte de la policía militar, de los ciudadanos venezolanos y trabajadores humanitarios Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz; todos miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo. Los cinco se encuentran detenidos desde el pasado 12 de enero de 2021.

“Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, dijo la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima. “Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”.

Azul Positivo se estableció en 2004 para trabajar en la prevención del VIH en el estado de Zulia, en Venezuela. ONUSIDA ha apoyado el trabajo de Azul Positivo durante muchos años y ha sido testigo del impacto positivo de sus contribuciones en la comunidad.

ONUSIDA apoya firmemente el pleno empoderamiento y participación de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta al sida y el trabajo humanitario. Espera continuar trabajando con organizaciones de base comunitarias y de la sociedad civil de Venezuela, así como con las autoridades gubernamentales, para garantizar que todas las personas afectadas por el VIH tengan acceso a los servicios de prevención, tratamiento y apoyo social y que sus derechos humanos sean protegidos.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.