Punitive laws

ONUSIDA ha lanzado un nuevo sitio web que permite a las personas identificar leyes y políticas nacionales relacionadas con la respuesta al sida.

Al cubrir áreas tan diversas como la capacidad de un país para diagnosticar el VIH en bebés, la existencia de leyes que discriminen contra las personas transgénero y si se persigue a la gente por utilizar preservativos, el sitio web titulado Laws and Policies Analytics (análisis de leyes y políticas, en español) busca ofrecer una visión general de las leyes y las políticas relacionadas con la respuesta al VIH. También permite ver datos referentes a políticas junto a otros datos que hablan sobre la epidemia de VIH y la respuesta a ella.

«Debemos conocer mejor los entornos legales y políticos para orientar las respuestas a la epidemia de VIH de manera más efectiva. Esta nueva herramienta permite el acceso a datos con relación a leyes y políticas nacionales y, así mismo, permite el análisis conjunto de los datos referentes a la epidemia y a la respuesta. De esta forma, podemos estar mucho más informados para tomar decisiones», señaló Shannon Hader, directora ejecutiva adjunta del Programa.

Con la Declaración política de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida de 2016, los países se comprometieron a acelerar sus esfuerzos para aumentar significativamente la disponibilidad de datos de alta calidad en materia de VIH.  La información utilizada en el nuevo sitio web se venía proporcionando desde el año 2017 y, últimamente, en 2019, a través del Instrumento de observación de los Compromisos y las Políticas Nacionales (ICPN), como parte del mecanismo de Monitoreo global del sida a través del cual los países informan de sus progresos respecto de los compromisos que adquirieron en la Declaración política de 2016.

Los datos fueron proporcionados por las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros socios no gubernamentales implicados en la respuesta al sida. Los datos con relación a las leyes y políticas relacionadas con el VIH recopilados de documentos oficiales externos complementan los datos proporcionados por el país. ONUSIDA valida minuciosamente todos los datos incluidos referentes a políticas para garantizar su precisión. Los datos se actualizarán anualmente.

El sitio web alberga datos de 140 países. Los usuarios pueden buscar por país o por región en un mapa interactivo o pueden seleccionar un tema específico.

Al poner a disposición de todo el mundo los datos referentes a las políticas, ONUSIDA busca promover la transparencia y el mayor uso de datos con relación a políticas al analizar la epidemia de sida y la respuesta al VIH en todos los países del mundo.

Para acceder al sitio web Laws and Policies Analytics, visita lawsandpolicies.unaids.org (en inglés).

Las leyes discriminan de muchas maneras, pero la criminalización de las personas es una de las formas de discriminación más devastadoras. A pesar de haberse instado a realizar reformas y adquirir compromisos en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el fin de eliminar las leyes discriminatorias y reducir las desigualdades,

• 69 países siguen criminalizando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
• Más de 100 países criminalizan el consumo o la posesión de drogas para consumo propio y otros 98 criminalizan algunos tipos de trabajos sexuales.
• Una de cada cinco personas encarceladas están en prisión por delitos relacionados con las drogas y de estas un 80 % eran consumidoras o estaban en posesión de sustancias para consumo propio.
• 19 países deportan a los extranjeros cuando estos tienen un estado serológico positivo.

En Nueva York, en los Estados Unidos de América, se está celebrando un foro político de alto nivel del 9 al 18 de julio cuyo objetivo es revisar el progreso realizado por los Estados miembros en lo referente a los compromisos que adquirieron para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyéndose aquí los relacionados con la desigualdad y la paz, la justicia y las instituciones poderosas.

«Como juez, he podido ver en primera persona el efecto que la legislación penal puede tener en las comunidades. Aparta a las personas de los sistemas de protección, ilegitima sus acciones o su identidad, incrementa el estigma y las excluye de toda protección que puedan brindar nuestros sistemas judicial, social y económico», señala Edwin Cameron, de la Corte Constitucional de Sudáfrica.

La criminalización afecta el acceso a los servicios sanitarios, a la vivienda, la educación, la protección social y el empleo. La criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, del trabajo sexual y del consumo de drogas impide a la población acceder a los servicios de atención sanitaria como son la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH. Los datos nos muestran que los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se exponen al contagio del VIH 28 veces más que la población general. Las personas que consumen drogas presentan un riesgo de contagio 22 veces superior y, por su parte, el riesgo que corren los trabajadores sexuales y los transgénero es también 13 veces mayor. 

«Para implementar por completo la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurarnos de que nadie quede atrás, tenemos que garantizar leyes que protejan a las personas frente a la discriminación y que no las empujen a esconderse de la sociedad», opinó Lloyd Russell Moyle, miembro del Parlamento del Reino Unido.

Los grupos que representan a las personas criminalizadas a menudo tienen prohibido registrarse como organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, los trabajadores sexuales normalmente no pueden sindicalizarse. Las leyes contra la propaganda hacen que la información sobre la prevención del VIH no pueda darse a conocer y expandirse entre la sociedad.

«Poner fin al sida y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia sanitaria no será posible si no plantamos cara a la discriminación, la violencia y la exclusión. Tenemos la oportunidad de aprovechar las lecciones que nos ofrece el movimiento contra el sida y situar los derechos y la participación significativa de los más marginados en el centro de la respuesta», señaló Luisa Cabal, asesora de derechos humanos y género de ONUSIDA.

Los grupos criminalizados suelen experimentar mayores tasas de violencia que la población general. Las víctimas de la violencia, quienes también son criminalizadas, normalmente no pueden denunciar a la policía la violencia de la que son víctimas, y los abogados se arriesgan a sufrir violencia u otro tipo de repercusiones si aceptan llevar estos casos.

«La discriminación contra las personas que viven con el VIH, y la criminalización de estas, continúan siendo una realidad a día de hoy. En Indonesia padecemos a diario el estigma constante contra los grupos de población clave y también su criminalización. No lograremos nunca acabar con el sida si no hacemos que sus necesidades y sus derechos constituyan una prioridad máxima para el acceso a la atención sanitaria, la protección contra la violencia y el reconocimiento de su derecho a la salud», confesó Baby Rivona, de la Red de mujeres positivas en Indonesia.

Los países que descriminalizan el consumo de drogas y que hacen que los servicios para la reducción del daño estén disponibles han visto una disminución en el número de nuevas infecciones por el VIH. Según lo visto, descriminalizar el trabajo sexual en diez años podría evitar entre el 33 % y el 46 % de las nuevas infecciones por VIH entre trabajadores sexuales y clientes. A pesar de ello, el resultado no es solo reducir las nuevas infecciones por el VIH. Incluye también mejoras en el bienestar y un aumento de la confianza en el cumplimiento de las leyes, disminución de la violencia y un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria y apoyo. Sin embargo, y por encima de todo, la descriminalización de las personas hace que dejen de ser vistas como criminales y que no estén estigmatizadas por la sociedad.

Datos recientes muestran que en 2019 unos 48* países y territorios todavía mantienen restricciones que obligan a realizar pruebas obligatorias del VIH y a declarar el estado serológico como parte de los requisitos para los permisos de entrada, residencia, trabajo y/o estudio

GINEBRA, 27 de junio de 2019—ONUSIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instan a los países a cumplir las promesas hechas en la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner fin al SIDA en 2016 para eliminar cualquier tipo de restricción para viajar relacionada con el VIH. Las restricciones de viaje basadas en el estado del VIH real o percibido son discriminatorias e impiden que las personas accedan a los servicios relacionados con el VIH y propagan el estigma y la discriminación. Desde 2015, cuatro países han avanzado en la eliminación de restricciones de viaje relacionadas con el VIH: Belarús, Lituania, la República de Corea y Uzbekistán.

«Las restricciones de viaje en base al estado del VIH violan los derechos humanos y no son eficaces para alcanzar el objetivo de salud pública de prevenir la transmisión del VIH», afirmó Gunilla Carlsson, Directora ejecutiva interina de ONUSIDA. «ONUSIDA hace un llamamiento a todos los países que todavía tienen restricciones de viaje relacionadas con el VIH a que las eliminen».

«Las restricciones para viajar relacionadas con el VIH alimentan la exclusión y la intolerancia al fomentar la peligrosa y falsa idea de que las personas que viajan propagan la enfermedad», comenta Mandeep Dhaliwal, Director de PNUD para el VIH, Grupo de salud y desarrollo. «El suplemento de 2018 de la Comisión mundial sobre el VIH y la legislación fue inequívoco en sus hallazgos acerca de que estas políticas son contraproducentes para la efectividad de la respuesta al sida.»

De los 48 países y territorios que mantienen restricciones, al menos 30 siguen prohibiendo la entrada, la estancia o la residencia en función del estado del VIH y 19 deportan a extranjeros por su estado de VIH. Otros países y territorios pueden requerir pruebas de VIH o un diagnóstico como requisito para obtener un visado de trabajo o entrada. La mayoría de los países que mantienen restricciones de viaje se concentran en Oriente Medio y el Norte de África, pero muchos países en Asia, en el Pacífico, en Europa del Este y Asia Central también imponen restricciones.

«Las restricciones de viaje relacionadas con el VIH violan los derechos humanos y aumentan el estigma y la discriminación. Estas restricciones no disminuyen la transmisión del VIH y están basadas en nociones morales sobre personas que viven con el VIH y grupos de población clave. Es realmente incomprensible que haya restricciones de entrada y residencia relacionadas con el VIH», afirmó Rico Gustav, Director Ejecutivo de la Red Global de personas que viven con el VIH.

El Consejo de Derechos Humanos, reunido esta semana en Ginebra, Suiza, con motivo de su sesión n.º 41, ha llamado firmemente la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de promover los derechos humanos en la respuesta al VIH y ha creado conciencia al respecto, la última vez en su resolución del 5 de julio de 2018 sobre los derechos humanos en el contexto del VIH.

«Las políticas que recurren a pruebas obligatorias de VIH para imponer restricciones de viaje no están basadas en ninguna evidencia científica, son perjudiciales para el disfrute de los derechos humanos y perpetúan la discriminación y el estigma», aseguró Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud. «Estas son una barrera directa para acceder a la atención sanitaria y por tanto inefectivas en términos de salud pública. Pido a los estados que eliminen las políticas discriminatorias que requieren pruebas obligatorias e imponen restricciones de viaje basadas en el estado del VIH.»

Información reciente recopilada por ONUSIDA incluye por primera vez un análisis de los tipos de restricciones impuestas por países y territorios e incluye casos en los que se obliga a las personas a hacerse pruebas para renovar un permiso de residencia. La información ha sido validada con los Estados miembros a través de sus misiones permanentes para las Naciones Unidas.

ONUSIDA y PNUD, como coordinadores de la labor del Programa Conjunto en materia de derechos humanos, estigma y discriminación, están constantemente trabajando con colaboradores, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para cambiar todas las leyes que impongan restricciones de viaje basadas en el estado del VIH como parte de la Asociación Mundial para la Acción a fin de Eliminar todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH. Esta es una alianza de los Estados miembros de las Naciones Unidas, las entidades de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los sectores privado y académico para juntar los esfuerzos en los países con el fin de implementar y ampliar los programas y mejorar la responsabilidad o rendición de cuentas para poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

*Los 48 países y territorios que todavía mantienen algún tipo de restricción de viaje relacionada con el VIH son: Angola, Aruba, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Belice, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Islas Caimán, Islas Cook, Cuba, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Irak, Israel, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Nueva Zelanda, Omán, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Qatar, Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Arabia Saudita, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Islas Salomón, Sudán, República Árabe Siria, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

GINEBRA, 13 de junio de 2019 – ONUSIDA acoge con infinito agrado la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH y la hepatitis B. La criminalización excesivamente amplia de la transmisión del VIH resulta inefectiva, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para evitar nuevas infecciones por el VIH.

«Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella —señaló Gunilla Carlsson, directora ejecutiva en funciones de ONUSIDA—. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y por la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivas que bloqueen las respuestas efectivas al VIH».

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, al señalar a las personas que viven con el VIH, estigmatizarlas y limitar sus derechos. El Tribunal dejaba constancia de que la ley creaba un tratamiento diferente que no era razonable y que, consecuentemente, daba lugar a la discriminación. Además, apuntaba que esa ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que resultaba inefectiva para alcanzar los objetivos de salud pública.

La aplicación demasiado amplia e inapropiada de la ley criminal contra las personas que viven con el VIH continúa suponiendo una gran preocupación en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en las regiones de América del Sur y América Central y al menos otras 77 en todo el mundo todavía criminalizan la no divulgación, exposición y transmisión del VIH.

ONUSIDA presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional de Colombia en la que indicaba que no había ningún dato que apoyara que la amplia aplicación de la ley criminal para la transmisión del VIH fuera eficaz para prevenir la transmisión del virus. Muy al contrario, dicha medida se arriesga a debilitar los objetivos en materia de salud pública y las protecciones de los derechos humanos. ONUSIDA elogia encarecidamente la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de Colombia de restaurar la dignidad y los derechos de las personas que viven con el VIH en el país.

En 2018, ONUSIDA, la Asociación internacional de proveedores de atención al sida y la Sociedad internacional del sida constituyeron un grupo de científicos que desarrolló una Declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. Dicha declaración insta al sistema de justicia criminal a garantizar que la ciencia informe respecto de la aplicación de dicha ley en casos penales relacionados con el VIH.

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GINEBRA, 11 de junio de 2019 — ONUSIDA aplaude la decisión histórica del Tribunal Superior de Botsuana de declarar inconstitucionales disposiciones clave de los artículos 164 y 167 del Código Penal de Botsuana. Estas premisas criminalizan ciertos actos sexuales privados y han llevado a la discriminación y violencia en contra del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTB) en Botsuana.

«Esta es una decisión histórica para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Botsuana» Gunilla Carlsson, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, ad interim. «Reestablece la privacidad, el respeto y la dignidad de la comunidad LGBT del país y es un día para celebrar el orgullo, la compasión y el amor. Felicito a los activistas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios que han hecho una campaña tan dura para llegar a este momento.»

ONUSIDA ha estado trabajando con colectivos LGBT, organizaciones de la sociedad civil y otros socios para promover un entorno jurídico más propicio en el país. En los últimos años, los tribunales de Botsuana han tomado la iniciativa en la protección y promoción de los derechos humanos de los grupos marginados.

La criminalización de relaciones sexuales consentidas entre el mismo sexo es una violación de los derechos humanos y legitimiza el estigma, la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT. La criminalización priva el acceso de las personas a la prevención del VIH, a servicios de control y tratamientos, incrementando su riesgo de infección por el VIH.

Globalmente, el riesgo de infección por el VIH es 28 veces mayor entre gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que entre la población general y 13 veces mayor para las mujeres transgénero. Entornos con políticas legales prohibitivas y la falta de servicios adaptados para grupos de población clave incrementan la vulnerabilidad al VIH. ONUSIDA insta a los países a garantizar que los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, se respeten plenamente mediante la derogación de las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas, privadas y entre adultos, promulgando leyes que los protejan de la violencia y la discriminación, abordando la homofobia y la transfobia y garantizando la disponibilidad de servicios sanitarios fundamentales.

«Espero que esta decisión refleje un movimiento hacia un enfoque más humano, compasivo y basado en los derechos hacia las relaciones entre personas del mismo sexo en todo el mundo. Debería animar a otros países a derogar leyes injustas que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y bloquean el acceso de las personas a servicios esenciales, incluyendo el de la atención sanitaria», dice la Sra. Carlsson.

Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo todavía permanecen criminalizadas en al menos 67 países y territorios del todo el mundo.

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“Esto no es más que el principio. Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer”, ese ha sido el mensaje que ha lanzado Ajit Prakash Shah, que fue quien, en 2009, comunicó el fallo del Tribunal Superior de Delhi que abría la vía para que finalmente, en 2018, se anulase la Sección 377 del Código Penal de la India, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Las declaraciones del expresidente del Tribunal Supremo de Delhi se produjeron en una reunión que ONUSIDA y sus colaboradores organizaron en Nueva Delhi (India) los días 15 y 16 de mayo para tratar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de la India.

“Nuestro objetivo es movilizar y organizar a la comunidad, de modo que ellos mismos puedan ayudarse unos a otros”, explicaba Bilali Camara, directora nacional para ONUSIDA en la India.

Los ponentes señalaron que pese a las últimas sentencias, incluyendo la anulación de la Sección 377 y la decisión sobre el Tribunal Supremo de la India de 2014 sobre los derechos de las personas transgénero, no había habido cambios drásticos en la situación de las personas LGTBI de la India. No obstante, también apuntaron que hay una sensación creciente de que entre el público general cada vez existe una mayor comprensión de los problemas de las personas transgénero.

“La razón del pico en los delitos contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales se debe en parte a que ahora se están denunciando muchos casos, mientras que antes no se denunciaban. La Organización Nacional de Control del Sida ha estado trabajando con comunidades que en otros momentos de nuestra historia estaban fuera de la ley. Se han construido modelos que funcionan, y que se están reproduciendo por toda India”, exponía Shree Alok Saxena, secretario adjunto de la Organización Nacional de Control del Sida.

Marietou Satin, directora adjunta de USAID de la India, mencionaba, “Excluir a cualquier sector de la sociedad no solo es inmoral, sino que además afecta al país como conjunto. Se le niega a una gran parte de la comunidad la posibilidad de ser miembros productivos de la sociedad. Incluyéndolos, también invertimos en la economía. Tienen derecho a contribuir y, para ello, tienen que poder acceder a los trabajos, así como gozar de seguridad en los entornos laborales”.

En la reunión también se estableció un grupo de trabajo LGBTI que brindará asesoramiento estratégico a ONUSIDA y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la India en los problemas actuales y futuros a los que el colectivo se enfrenta en este país y en las políticas, programas y servicios destinados a abordarlos.

Los participantes hicieron notar la necesidad de poner fin a la discriminación, de sensibilizar a los líderes políticos y a los responsables de las políticas, y de garantizar que la comunidad LGBTI tenga acceso a todos los servicios, entre los que se incluyen la salud, la educación y el empleo.

GINEBRA, 4 de abril 2019— ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (conocido por sus siglas en inglés como UNFPA) y la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva están seriamente preocupados por las nuevas disposiciones penales que entraron el vigor el pasado 3 de abril de 2019 en Brunéi Darussalam. Estas disposiciones, que imponen la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales, por adulterio y por tener hijos fuera del matrimonio, incumple varias normativas internacionales sobre los derechos humanos, incluido el derecho a no ser sometido a tortura u otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Estas disposiciones tendrán un impacto negativo significativo en la salud y el bienestar. 

«Estas penas extremas e injustificadas propiciarán que las personas se oculten y queden fuera de los tratamientos contra el VIH y de los servicios de prevención», comentó Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. «Insto encarecidamente a que Brunéi Darussalam suspenda o rechace las enmiendas al Código Penal (basado en la ley Sharía) y ofrezco el apoyo de ONUSIDA para asegurar que las leyes se basen en los derechos humanos, en pruebas y que protejan a los más vulnerables».

Las leyes que castigan la orientación sexual, las relaciones homosexuales y la atención de la salud reproductiva son discriminatorias. Además tienen un impacto desproporcional sobre las mujeres, ya que se crean barreras a la hora de acceder a los servicios y a la información sanitaria, lo que provoca un aumento en la vulnerabilidad frente al VIH y frente a otros problemas sanitarios. Al impedir el acceso a los derechos sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios para el VIH, se afecta de manera negativa a la salud pública.

«Todas las personas, sin distinción alguna, tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, persecución, discriminación o estigma de cualquier tipo. Los derechos humanos son universales. No se debe recurrir a las prácticas culturales, religiosas o morales y las conductas sociales para justificar la violación de los derechos humanos hacia cualquier colectivo sin importar su género u orientación sexual», afirmó Natalia Kanem, Directora Ejecutiva de la UNFPA.

La criminalización de la conducta homosexual ha provocado un aumento en el estigma social y ha dado paso a la discriminación, a la violencia y al hostigamiento. Las pruebas muestran que en las comunidades donde son criminalizadas, las personas son más vulnerables a sufrir violencia, son menos propensos a acceder a los servicios necesarios contra el VIH y a otros servicios de salud y tienen menor capacidad para protegerse frente a las infecciones por el VIH. Criminalizar a las personas también contrarresta los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.    

ONUSIDA y UNFPA muestran su preocupación ante un número creciente de leyes y retórica conservadora y discriminatoria en varios países, y que potencialmente de lugar a un aumento de la violencia, del estigma y de la discriminación hacia otras personas basándose en cuestiones de género, identidad de género u orientación sexual. En los debates recientes de la región Asia-Pacífico junto a otras regiones, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer leyes y políticas basadas en pruebas empíricas y en los derechos humanos.

El pasado mes de diciembre, Brunéi Darussalam solicitó un número mayor y de mejor calidad de datos sobre las poblaciones más afectadas y con mayor riesgo para asegurar una difusión mayor. La producción de dichos datos, que podrían ayudar a mejorar las disposiciones sanitaria de Brunéi Darussalam para las poblaciones más afectadas y de mayor riesgo, va a ser menoscabada por el Código Penal.

ONUSIDA y UNFPA apoyan el llamamiento por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la carta abierta a cinco de los miembros del Comité para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para suspender la revisión del Código Penal e insta a todos los gobiernos a proteger los derechos humanos de todas las personas. Esto incluye el rechazo a las disposiciones penales contra la conducta sexual entre adultos y las decisiones reproductivas, implementar leyes para proteger a todas las personas de la violencia y la discriminación y asegurar unos servicios sanitarios adecuados, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, que sean accesibles, asequibles y aceptables a la hora de atender a sus necesidades.

UNFPA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas es la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva. Nuestra misión es conseguir un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, que todos los partos sean seguros y que el potencial de todas las personas sea satisfecho. Más información en www.undp.org/spanish

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

La noche del 6 de febrero de 2009 en Georgetown (Guyana), la policía acorraló a siete mujeres transgénero, a las que tuvo detenidas durante un fin de semana. El lunes siguiente, en el Tribunal de Georgetown, descubrieron que habían sido acusadas de travestismo y, finalmente, se declararon culpables y fueron condenadas a pagar una multa. Incluso el Magistrado llegó a amonestarlas añadiendo que estaban «confundidas con su sexualidad».

Con el respaldo del Rights Advocacy Project (Proyecto para la Defensa de los Derechos), U-RAP, de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, este grupo fue en contra de la ley decimonónica de Guyana que prohíbe a los hombres vestirse como mujeres, y viceversa, «con propósitos inapropiados». El 13 de noviembre de 2018, la Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de Guyana, dictaminó por unanimidad que la ley es inconstitucional y que, en consecuencia, queda derogada.

«No se debería pisotear la dignidad de nadie, ni negarle los derechos humanos por una simple diferencia», dijo el Presidente del Tribunal Supremo, Adrian Saunders.

Para la profesora de Derecho y co-coordinadora del proyecto U-RAP, Tracy Robinson, esto supuso un paso adelante en la lucha contra las diferencias de poder y de oportunidades de vida que sufren muchas personas del Caribe. 

«La ley no es igual para todos: aquellos que cuentan con recursos mínimos y los que se encuentran marginados son los que más peligro corren. Las mujeres trans no son las únicas que ven sus vidas afectadas por la acción e inacción estatal, ya que hay muchos otros casos en los que olvidamos y excluimos a personas que también forman parte de la sociedad», dijo Tracy Robinson.

El VIH supone una manifestación de cómo los grupos sociales vulnerables se dejan de lado. En la región, la prevalencia del VIH entre los grupos de población clave es generalmente mucho más alta que entre los adultos que no pertenecen a estos colectivos. Por ejemplo, en las mujeres transgénero de Guyana, uno de los pocos países del Caribe que poseen datos de la población, la prevalencia del VIH es de 8,4 %, en comparación con el 1,7 % en los adultos. Además, las estadísticas en estos países caribeños indican que la prevalencia del VIH entre los hombres que mantienen relaciones homosexuales y otros hombres que tienen relaciones con personas de su mismo sexo oscila entre el 1,3 % y el 32,8 %. La combinación de leyes discriminatorias, estigma social, discriminación y la relativa escasez de servicios cordiales con los miembros de los grupos de población clave obligan a estas personas a esconderse, lo que les impide acceder a los servicios de prevención del VIH y recibir tratamiento cuando han contraído el virus. 

Sin embargo, en algunos países, las asociaciones están trabajando para desafiar la constitucionalidad de las leyes discriminatorias que llevan vigentes desde la época colonial. Mediante un caso que respaldó U-RAP, Caleb Orozco desafió la legislación de Belice que establecía que «las prácticas sexuales contra el orden natural», como la sodomía, suponían un delito penado con hasta diez años de prisión. El 10 de agosto de 2016, Belice se convirtió en el segundo país independiente de la Comunidad del Caribe en despenalizar las relaciones sexuales ente hombres, y el primero en hacerlo por medio de los tribunales.

En Trinidad y Tabago, el Tribunal Supremo falló a favor de Jason Jones el 12 de abril de 2018, llegando a la conclusión de que no se debía penalizar la actividad sexual entre adultos cuando existe consentimiento entre ambas partes. Se citó esta resolución en la decisión histórica tomada por la Corte Suprema de la India en 2018 para despenalizar las relaciones entre hombres homosexuales.

ONUSIDA contribuye a aumentar la participación comunitaria y a que se traten cuestiones importantes, entre las que se incluyen: los foros públicos de apoyo en Belice y en Trinidad y Tabago, así como la sensibilización de los periodistas que informan sobre la comunidad transgénero de Guyana.

Para las partes procesales, estas victorias suponen un paso adelante en el largo camino hacia la igualdad.

«Propicia la comunicación entre las familias y sus familiares homosexuales, bisexuales o transgénero. Anima a estas personas a salir del armario. Obliga a las instituciones a reconsiderar sus prácticas administrativas, así como la discriminación que justificaban basándose en esa legislación. Obliga a las personas homófobas a reconocer que la constitución abarca a todo el mundo», apuntó Caleb Orozco.

El litigante, y cofundador de Guyana Trans United (Personas Trans Unidas de Guyana), Gulliver Quincy McEwan, comentó «era muy importante para nosotros hacernos oír y que se hiciera justicia».

Las leyes injustas pueden obstaculizar el acceso a los servicios de prevención o tratamiento del VIH, y lo que las personas que consumen drogas necesitan es ayuda y asistencia, no castigo: estas son las dos premisas sobre las que se ha construido el nuevo modelo legislativo en materia de drogas para África Occidental. El objetivo del modelo, que se lanzó el 11 de septiembre en Dakar (Senegal), es el de servir como orientación para que los responsables de las políticas de la región formulen leyes más adecuadas.

La tesis de que las leyes en materia de drogas actuales son ineficaces y muy costosas cada vez goza de mayor aceptación. El modelo legislativo muestra a los países cómo pueden modificar sus leyes para proteger la salud y bienestar de las personas permitiendo a un mismo tiempo que las fuerzas del orden se concentren en los delitos más graves relacionados con drogas.

“El riesgo de contraer VIH es 23 veces más alto entre las personas que se inyectan drogas y, además, tienen que enfrentarse a violaciones de los derechos humanos, entornos jurídicos punitivos y la exclusión de los programas sanitarios y de lucha contra el VIH”, apuntaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Es fundamental que los países adopten un enfoque basado en los derechos humanos y la evidencia científica que incluya servicios esenciales de reducción del daño para proteger la salud y el bienestar de las personas que se inyectan drogas y sus comunidades”.

El modelo legislativo en materia de drogas, redactado por la Comisión de África Occidental sobre las Drogas, un grupo de expertos de la región seleccionados por Kofi Annan, señala la necesidad de eliminar las barreras que impiden a las personas que consumen drogas acceder a los servicios sanitarios. Las personas que se inyectan drogas son uno de los grupos con un mayor riesgo de exposición al VIH, pero continúan estando marginados y, a menudo, fuera del alcance de los servicios sociales y sanitarios.

El modelo legislativo en materia de drogas sugiere eliminar las sanciones penales para las personas que consumen drogas y facilitar la disponibilidad de las medidas de reducción del daño. La eficacia de la reducción del daño está demostrada: cuando hay servicios de reducción del daño disponibles, el índice de nuevas infecciones por el VIH disminuye drásticamente. El modelo establece alternativas a las medidas punitivas y condenatorias para el consumo de drogas y la posesión para consumo personal.

“Nuestras leyes actuales en materia de drogas estigmatizan y penalizan a las personas que consumen drogas. Sin embargo, aislarlas de la sociedad o encerrar a un número cada vez mayor de ellas no resuelve el problema. Al contrario, agrava los problemas de salud y congestiona unos sistemas de justicia penal que ya están tremendamente saturados”, afirmaba Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y presidente de la Comisión de África Occidental sobre las Drogas.

El modelo legislativo en materia de drogas también pretende mejorar el acceso a medicamentos esenciales, como la morfina u otros opiáceos, para el tratamiento del dolor. Muchas personas de África Occidental no pueden utilizar los analgésicos que necesitan porque los médicos y otros profesionales sanitarios no los prescriben por temor a las consecuencias legales. Para contribuir a eliminar los obstáculos para acceder a dichos analgésicos, el modelo propone que se proteja de forma especial al personal sanitario.

La experiencia atesorada a lo largo de todo el mundo demuestra que es posible cambiar las leyes en materias de drogas para mejor. El nuevo modelo supone un paso adelante para lograr dichos cambios en África Occidental.

Las personas tienen derechos humanos fundamentales para poder tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Estos derechos se basan en preferencias personales sobre, entre otras cosas, la atención sanitaria y el tratamiento. Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, los temas clave que se han tratado son los derechos de las personas para decidir cuándo, si y con quién tener relaciones sexuales, hijos, casarse y su capacidad para expresar su género y sexualidad.

Recientemente, se reunieron los principales expertos legales de todo el mundo para sentar las bases de una serie de principios para responder al uso indebido y al abuso de las leyes criminales que afectan a los derechos humanos básicos, así como su impacto en la salud y en la igualdad. A lo largo de los próximos meses, se elaborarán dichos principios y se guiará a la sociedad civil y a los responsables políticos para el desarrollo y uso de las leyes que garantizan los derechos humanos y que protegen la sanidad pública.

Al comienzo de la reunión, Tim Martineau, Director Ejecutivo Adjunto de ONUSIDA, a.i., señaló: "Aunque hay avances significativos en la prevención del VIH, su tratamiento y atención, hay una gran discrepancia en la prevención del VIH en poblaciones clave, que son las más vulnerables a la infección por el VIH en muchos aspectos debido a la falta de protección jurídica y a la criminalización injusta de su comportamiento".

Los expertos legales se centraron en la criminalización relacionada con la sexualidad, la reproducción, el uso personal de drogas y la criminalización sobredimensionada de la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. En el mundo, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo estan criminalizadas en 73 países, con 13 Estados donde se impone la pena de muerte. A nivel mundial, el trabajo sexual está tipificado como delito en aproximadamente 116 países y unos 72 países criminalizan la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. A menudo, las leyes penales causan que aumente el estigma contra grupos que ya están marginados y excluidos y, además, se han asociado a la discriminación y a la negación de servicios sanitarios mínimos. La criminalización, a su vez, crea un entorno en el que las personas son menos propensas a buscar asistencia policial cuando se violan sus derechos.

Kate Gilmore, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó que el derecho penal juega un papel esencial en el reconocimiento, protección y cumplimiento de los derechos, incluida la lucha contra la impunidad por las violaciones de esos derechos. "Aquí, nuestro propósito es levantar el escudo del derecho penal reduciendo su espada, porque, si reducimos el abuso del derecho penal, aseguramos una mejor protección".

Sam Zarifi, el Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas, dijo, "El uso indebido del derecho penal afecta a los más marginados y, en particular, a quienes se les ha arrebatado sus bienes y se les ha privado del derecho al voto".

La reunión tuvo lugar el 3 y 4 de mayo y la dirigió la Comisión Internacional de Juristas, en colaboración con ONUSIDA y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.