Punitive laws

As Justice Cameron explained at a lecture at Peking University Law School, from his perspective, the law serves two important functions. Credit: UNAIDS/Zhou Dao

Durante su reciente visita a Beijing invitado por ONUSIDA, el juez del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, Sr. Edwin Cameron, aprovechó todas las oportunidades que tuvo para hacer la siguiente pregunta: “¿Qué papel pueden desempeñar las leyes en la respuesta al VIH en China?”

Como explicó el juez Cameron en una conferencia que hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Peking, desde su perspectiva la ley cumple dos importantes funciones. Primero, es la expresión de la moralidad pública. Segundo, constriñe el ejercicio del poder del gobierno. En ambas funciones, la ley puede tener un profundo efecto en las vidas de las personas que viven con el VIH.

Por ejemplo, en Sudáfrica, la Ley de Relaciones Laborales de 1995 prohíbe las pruebas obligatorias del VIH previas al empleo. El juez Cameron aplaude esta ley porque guía la conducta social con objeto de que sea congruente con la postura moral que subyace a la misma ley. “Hay muy pocas razones legítimas para negarle a una persona el trabajo en razón de su estado seropositivo,” dijo el juez Cameron.

La más importante ley china que expresa la moralidad pública acerca del VIH es el Decreto del Consejo de Estado 457 de 2006, que prohíbe la discriminación contra las personas que viven con el VIH. A pesar de que esa ley establece una norma fundamental para la sociedad china, su conocimiento por parte del público es escaso. Como declaró el ex Ministro de Salud Wang Longde en una conferencia de prensa conjunta con el juez Cameron, incluso los profesionales médicos suelen desconocer que tienen prohibido discriminar a las personas VIH-positivas. El profesor Wang instó a realizar una campaña educativa destinada a los profesionales médicos.

Si bien el Decreto 457 es una buena ley que enfrenta algunos importantes desafíos, otras leyes son menos positivas. En una mesa redonda celebrada en las oficinas de ONUSIDA en China durante la visita del juez Cameron, éste describió la preocupante tendencia de promulgar leyes que penalizan la transmisión del VIH observada en algunos países africanos. Algunas de esas leyes establecen que las personas VIH-positivas deben revelar su estado antes de tener un contacto sexual, pero no clarifican cuándo deben revelarlo ni qué constituye un “contacto sexual”.

En opinión del juez Cameron, a pesar de que estas leyes tienen la finalidad de proteger a las personas —un motivo loable— pueden tener unas consecuencias devastadoras para la salud pública. En primer lugar, no son eficaces para detener la transmisión, pues ninguna ley puede conseguirlo. Tal como explicó el juez Cameron, la mayoría de los episodios de transmisión se producen entre personas que desconocen que son VIH-positivas.

En segundo lugar, las leyes aumentan el estigma y disuaden a las personas, particularmente las mujeres, de someterse a la prueba del VIH. De acuerdo con alguna de esas leyes, las mujeres pueden contraer responsabilidad penal por exponer a sus hijos nonatos al VIH, incluso en el caso que no se haya producido la transmisión. Muchas mujeres y varones prefieren desconocer su estado del VIH que correr el riesgo de sufrir un proceso penal. Finalmente, al desanimar a las personas de hacerse la prueba y solicitar tratamiento para el VIH, estas leyes condenan innecesariamente a morir a un mayor número de personas.

El juez Cameron señaló que, irónicamente, estas leyes no son necesarias. En el caso de que una persona transmita deliberadamente el VIH a otra persona, podrían aplicarse las leyes vigentes que condenan la violación o el homicidio.

China no tiene ninguna ley que penalice explícitamente la transmisión del VIH. Sin embargo, un artículo de la ley china sí que penaliza la transmisión intencionada de cualquier enfermedad de transmisión sexual (ETS) por parte de un profesional del sexo, y otra ley condena causar daño intencionado a otra persona. Algunas personas críticas apuntaron que la ley de ETS ha hecho que algunos profesionales del sexo dejen de someterse a revisiones médicas. El juez Cameron comentó que, a pesar de que la legislación penal china parece tener algunas partes negativas para la salud pública, las leyes son generales y no están orientadas específicamente al VIH.

En los últimos años se ha observado un aumento en el número de personas procesadas por haber transmitido el VIH, en particular en Europa y América del Norte, siendo actualmente centenares los casos de esta naturaleza que se producen solamente en los países angloparlantes. También ha habido un aumento en el número de leyes que penalizan la transmisión al VIH y la exposición al virus en países de las regiones de África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe.

Ya en el año 1996, ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por la aplicación inapropiada y excesivamente amplia del derecho penal a la transmisión del VIH y proporcionaron orientación sobre este problema por medio de la publicación Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos. En 2002, ONUSIDA publicó un documento de opciones de política más detallado sobre la misma cuestión. No obstante, ante la creciente preocupación por la proliferación de dichas leyes, ONUSIDA y el PNUD han creído necesario publicar en fecha reciente un documento de orientación de política titulado “Penalización de la transmisión del VIH””.

Transmisión intencionada del VIH

El mencionado documento hace recomendaciones específicas para los gobiernos, la sociedad civil y los asociados internacionales, instando a limitar la penalización a los casos de transmisión intencionada del VIH. Si bien ONUSIDA y el PNUD reconocen que la aplicación del derecho penal puede estar justificada en estas limitadas circunstancias –por ej, cuando una persona que es conocedora de su estado VIH-positivo actúa con la intención de transmitir el VIH, y efectivamente lo transmite– , están preocupados porque aplicarlo más allá de tales casos puede conllevar imponer sanciones penales a personas que en realidad no son culpables, estigmatizar más a las personas que viven con el VIH y crear un elemento entorpecedor para la responsabilidad mutua en lo relativo a la salud sexual y a interesarse por conocer el propio estado del VIH.

El documento de políticas pone de manifiesto las preocupaciones por los posibles efectos negativos sobre la prevención eficaz de la transmisión del VIH, las disposiciones problemáticas relativas a la notificación a la pareja y la revelación de la seropositividad, y los fallos injustos, así como la posible repercusión negativa sobre las mujeres y las niñas.

Consulta Internacional sobre la Penalización de la Transmisión del VIH

En noviembre de 2007, la secretaría de ONUSIDA y el PNUD organizaron una consulta internacional sobre la penalización de la transmisión del VIH para examinar las tendencias recientes en esta cuestión. La reunión congregó diversos puntos de vista pero también una preocupación compartida por la aparente tendencia de penalizar la transmisión del VIH. Al término de la reunión de tres días se publicó un informe exhaustivo con un resumen de los debates y los principales temas tratados, así como de las conclusiones alcanzadas por los participantes, entre los que figuraban parlamentarios, miembros del sistema judicial, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y personas que vivían con el VIH, juntamente con representantes de la OMS, la OIT y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El citado informe también incluye el resumen de la intervención del juez Edwin Cameron del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica.

“Los participantes en la reunión subrayaron el hecho de que las leyes que penalizan la exposición y transmisión del VIH son un “actor secundario” peligroso e ineficaz en la respuesta al sida,” declaró Susan Timberlake, Asesora Superior de Derechos Humanos y Legislación, secretaría de ONUSIDA.

“El derecho penal no hará nunca el trabajo que llevan a cabo los programas de prevención del VIH integrales y basados en resultados. De hecho, la generalización de la penalización puede hacer retroceder los esfuerzos de prevención disuadiendo a las personas de conocer su propio estado del VIH, revelarlo a sus parejas y acceder al tratamiento.”

No hay pruebas de que la aplicación del derecho penal reduzca la transmisión del VIH

Las principales razones aducidas para aplicar el derecho penal son el castigo para la persona que ha causado daño o la disuasión de comportamientos de riesgo que conducen a la transmisión del VIH.

Sin embargo, no hay pruebas de que la utilización del derecho penal sea una medida eficaz para reducir la transmisión del VIH, y los expertos están preocupados porque la penalización probablemente tendrá un efecto negativo sobre la respuesta global al VIH, incluida la prevención del VIH.

Potenciales repercusiones negativas de la utilización del derecho penal

Es posible que las personas, por temor a ser procesadas, se muestren más reacias a someterse a la prueba del VIH y descubrir su estado del VIH, ya que el desconocimiento de su estado es percibido como “defensa penal”. La aplicación de las leyes y la información de casos concretos en los medios de comunicación ponen en peligro la eficacia del mensaje de salud pública de que es mejor responsabilizarse uno mismo de la propia protección que confiar en una obligación jurídica que establezca que las personas VIH-positivas deban revelar su estado.

La penalización también puede crear desconfianza en las relaciones con los dispensadores de atención de salud, ya que los tribunales pueden citar los historiales médicos en los casos procesados. Por último, aunque muchas de estas leyes parecen haberse promulgado como una “medida para proteger a la mujer”, muchos expertos temen que en realidad se aplicarán desproporcionadamente a las mujeres que viven con el VIH. Las mujeres suelen ser las primeras en descubrir su estado y no pueden decirlo a sus parejas por miedo a sufrir violencia o abandono. Además, tienen menos probabilidades que los varones de tener acceso a asesoramiento jurídico.

Por estas y otras razones, muchos expertos están visiblemente preocupados porque las potenciales consecuencias adversas que puede tener la creciente y excesivamente amplia aplicación del derecho penal a la transmisión del VIH, tanto para la salud pública como para los derechos humanos, superan con creces cualesquiera de sus posibles ventajas.

La tercera reunión del Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el VIH concluyó con un borrador de recomendaciones que contribuirán a eliminar las limitaciones para entrar, permanecer o residir en un país asociadas al VIH. Durante los próximos meses, estas recomendaciones se finalizarán y se presentarán ante las juntas directivas del Fondo Mundial y de ONUSIDA en noviembre y diciembre.

Restringir la entrada, la estancia o la residencia en un país basándose en el estado serológico es discriminatorio y en un mundo tan caracterizado por la movilidad como el actual, estas limitaciones tienen un impacto aún mayor sobre las personas que viven con el VIH. En la actualidad, cerca de 67 países siguen aplicando este tipo de restricciones.

A principios de 2008, ONUSIDA creó un Equipo internacional de trabajo formado por gobiernos, grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales para recordar que las restricciones para viajar relacionadas con el VIH deben seguir siendo una prioridad dentro de la agenda mundial y para fomentar acciones que conduzcan a su eliminación. Este Equipo de trabajo lo presiden de forma conjunta ONUSIDA y el gobierno de Noruega. Su primera reunión se celebró en Ginebra en febrero de 2008, la segunda en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también en Ginebra, en abril de 2008, y su tercera y última reunión tuvo lugar en la sede de la Organización mundial del turismo (OMT) en Madrid.

En esta tercera reunión, el Equipo de trabajo
evaluó las labores de promoción y las actividades
que han llevado a cabo sus miembros para acabar
con las restricciones y constataron que se están
 haciendo grandes progresos al respecto.
Foto: UNAIDS

Esta última reunión se celebró del 24 al 26 de junio y fue inaugurada por Francisco Elías de Tejada Lozano, antiguo embajador español para el Fondo Mundial, el ministro español de Asuntos Exteriores y Francesco Frangialli, secretario general de la Organización mundial del turismo, que señaló que las restricciones para viajar basadas en el estado serológico son discriminatorias y representan una gran preocupación para el sector turístico.

“El VIH no es algo que se transmita por el aire. Si se van a aplicar restricciones, que sean racionales y reflejen preocupaciones sobre salud pública legítimas. Para responder al VIH lo que se necesita es prevención, información y diálogo”, manifestó Francesco Frangialli.

En esta tercera reunión, el Equipo de trabajo evaluó las labores de promoción y las actividades que han llevado a cabo sus miembros para acabar con las restricciones y constataron que se están haciendo grandes progresos al respecto.

Por ejemplo, los grupos de la sociedad civil realizaron importantes labores de promoción antes de la Reunión de alto nivel sobre sida que se celebró en junio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la reunión, tanto el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, como el director ejecutivo de ONUSIDA, el Dr. Peter Piot, pidieron en la ceremonia de apertura que se eliminasen las restricciones para viajar relacionadas con el VIH. “El estigma y la discriminación en torno al sida siguen siendo fuertes. En este contexto uno mi voz a la del Secretario General e invito a todos los países a que eliminen las restricciones que impiden que las personas que viven con el VIH entren en su territorio”, declaró el Dr. Peter Piot.

Durante su tercera reunión, los miembros del Equipo señalaron que hay que seguir concienciando a la población y que los países deben prolongar el trabajo del Equipo mediante iniciativas encaminadas a terminar con las restricciones para viajar.

“En este punto de la epidemia, en el que contamos con más de 25 años de experiencia, sería hipócrita que los gobiernos se declarasen comprometidos a acabar con el estigma y la discriminación y que en la práctica no hiciesen cambios”, dijo Craig McClure, director ejecutivo de la Sociedad internacional del sida.

Susan Timberlake, copresidenta del Equipo de trabajo y asesora superior de ONUSIDA sobre derechos humanos y leyes, declaró que había que realizar más esfuerzos para garantizar que los turistas, los migrantes y otras poblaciones nómadas vean satisfechas sus necesidades en las respuestas nacionales al sida.

“Los países deben comprender que en la vulnerabilidad ante el VIH relacionada con la movilidad no solo hay que tener en cuenta a los turistas y a los migrantes, también a la población nacional que entra, vuelve a partir y regresa. Si los gobiernos de verdad quieren reducir la vulnerabilidad ante el VIH relacionada con la movilidad, deberían garantizar que todas las personas que se desplazan se beneficien de programas y servicios del VIH apropiados. En la era del acceso universal y del avance de la globalización, ninguna respuesta integral al sida debe dejar de lado a las personas que se desplazan”, declaró la copresidenta del Equipo de trabajo, Susan Timberlake.

En el marco de la Conferencia internacional sobre el sida que tendrá lugar en México en agosto, se celebrará una reunión especial que abordará las restricciones para entrar, permanecer o residir en un país que se aplican sobre las personas que viven con el VIH. Asimismo, en el Foro Mundial sobre migración y desarrollo que se celebrará en Filipinas el próximo octubre también se hará hincapié sobre este tema. El Equipo de trabajo redactará sus recomendaciones finales en un informe que presentará en la próxima reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA en diciembre y ante la Junta directiva del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria en noviembre.

Director de la Unidad sobre el VIH
y el sida del Colectivo de Aboga-
dos (India) y miembro del Grupo
de referencia de ONUSIDA sobre
el VIH y los derechos humanos.

Anand Grover, director de la Unidad sobre el VIH y el sida del Colectivo de Abogados (India) y miembro del Grupo de referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los derechos humanos, ha sido nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Anand Grover, conocido defensor y activista del VIH y los derechos humanos, practica la abogacía en el Tribunal Superior de Bombay y en el Tribunal Supremo de la India. Ha llevado muchos casos relacionados con los derechos de personas seropositivas, como por ejemplo de profesionales del sexo, así como el primer caso sobre el VIH y el derecho laboral de la India.

Grover ha trabajado durante muchos años en estrecha colaboración con ONUSIDA en cuestiones relacionadas con la legislación y los derechos, y su contribución al Programa ha sido significativa. Así, ha participado en el Grupo de referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los derechos humanos, que asesora al Programa para fortalecer el compromiso y la capacidad de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado con el fin de proteger y promover los derechos humanos con relación al VIH. El gobierno de la India solicitó a Anand Grover y a la Unidad sobre el VIH y el sida del Colectivo de Abogados que redactaran un proyecto de ley sobre el VIH, que posiblemente se presentará este año en el Parlamento.

Grover recoge el testigo de Paul Hunt, que ha sido el relator especial desde 2002 y ya ha cumplido el mandato máximo de seis años. Paul Hunt también es miembro del Grupo de referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los derechos humanos. Hunt ha demostrado con sus viajes a diferentes países y sus informes para el Consejo de Derechos Humanos ser un gran defensor de los derechos humanos en cuestiones relacionadas con el VIH.

Susan Timberlake, Asesora de ONUSIDA sobre derechos humanos y leyes, considera que el compromiso del Programa con los relatores especiales es una vía muy eficaz para llamar la atención sobre las cuestiones de derechos humanos y VIH a nivel mundial y nacional.

“Estamos encantados con el nombramiento de Anand Grover como relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Ha demostrado ser un defensor incansable de los derechos humanos con relación al VIH, y no tenemos ninguna duda de que continuará con éxito el trabajo innovador de su predecesor, Paul Hunt. Deseamos seguir colaborando estrechamente con él para garantizar la completa realización de las libertades y los derechos humanos fundamentales, ya que es una cuestión esencial para que la respuesta al VIH sea efectiva.”

Relatores especiales

Los relatores especiales son expertos independientes que colaboran a título personal, respaldados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Aceptan misiones nacionales tras ser invitados por un país o en función de una invitación permanente. Durante estas misiones, evalúan la situación general de los derechos humanos, así como cuestiones específicas de sus respectivos mandatos. Se reúnen con autoridades nacionales y locales, como jueces y parlamentarios, instituciones nacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, los medios de comunicación y víctimas de violaciones de los derechos humanos.

En función de lo que descubren, presentan sus conclusiones y recomendaciones en informes públicos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los gobiernos interesados. Los relatores especiales también tienen autoridad para estudiar casos individuales, que presentan directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores del país en cuestión.

Para acceder a más información sobre el mandato del relator especial sobre el derecho a la salud (incluidos informes de misiones nacionales y resúmenes de los comunicados de los gobiernos) véase el sitio web del ACNUDH.

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Organización Mundial de la Salud), que estableció que la orientación sexual (heterosexual, bisexual u homosexual, por sí misma, ya no “sería considerada como un desorden”. Por ello, el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia.

De los 192 estados miembros de las Naciones Unidas, 85 tienen leyes que penalizan el comportamiento homosexual. En algunos de estos países, las condenas pueden incluir hasta la pena de muerte.

La penalización de la homosexualidad fomenta la discriminación y puede obligar a las personas a ocultar su sexualidad por miedo a ser acusados. En aquellos lugares donde no pueden revelar abiertamente su orientación sexual, el riego de infección por el VIH y el impacto del sida aumentan considerablemente ya que temen acceder a los servicios de prevención o de tratamiento del VIH. Esto se agrava donde las violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, como la violencia, la denigración, las detenciones arbitrarias, las pruebas forzadas del VIH y la discriminación, son constantes.

En muchos casos, especialmente cuando los líderes políticos y sociales niegan la existencia de la homosexualidad o la penalizan, los servicios del VIH adaptados para hacer frente a estas necesidades se olvidan por completo en las respuestas nacionales al sida.

Las tasas de infección son desproporcionadamente altas entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. “Para reducir la incidencia del VIH en este grupo, así como para proteger sus derechos humanos, debemos abordar, condenar y erradicar la homofobia", afirmó Susan Timberlake, Asesora del ONUSIDA sobre derechos humanos y leyes.

El ONUSIDA trabaja con gobiernos, la sociedad civil y los medios de comunicación para combatir la homofobia y otras formas de estigma y discriminación directa o indirectamente relacionadas con el VIH.

En esta reunión se identificó una serie de
retos, oportunidades y medios para asegurar
que se incorporaran aspectos relativos a los
derechos humanos y el género en la adopción
y revisión de la legislación sobre el VIH.

En 2001, con la adopción de la “Declaración de compromiso” y la “Declaración política sobre VIH/sida” durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/sida, los gobiernos reconocieron que es muy importante proteger los derechos humanos y la igualdad de género por medio de sistemas legales adecuados a la búsqueda de respuestas nacionales al VIH.

La promulgación de leyes que recogen la protección de los derechos humanos y de género facilita la prevención del VIH a quienes están más expuestos a él, e impide que las personas que viven con el VIH sufran discriminación o se atente contra sus derechos humanos. Sin embargo, en las respuestas nacionales al VIH, la mayoría de las veces apenas se presta atención a la reforma de las leyes discriminatorias existentes, ni se intenta trabajar con los parlamentos, los jueces y la policía para asegurar que la legislación se esté aplicando correctamente. El resultado de todo ello es que la transgresión de los derechos humanos, tanto en forma de discriminación, desigualdad de género y violencia contra las mujeres, como de violación de la confidencialidad y la privacidad, sigue contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad a la infección por el VIH; y además, supone una barrera para encontrar respuestas efectivas al virus.

En reconocimiento de este problema, ONUSIDA organizó, junto con el PNUD, UNICEF, el UNFPA, UNIFEM, la OMS, AWARE/USAID, OSIWA, ECOWAS y el ACNUDH, dos talleres en Dakar; uno en julio de 2007 y otro del 16 al 18 de abril de 2008. La finalidad de los mismos fue ayudar a los países a que tuviesen en cuenta a qué nivel se encuentran en cuanto al desarrollo de sus marcos legislativos en relación a la respuesta al VIH y cómo se puede llegar a tener la mejor legislación posible.

La prevención o el tratamiento para el VIH no dependen de la promulgación de determinadas leyes, sino de la puesta en marcha de los programas y servicios relacionados con este virus que sean necesarios; sin embargo, la legislación sí puede crear un entorno que empodere a las personas por medio de conocimientos adecuados, apoyo social y protección contra cualquier forma de discriminación. De esta manera, sí se pueden conseguir cambios de conducta y el acceso a la prevención, tratamiento y atención del VIH sin que haya consecuencias negativas para nadie.

Entre las cuestiones de la “Ley Ndjamena” que
se trataron en dicha reunión, destacan las
pruebas del VIH obligatorias, la confidencialidad
o la divulgación de información acerca del VIH,
la criminalización de la transmisión del VIH y
los derechos de las mujeres y otros grupos también
vulnerables.

En 2004, el Foro de parlamentarios africanos y árabes para la población y el desarrollo adoptaron la "Ley Ndjamena" sobre la prevención, atención y control del VIH. Dicha ley supuso la adopción de un instrumento legal flexible y adaptable, que los diferentes estados pudieron usar para encaminar el proceso de desarrollo de sus legislaciones según su entorno legal, social, político y cultural. La ley englobaba muchos aspectos positivos, pero se ha llegado a la conclusión de que algunas de las disposiciones contenidas en la misma se podrían mejorar bastante con el fin de hacer frente a dos de las preocupaciones más importantes en la respuesta al sida: proteger la salud pública y defender los derechos humanos.

Los participantes en el taller de abril de 2008 representaban a 15 países de África occidental y central; entre ellos se encontraban parlamentarios, especialistas en derechos humanos, juristas, miembros de la sociedad civil (incluidas las personas que viven con el VIH) y representantes de los consejos nacionales sobre sida. En esta reunión se identificó una serie de retos, oportunidades y medios para asegurar que se incorporaran aspectos relativos a los derechos humanos y el género en la adopción y revisión de la legislación sobre el VIH.

Entre las cuestiones de la “Ley Ndjamena” que se trataron en dicha reunión, destacan las pruebas del VIH obligatorias, la confidencialidad o la divulgación de información acerca del VIH, la criminalización de la transmisión del VIH y los derechos de las mujeres y otros grupos también vulnerables.

Los participantes en el taller de abril de 2008
representaban a 15 países de África occidental
y central; entre ellos se encontraban parlamentarios,
especialistas en derechos humanos, juristas,
miembros de la sociedad civil (incluidas las personas
que viven con el VIH) y representantes de los
consejos nacionales sobre sida.

ONUSIDA y otros asociados recomendaron varios documentos actualizados desde la promulgación de la ley Ndjamena que se pueden usar como ejemplo y sirvan para enmendar la legislación relacionada con el VIH según las normas legales internacionales existentes; además, de esta manera, se asegurará que con el lenguaje empleado no se vaya en contra de los derechos humanos. Entre estos documentos, se encuentran la “Declaración política sobre VIH/sida” (2006), las “Directrices internacionales sobre el VIH y los derechos humanos”, Versión consolidada (2006), “Tomar medidas contra el VIH- Manual para parlamentarios” (2007) y "Recomendaciones de ONUSIDA para el uso de un lenguaje alternativo en la legislación Ndjamena sobre VIH" (2008).

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el proceso de incorporación de cuestiones sobre derechos humanos y género en los marcos jurídicos sobre el VIH es una muestra de la necesidad que existe de tomar medidas legales, no como mecanismos de coacción, sino como instrumentos para atribuir más poderes a las personas por medio del respeto de los derechos humanos. Las medidas jurídicas de carácter punitivo o coercitivo hacen que aumente todavía más el estigma y la discriminación ya existentes en relación con el VIH y disuaden a las personas de participar en los programas de prevención y tratamiento del VIH, consiguiendo, en definitiva, que disminuya la efectividad de las respuestas nacionales a la epidemia.

"El hecho de proteger los derechos de las personas que viven con el VIH no significa que se vaya a ofrecer menos protección al resto de los miembros de la comunidad, sino todo lo contrario: defender los derechos de las personas que viven con el VIH y de aquellos grupos que están más expuestos a la infección contribuye a promover el acceso a los servicios de prevención, atención y apoyo relacionados con el virus; algo que beneficia a toda la comunidad y que hace que la respuesta al VIH sea más efectiva”, afirmó el Dr. Meskerem Grunitzky-Bekele, director del Equipo de Apoyo Regional para África occidental y central de ONUSIDA.

Desde el comienzo de la epidemia del VIH, los gobiernos y el sector privado han impuesto restricciones para viajar que afectan a las personas VIH-positivas que desean entrar en un país, permanecer en él durante un corto periodo de tiempo (viajes de negocios, personales, turísticos, etc.) o durante períodos de tiempo más largos (asilo político, empleo, inmigración, reasentamiento de refugiados, estudios, etc.).

El Equipo internacional de trabajo sobre
restricciones de viaje asociadas al VIH se
reunió por primera vez en Ginebra del 25
al 26 de febrero. ONUSIDA y el gobierno
noruego presidieron la reunión

ONUSIDA ha creado un Equipo in ternacional de trabajo cuya misión es llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales sobre las limitaciones para viajar (en periodos cortos y largos de tiempo) relacionadas con el VIH y avanzar hacia su eliminación.

El Equipo se reunió por primera vez en Ginebra los días 25 y 26 de febrero. ONUSIDA y el gobierno de Noruega, que presidieron la reunión de forma conjunta, reunieron a representantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y a la sociedad civil, además de al sector privado y a redes de personas que viven con el VIH.

Según datos recogidos por el Grupo europeo de tratamiento del sida, un total de 74 países imponen algún tipo de restricción para viajar relacionada con el VIH, doce de los cuales prohíben el acceso a las personas seropositivas independientemente del motivo y de la duración de su estancia. Los argumentos que m ás se utilizan para justificar la aplicación de tales medidas son la protección de la salud pública y el coste asociado a la atención, al apoyo y al tratamiento de las personas que viven con el VIH.

Sea cual fuere la razón, estas restricciones atentan contra derechos humanos fundamentales como la no discriminación o la libertad de circulación de las personas seropositivas en un mundo tan caracterizado por la movilidad como el actual.

En el año 2000, la Organización mundial del turismo estimó que al día se producían 698 millones de desplazamientos internacionales en todo el mundo. La mayoría se traducen en estancias cortas asociadas a viajes turísticos, de negocios, conferencias o a visitas familiares. En cuanto a las estancias prolongadas, la Organización internacional para las migraciones (OIM) calcula que 175 millones de migrantes viven y trabajan en la actualidad fuera de sus países de origen, lo que constituye el 2,9% de la población mundial.

Las restricciones para viajar relacionadas con el VIH se aplican en forma de leyes u órdenes administrativas que obligan a los viajeros a declarar su estado serológico antes de entrar o establecerse en un país. Algunos países incluso les someten a una prueba de detección del VIH y otros exigen un certificado que demuestre su estado seronegativo o simplemente que declaren su estado serológico con respecto al VIH.

Realizar pruebas de detección del VIH en estas condiciones es similar a hacerlas obligatorias. Además, en muchos casos se efectúan sin el asesoramiento previo y posterior adecuado o sin garantías de confidencialidad. Toda prueba de detección del VIH debería realizarse de forma voluntaria y bajo consentimiento informado.

El impact o personal de estas restricciones puede ser devastador para aquellos que intentan inmigrar, conseguir asilo, visitar a sus familias, asistir a reuniones, estudiar o hacer negocios. Algunos inmigrantes, refugiados, estudiantes u otros viajeros pueden descubrir, al mismo tiempo, que están infectados por el VIH, que no se les permite viajar y, posiblemente, que los funcionarios gubernamentales, sus familias, sus comunidades y sus empleadores han tenido conocimiento de su estado serológico, lo que les expone a la discriminación y al estigma.

Aquellos que ya se encuentran en un país receptor pueden enfrentarse a una deportación sumaria sin garantías procesales ni de confidencialidad. Estas circunstancias provocan que se intente ocultar o negar el estado serológico y que se evite el contacto con las autoridades de inmigración y los profesionales sanitarios, lo que va en detrimento de los controles de inmigración y de los esfuerzos de salud pública. Además, las personas que viven con el VIH se ven privadas de la prevención, la asistencia y, posiblemente, de los servicios de salud que necesitan.

"Las restricciones para viajar asociadas al
VIH, en especial por cortos periodos de
tiempo, demuestran que el sida recibe un
trato diferente", declaró el Dr. Peter Piot,
director ejecutivo de ONUSIDA

"Las restricciones para viajar asociadas al VIH, en especial por cortos periodos de tiempo, demuestran que el sida recibe un trato diferente", declaró el Dr. Peter Piot, director eje cutivo de ONUSIDA, que añadió: "Ninguna otra enfermedad impide a las personas entrar a otros países en viajes de negocios, turismo o para asistir a una conferencia. Ninguna otra enfermedad hace que las personas teman que les revisen su equipaje en la frontera en busca de medicamentos que puedan ser usados para negarles la entrada, o lo que es peor, para detenerlos o deportarlos".

Aunque reconoció que cada Estado es soberano en la gestión del control de sus fronteras y de la inmigración, las leyes y regulaciones nacionales deberían garantizar que las personas que viven con el VIH no se ven discriminadas a la hora de ejercer su derecho a viajar, a solicitar la entrada o la residencia en un país extranjero. Las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos estipulan que cualquier limitación de la libertad de circulación o de la elección de residencia funda da exclusivamente en la situación real o presunta respecto del VIH, incluida la prueba del VIH para los viajeros internacionales, es discriminatoria.

Además de ser discriminatorias, estas restricciones no pueden justificarse por razones de salud pública. El VIH no debería considerarse una amenaza para la salud pública relacionada con los viajes porque, aunque el virus de la inmunodeficiencia humana es contagioso, no se transmite por la mera presencia de una persona seropositiva en un país o por el contacto ocasional.

Por otra parte, estas medidas restrictivas pueden ir en contra de los intereses de la salud pública porque la exclusión de extranjeros VIH-positivos aumenta el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH, y ello podría disuadir tanto a nacionales como a extranjeros a la hora de solicitar servicios de prevención y apoyo relacionados con el VIH . Asimismo, estos impedimentos podrían fomentar que los ciudadanos nacionales piensen que el VIH es un "problema del exterior" que se ha resuelto impidiendo entrar a los extrajeros, y, por lo tanto, que no sientan ellos mismos la necesidad de ejercer un comportamiento responsable.

Las restricciones para viajar tampoco se pueden justificar por razones económicas. En la actualidad, las personas que viven con el VIH pueden disfrutar de una vida laboral larga y productiva, lo que modifica el argumento económico subyacente en las restricciones globales, pues el gasto de los migrantes en recursos sanitarios debe sopesarse con su contribución potencial. Además, la constante expansión de los programas de tratamiento para alcanzar el acceso universal en 2010, junto con la continua disminución en los costes del tratamiento en países de ingresos bajos y medianos han disipado el mito de que si una persona VIH- positiva viaja, aumenta el coste de los sistemas de atención sanitaria en el extranjero.

La creación del Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el VIH supone una gran oportunidad para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales sobre las limitaciones para viajar relacionadas con el VIH y avanzar hacia su eliminación.

Recomendaciones específicas para conseguir un cambio positivo

El Equipo de trabajo elaborará recomen-
daciones sobre acciones específicas que
puedan llevar a cabo diferentes instancias
para conseguir que las restricciones
desaparezcan

Un Comité directivo apoya y dirige al Equipo internacional, q ue está compuesto por dos grupos de trabajo que centran su labor en eliminar restricciones de corto y largo plazo. Los grupos de trabajo y el comité se reunirán cuatro veces antes de agosto de 2008, cuando presentarán sus recomendaciones finales en la Conferencia internacional sobre el sida que se celebrará en México. El Equipo de trabajo elaborará recomendaciones concretas sobre acciones específicas que puedan llevar a cabo diferentes instancias (gobierno, sociedad civil, organizaciones intergubernamentales y el sector privado) para acabar con las restricciones de viaje relacionadas con el VIH. Las acciones estratégicas del Equipo internacional están dirigidas a:

1. Llamar la atención sobre las restricciones de viaje asociadas al VIH a escala internacional, regional y nacional.
2. Persuadir a los gobiernos para que eliminen las medidas que prohíben la entra da o la estancia breve de personas seropositivas
3. Impulsar acciones a largo plazo que eliminen todas las restricciones de viaje fundamentadas en el VIH.

Durante la confección de estas recomendaciones, el comité directivo recibirá el apoyo de los grupos de trabajo, cuya misión consistirá en:

1. Elaborar un informe detallado que muestre la situación actual de los impedimentos para viajar asociados al VIH a corto y largo plazo
2. Realizar un análisis de los obstáculos que impiden eliminar este tipo de restricciones y proponer acciones que permitan a las diferentes instancias nacionales e internacionales participar en el proceso
3. Elaborar recomendaciones sobre prácticas óptimas relacionadas con la entrada y la estancia de personas que viven con el VIH en diferentes situaciones de movilidad y migración.

E stas recomendaciones apoyarán los principios que abogan por la no discriminación, por una Mayor participación de las personas que viven con el VIH y por políticas relacionadas con el VIH racionales para viajeros, migrantes y poblaciones nómadas en los países de salida y de destino; todo ello en el contexto de los esfuerzos por conseguir el acceso universal a la prevención, al tratamiento, a la atención y al apoyo relacionados con el VIH, tal como acordaron los gobiernos en la Reunión de alto nivel sobre sida de 2006.

La próxima reunión del Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el VIH se celebrará del 31 de marzo al 2 de abril en Ginebra.

Human rights and its links to reaching the goal of universal access to HIV prevention, treatment, care and support was central to the discussions of the eighth meeting of the UNAIDS Reference Group on HIV and Human Rights, an independent advisory body to UNAIDS, that took place on 3-5 December 2007 in Geneva.

“The most critical issues in the HIV response are human rights issues, and UNAIDS [needs to] frontline these to push the HIV response towards universal access to HIV prevention, treatment, care and support,” said Reference Group Chair Mark Heywood when he summarized the Group’s conclusions to UNAIDS Deputy Executive Director (Programme) Michel Sidibe.

The Group – which includes HIV activists, lawyers, a High Court judge, people living with HIV, people working with sex workers and drug users, academics and the UN Special Rapporteur on the Right to Health – addressed a range of issues, including accountability for universal access commitments, human rights in the context of sex work and drug use, promotion of gender equality in national HIV responses.

Recent trends of criminalizing HIV transmission were also discussed. The Reference Group expressed its concern about the tendency of parliaments to criminalize HIV transmission and highlighted an increasing conflict between the push to help people get tested for HIV in order to get HIV treatment and the move to prosecute people who transmit HIV. It asked that UNAIDS empower its staff to work against this trend and urge governments to put in place the kind of laws that will really help stop the transmission of HIV: laws to protect the equality of women and to protect them against violence, laws to protect people living with HIV against discrimination, and laws to ensure sufficient programmes for HIV prevention for all populations groups in need of them.    

The Reference Group also expressed concerns about reports of mandatory HIV testing. “We fully support the scale up of testing and counselling services as a human rights imperative, but providers must do so in a way that is based on dignity,” Heywood said in his summary report to UNAIDS. The Reference Group called for greater monitoring of this issue, as well as advocacy and technical assistance to ensure that mandatory testing practices are put to an end.

UNAIDS Deputy Executive Director, Michel Sidibe underlined the important role of UNAIDS staff in country – across the co-sponsored, joint UN programme – as human rights advocates. “AIDS will remain if we don’t deal with the human rights issues,” he said.

“All of our staff should be human rights oriented. We know that human rights must be at the basis of programmes that address the realities of those most vulnerable and those most affected by HIV,” he added.

He noted that much more work needs to be done to make HIV programmes respond to the local dynamics of the epidemic.

“Priority setting in national responses has generally not addressed the major challenges – the major vulnerabilities, issues of stigma, discrimination, gender inequality, and other human rights violations. We need better situation analysis, better understanding of the contextual factors, and we have to act on that information,” Sidibe said.

El juez Edwin Cameron, del Tribunal de
Apelación de Sudáfrica, resaltó la importancia
de las estrategias de salud pública como
alternativa a la penalización de la transmisión
del VIH.

Últimamente se han aprobado leyes en varios países que penalizan la transmisión del VIH o la exposición al virus a otras personas. Algunas jurisdicciones han aplicado leyes generales de abusos físicos graves en los casos en los que se acusa a alguien de transmitir el virus o de exponer a otros intencionadamente.

Estas medidas tan polémicas están generando debate y preocupación entre políticos, profesionales jurídicos y de la salud pública, y organizaciones internacionales y de la sociedad civil acerca de si la aplicación del derecho penal en este tipo de casos beneficia o perjudica los objetivos de la salud pública como el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo a las personas que viven con él.

Para hacer frente a esta situación, ONUSIDA ha reunido en Ginebra a un grupo de profesionales en la materia que participarán en una reunión informativa internacional que durará tres días (del 31 de octubre al 2 de noviembre). Allí se discutirá sobre la aparente tendencia a la penalización de la transmisión del VIH dentro del contexto de la respuesta nacional al sida.

El propósito de la conferencia, codirigida por el Secretariado de ONUSIDA y el PNUD, era fomentar el diálogo y proporcionar una oportunidad de llegar a un entendimiento con respecto a la conveniente aplicación del derecho penal en lo relativo a la transmisión del VIH, dadas las necesidades de salud pública y los derechos humanos. Entre los asistentes a la reunión se encontraban parlamentarios, jueces, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y personas que viven con el VIH, así como representantes de la OMS, de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los participantes de la conferencia expresaron su preocupación ante el aparente aumento del número de casos de personas que viven con el VIH a las que se han imputado cargos por haber transmitido el virus o por haber participado en actividades con riesgo de transmisión. En algunos casos, se han presentado cargos por conducta que se “percibe” con riesgo de transmisión, pero sin riesgos reales existentes, y a veces se han impuesto penas muy duras. Asimismo, los participantes mostraron inquietud ante aquellas jurisdicciones que pretenden promulgar o enmendar su legislación específicamente para penalizar la transmisión y la exposición. Aunque muchos de estos legisladores tengan buenas intenciones, los participantes de la conferencia afirmaron que tales leyes no son un método eficaz para tratar la transmisión del VIH.

“Al igual que en los primeros años de la epidemia, cuando declaré que poseíamos HIL (leyes altamente ineficaces) y hubo propuestas para realizar pruebas a toda la sociedad, ahora tenemos de nuevo una ola de HIL. Y es una ola que se da en África en particular, pero también en otras partes del mundo", afirmó el juez Michael Kirby, miembro del Tribunal Supremo de Australia, en la sesión final de la conferencia.

Aunque se sabe poco sobre los impactos de la penalización de la transmisión del virus, a muchos les preocupa que pueda tener un efecto negativo en la realización de las pruebas del VIH y en el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo. Informes de la prensa sensacionalista pueden exacerbar el estigma y la discriminación y hacen peligrar las estrategias de prevención del VIH que ahora mismo se están llevando a cabo. "Imponer el derecho penal a la transmisión del VIH ha aumentado la estigmatización del virus, es un método ineficaz y las estrategias de salud pública van más encaminadas a mejorar la prevención del VIH", declaró el juez Edwin Cameron, del Tribunal de Apelación de Sudáfrica.

Aún más, otro hecho preocupante es que la acción judicial puede poner en peligro los derechos civiles básicos, como el derecho a la privacidad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Algunos legisladores y grupos para los derechos de la mujer piensan que tales leyes protegerán a las mujeres de ser infectadas por el VIH, pero como apuntó Susan Timberlake, consejera legal y de los derechos humanos para ONUSIDA: "Nos preocupa mucho el hecho de que estas leyes puedan perjudicar más a las mujeres, ya que son ellas quienes primero descubren su estado y, por tanto, las primeras en ser perseguidas. Unas leyes que defendieran la igualdad de la mujer dentro y fuera del matrimonio les ayudarían más que unas leyes que penalizaran la transmisión del VIH”.

A través de las recomendaciones resultantes de la reunión, se informará acerca de las políticas de ONUSIDA y otros documentos de orientación sobre la penalización de la transmisión del VIH. "Un claro mensaje de esta reunión ha sido que el derecho penal es una herramienta demasiado tajante para tratar el VIH", admitió Seema Paul, jefa de coordinación de políticas de ONUSIDA. "El verdadero objetivo de los políticos es prevenir nuevas infecciones, pero, de hecho, penalizar la transmisión del virus –excepto en un reducido número de casos de justicia retributiva– pondrá freno al descubrimiento del estado propio con respecto al VIH, así como al acceso a servicios sanitarios y de otra índole", añadió.

La homofobia representa un desafío importante a
la hora de impulsar la respuesta al sida.

En muchos países del mundo, la homofobia está ampliamente extendida por lo que representa un desafío importante para la respuesta al sida. El Día Internacional contra la Homofobia (17 de mayo) arroja luz sobre la necesidad urgente de realizar esfuerzos conjuntos para reducir y terminar con la discriminación, la violencia y la criminalización basadas en la orientación sexual.

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres y las personas transexuales frecuentemente tienen que hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia. Estos actos perversos ayudan a la propagación del VIH ya que crean un ambiente de aislamiento y exclusión que impide que las personas busquen información vital y servicios sanitarios relacionados con el VIH.

Hoy en día, unos 85 Estados Miembros de las Naciones Unidas tipifican la homosexualidad como delito y un pequeño número de estos países le aplican la pena de muerte. La criminalización de la homosexualidad instiga la expansión del miedo y la vergüenza, lo que fuerza a las personas a esconder su sexualidad viviendo en pareja al estilo tradicional y manteniendo relaciones homosexuales en secreto por miedo a ser perseguidas. En los lugares donde la gente no puede vivir con libertad y revelar su sexualidad, el riesgo de infectarse por el VIH es normalmente mayor, ya que las personas tienen demasiado miedo como para acceder a los servicios de prevención del VIH por temor a sufrir represalias o, como es el caso en muchos países, dichos servicios ni siquiera existen.

Para ONUSIDA, es esencial que se descriminalice la homosexualidad y que se acabe con la violencia contra las minorías sexuales para lograr progresar en la respuesta al sida. Durante una consulta internacional sobre la salud sexual del hombre celebrada en Nueva Delhi, India, en septiembre de 2006, Purnima Mane, directora de Política, Documentación de Pruebas y Asociaciones de ONUSIDA, destacó que “tenemos que asegurar que la homosexualidad deja de ser un crimen en todas partes y que la homofobia, la discriminación y la violencia hacia las minorías sexuales y hacia las mujeres sea ilegal y socialmente inaceptable”.

Sin embargo, también se ha progresado: cierto número de gobiernos lucha ahora por los derechos de los homosexuales, de acuerdo con diferentes tratados internacionales como la Declaración Universal del Derechos Humanos o la Carta de las Naciones Unidas.

Desde que Brasil presentó por primera vez el borrador de la resolución ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2003 en la cual abogaba por luchar contra cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual o género, más de 50 países han apoyado públicamente este acuerdo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

“Tenemos que enfrentarnos a la homofobia de forma audaz e innovadora. Todos sabemos que si una sociedad es homófoba no hay manera de conseguir una respuesta al sida efectiva para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres [y otras minorías sexuales]”, dijo Purmina Mane.

Venezuela celebra ‘Un día contra la homofobia’

Cada año, en el Día Internacional contra la homofobia se celebran en todo el mundo actividades destinadas a fomentar la concienciación sobre el VIH. En Venezuela, ONUSIDA está llevando a cabo una de estas actividades a través de la promoción de la “Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género”. Este documento fue preparado por el Centro Internacional de Cooperación Técnica en VIH y Sida, ONUSIDA y el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, y fue presentado recientemente en el IV Foro Latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar en Buenos Aires.

Las celebraciones del “Día contra la homofobia” en Venezuela tendrán lugar en Mérida, una ciudad en el oeste de los Andes que posee una de las redes de sociedad civil más activa y sólida de Venezuela: la “Liga Merideña contra el Sida”.

Además de distribuir la guía, ONUSIDA y la Liga Merideña llevarán a cabo un taller de trabajo interactivo que abordará conceptos básicos de la sexualidad, los derechos humanos referentes a la sexualidad y la vulnerabilidad al VIH.

““Este es el segundo año consecutivo que Venezuela celebra el Día Internacional contra la Homofobia con actividades que aumentan la concienciación sobre este tema tan importante. De acuerdo con las iniciativas regionales, el lanzamiento de esta guía, en especial entre los jóvenes, promoverá el respeto y la tolerancia de la comunidad gay, lesbiana y transexual”, afirmó Libsen Rodríguez-Adrian, coordinadora de ONUSIDA en Venezuela.

Enlaces:

Leer el comunicado de prensa ( en | es )

Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género: Derechos humanos, salud y VIH

Leer Homofobia de Estado, ( en | es ) publicado por la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA), o visitar su página web http://www.ilga.org/

Ver el vídeo de la ILGA's "Un día Contra la Homofobia" (en inglés) (mpeg, 3,840kb)

Leer los Principios de Yogyakarta ( en )

Leer las Referencias Internacionales en materia de Derechos Humanos a violaciones de Derechos Humanos sobre la base de la Orientación Sexual y la Identidad de Género. (en inglés)