Punitive laws

Viaje de estudios para conocer las iniciativas de la policía en India

13 de noviembre de 2009

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Participantes del viaje de estudios a Calcuta con el personal y los miembros del Consejo de la organización no gubernamental SCIR.

Los oficiales de la policía nacional y los jefes de los programas nacionales contra el sida de Camboya, Maldivas, Mongolia, Filipinas y Sri Lanka viajaron a la India el mes pasado para adquirir experiencia de primera mano sobre las iniciativas para hacer cumplir las leyes relativas a las intervenciones relacionadas con las poblaciones de alto riesgo.

La oficina del ONUSIDA en la India organizó, con ayuda del Equipo de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico, la visita de los 16 participantes para que interactuaran con el personal del programa que labora en los proyectos emprendidos y apoyados por la policía en Calcuta y Nueva Delhi. El objetivo del viaje de estudios fue conocer las estrategias aplicadas en los esfuerzos para hacer cumplir la ley entre los profesionales del sexo y los usuarios de drogas inyectables, así como las enseñanzas extraídas de esos esfuerzos y la función fundamental que tienen en la creación de un entorno propicio para las intervenciones contra el VIH.

En Nueva Delhi, los participantes visitaron Shakti Vahini, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja con las profesionales del sexo de GB Road, una de las zonas rojas más antiguas de la ciudad. Las interacciones personales con las profesionales del sexo les proporcionaron historias de primera mano sobre las realidades del trabajo en un prostíbulo y las relaciones que se han establecido entre las trabajadoras y la policía del distrito. La prisión de Tihar, la más grande del país, exhibió su programa innovador e integral para rehabilitar a los usuarios de drogas inyectables, que actualmente se promueve como un programa modelo en las otras cárceles de la India.

La línea telefónica de asistencia gratuita, administrada por la Fuerza de Policía de la Reserva Central (CRPF, por sus siglas en inglés) —integrada por un millón de trabajadores a escala nacional—, suscitó gran interés en el grupo. Con ayuda de un software especialmente concebido para el proyecto, esta línea telefónica permite atender llamadas del personal de la policía de todos los lugares de la India que se refieran al VIH y a otras infecciones transmitidas sexualmente, y al abuso de sustancias o medicamentos; además, se proporcionan direcciones de los centros de asesoramiento y planes de asistencia social de la CRPF. Por medio de esta línea de asistencia se han respondido miles de llamadas de personas que solicitan información y derivaciones a los servicios de asesoramiento.

En Bengala Occidental, el grupo se trasladó de Calcuta a Asansol, una ciudad industrial grande donde hay un establecimiento de profesionales del sexo. Con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y socioeconómicas de las trabajadoras del sexo de la ciudad, en 1995 se emprendió el proyecto DISHA Jana Kalyan Kendra con la colaboración de la fuerza policial del distrito. Además de prestar servicios de salud, capacitación en formación profesional y habilidades relacionadas con el trabajo, y educación preescolar para los hijos de las profesionales del sexo, la organización DISHA ha colaborado con la policía para reducir la delincuencia en la comunidad.

En Calcuta, los participantes del viaje de estudios visitaron la ONG Society for Community Intervention and Research (SCIR) para observar el trabajo que realizan con las personas que se inyectan drogas. Esta ONG trabaja en la comunidad de Tiljala, el asentamiento más grande de tugurios de Calcuta, donde ofrece programas educativos para los niños y capacitación para ganarse la vida dirigida a los usuarios de drogas inyectables, así como un programa de tratamiento de sustitución oral.

Los proyectos abarcados en el viaje de estudios ofrecieron una nueva perspectiva de las funciones que desempeña el sector policíaco: además de encargados de hacer cumplir la ley, son facilitadores comunitarios. Habida cuenta de los sistemas jurídicos y judiciales de los países representados por los participantes, estas innovaciones plantearon dificultades en cuanto a cómo replicarlas en sus países. El viaje de estudios puso de manifiesto, como oportunidad de aprendizaje sur-sur, las perspectivas alentadoras del liderazgo de la policía para abrir nuevos caminos.

El Secretario General de las Naciones Unidas insta a los países a seguir el ejemplo de los Estados Unidos de América y levantar las restricciones de viaje para las personas que viven con el VIH

31 de octubre de 2009

Ginebra/Nueva York, 31 de octubre de 2009 — El ONUSIDA celebra el anuncio hecho por el Presidente Obama de adoptar una disposición final por la que se eliminan de la política de los EE.UU. las restricciones de entrada basadas en el estado relativo al VIH. La decisión de eliminar las restricciones de viaje relacionadas con el VIH en los EE.UU. anula una política que estaba en vigor desde 1987. Esas restricciones, a las cuales se había opuesto enérgicamente el ONUSIDA, son discriminatorias y no protegen la salud pública.

“Felicito al Presidente Obama por el anuncio de eliminar las restricciones de entrada en los Estados Unidos para las personas que viven con el VIH,” ha declarado el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. “Insto a los demás países que tienen estas restricciones a adoptar medidas para eliminarlas lo más pronto posible.”

El Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho de la eliminación del estigma y la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH una cuestión personal. En este sentido, en su alocución ante la Asamblea General durante la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2008, hizo por primera vez un llamamiento a eliminar las restricciones de viaje. “El hecho de que estas personas sean discriminadas, incluido a través de restricciones en su capacidad para viajar entre los países, debería llenarnos a todos de vergüenza,” dijo el Secretario General en un discurso pronunciado en la Conferencia Mundial del Sida en agosto del año pasado.

A petición suya, algunos países, incluido su país natal, la República de Corea, se encuentran en las últimas fases del proceso para eliminar las restricciones de viaje. Entre otros países que están estudiando esta posibilidad figuran China y Ucrania. En 2008, la Junta del ONUSIDA alentó enérgicamente a todos los países a eliminar las restricciones específicas del VIH en cuanto a entrada, estancia y residencia, y a asegurar que las personas que viven con el VIH dejen de ser excluidas, detenidas o deportadas sobre la base del estado relativo al VIH.

“Imponer restricciones de viaje a las personas que viven con el VIH no tiene ninguna justificación de salud pública. Además, es una violación de los derechos humanos,” declaró el Sr. Michel Sidibé, Director Ejecutivo del ONUSIDA. “Confiamos en que los demás países que siguen teniendo estas restricciones las eliminen lo más pronto posible.”

Cerca de 59 países tienen alguna forma de restricciones de viaje para las personas que viven con el VIH. Las Directrices Internacionales sobre el VIH/Sida y los Derechos Humanos establecen que toda restricción en la libertad de movimiento o elección de residencia basadas únicamente en el estado real o percibido de infección por el VIH, incluida la detección sistemática del VIH en los viajeros internacionales, es discriminatoria. Las restricciones de viaje tampoco tienen una justificación económica. Ahora las personas que viven con el VIH pueden tener una vida laboral larga y productiva, un hecho que modifica el argumento económico que subyacía a las restricciones globales. Por otro lado, la preocupación acerca de la sangría que pueden suponer los migrantes para los recursos sanitarios debe ponderarse debidamente con su contribución potencial. .

Michel Sidibé felicita a las comunidades de minorías sexuales de la India por unirse contra la Sección 377

09 de octubre de 2009

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(De derecha a izquierda) Oscar Fernandes, organizador - Foro de parlamentarios sobre VIH/sida; Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA; Charles Gilks, UCC India. Nueva Delhi, 9 de octubre de 2009. Fotografía:ONUSIDA

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, ha acudido a un acto celebrado hoy en Delhi para reconocer la labor de los activistas cuyos esfuerzos han contribuido recientemente a la anulación de la Sección 377 del Código Penal de la India. Esta ley, que penalizaba el sexo consentido entre hombres y transexuales, fue derogada por el Tribunal Supremo de Delhi en una sentencia histórica el 2 de julio de 2009.

Sidibé felicitó a las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, y transexuales de la India por su solidaridad, que ha contribuido a la sentencia del tribunal, declarando que “es una victoria para la tolerancia, la justicia y la equidad”.

Sidibé también hizo un llamamiento a las comunidades activistas para que se movilicen en la respuesta al VIH y actúen como portavoces de aquellos que son más vulnerables al VIH. “Si se eliminan estas leyes, los programas de prevención del VIH en la India podrían servir como modelo en el futuro para otros países del resto del mundo”, afirmó Sidibé.

En su discurso en la entrega de premios, Sidibé también reclamó fervientemente la eliminación de las leyes opresivas, especialmente aquellas que penalizan el trabajo sexual y el consumo de drogas, que bloquean la respuesta al sida. Afirmó que la penalización puede empujar a las comunidades que ya corren un mayor riesgo de infección “a ocultarse en la sombra, y debilitar nuestros esfuerzos de garantizar el acceso universal a los servicios de prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH”.

Sección 377

La sentencia del Tribunal Supremo se produjo tras una larga batalla legal en la que las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la India se unieron en un esfuerzo conjunto para hacerse oír.

es una victoria para la tolerancia, la justicia y la equidad

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA

En la declaración jurada previa contra la Sección 377, la Organización Nacional de Control del Sida de la India sostenía que esta ley bloqueaba los esfuerzos de prevención del VIH, afirmando que solo el 6% de todos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tiene acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, puesto que muchos de ellos se muestran reticentes a reconocer su sexualidad por miedo a ser víctimas de extorsión, acoso y acciones violentas por parte de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley. Asimismo, se puso de manifiesto que la sección 377 empuja a las personas a mantenerse escondidas, por lo que les resulta difícil tener acceso a los servicios sanitarios, sociales y del VIH básicos.

Según los magistrados Shah y Muralidhar, la Constitución de la India reconoce, protege y celebra la diversidad, por lo que dictaron que la Sección 377 es una violación de los derechos a la privacidad, la libertad, la salud y la igualdad contemplados en esta Constitución.

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Este acto ha sido celebrado para reconocer la labor de las comunidades de activistas, cuyos esfuezos han contribuido recientemente a la derogación de la Sección 377 del Código Penal de la India. Nueva Delhi, 9 de octobre de 2009. Fotografía: ONUSIDA.

Aunque este sentencia se contempló de manera general como una victoria para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y los transexuales, ha sido aclamada como una victoria para todos, independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género. Esta sentencia es de gran importancia y supone un gran progreso en el rechazo de la concepción normativa heterosexual y homogénea de la sexualidad. El fallo sostenía que la moralidad no puede erigirse como un motivo para la restricción de los derechos humanos fundamentales.

En todo el mundo existen 80 países que tienen leyes similares que penalizan las conductas homosexuales. Colaborando con la sociedad civil y otras partes interesadas, ONUSIDA trabaja para eliminar aquellas leyes, políticas y prácticas opresivas que obstaculizan la respuesta al sida. Esta es una de las nueve áreas prioritarias del Marco de resultados del ONUSIDA de 2009 a 2011.

Los representantes de las comunidades de minorías sexuales en Nueva Delhi también evaluaron con Sidibé cómo colaborar con éxito con el gobierno y las autoridades sanitarias tras la resolución judicial.

ICAAP 2009: Acabar con los obstáculos jurídicos y la penalización

12 de agosto de 2009

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ONUSIDA organizó una reuniión satélite bajo el título "Acabar con los obstáculos jurídicos y la penalización". Fotografía: ONUSIDA/O.O'Hanlon

Los obstáculos jurídicos y la penalización están dificultando la capacitación de los grupos de población más expuestos al riesgo de infección por el VIH, como los usuarios de drogas inyectables, los profesionales del sexo y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, al denegar y poner trabas a su derecho de llevar una vida saludable y segura. Para analizar y hacer frente a este problema social de repercusión mundial, ONUSIDA organizó una reunión satélite sobre esta cuestión, que se celebró el miércoles 12 de agosto durante el ICAAP.

La legislación puede ser una herramienta poderosa en la repuesta al sida. Las leyes, cuando se basan en el respeto a los derechos humanos y se aplican y acatan de manera adecuada, pueden promover resultados positivos en el ámbito de la salud pública y permitir que los individuos y las comunidades satisfagan sus derechos. Diversos campos de la legislación son esenciales para responder de manera efectiva al sida: el derecho a la salud pública, la no discriminación y la igualdad de la mujer, las relaciones familiares y la prevención de la violencia sexual, la propiedad intelectual, la seguridad social, así como las leyes sobre el consumo de drogas, el trabajo sexual y las cárceles.

Esta sesión del ICAAP reunió a representantes del los sectores ejecutivo, legislativo, judicial y a los responsables del cumplimiento de la ley con el fin de encontrar vías para eliminar los obstáculos jurídicos y la penalización con los que se topan las poblaciones más expuestas en múltiples contextos de Asia y el Pacífico. El simposio dio a los legisladores, los responsables del cumplimiento de la ley y a las personas afectadas la oportunidad de debatir qué soluciones son viables y efectivas.

“La situación regional de la penalización de las conductas de riesgo entre las poblaciones más expuestas al VIH no da pie al optimismo", afirmó Anand Grover, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, quien presidió el simposio. “La importancia de los derechos humanos y de su defensa se ha convertido actualmente en el eje central de las Naciones Unidas y del mundo”.

Además de explorar las implicaciones que tienen los obstáculos jurídicos y la penalización en los esfuerzos de prevención del VIH, los participantes también analizaron el papel esencial que desempeñan los responsables del cumplimiento de la ley a la hora de definir el entorno jurídico y de influir en el acceso a los servicios del VIH. Frecuentemente, los responsables del cumplimiento de la ley consiguen que se acaten las disposiciones jurídicas o las directivas jurídicas observadas mediante vías que no respetan los derechos humanos de las poblaciones afectadas, lo que las convierte en obstáculos adicionales al acceso a la prevención y al tratamiento del VIH.

Todos los participantes coincidieron en que existe indecisión a la hora de cambiar las disposiciones jurídicas existentes, y mostraron un cierto grado de inquietud respecto a los posibles resultados. Por otra parte, estos cambios solo se pueden conseguir a largo plazo, y el tiempo es uno de los principales factores a la hora de actuar adecuadamente contra el VIH. Por consiguiente, al mismo tiempo que se trabaja para conseguir que estos cambios sean una solución a largo plazo, también es importante encontrar el sitio y la oportunidad para actuar de manera constructiva con las estructuras que ya existen.

Una resolución histórica del Tribunal Supremo de Delhi reconoce la criminalización inadecuada como una barrera para la salud, los derechos humanos y la dignidad

07 de julio de 2009

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According to Justices Shah and Muralidhar, the Constitution of India recognizes, protects and celebrates diversity.

La resolución tomada por el Tribunal Supremo de Dehli afecta a la sección 377 del Código Penal de India, que castigaba los actos sexuales consentidos entre adultos en privado, y los calificaba como una violación del derecho a la privacidad, a la libertad, a la salud y a la igualdad, previstos en la Constitución india.  Si bien dicha resolución se ha considerado, en gran parte, como una victoria para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para los transexuales, lo cierto es que representa una victoria para todos en lo que se refiere a cuestiones como la orientación sexual o la identidad de género. El fallo emitido por el Tribunal merece una mención especial y, además, representa un gran avance en lo que concierne a su no aceptación de una normativa únicamente a favor de los heterosexuales ni de una concepción homogénea de la sexualidad.  Según los magistrados Shah y Muralidhar, la Constitución de la India reconoce y celebra que exista la diversidad.

El juez Edwin Cameron del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, quien tomó la palabra en una reunión de hombres que tienen relaciones con hombres en Katmandú (Nepal), afirmó que "La aceptación de los gays y las lesbianas es la última medida a través de la cual la sociedad ha podido contemplar el sentido de la humanidad en su totalidad, así como su compromiso para con la igualdad, la justicia, la secularidad y la coexistencia humana".  Así, esta nueva resolución ha contribuido a propulsar la respuesta al sida en India, además de un movimiento a favor de los derechos humanos,  hechos que han supuesto un gran paso hacia delante en la dirección correcta.

El Tribunal Supremo de Delhi ha restablecido la dignidad y los derechos humanos de millones de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y de transexuales en India. Las leyes opresivas como las contempladas en la sección 377 obligan a mucha gente a tener que mantenerse en la clandestinidad y, a consecuencia de ello, hacen que sea difícil proporcionarles la prevención, el tratamiento y los servicios de atención relacionados con el VIH adecuados

Sr. Michel Sidibé, el director ejecutivo de ONUSIDA.

"El Tribunal Supremo de Delhi ha restablecido la dignidad y los derechos humanos de millones de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y de transexuales en India”, destacó el director ejecutivo de ONUSIDA, el Sr. Michel Sidibé. “Las leyes opresivas como las contempladas en la sección 377 obligan a mucha gente a tener que mantenerse en la clandestinidad y, a consecuencia de ello, hacen que sea difícil proporcionarles la prevención, el tratamiento y los servicios de atención relacionados con el VIH adecuados”.

El fallo dictado por los jueces Shah y Muralidhar está fundamentado en pruebas y basado en los derechos humanos, con argumentos tomados no solo de la jurisdicción India y las del resto del mundo, sino también teniendo en cuenta declaraciones y compromisos internacionales, estudios científicos y las políticas de ONUSIDA.

En la declaración jurada previa, la Organización Nacional de Control del sida de la India (NACO), quien había adoptado una postura contraria a la del ministerio del interior, afirmó que la sección 377 siempre ha dificultado que se llevaran a cabo los esfuerzos de prevención del VIH necesarios. La NACO mencionó que solo el 6% de todos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen acceso a la prevención, al tratamiento y a servicios de atención y apoyo relacionados con el VIH, puesto que muchos de ellos se muestran reticentes a reconocer su sexualidad por miedo a ser víctimas de extorsión, acoso y acciones violentas por parte de las autoridades de seguridad legales.  Asimismo, se puso de manifiesto que la sección 377 anima a las personas a mantenerse escondidas, por lo que les resulta difícil tener acceso a los servicios sanitarios, sociales y del VIH básicos.

Según Jeffrey O’Malley, director del programa especial del PNUD sobre el VIH, “la criminalización inadecuada supone un gran obstáculo en la consecución del acceso universal. Esta resolución histórica hace hincapié en la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como de los transexuales, en todo el mundo. Es nuestro firme deseo que también otros países sigan nuestros pasos. Que todas las personas puedan gozar de los derechos humanos no solo es algo fundamental para la humanidad, sino que también es una realidad que debe cumplirse para alcanzar una respuesta al sida eficaz y conseguir mayores beneficios a nivel sanitario y de desarrollo”.

The realization of human rights for all is not only fundamental to our common humanity, it also is imperative for an effective AIDS response and generating broader health and development benefits.

Jeffrey O’Malley, Director of UNDP’s HIV Practice.

Tal y como constataron los jueces Shah y Muralidhar, la penalización de la homosexualidad condena a perpetuidad a una parte considerable de nuestra sociedad y, además, los obliga a vivir a la sombra por temor a sufrir el acoso, la explotación, la humillación y el tratamiento cruel y degradante proferidos por el actual sistema de seguridad legal. Los magistrados hicieron alusión al artículo 12 de la Declaración universal de los derechos humanos, en el cual se estipula lo siguiente: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Finalmente, los jueces concluyeron que el hecho de estigmatizar o criminalizar a las personas homosexuales simplemente por su orientación sexual atentaría contra la moralidad constitucional. En su fallo indicaron, así pues, que la moralidad no debe ser considerada como una posible restricción de los derechos humanos fundamentales. Asimismo, los magistrados Shah y Muralidhar establecieron que “mientras que esto podría ser regulado por la legislación general, o incluirse en el área de protección de los niños o de personas sin suficiente capacidad legal, o en la de temas relacionados con las relaciones sexuales sin consentimiento mutuo, con la calificación de ‘interés nacional de gran importancia’, la responsabilidad de garantizar la moralidad pública no representa un ‘interés nacional de gran importancia’ ni puede utilizarse para justificar la invasión de la privacidad de los homosexuales adultos que mantienen relaciones sexuales con consentimiento mutuo en privado sin querer, por ello, hacerse daño a ellos mismos o a los demás”.   Los jueces citaron las palabras de un erudito juez indio, Krishna Iyer, quien afirmó lo siguiente: “…La coacción del humanismo constitucional y la creencia en la justicia y en la libertad absoluta en la vida no pueden constituir algo tan trivial o incompleto como para que la mayoría legislativa que se encuentre en el poder pueda decidir ir en contra de una minoría leyendo tan solo tres veces un proyecto de ley ante el quórum necesario y, a causa de ello, prescribir una medida poco razonable y esterilizar, así, el grandilocuente mandato”.

En la conclusión, ambos magistrados quisieron retomar uno de los principios clave recogidos en la Constitución india: la globalidad. “Si existe un principio constitucional que puede destacar dentro de la Constitución india, ese es el de la ‘globalidad’. El presente Tribunal cree que la Constitución india refleja a la perfección que este valor está profundamente arraigado en la sociedad india y que ha sido alimentado a lo largo de varias generaciones. La globalidad y el sentimiento de unión que ha demostrado tener la sociedad india desde siempre, en todos los aspectos de la vida, es el claro ejemplo de que es necesario reconocer el papel que cada persona tiene en la sociedad. Todos aquellos que son calificados como ‘desviados’ o ‘diferentes’ por la mayoría no tienen por qué estar marginados o condenados al ostracismo. Si la sociedad manifiesta esa compresión y ese sentimiento de globalidad, estas personas tendrán garantizada toda una vida llena de dignidad y fuera de la discriminación. Shah y Muralidhar afirmaron, asimismo, que la “legislación constitucional no permite que las leyes penales existentes se conviertan en el centro de malas interpretaciones sobre quiénes son realmente las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales. No conviene olvidar que la discriminación representa la antítesis de la igualdad, y que es precisamente el reconocimiento de dicha igualdad lo que conseguirá la dignidad para todos los individuos”.

Con la firma de la Declaración política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida en 2006, los gobiernos se comprometieron a acabar con las barreras jurídicas y a aprobar leyes que protegieran a los grupos de población más vulnerables. Los resultados alcanzados muestran que los países que cuentan con una legislación para proteger a los hombres que tienen relaciones con hombres, a los usuarios de drogas inyectables y a los trabajadores del sexo han logrado proporcionar un mejor acceso a la prevención, al tratamiento, a la atención y al apoyo relacionados con el VIH.  ONUSIDA, en colaboración con PNUD, principal copatrocinador, apoyará a los países en su esfuerzo por revocar toda ley que impida una respuesta eficaz al sida, así como para aumentar el acceso a la prevención, al tratamiento, a la atención y al apoyo relacionados con el VIH. Para ello, se centrarán sobre todo en incrementar y reforzar las políticas y los programas destinados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y a los transexuales que viven con el VIH.

Por ultimo, ONUSIDA insta a todos los gobiernos a garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, de las lesbianas y de los transexuales, a través de la revocación de aquellas leyes que prohíban las relaciones sexuales con consentimiento entre adultos en privado, del refuerzo de la legislación ya existente para proteger a dichos grupos de la violencia y la discriminación, así como de la promoción de campañas que hagan frente a la homofobia, la transfobia y el estigma. Finalmente, deben asegurar, asimismo, la disponibilidad y el acceso a los servicios sanitarios, sociales y de apoyo básicos.

Día internacional contra la homofobia

14 de mayo de 2009

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La homofobia y la penalización de comportamientos sexuales consentidos entre adultos constituyen las principales barreras a la eficacia de las respuestas al VIH.

Con la firma de la Declaración política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida en 2006, los gobiernos se comprometieron a acabar con las barreras jurídicas y a aprobar leyes que protegieran a los grupos de población más vulnerables. Sin embargo, más de 80 países todavía penalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo.

En contra de este contexto de represión, cada 17 de mayo, comunidades de todo el mundo celebran el Día internacional contra la homofobia, que señala el aniversario de la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud en 1990: eliminar la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Por lo tanto, el 17 de mayo supone una oportunidad para subrayar una vez más la necesidad urgente de aunar esfuerzos con el fin de reducir y acabar con la discriminación, la violencia y la penalización basadas en la orientación sexual.

La homofobia y la criminalización de comportamientos sexuales consentidos entre adultos constituyen las principales barreras a la eficacia de las respuestas al VIH, que dependen de la protección de la dignidad y de los derechos de todas las personas afectadas por el VIH, sin olvidar su derecho y capacidad para organizar y educar a sus comunidades, trabajar en su nombre y acceder a servicios de prevención y tratamiento.

"La decisión de penalizar las relaciones entre personas del mismo sexo supone una seria vuelta atrás en lo que respecta a la repuesta al sida y a los derechos de aquellos que se ven afectados por la ley", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Dado que estas leyes discriminatorias pueden empujar a las personas a la clandestinidad, también tendrán un impacto negativo tanto en la aplicación de programas de prevención del VIH como en el acceso al tratamiento".

Los datos muestran que la protección de los derechos de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las lesbianas y los transexuales, tanto en la ley como en la práctica, combinada con programas del VIH a gran escala para cubrir las necesidades relacionadas con el virus y las sanitarias, son componentes necesarios y complementarios para conseguir una respuesta eficaz a la epidemia.

ONUSIDA insta a todos los gobiernos a tomar medidas para erradicar el estigma y la discriminación a los que se enfrentan los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), las lesbianas y los transexuales, y a crear ambientes sociales y jurídicos que garanticen el respeto de los derechos humanos y el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

"No hay cabida para la homofobia. El acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH ha de estar al alcance de todas las personas que lo necesiten, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres", declaró el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.

Los países que tienen leyes no discriminatorias hacia los HSH, los consumidores de drogas inyectables y los profesionales del sexo han registrado tasas de cobertura más altas en sus esfuerzos de prevención del VIH.

Fortalecer y ampliar los servicios jurídicos del VIH

06 de mayo de 2009

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Las personas que viven con el VIH o que se ven afectadas por el virus suelen necesitar asistencia práctica para mantener adecuadamente su hogar, la custodia de sus hijos, y los derechos de propiedad y de herencia, asimismo como para acceder a la atención sanitaria, la educación o el empleo sin miedo a ser discriminados..
Credito: UNAIDS/P.Virot

La experiencia en la respuesta al sida ha demostrado que el acceso a los servicios jurídicos es esencial para garantizar la protección frente a la discriminación, condenar las violaciones de los derechos humanos y ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH. No obstante, las respuestas nacionales al sida no suelen promover estos programas, y allí donde existen, su calidad y alcance son insuficientes.

La Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO), la Secretaría de ONUSIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebraron en la sede de la IDLO, Roma, del 3 al 6 de mayo, una consulta internacional de expertos para fortalecer y ampliar los servicios jurídicos del VIH. 

Los participantes contribuyeron al desarrollo de herramientas para mejorar el acceso a los servicios jurídicos para personas que viven con el VIH y los grupos de población más expuestos al riesgo de infección, especialmente en países de ingresos medios y bajos.  Estas herramientas ayudarán a los países a desarrollar y fortalecer programas y propuestas de financiación, como aquellas que envían al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Susan Timberlake, asesora de ONUSIDA sobre derechos humanos y leyes, explica que ONUSIDA defiende que el acceso a la justicia debe ser un componente básico y programático del movimiento del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.  "La realidad constante de la discriminación -se deba al estado serológico, o a cuestiones de género o sociales- significa que los servicios son una parte esencial y necesaria de una respuesta integral a la epidemia", afirma Timberlake.

Las personas que viven con el VIH o que se ven afectadas por el virus suelen necesitar asistencia práctica para mantener adecuadamente su hogar, la custodia de sus hijos, y los derechos de propiedad y de herencia, asimismo como para acceder a la atención sanitaria, la educación o el empleo sin miedo a ser discriminados. El acceso a estos servicios es incluso más importante en entornos jurídicos punitivos. Cada vez son más los países que están aprobando leyes que penalizan la transmisión del VIH. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores del sexo y los usuarios de drogas se enfrentan a sanciones penales, lo que impide que puedan acceder a los servicios del VIH y aumenta su vulnerabilidad. Según un estudio realizado en 2008 por el Equipo especial internacional sobre las restricciones para viajar relacionadas con el VIH, unos 60 países deniegan la entrada, estancia o residencia de una persona en función de su estado serológico.

No hay una “talla única” para los servicios jurídicos
Los servicios jurídicos en el contexto del VIH adoptan muchas formas. Estos incluyen: información y asesoramiento jurídico (por ejemplo mediante atención telefónica), litigios formales (como los litigios estratégicos para crear políticas jurídicas), mediación y otras formas de resolución de conflictos, asistencia con sistemas jurídicos informales o tradicionales (por ejemplo, tribunales de los pueblos), y educación jurídica comunitaria.  Los proveedores de servicios jurídicos no siempre son abogados. En ocasiones son asistentes jurídicos, voluntarios, estudiantes o educadores. Los servicios se ofrecen en diversas instalaciones, como centros de asesoramiento y tratamiento del VIH, centros “comunes” de asistencia legal, cárceles y otras instalaciones comunitarias.  El trabajo en ocasiones se relaciona con la promoción de reformas legislativas.

Según Mandeep Dhaliwal, directora del Grupo sobre género, derechos humanos y diversidad de Práctica del VIH del PNUD, los motivos para apoyar los servicios jurídicos del VIH se fundamentan en dos argumentos relacionados. “El primero es que son medios esenciales para proteger los derechos de las poblaciones marginadas y vulnerables. El segundo, que son medios esenciales para garantizar una salud pública y resultados de desarrollo óptimos, cuestiones que se fundamentan en la realización de los derechos", afirma Dhaliwal.

Uno de nuestros objetivos como Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida es ayudar a que los países reconozcan la importancia que los servicios jurídicos pueden tener en sus respuestas nacionales al VIH y trabajar con ellos para desarrollar una estrategia que permita ampliar estos servicios.

Mandeep Dhaliwal, directora del Grupo sobre género, derechos humanos y diversidad de Práctica del VIH del PNUD

Sin embargo, estos programas no suelen contar con el apoyo que necesitan. “Uno de nuestros objetivos como Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida es ayudar a que los países reconozcan la importancia que los servicios jurídicos pueden tener en sus respuestas nacionales al VIH y trabajar con ellos para desarrollar una estrategia que permita ampliar estos servicios", explica Dhaliwal. “Los servicios jurídicos del VIH que existen son generalmente limitados en su alcance y su cobertura es irregular. Debido a los altos niveles de marginación “legal” de las poblaciones vulnerables, conseguir el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo requiere de un compromiso de protección jurídica y acceso a los servicios jurídicos. 

En la reunión de Roma se propuso el desarrollo de tres herramientas para mejorar el acceso a estos servicios:

  1. Modelos de servicios jurídicos aplicables en diferentes situaciones
  2. Formación curricular para los abogados
  3. Estrategias de movilización de recursos.

“Hay ejemplos extraordinarios del magnífico trabajo que se está realizando para facilitar servicios jurídicos. Conocemos la importancia de ofrecer un entorno jurídico habilitante para el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH”, afirma David Patterson, director del Programa de VIH y derecho de la salud de la IDLO. “¿Por qué no se han ampliado estos servicios legales con la misma urgencia que buscamos ofrecer tratamiento?"

Entre los participantes que acudieron a la reunión estaban proveedores de servicios jurídicos y líderes de organizaciones de personas que trabajan con el VIH, grupos de mujeres, usuarios de drogas, hombres que tienen relaciones con hombres, profesionales del sexo y representantes de la IDLO, ONUSIDA, el PNUD y el Fondo Mundial.  Los participantes venían de diversos países y contextos epidemiológicos, como Australia, Botswana, Brasil, China, Dinamarca, Egipto, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Nepal Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Uganda, Ucrania, los Estados Unidos de América y Vietnam.

Se requiere una mayor acción para proteger los derechos de sucesión y propiedad de la mujer ante el VIH

13 de marzo de 2009


Elizabeth Mataka, Enviada especial de las Naciones Unidas para el VIH/sida en África.
Fotografía: PNUD

Si se pretende que un mayor número de mujeres evite la infección por el VIH, es indispensable volver a plantear, revisar o fiscalizar mejor las leyes sobre derechos de sucesión y propiedad. Este fue uno de los mensajes más destacados en un acto paralelo de gran notoriedad sobre los derechos de sucesión, tierra y vivienda de la mujer en el contexto del VIH que tuvo lugar el 12 de marzo durante la quincuagésimo tercera reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El acto reunió a un gran número de ponentes, entre los que figuraban Elizabeth Mataka, Enviada especial de las Naciones Unidas para el VIH/sida en África, y Rose Gawaya, Asesora Superior en cuestiones de género de la división del PNUD de Prácticas relativas al VIH/sida en Joannesburgo (Sudáfrica). La reunión se centró en examinar el trabajo innovador que se ha llevado a cabo con miras a mejorar la situación de la mujer en materia de acceso, propiedad y control de la tierra y la vivienda, en un intento de mitigar las repercusiones del sida. Se discutieron estrategias realistas y viables, aplicables sobre el terreno y a nivel internacional.

"La falta de igualdad de derechos de sucesión y propiedad de la mujer la excluye de acceder a recursos que podrían ayudar a reducir su vulnerabilidad al VIH y mejorar su capacidad de afrontar las consecuencias de la epidemia".

Elizabeth Mataka, Enviada especial de las Naciones Unidas para el VIH/sida en África

La Sra. Mataka puso de relieve la mayor vulnerabilidad de la mujer por causa del sida y llamó la atención de los gobiernos para que armonicen las leyes y legislaciones que a menudo están en conflicto. La Enviada especial dijo que “la falta de igualdad de derechos de sucesión y propiedad de la mujer la excluye de acceder a recursos que podrían ayudar a reducir su vulnerabilidad al VIH y mejorar su capacidad de afrontar las consecuencias de la epidemia.”

La cuestión de los derechos de sucesión y propiedad de la mujer es de suma importancia para abordar el VIH. Cuando el esposo de una mujer fallece a causa del sida, ésta puede quedarse sin hogar y tierra, sin herencia y medios de subsistencia. Esto puede dejarla en una situación tan delicada que pueda verse forzada a tener relaciones y adoptar comportamientos que la hagan más vulnerable al VIH. Los ponentes sostuvieron que cuando la mujer tiene un mayor acceso a la propiedad y a los derechos de sucesión y un mayor control de la tierra tiene muchas más alternativas, es mucho más autónoma y, en última instancia, tiene más capacidad de protegerse a sí misma.

Además de revisar o aplicar las leyes vigentes sobre sucesión, los participantes en la reunión recomendaron mejorar el acceso a la información y a expertos jurídicos, ampliar las asociaciones entre organizaciones que trabajan en esta área y fortalecer las redes para fomentar la sensibilización acerca de estas cuestiones, con un enfoque en las mujeres a nivel de la comunidad como impulsoras fundamentales del cambio. También propusieron hacer un mayor uso de los medios de comunicación y de formas creativas de compartir y difundir mensajes, y destacaron la necesidad de aumentar el alcance de la investigación.

Además de las dos ponentes mencionadas, participaron en las discusiones los siguientes expertos: Jeanmarie Fenrich, Centro Fordham Leitner de Derecho Internacional y Justicia; Seodi White, Mujeres y Legislación en África Meridional (Malawi); Esther Mwaura, GROOTS Kenya, Comisión Huairou; y Anne Gathumbi, Iniciativa Sociedad Abierta para África Oriental, Iniciativa Ley y Salud.

Este acto fue organizado por el PNUD, la Comisión Huairou y Soros/OSI con el apoyo de ONUSIDA, GROOTS, ICRW, COHRE, el Centro Fordham Law Leitner y WLSA Malawi.

ICASA 2008: Se necesita un cambio social para reducir el riesgo y la vulnerabilidad al VIH

07 de diciembre de 2008

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Las cuestiones sociales como las desigualdades de género, la violencia contra la mujer y la penalización de actividades como el trabajo sexual, el consumo de drogas inyectables y las relaciones homosexuales son factores que sitúan a las personas en una posición más vulnerable al VIH. Para debatir sobre los retos que plantean estos factores sociales, la Secretaría de ONUSIDA, UNESCO y el Grupo de trabajo sobre la comunicación para el cambio social celebraron el domingo 7 de diciembre una reunión satélite en ICASA.


“Los programas que hacen frente a estos factores sociales o "estructurales" que hacen que las personas sean más vulnerables al VIH requieren tiempo para dar resultados. Es urgente que se adapten a las necesidades de las comunidades locales y que se pongan en práctica, evalúen y mejoren continuamente como partes centrales de las estrategias, planes operativos y presupuestos nacionales de sida", afirmó Barbara de Zalduondo, directora de prioridades y apoyo programático de ONUSIDA.

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Barbara de Zalduondo, directora de prioridades y apoyo programático de ONUSIDA

Las consultas que ONUSIDA realizó en 2006 en más de 120 países mostraron que muchos de los obstáculos que impiden que los programas del VIH sean eficaces se deben más a motivos sociales, legales y políticos que a cuestiones puramente técnicas. Las desigualdades entre los géneros y la violencia contra la mujer es uno de los factores más importantes, como también lo son la penalización de actividades como el trabajo sexual, el consumo de drogas inyectables y las relaciones homosexuales. Otros obstáculos son el estigma relacionado con el VIH y otras violaciones de los derechos humanos.

Estos problemas sociales no son nada nuevo. Aunque están bien documentados desde hace dos décadas, no se suelen abordar mediante programas concretos de una escala suficiente en las respuestas al sida nacionales y subnacionales.

Por ello, la sesión de ICASA reunió a un grupo de expertos que han diseñado, ejecutado y evaluado diversos programas que hacen frente a la desigualdad de género, la violencia sexual, el estigma y la discriminación relacionados con el VIH y otras violaciones de los derechos humanos en diversos contextos africanos. Los expertos mostraron una manera de enfocar los programas que va más allá de fomentar el conocimiento y la motivación individual, ya que también pretende luchar contra leyes, políticas y normas sociales.

La reunión satélite dio la oportunidad a los planificadores de programas del VIH, a los defensores comunitarios y a los donantes de debatir sobre programas efectivos del VIH.

Los participantes compartieron ejemplos de programas que están catalizando y respaldando un cambio en las normas sociales perniciosas; programas que pueden evaluar en sus países para ver si se pueden aplicar y adaptar en función de sus necesidades.

Los expertos también intercambiaron información sobre las herramientas que existen actualmente para medir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, las normas desiguales de género y las parejas sexuales múltiples. También se analizaron ejemplos de programas, métodos de evaluación y datos.

La 15ª Conferencia Internacional sobre el sida y las ITS en África (ICASA) finaliza hoy en Dakar. En los últimos días, cientos de delegados africanos e internacionales han celebrado debates sobre el desarrollo y las tendencias del VIH en la región.

Juicio a un virus: salud pública, derechos humanos y derecho penal

14 de noviembre de 2008

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La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) hizo público el dia 13 de noviembre pasado un nuevo informe Verdict on a Virus: Public Health, Human Rights and Criminal Law (Juicio a un virus: salud pública, derechos humanos y derecho penal).

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) hizo público el dia 13 de noviembre pasado un nuevo informe Verdict on a Virus: Public Health, Human Rights and Criminal Law (Juicio a un virus: salud pública, derechos humanos y derecho penal). El objetivo de esta publicación es proporcionar información sobre la penalización de la transmisión o exposición del VIH y sus implicaciones conexas en materia de salud pública, derechos humanos y cuestiones jurídicas.

El informe reúne las opiniones de expertos jurídicos, grupos de derechos humanos, profesionales médicos y de salud, y activistas del VIH. Se examinan diez cuestiones relacionadas con la penalización de la transmisión del VIH en otros tantos capítulos, donde también se facilitan respuestas seguidas de un texto explicativo que se acompaña con diversos estudios de caso.

Juicio a un virus también es un llamamiento a la acción para impulsar “buenas estrategias y leyes” que fomenten la prevención del VIH, y al mismo tiempo para trabajar con los gobiernos para evitar que se promulguen nuevas leyes que penalicen la transmisión del VIH.

“Las leyes pueden ser una poderosa herramienta para abordar el VIH siempre y cuando se utilicen para dar poder a las personas vulnerables a la infección por el VIH y a su impacto garantizando su acceso a los servicios y protegiéndolas contra la discriminación y la violencia sexual que pueden acrecentar su vulnerabilidad al virus VIH,” declaró Susan Timberlake, Asesora Superior de ONUSIDA en Derechos Humanos y Legislación. “Necesitamos que los escasos recursos jurídicos con que contamos trabajen a favor de la respuesta al VIH, no en su contra,” añadió.

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