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La existencia continuada de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en Asia sigue causando gran preocupación. En estos centros a menudo se detiene a personas sospechosas de ser usuarios de drogas o drogodependientes, personas que han llevado a cabo trabajos sexuales o niños víctimas de la explotación sexual sin las debidas garantías procesales, en aras del tratamiento o la rehabilitación.

Los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas afectan gravemente a los derechos humanos y amenazan la salud de los detenidos; esto incluye una mayor vulnerabilidad a la infección por el VIH y la tuberculosis.

En muchos centros se han dado casos de violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones deficientes, denegación de la atención sanitaria y otras formas de violación de los derechos humanos. Aunque se tiene constancia de la existencia de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en muchas zonas del mundo, estos se encuentran sobre todo en Asia. Según datos oficiales de 2012, se detuvo a más de 235.000 personas en más de 1.000 centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia Oriental y Sudoriental.

Se calcula que la prevalencia del VIH en personas que se inyectan la droga es 28 veces mayor que en la población general. El estigma, la discriminación y las leyes punitivas contribuyen en gran medida a la alta prevalencia del VIH en personas que consumen drogas e impiden el suministro de tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y de servicios relacionados con el VIH.

En una declaración conjunta de 2012 sobre los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas, 12 entidades de las Naciones Unidas señalaron que "no existen pruebas de que estos centros sean un entorno favorable o efectivo para el tratamiento contra la drogodependencia". La declaración insta a los Estados que mantienen estos centros a cerrarlos sin dilación, a poner en libertad a las personas detenidas y a proporcionar a nivel comunitario atención sanitaria voluntaria adecuada y tratamiento contra la drogodependencia a las personas necesitadas.

El sistema de las Naciones Unidas ha llevado a cabo una intervención coordinada y concertada a nivel regional, nacional y mundial para involucrar a los gobiernos en este asunto. Estos esfuerzos han apoyado una serie de diálogos intergubernamentales en Asia que han fomentado prácticas óptimas emergentes para poner en práctica un tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos.

Sin embargo, el progreso a nivel nacional sigue siendo muy insuficiente. Se ha informado hace poco de que algunos países de la región están planeando incrementar la capacidad de sus centros de detención para consumidores de drogas o promulgar leyes que los consoliden.

En una visita reciente a Asia, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, hizo un llamamiento para acelerar las reformas en favor de programas de tratamiento contra la drogodependencia voluntarios y comunitarios, como imperativo de los derechos humanos y la salud pública. "Ha llegado el momento del pragmatismo y las pruebas. Los países deben ampliar las políticas y los programas fundamentados en los derechos que sirvan para hacer frente a la drogodependiencia y la vulnerabilidad al VIH", afirmó el señor Sidibé.

La necesidad urgente de ampliar el tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos en Asia es obvia y necesita estar en el centro de los próximos debates sobre salud y política en materia de drogas, como el tercer diálogo intergubernamental acerca de los centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia en 2015 y los avances concretos llevados a cabo en vistas al período de sesiones extraordinario sobre drogas de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su 35ª reunión, en diciembre de 2014, la Junta de Coordinación del Programa ONUSIDA organizará una serie de debates acerca de la reducción de la transmisión del VIH entre personas que se inyectan la droga como componente fundamental de los esfuerzos para acabar con la epidemia de sida para 2030.