La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en colaboración con ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), lanzó un curso en línea titulado Conceptos clave sobre VIH, género y derechos humanos. El curso de cuatro módulos está diseñado para proporcionar al personal docente un conocimiento detallado sobre los conceptos clave relacionados con el VIH, su tratamiento y prevención, y el marco legal nacional e internacional que guía la respuesta al VIH, así como las dimensiones de género y derechos humanos de la epidemia.

El curso es un paso significativo para abordar los desafíos del VIH en el país teniendo en cuenta que en Guatemala cada día se producen tres nuevas infecciones por el VIH y solo el 73% de las 31.000 personas que viven con el VIH reciben tratamiento antirretroviral (según estimaciones) y dado el alto nivel persistente de estigma y discriminación hacia las personas que viven con el VIH. El curso tiene como objetivo dotar al personal docente y a los estudiantes de los recursos necesarios para promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas adultas, adolescentes y niños que viven con o en riesgo de adquirir el VIH, en toda su diversidad.

El curso consta de 140 horas de estudio, incluidas 70 horas de teoría y 70 horas de práctica, y se realizará entre mayo y agosto de 2023. Los participantes del curso se incorporarán a clases virtuales y talleres grupales sincrónicos y deberán presentar las tareas requeridas según un horario de trabajo.

El curso comprende cuatro módulos: Módulo 1 - Actualización sobre el VIH y el sida; Módulo 2 - Marco legal nacional e internacional para la respuesta al VIH; Módulo 3 - Marco de políticas del sector de la salud para la respuesta al VIH; Módulo 4- Conceptos clave sobre género y derechos humanos.

Durante la inauguración, Marie Engel, directora nacional de ONUSIDA, expresó su esperanza de que los participantes disfrutaran del curso tanto como ella y otros socios lo habían hecho al desarrollarlo. También enfatizó que "el curso se enriquecerá con los conocimientos y experiencias individuales de los participantes, sus dudas e inquietudes. Obviamente, hay mucho conocimiento y sabiduría entre los participantes del curso que los facilitadores se esforzarán por capturar".

El Dr. José María Gramajo, Coordinador General del Área de Docentes y Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, destacó que “este curso de actualización contribuirá al desarrollo profesional de los docentes de la facultad, compartiendo con ellos los últimos conocimientos sobre las innovaciones relacionadas con la prevención, detección y atención del VIH, y asegurando una comprensión profunda de los temas transversales relevantes para el VIH y otros problemas de salud pública".

El personal docente y los estudiantes son catalizadores con el poder de cambiar la respuesta nacional al VIH. Tal como lo expresó la Dra. Mirna Herrarte, Coordinadora del Programa Nacional de VIH, ITS y Sida, “Me alegra saber que hay tantos profesionales que quieren saber más sobre el VIH. En el país se revisan constantemente los esquemas de tratamiento del VIH. Como anécdota, hace un año Guatemala tenía más de 200 esquemas de antirretrovirales, bajo mi liderazgo hemos reducido esos esquemas en un 75%”.

Persisten las desigualdades en los servicios de salud y VIH más básicos, como el acceso a la detección, el tratamiento y los preservativos. La iniciativa de colaboración de la USAC es un paso importante para garantizar que todos los sectores, incluido el académico, se comprometan a poner fin a las desigualdades sociales, económicas y legales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la universidad más grande y antigua de Guatemala, y la única universidad nacional y pública del país centroamericano.

Durante muchos años, Mami enseñó en una escuela pública en Kanazawa, Japón. En cuanto inició su transición y empezó a vestirse de una manera menos masculina, sus compañeros y superiores pasaron a mirarla con malos ojos. Y la acabaron despidiendo.

Como persona trans en una ciudad pequeña y conservadora, Mami tuvo difícil conseguir otro trabajo y llegó un momento en que se sintió muy aislada. «Cuando una amiga me invitó a trabajar en el centro comunitario Kanazawa Rainbow Pride, me sentí feliz por encontrar un lugar en el que la gente por fin me aceptara», dijo.

Fundado en el año 2022, el centro Kanazawa LGBTQI+ se ubica en una casa de té de 150 años de antigüedad, en el antiguo mercado Samurai de la ciudad. Los paneles deslizantes permiten una variedad de configuraciones en función del tipo de encuentro. Mami y su amigo, Kennosuke Okumara, director de la secretaría del centro Kanazawa, servían té y café en la parte de cafetería abierta a los visitantes.

«Antes trabajaba en Tokio, pero luego volví a mi ciudad natal», explicó el Sr. Okumara. «Y el problema era que aquí ni había ni hay opciones para los gais», añadió.  El Sr. Okumara vive con el VIH y lamenta profundamente el hecho de que los problemas relacionados con el VIH y la comunidad LGBTQI+ sigan siendo tabú. «Se dispone de muy poca información, y eso es una vergüenza. Por eso estoy aquí, para compartir mi experiencia y concienciar», dijo.

Mientras removía su té verde en una taza pequeña con un batidor de bambú, el Sr. Okumara, ataviado con su delantal, se detuvo y miró a Mami. «Este es un espacio seguro para todo el mundo», afirmó.

Diana Hoon, copresidenta del centro, se refirió a este como un faro de esperanza. «Somos como un faro en una sociedad patriarcal muy conservadora», dijo. Mientras, en su biblioteca improvisada, nos enseñaba un sinfín de panfletos y folletos referentes tanto a conocer el estado serológico de una persona como al desfile del Orgullo en la ciudad, así como iba sacando libros sobre cómo mostrarse tal y como cada uno es ante la sociedad, la Sra. Hoon insistió en que el centro no solo estaba atrayendo a más personas, sino que también contaba con 10 voluntarias que prestaban su ayuda... muchas de ellas madres.

«Nuestros seminarios para padres sobre LGBTQI+ han tenido un gran impacto», aseguró. «La gente comparte historias sobre sus hijos y acaba estableciéndose una conexión».

Como singapureña que convive con otra mujer originaria de Kanazawa, la Sra. Hoon siente que está aportando su granito de arena para convertirse en la tabla de salvación de mucha gente y promover una mayor aceptación.

«Entre nuestras muchas prioridades, destacan la concienciación en materia de VIH, la defensa de unos aseos de género neutro, la lucha por uniformes escolares unisex y, lo que es aún más importante, el derecho de todas las personas al matrimonio, algo que todavía no existe en Japón», destacó. También espera, en un plazo de cinco años, conseguir un nuevo hogar para acoger a personas LGBTQI+.

En su mente, se han dado pasos importantes. «Las personas trans están siendo más abiertas últimamente e incluso tenemos campeones LGBTQI+ entre la comunidad», dijo.

Como modelo a seguir sobresale Gon Matsunaka, fundador y antiguo presidente del consorcio Pride House Tokyo, y director del consorcio Marriage for All en Japón. El Sr. Matsunaka, exejecutivo de publicidad de una de las principales empresas japonesas, Dentsu, escondió su sexualidad durante décadas. «En mi rural ciudad natal no había futuro para mí, por lo que decidí marcharme a Tokio», añadió. Luego estudió en Australia, trabajó en Tokio y en la ciudad de Nueva York, y finalmente dejó su empresa.

Hizo pública su homosexualidad en el año 2010 y, a partir de entonces, se esforzó por abrir un centro comunitario en Tokio. Los Juegos Olímpicos parecían una oportunidad de oro.

Pero entonces apareció la pandemia de la COVID-19, y muchos proyectos se vieron interrumpidos. Sin embargo, el Sr. Matsunaka y su equipo no se rindieron.

«En mayo de 2020, todas las encuestas apuntaban a que la juventud LGBTQI+ se sentía insegura en casa o había perdido el contacto con la gente. Y precisamente esa fue mi mayor motivación», afirmó. A base de mucho trabajo, consiguió 15 patrocinadores para un espacio seguro LGBTQI+ temporal durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos llamado Tokyo Pride House. No obstante, y como consecuencia del aplazamiento de los Juegos, también se canceló el centro.

El equipo logró convencer a los patrocinadores para que cambiaran su financiación y crearan un espacio permanente. Años después de los Juegos Olímpicos, Tokyo Pride House sigue enorgulleciéndose de estar a poca distancia a pie de la popular zona de Shinjuku, en Tokio, un lugar amigable con la comunidad LGBTQI+.

En Kanazawa, el Sr. Matsunaka se había asociado con la Sra. Hoon para lanzar un desfile del Orgullo en 2021. Y fue a raíz de ese éxito cuando surgió la idea de un centro comunitario.

El Sr. Matsunaka se siente especialmente orgulloso de que la prefectura (distrito de la ciudad) haya aportado la mitad de la financiación necesaria para la apertura del centro Kanazawa Nijinoma. El resto fue fruto de una recaudación de fondos colectiva.

Radiante en la Tokyo Pride House y rodeado por banderas del arcoíris, confesó: «Nunca soñé con todo esto y jamás imaginé que pudiera llegar a ser posible, sobre todo en una ciudad tan pequeña como Kanazawa».

Para él, no hay duda de que las mujeres han desempeñado un papel clave. «Las mujeres están en una segunda categoría respecto de los hombres, especialmente en áreas rurales como Kanazawa, por lo que han sido nuestras mayores aliadas para cambiar las mentalidades patriarcales», explicó. «Tenemos mucho más trabajo por delante. Y a partir de ahora solo podemos avanzar, nunca retroceder».    

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOT), ONUSIDA muestra su solidaridad con la comunidad LGBTQI+. Debemos unirnos y celebrar la diversidad; hemos de lograr una sociedad donde todas las personas, sin importar dónde vivan o a quién amen, puedan vivir en paz y sentirse seguras; una sociedad en la que todos sus miembros puedan contribuir a la salud y el bienestar de su comunidad.

Alexander Godin camina entre un gran número de puertas cerradas y escoltadas por un guardia hacia la farmacia del centro penitenciario 16. Esa es su rutina diaria. Se dirige a tomar su medicación, que consiste en una dosis de metadona similar a la de un jarabe. La metadona es un tratamiento agonista opioide que ayuda a las personas a superar los síntomas de abstinencia, reducir la dependencia a la heroína y prevenir la infección por el VIH por agujas infectadas.

Desde el año 2000, algunas cárceles de Moldova ofrecen servicios de reducción del daño.

Y hoy en día estos servicios ya están disponibles en todas.

«Llevo 10 años recibiendo tratamiento de sustitución con metadona», explica el Sr. Godin. Fue su familia quien le instó a aprovecharse de estos servicios para volver a estar sano.

«Durante años consumí drogas y opioides y, para ello, me hacía falta dinero, por lo que ahí también comenzaron los problemas con mi familia», añadió.  Desde que participa en el programa, se siente mucho mejor.

Cualquier nuevo recluso de los 17 centros penitenciarios del país tiene acceso a un psiquiatra y a un médico y, si se considera necesario, se le ofrece unirse a un programa de tratamiento. Los servicios integrales de reducción del daño no solo incluyen el tratamiento de la dependencia a los medicamentos, sino también el intercambio de jeringuillas y agujas, y las pruebas del VIH. La prevalencia del VIH es del 11 % entre las personas que se inyectan drogas en Moldova, frente al 0,36 % entre la población general.

Sin duda, son uno de los grupos más afectados del país. 

Para Maria Potrîmba, directora de enfermedades infecciosas en la prisión 16 (Pruncul), el ayudar a los reclusos a evitar las drogas tiene efectos de impacto positivo.

«Cuando un paciente recibe este tratamiento de sustitución, la persona es más consciente de las consecuencias y es más probable que se adhiera a su otro tratamiento», explicó.

Los centros penitenciarios y de internamiento también se aseguran de proporcionar jeringuillas limpias con una recogida regular cada dos días que realizan prisioneros voluntarios.

El jefe de la unidad médica de la cárcel 13 (Chisinau) considera que los servicios de reducción del daño son importantes tanto para los reclusos como para los propios empleados de la cárcel.

«Todos los voluntarios son reclusos, y la gran mayoría de ellos son personas que han recibido ya tratamiento por enfermedades transmisibles como el VIH, la hepatitis o la tuberculosis», afirmó Oleg Costru.

Con el paso de los años, Moldova ha ido dedicando más recursos a su programa en las cárceles. «Al principio, cuando se empezaron a ofrecer estos servicios, en realidad se financiaban con fuentes externas», explicó Irina Barbîroș, directora del departamento médico de la administración nacional de centros penitenciarios. «A medida que fueron pasando los años, el Estado asumió tanto su compromiso como la financiación de estos servicios dentro del presupuesto estatal».

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de estos servicios a todas las cárceles. A día de hoy, de acuerdo con Harm Reduction International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamientos con agonistas opiáceos en las cárceles.

Y esto pese a que se ha demostrado que la reducción del daño no aumenta el número de personas con dependencia a las drogas, sino que proporciona beneficios para la salud personal y pública.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, ha visto cómo los proyectos piloto van ganando terreno en el país y se siente muy orgullosa del éxito de la cobertura nacional.

«Se trata realmente de anteponer a las personas y de adoptar un enfoque sólido en lo que a salud pública se refiere», aseguró. Para ella, para poner fin al sida, la clave está en proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas. «Se trata simplemente de igualar».

Daouda Diouf acude diariamente al recinto del Fann Hospital. Es una de las 250 personas inscritas en el programa de terapia de sustitución de opiáceos (OST) del CEPIAD*. La OST es una intervención reconocida en todo el mundo para reducir las conductas de inyección que ponen a las personas que se inyectan drogas en riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades transmitidas por la sangre, como la hepatitis vírica.

«Yo estoy aquí para recibir mi tratamiento. Además, soy sastre, así que enseño a coser a otros usuarios de drogas», explicaba el Sr. Diouf mientras cortaba tela en su improvisado taller al aire libre. Mantenerse ocupado y vender sus prendas es lo que lo ha ayudado a mantenerse sano durante los últimos siete años.

Exactamente igual es el caso de otro de los participantes. Él ha descubierto su pasión por la jardinería, y ahora supervisa a otros pacientes en la zona verde del centro.

Para El Hadj Diallo, plantar semillas y podar árboles se ha convertido en una especie de terapia. «Cuando estamos aquí, nos olvidamos de nuestros problemas. Yo me siento feliz haciendo lo que hago, y es terapéutico para mí», aseguró.

Su otra terapia consiste en una dosis diaria de metadona. Mangane Boutha, el farmacéutico del centro, mide y distribuye cuidadosamente cada dosis en su oficina.

«La metadona es un medicamento que actúa como sustituto de la heroína, en nuestro caso es un jarabe que se dosifica en cantidades de 10 mg/ml con dosis que varían de un paciente a otro», explicó.

Fundado en 2014, CEPIAD ha atendido a más de mil personas y es uno de los primeros centros de reducción del daño en África occidental. Además de la sustitución de opiáceos, el intercambio limpio de agujas y el apoyo psicosocial, también ofrecen atención sanitaria.

«El CEPIAD se ha convertido en un centro de pruebas y diagnóstico tanto del VIH,  como de tuberculosis y hepatitis, y aparte también distribuimos preservativos», dijo el Dr. Idrissa Ba, quien coordina el centro.

En Senegal, la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas es del 9 %, muy por encima del 0,5 % entre la población general. En todo el mundo, debido al estigma y la criminalización, las personas que se inyectan drogas se enfrentan a un riesgo 35 veces mayor de infección por el VIH que las personas que no se inyectan drogas.

Aunque tres cuartas partes de los pacientes son hombres, CEPIAD trabaja duro para llegar a más mujeres. De acuerdo con el Dr. Ba, entre las personas que consumen drogas, es más probable que sean las mujeres las que vivan con el VIH. 

Mariama Ba Thiam, que antes consumía drogas, vivió durante años en las calles. Ahora es educadora entre iguales en Dakar.  «Me muevo entre la comunidad y visito a los colegas para concienciarlos respecto de la importancia de dejar las drogas. También les insisto en todo lo referente a los riesgos para la salud. Para ello los remito a CEPIAD, donde, igual que a mí, pueden ayudarlos a dejar las drogas», explicó.

Su ruego: Conseguir una mayor financiación para que más mujeres y jóvenes acudan al centro.

En Senegal, aunque el consumo de drogas es un delito penal, el trabajo de CEPIAD cuenta con el apoyo del Gobierno, las Naciones Unidas y otros socios.

En el Día Internacional de la Reducción del Daño, ONUSIDA cree firmemente que, si de verdad queremos poner fin al sida para 2030, no podemos dejar a nadie atrás. Y ahí se incluye a todas las personas que consumen drogas.

* El Centro de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD)

En 1988, un grupo de activistas se reunió en Fortaleza, la quinta ciudad más grande de Brasil y capital del estado nororiental de Ceará, para crear el capítulo local de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH y SIDA (RNP+CE). El objetivo era asegurar que las personas que viven con el VIH pudieran tener garantizado el derecho a la atención, la adherencia al tratamiento y la asistencia legal.

Actualmente, la ONG también ofrece talleres educativos, apoyo a la prevención combinada de infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras actividades para más de 1,000 personas registradas. Entre ellos está Carlos Salmão, un activista del VIH residente en Fortaleza, que se sintió individual y colectivamente acogido por la organización. "Este apoyo fue muy importante para mí y es fundamental para las personas que viven con el VIH aquí en Ceará porque es una referencia de la respuesta a la epidemia de SIDA. Por eso siento placer en contribuir", explica.

La RNP+CE fue una de las cinco ONG brasileñas que recibieron recursos de la iniciativa de subvenciones Fast-track Cities, lanzada por ONUSIDA en 2022. Con el premio, la organización desarrolló acciones en torno a dos objetivos: aumentar la vinculación y la adhesión de poblaciones clave vulnerables a prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH mediante la difusión y el intercambio de información con los profesionales de la salud y el público en general; y mejorar el conocimiento de la estrategia Indetectable Igual a Intransmisible (U = U) en la ciudad de Fortaleza mediante la realización de campañas de comunicación.

Acciones del proyecto y participación del gobierno municipal

El proyecto involucró a 10 activistas seropositivos locales en el desarrollo e implementación de las campañas de comunicación. También participaron en la preparación de un seminario que reunió a 120 personas de la sociedad civil para dialogar y presentar a los representantes de los gobiernos municipales propuestas para mejorar la atención a las personas que viven con VIH, a partir de las perspectivas y necesidades reales de los usuarios de la salud pública. servicios en Fortaleza. Otro tema de discusión fueron los desafíos y la importancia de garantizar un nivel satisfactorio de adherencia al tratamiento del VIH para evitar el abandono.

Aún como parte del proyecto, se elaboró y distribuyó un cuadernillo sobre VIH, autoestima y salud, que brinda información práctica para las personas que reciben un diagnóstico positivo de VIH. Además, en coordinación con el gobierno municipal, RNP+CE imprimió y distribuyó más de 3.000 ejemplares de afiches sobre adherencia al tratamiento del VIH y sobre U=U. Este material fue exhibido en lugares de alta concentración de personas, como terminales de ómnibus, alcanzando cerca de 1,1 millones de personas al día.

La participación de los funcionarios del gobierno local fue un elemento estratégico para el éxito del proyecto, ya que están en contacto directo con la realidad y los desafíos existentes. “Todavía estamos lejos de llegar a un nivel ideal donde haya menos necesidad de reforzar estas acciones [VIH], pero estamos avanzando en esa dirección con un trabajo constante y bien estructurado”, dice Carlos Paiva, coordinador de IST/AIDS en la Secretaría Municipal de Salud de Fortaleza.

Ariadne Ribeiro, Oficial de Igualdad y Derechos para Todas las Personas de ONUSIDA, está de acuerdo y agrega: "Es gratificante ver cómo el diálogo entre las comunidades, la sociedad civil y el gobierno municipal avanza hacia un objetivo común, que es la mejora de las políticas públicas". en la ciudad de Fortaleza para las personas que viven con el VIH y acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública".

Ratrish Saha es una mujer transgénero de Calcuta (India). Aún contando con siete años de experiencia laboral, el año pasado se encontró inquieta a la hora de solicitar un nuevo empleo. 

"Encontrar trabajo nunca es fácil siendo una mujer transgénero. Me rechazaban con frases como: 'actualmente no estamos contratando a personas LGBTI+' o 'no tenemos las instalaciones necesarias para admitir a una persona trans en nuestra oficina'", recuerda. Pero a través del Transgender Welfare Equity and Empowerment Trust o de la TWEET Foundation, se le ofrecieron oportunidades adecuadas en empresas que habían recibido formación en materia de sensibilidad. Pronto consiguió el puesto de consultora asociada para Siemens Technology en Bangalore. 

Sobre el proceso de entrevistas, afirmó: "Solo hablé de mis habilidades y no incluí explicaciones de género de ningún tipo en esas conversaciones". La Sra. Saha, eufórica, comenta que está "aprovechando la oportunidad... poniendo todo mi empeño en ello".  

Las personas transgénero de la India disponen ahora de una nueva vía hacia trabajos dignos gracias a la colaboración para el desarrollo entre comunidades, gobierno y asociados.

En vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Delegación Nacional de ONUSIDA para la India y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaron la Trans Employment Mela, una feria del empleo en Nueva Delhi. La iniciativa fue organizada conjuntamente por el National Institute of Social Defence, el Ministry of Social Justice and Empowerment, la TWEET Foundation e In Harmony, una consultoría centrada en diversidad. 

El objetivo del programa es acelerar la inclusión socioeconómica de la comunidad trans sensibilizando a las grandes empresas sobre sus problemas y ofreciéndoles una plataforma para ponerles en contacto con puestos de trabajo en organizaciones inclusivas.  

"Este planteamiento no solo brinda la oportunidad de entablar un diálogo entre representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas, sino que también facilita el acceso a la formación en capacidades, el asesoramiento profesional, el apoyo al emprendimiento y el apoyo de mentores", explicó Maya Awasthi, copresidenta y cofundadora de la TWEET Foundation. 

La Ley de Personas Transgénero de 2019 (Protección de Derechos) de India prohíbe la discriminación laboral hacia las personas trans, tanto en el sector público como en el privado. Aunque las partes interesadas señalan aspectos de la ley que podrían reforzarse, reconocen que la amplia disposición contra la discriminación crea una vía hacia la construcción de una cultura más inclusiva y la búsqueda de reparación cuando se vulneran los derechos. 

Abordar la desigualdad en el acceso a empleos es importante para la respuesta al VIH. En 2021 la prevalencia del VIH entre las personas transgénero en la India era del 3,8 %, casi 20 veces más que la media nacional. Un estudio encargado por la National Human Rights Comission de la India reveló que, en 2017, solo el 6 % de las personas transgénero tenían un empleo formal en el sector privado o en organizaciones no gubernamentales (ONG). En torno al 5 % se dedicaba al trabajo sexual y al servicio doméstico respectivamente. El 13 % vendía comida y otros productos y el 11 % informó que mendigaba.  

“Hay muchas formas con las un empleo estable y mejor remunerado puede reducir la vulnerabilidad al VIH”, expuso David Bridger, el Director Nacional de ONUSIDA en la India, David Bridger. “Si hacemos frente a las desigualdades que han alejado de manera injusta a las personas trans de sus oportunidades, podremos ayudar a construir una comunidad más empoderada en la que todos desarrollen su potencial mientras gozan de mejor salud y bienestar en el proceso”. 

El estudio de la Human Rights Comission de 2017 reveló que alrededor de la mitad de la población transgénero nunca fue a la escuela. Varios asociados para el desarrollo están apoyando iniciativas para proporcionar a la comunidad oportunidades educativas en un entorno libre de estigma social y formación en competencias para fomentar la autosuficiencia. 

Aarav Singh es un hombre trans que llevaba seis meses desempleado. Consiguió unas prácticas de recursos humanos en Roop Automotives gracias a la campaña Trans Employment Mela.  

“Se trata de una organización sensibilizada y trans-inclusiva en la que no he tenido ni un solo problema con la documentación. Y no solo yo; mis amigos también han conseguido grandes oportunidades en algunas de las principales empresas trans-inclusivas”, matizó el Sr. Singh. “Espero que esto siga así”. 

Aunque los beneficiarios del Trans Employment Mela reconocen la dimensión comunitaria de su desafío, se sienten, en otros aspectos, como cualquier otro joven profesional o recién graduado.  

Yumnam Thawalngamba Meetei terminó su Máster en Administración de Empresas en 2022 pero le resultó complicado encontrar un puesto en gestión o incluso un empleo más modesto.  

“Con la ayuda de la TWEET Foundation entré a trabajar en Mahindra Logistics Limited como Ejecutivo de Gestión de Talento y Desarrollo Organizativo en Mumbai”, aseguró el Sr. Thawalngamba. “Estoy agradecido por que este empleo sea el primer paso en mi camino hacia el éxito”. 

Zara Fauziah es una mujer transgénero de Indonesia. Se enteró de que vivía con el VIH en 2017, pero durante cuatro años se enfrentó sola a su diagnóstico. El hospital donde podía recibir tratamiento no era acogedor.

Rere Agistya, otra mujer trans indonesia, explica el porqué: "Muy a menudo nos dan charlas con el supuesto propósito de curarnos cuando venimos a obtener servicios o a que nos realicen pruebas del VIH.  La mayoría de las veces culpan a nuestras acciones: ‘Si ya sabes que eres hombre, ¿por qué quieres ser mujer?’"

Muchos países en la región de Asia y el Pacífico carecen de directrices nacionales sobre atención a personas transgénero. Como consecuencia, los trabajadores sanitarios no suelen prestar servicios libres de discriminación y adecuados desde el punto de vista médico.

Se trata de una laguna crítica para la respuesta al sida, dadas las tasas de VIH desproporcionadamente altas entre las personas transgénero. La prevalencia del VIH en la comunidad ronda el 4 % en India y Filipinas. En Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia, aproximadamente una de cada diez mujeres transgénero vive con el VIH.

Samira Das vive en Chingrihata, India. Es una hijra (las hijras incluyen a las personas transgénero e intersexuales).

"Cuando mis familiares se enteraron de que era VIH-positiva, separaron mis utensilios y otros objetos de los suyos. Me trataron, pero me mantuvieron aislada. Me quedé allí, soportándolo todo", rememoró la Sra. Das.

La médica e investigadora transgénero indonesia, Alegra Wolter, afirmó: "Hoy en día las personas no mueren por VIH. Mueren por el estigma social y la discriminación que rodean su salud física y mental y, a veces, su sexualidad, así como por otros factores sociodemográficos.  He visto a personas trans que abandonan su medicación contra el VIH porque no reciben los servicios de salud mental adecuados".  

Sin embargo, la Sra. Alegra subraya que el problema va más allá del VIH.  Las personas transgénero carecen de un acceso adecuado a todos los servicios, desde la asistencia sanitaria primaria hasta la terapia hormonal. Con el apoyo del Fondo Robert Carr, Youth LEAD se asoció con la Asia Pacific Transgender Network (APTN, por sus siglas en inglés) para realizar un análisis de la situación del acceso de los jóvenes trans a la asistencia sanitaria en Indonesia, Tailandia y Filipinas.  

Leo Villar, responsable de la sección de Comunicación y Proyectos de Youth LEAD, explicó: "Realizamos el estudio para aumentar la visibilidad de los jóvenes trans en el debate sobre los derechos y la asistencia sanitaria de las personas trans, especialmente porque sufren estigmatización y discriminación como jóvenes y como personas trans. El estudio demostró que los jóvenes buscan conocimiento de sus iguales y se someten a tratamientos caseros. Esto podría conducir a una información sanitaria incorrecta y al uso indebido de hormonas o medicamentos contra el VIH". 

Las conclusiones preliminares del estudio en línea encargado en diciembre de 2022 revelaron que muchas personas transgénero de entre 18 y 30 años sufren discriminación sistémica y abusos cuando acceden a la asistencia sanitaria.  

Uno de los encuestados relató: "Viví un incidente en el que un funcionario me pidió el documento de identidad y luego se burló de mí. Esta situación me inquietó porque ocurrió dos veces. Por ello, he estado evitando los servicios sanitarios". 

 El investigador Benjamin Hegarty apuntó que más de la mitad de los participantes del estudio (52 %) coincidían en la preocupación por los prejuicios motivados por su identidad de género o sexualidad al acceder a la atención sanitaria. Alrededor de un tercio consideró que esto podría repercutir negativamente en sus evaluaciones y diagnósticos. Cuando se les interrogó por sus prioridades principales en materia de asistencia sanitaria y financiación, la mayoría de los encuestados reclamó la necesidad de clínicas de género, acceso a cobertura sanitaria universal y a servicios de asesoramiento y de salud mental. En los primeros puestos de la lista también figuraban la investigación en salud para las personas trans y la educación en diversidad de género. 

La APTN acaba de lanzar el Towards Transformative Healthcare Module. Se trata de un curso formativo en línea, autodidáctico e interactivo, diseñado como recurso introductorio a la asistencia sanitaria competente para las personas trans y para la afirmación de género y destinado a profesionales médicos y otros trabajadores sanitarios en Asia y el Pacífico. Esto incluye a aquellos que trabajan en atención primaria y en servicios sanitarios comunitarios.  

Este módulo emplea un enfoque basado en derechos y se aleja de los modelos patologizan, es decir,  ue tratan a las personas transgénero como algo anormal. En su lugar, fomenta una atención innovadora y que tiene en cuenta los aspectos culturales. Se abordan doce temas, entre ellos la diversidad de género, la salud mental, sexual y reproductiva y la atención para la afirmación de género. 

“A través de este módulo, los profesionales sanitarios y usuarios trans pueden aprender a trabajar juntos para crear un cambio positivo y lograr así el control de la epidemia del VIH”, expuso Joe Wong, Director Ejecutivo de la APTN. “Hacemos hincapié en los principios básicos que los profesionales sanitarios pueden poner en práctica incluso en zonas con recursos y oportunidades de formación limitados”. 

Las convenciones Southeast Asia Stigma Reduction Quality Improvement Community of Practice están convocadas conjuntamente por la iniciativa HEALTHQUAL de la Universidad de San Francisco en California (UCSF, por sus siglas en inglés), la Red de Asia y el Pacífico de personas que viven con el VIH (APN+) y el Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para Asia y el Pacífico. Como parte de su objetivo conjunto de reducir la estigmatización y la discriminación en entornos sanitarios, estas iniciativas buscan mejorar las experiencias sanitarias de las personas trans con la formación de alianzas entre profesionales, legisladores y comunidades. 

“Se pueden realizar cambios en centros sanitarios y comunidades que marquen grandes diferencias en la vida de las personas transgénero”, reflexionó Quinten Lataire, Asesor Regional en Derechos Humanos y Legislación de ONUSIDA. “La colaboración con comunidades, la exploración entre compañeros y la creación de servicios clínicos accesibles son enfoques de eficacia demostrada. Asimismo, los usuarios transgénero necesitan formación para aprender a hacer uso de la atención sanitaria, al igual que asesoramiento para poder procesar las cuestiones alrededor de su identidad de género”.  

Los espacios en línea pueden desempeñar un papel fundamental en esta función de apoyo comunitario. Por ejemplo, haciendo uso de la Subvención de Comunicaciones para la COVID-19 de ONUSIDA, la APTN desarrolló un Kit de herramientas en redes sociales para la resiliencia de las personas trans contra la COVID-19, que incluía contenido sobre salud mental, seguridad financiera, protección social y derechos humanos.  

La experiencia de la Sra. Fauziah es prueba del papel decisivo que una comunidad puede llegar a desempeñar. En 2021 contactó con la organización Sanggar Swara. No solo le han asistido en el seguimiento de su tratamiento, sino que también le han proporcionado apoyo emocional. 

“Tu trabajo no es juzgar a la gente. Cuando tu paciente es alguien de diferente género u orientación sexual, lo único que busca es tu ayuda. Necesitamos cuidados, pero también necesitamos espacios donde podamos ser nosotros mismos sin tener que ocultarnos”, reclamó la Sra. Fauziah. 

Vea el vídeo de la APTN “El precio de la estigmatización: las personas transgénero que viven con el VIH luchan por acceder a la asistencia sanitaria” (129) El precio de la estigmatización: Las personas transgénero que viven con el VIH luchan por acceder a la asistencia sanitaria 

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron oficialmente un nuevo conjunto de principios jurídicos, elaborados por especialistas en la materia, para orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación penal. 

Los denominados “principios del 8 de marzo” establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, el desamparo y la pobreza.

Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, declaró: “El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... por ello, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a escala mundial, se ha observado una tendencia creciente a la penalización excesiva.” 

“Debemos reconocer que esta legislación no solo viola los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal”, afirmó.

Según Edwin Cameron, antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y actual juez inspector de los servicios penitenciarios sudafricanos, dichos principios son de especial relevancia y utilidad para jueces, legisladores, responsables políticos, sociedad civil y académicos. “Los principios del 8 de marzo proporcionan un marco jurídico claro, accesible y práctico fundamentado en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló.

Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto nocivo de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos para abordar los efectos negativos de dichas leyes sobre los derechos humanos. 

Estos principios, desarrollados a lo largo de 5 años, se basan en la retroalimentación y las revisiones de un grupo de expertos e interesados. Terminaron de redactarse en 2022. Inicialmente, se centraban en los efectos de las leyes penales que proscriben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual con consentimiento, la identidad de género, la expresión de género, la ocultación del VIH, la exposición y la transmisión, el consumo de drogas y su posesión para el uso personal. Más tarde, se incluyó también la penalización vinculada al desamparo y la pobreza, basándose en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

El uso excesivo y continuado del derecho penal y, en algunos casos, de leyes penales arbitrarias y discriminatorias por parte de los gobiernos ha causado una serie de violaciones de los derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y la discriminación por género u orientación sexual.

En 2023, veinte países penalizan o persiguen a las personas transgénero y 67 países siguen penalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Además, 115 informan de que penalizan el consumo de drogas, más de 130 penalizan la exposición al VIH, la no ocultación y la transmisión del VIH, y más de 150 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

En el mundo del VIH, el abuso y mal uso de las leyes penales no sólo afecta al derecho a la sanidad, sino a otros muchos, entre los que se encuentran los siguientes: derecho a no ser discriminado, a la vivienda privada, a la seguridad individual, a la circulación, a la familia, a la intimidad y a la autonomía corporal, y en casos extremos al propio derecho a la vida. Por ejemplo, en los países donde el trabajo sexual está penalizado, los trabajadores sexuales tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que en aquellos donde está parcialmente legalizado. Ser penalizado también puede significar verse privado de la protección de la ley y de la aplicación de la misma. Y, sin embargo, las comunidades penalizadas, especialmente las mujeres, suelen ser las que más necesitan esa protección que se les niega.

La Directora Ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, Christine Stegling, declaró: "Celebro que estos principios se lancen el Día Internacional de la Mujer (DIM), en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal puede tener, y tiene, con demasiada frecuencia, sobre las mujeres en toda su diversidad".

“No pondremos fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública mientras se mantengan estas leyes dañinas”,  añadió.  “Estos principios serán de gran utilidad en nuestros esfuerzos, tanto para nosotros como para nuestros socios”.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer: "El día de hoy es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre el poder y los sistemas controlados por los hombres".

Su intervención terminó de la siguiente manera: "Me alegro de que hayáis hecho este trabajo, tenemos que utilizarlo y tenemos que hacerlo también en un contexto mucho más político, cuando se trata precisamente de contrarrestar estas dinámicas de poder".

"Francamente, tenemos que plantearnos estas cuestiones y asegurarnos de que serán una parte integral de los derechos humanos en el futuro", afirmó.

Para concluir, Phelister Abdalla, Presidente de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, con sede en Kenia, señaló: "Cuando se criminaliza el trabajo sexual se lanza el mensaje de que se puede abusar de los trabajadores sexuales... Somos seres humanos y tenemos derecho a todos los derechos humanos".

Nirmala Singh (nombre ficticio) descubrió que era VIH-positiva tras someterse a una prueba durante el embarazo. El diagnóstico fue inesperado, pero inmediatamente supo cómo lo había contraído. La habían violado antes de casarse. Las enfermeras informaron al marido de Nirmala del resultado positivo sin su consentimiento. Inmediatamente la echaron de casa.

Sita Shahi, Coordinadora Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH en Asia y el Pacífico (ICWAP, por sus siglas en inglés), ha respondido tanto a este caso como a muchos otros de su Nepal natal.

Shahi afirma que “hay muy poco conocimiento de los derechos de las mujeres que viven con el VIH y de cómo su experiencia se ve afectada por los abusos”. Y, además, apuntó que “se culpa a las mujeres de transmitir el VIH porque suelen ser las primeras de la familia en ser diagnosticadas. Este es el punto de partida para que sufran violaciones de los derechos humanos, como violencia de pareja en el hogar y violencia de género en la sociedad en general”.

En un taller de trabajo de la ICWAP organizado en 2022 con el apoyo de ONUSIDA y con participantes de países de toda la región, las mujeres que viven con el VIH compartieron sus historias personales.

A una participante que fue diagnosticada durante el embarazo, el personal sanitario le negó asistencia durante el parto. Dio a luz en el suelo de su habitación del hospital, sola.

Algunas mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica afirmaron haber sido rechazadas por su estado serológico en centros de acogida gestionados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Y hubo consenso en que en todos los países la violencia doméstica es habitual, pero rara vez se denuncia.

Las preocupaciones de las mujeres que viven con el VIH en la región de Asia y el Pacífico han permanecido relativamente ocultas e ignoradas. Las tasas de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el sida entre los hombres de la región son más del doble que las de las mujeres. Pero para los 2,2 millones de mujeres que se estima que viven con el VIH en Asia y el Pacífico, una cifra menor no significa que los problemas sean menores.

Michela Polesana, Asesora Regional de ONUSIDA para Respuestas Lideradas por la Comunidad, afirma que “las mujeres de Asia y el Pacífico siguen enfrentándose a políticas discriminatorias, barreras sociales y culturales, desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria y amenazas a su seguridad que violan sus derechos”.

«Cuando las mujeres están libres de estigma social y discriminación, violencia de género o abuso de confianza por parte de los profesionales sanitarios, no existe ninguna epidemia acusatoria», reflexionó la Sra. Shahi. «Si una mujer está libre de violencia a nivel político, social y familiar puede ser mentalmente fuerte y su salud podría ser tan buena como la de otras personas. Entonces no hay inconveniente en cuidar de sí misma y de su familia mientras contribuye a la economía».

Como red regional, la ICWAP está trabajando en incrementar la capacidad de las organizaciones por y para las mujeres que viven con el VIH con el propósito de poder abogar por estas cuestiones a nivel nacional. Una de las prioridades clave es proporcionarles a las partes interesadas, incluidos los profesionales sanitarios, la información necesaria para defender los derechos de las mujeres que viven con el VIH.

Un elemento fundamental de esta estrategia ha sido preparar a sus miembros para llevar a cabo un activismo eficaz usando herramientas y espacios digitales. ONUSIDA ha respaldado la formación en activismo en redes sociales para el Equipo de Redes Sociales de Jóvenes Activistas de la ICWAP. Durante las ocho semanas del programa, se introdujo a los participantes en los elementos básicos de las redes sociales, se exploraron cuestiones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y se practicaron competencias como entrevistas, blogs y edición.

«Recibimos con los brazos abiertos el papel de la tecnología, no solo por proporcionar un espacio para crear comunidad y por el apoyo psicosocial para las mujeres que viven con el VIH, sino también por los medios que proporciona para alzar la voz sobre problemas que las afectan», aclaró la Sra. Polesana.

Para empoderar a las mujeres que viven con el VIH y que así participen en espacios de toma de decisiones, la ICWAP también organizó una formación sobre creación de movimientos feministas para redes dirigidas por mujeres de seis países. Este ejercicio forjó la capacidad de las mujeres que viven con el VIH de participar en programas que fomentan la igualdad de género y los derechos humanos, y también de liderar iniciativas activistas con el fin de obtener servicios de emergencia de buena calidad para las mujeres y niñas de la región.

En el Día Internacional de la Mujer de 2023, bajo el lema «DigitALL: innovación y tecnología para la igualdad de género», la ICWAP reclamó lo siguiente:

• Plataformas digitales de uso fácil  
• Acceso a internet y a herramientas digitales
• Desarrollo de capacidades en torno al activismo en redes sociales
• Refuerzo de la protección de datos y mecanismos de reparación
• Sistemas de denuncia en línea y respuesta rápida para la violencia ejercida por parejas sentimentales
• Estrategias para aumentar el empoderamiento económico de las mujeres que viven con el VIH

Rosma Karlina y Yulistyo Dwi viven con sus dos hijos pequeños en la lluviosa ciudad de Bogor, en el sur de Yakarta.

La Sra. Karlina relató: “A veces vamos a museos para introducir a los niños a la historia o damos de comer a los ciervos del Palacio Presidencial. Es un entretenimiento sencillo, pero puede enseñar a los niños a amar incluso a los animales”.

Si su vida familiar es tradicional, su vida laboral es todo menos eso. La Sra. Karlina es la fundadora y Directora de Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (también denominada en inglés Womxn's Voice), una organización que defiende y atiende a mujeres y a mujeres trans que consumen drogas. Bambang, conocido popularmente como Tedjo, fundó la AKSI Keadilan Indonesia (también conocida como Indonesian Justice Action Foundation). Desde 2018, su equipo ofrece asistencia jurídica y apoyo a personas que consumen drogas y defiende sus derechos.

Sus jornadas de trabajo son una mezcla de organización comunitaria, burocracia paralegal y atención a llamadas de socorro. Una clienta denunció violencia doméstica por parte de su marido. Cuando la policía llegó a la casa, el marido informó a los agentes del consumo de drogas de su mujer y la detuvieron a ella en lugar de a él.

Las organizaciones abogaron con éxito por que un hombre saliera de un centro de rehabilitación obligatoria para que pudiera acceder al tratamiento del VIH. De lo contrario, habría estado tres meses sin tomar sus medicamentos.

Las organizaciones han sido testigos de muchos ejemplos de mujeres que viven con el VIH que se enfrentan a un desprecio extremo. En una ocasión, un agente de policía arrojó un paquete de compresas a la celda de una mujer en lugar de pasárselo y alegó miedo de estar cerca de ella.

La Sra. Karlina afirmó: “Desde 2018 he visto muchas violaciones de derechos perpetradas por agentes de la autoridad: abuso físico, psicológico e incluso económico”. Y, además, puntualizó que “extorsionan a las familias por dinero para que sus seres queridos puedan volver a casa”.

La actual Rosma Karlina, educadora y apasionada activista, evolucionó tras casi dos décadas de abuso de sustancias. Ha estado 17 veces en centros de rehabilitación. Tocó fondo durante un encarcelamiento de 18 meses por posesión de heroína.

“Mi familia pagó mucho dinero a la fiscalía, pero aún así, seguía en prisión. Perdí la custodia de mi hijo mayor. El juez pensó que no merecía ser madre porque consumía drogas”, relató.

Tedjo también evolucionó de la adicción al activismo.

“Consumí drogas entre 1989 y 2015. Ha sido un largo viaje”, reflexionó. “Cuando mi vida era un desastre, hice daño a mucha gente. No fue fácil demostrar que había mejorado”.

Estas personas son dos de las más destacadas por alzar su voz con respecto a cómo la dura legislación penal sobre posesión y consumo de drogas acarrea violaciones de los derechos de las personas que consumen drogas, al tiempo que reduce el acceso a los servicios sanitarios.

Un análisis político y jurídico de 38 países realizado por ONUSIDA y el PNUD reveló que 14 países de la región cuentan con castigo corporal o pena capital por el uso o posesión de drogas. Algunos estados han justificado los asesinatos extrajudiciales por delitos por consumo o posesión de drogas.  Se estima que, en 2021, el 12 % de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico se produjeron entre personas que se inyectaban drogas.

 “La guerra contra las drogas ha creado un gran estigma social y una cultura que ve a toda una comunidad como criminales. Cuando accedemos a la asistencia sanitaria, nos tratan como si fuéramos malas personas”, manifestó Tedjo.

Francis Joseph, el Coordinador Regional de la Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD, por sus siglas en inglés), explicó que al carecer de entornos legalmente favorables, estas personas no tienen acceso a los servicios adecuados.

“Los profesionales sanitarios y los organismos del orden público los tratan con violencia y abuso”, confesó. “Por ello, no quieren destaparse y reconocer: 'He compartido agujas y jeringas y ahora necesito una prueba del VIH'.  Puesto que las personas que consumen drogas no son bienvenidas en nuestros centros sanitarios, lo que provoca esto es que huyan del sistema y se queden fuera de él”.

Lord Lawrence Latonio, un estudiante de derecho y socio de la Community Access to Redress and Empowerment (CARE, por sus siglas en inglés), ha puntualizado que Filipinas también criminaliza la posesión de lo que se considera parafernalia de drogas. Asimismo, esto implica que los educadores inter pares que distribuyen agujas y jeringas limpias tengan que estar alerta para no ser detenidos.

Afortunadamente, los defensores presionaron con éxito para que se incluyera la protección a los trabajadores sanitarios que proporcionan servicios para el VIH en la Ley de Política sobre el VIH y el Sida de 2018. Parte de la labor de CARE consiste en impartir conocimientos jurídicos básicos para que las comunidades puedan comprender sus derechos. Y también cuenta con una red de funcionarios inter pares trabajando en diferentes regiones para apoyar a los miembros de las comunidades de población clave y a las personas que viven con el VIH a obtener reparación en casos donde se hayan violado sus derechos.

Veintiún países de la región cuentan con centros estatales de detención y rehabilitación obligatoria o centros similares para personas que consumen drogas. Estos consisten en una forma de confinamiento donde aquellos acusados o conocidos por consumo de drogas son ingresados de manera involuntaria para su desintoxicación y supuesto tratamiento. Se ha indicado que las condiciones incluyen trabajo forzoso, falta de nutrición adecuada y acceso limitado a asistencia sanitaria.

En 2012 y 2020, los organismos de las Naciones Unidas exigieron el cierre definitivo de estos centros de internamiento involuntario. Pero según un informe de 2022 se han paralizado, en gran medida, los avances en este asunto en el Este y el Sudeste Asiático.

“ONUSIDA está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para alentar a estos países a pasar de centros de internamiento involuntario a tratamientos voluntarios de base comunitaria que proporcionen servicios basados en pruebas y en derechos humanos”, anunció el Asesor Jurídico y de los Derechos Humanos de ONUSIDA Asia y el Pacífico, Quentin Lataire.

ONUSIDA Indonesia está colaborando con Womx'n Voice para poner a prueba un programa piloto multisectorial de refugio y educación para mujeres y niños en Bogor. Sus acciones incluyen protección social, respaldo jurídico, apoyo a la salud mental, educación sanitaria y sobre el VIH y acompañamiento a los servicios.

La Sra. Karlina ha pedido mayores inversiones en asistencia a la salud mental, reducción de la pobreza y educación. “Necesitamos evaluaciones adecuadas para poder analizar mejor cada situación y encontrar la solución más eficaz. La cárcel no es la respuesta. Si nos veis como seres humanos, nos cuidaréis como seres humanos”, insistió.