Los Estados Unidos de América expusieron el 3 de diciembre dos nuevas iniciativas con las que aumentar los esfuerzos para logar la erradicación de la epidemia de sida para 2030.

Las nuevas iniciativas se centrarán en las jóvenes adolescentes y en acelerar el desarrollo y la distribución de medicamentos para tratar el sida pediátrico, llegando así a parte de las poblaciones más vulnerables que se han dejado atrás en la respuesta al sida. 

Estos nuevos compromisos de los Estados Unidos de América dirigirán su atención a la urgente necesidad de programas más efectivos para reducir los niveles desproporcionadamente altos de nuevas infecciones por el VIH en mujeres jóvenes y al aumento urgente de los servicios de tratamiento para niños.

Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, celebró el anuncio y elogió el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PERFAR) por sus logros significativos a la hora de aumentar el número de personas en tratamiento contra el VIH.

"Felicitamos a PEPFAR por estas dos nuevas iniciativas. Si queremos alcanzar nuestro objetivo de acabar con la epidemia de sida para 2030, debemos acelerar nuestros esfuerzos por reducir las nuevas infecciones a menos de 500 000 al año, aumentar el tratamiento para logar los objetivos 90-90-90 y eliminar el estigma y la discriminación", declaró el señor Sidibé. "Seguiremos necesitando a los Estados Unidos de América para que nos ayuden a encaminar la marcha hacia el logro de estos ambiciosos objetivos".

PEPFAR también ha publicado un nuevo informe titulado PEPFAR 3.0 – Controlling the Epidemic: Delivering on the Promise of an AIDS-free Generation. El informe documenta el progreso del programa y expone la estrategia de PEPFAR para colaborar con asociados para alcanzar los objetivos 90-90-90 y para lograr una generación libre de sida.

El programa de PEPFAR suministra actualmente un tratamiento del VIH que puede salvar la vida a 7,7 millones de personas y ha ofrecido pruebas del VIH y asesoramiento a más de 56 millones de personas en 2014.

La existencia continuada de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en Asia sigue causando gran preocupación. En estos centros a menudo se detiene a personas sospechosas de ser usuarios de drogas o drogodependientes, personas que han llevado a cabo trabajos sexuales o niños víctimas de la explotación sexual sin las debidas garantías procesales, en aras del tratamiento o la rehabilitación.

Los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas afectan gravemente a los derechos humanos y amenazan la salud de los detenidos; esto incluye una mayor vulnerabilidad a la infección por el VIH y la tuberculosis.

En muchos centros se han dado casos de violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones deficientes, denegación de la atención sanitaria y otras formas de violación de los derechos humanos. Aunque se tiene constancia de la existencia de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en muchas zonas del mundo, estos se encuentran sobre todo en Asia. Según datos oficiales de 2012, se detuvo a más de 235.000 personas en más de 1.000 centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia Oriental y Sudoriental.

Se calcula que la prevalencia del VIH en personas que se inyectan la droga es 28 veces mayor que en la población general. El estigma, la discriminación y las leyes punitivas contribuyen en gran medida a la alta prevalencia del VIH en personas que consumen drogas e impiden el suministro de tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y de servicios relacionados con el VIH.

En una declaración conjunta de 2012 sobre los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas, 12 entidades de las Naciones Unidas señalaron que "no existen pruebas de que estos centros sean un entorno favorable o efectivo para el tratamiento contra la drogodependencia". La declaración insta a los Estados que mantienen estos centros a cerrarlos sin dilación, a poner en libertad a las personas detenidas y a proporcionar a nivel comunitario atención sanitaria voluntaria adecuada y tratamiento contra la drogodependencia a las personas necesitadas.

El sistema de las Naciones Unidas ha llevado a cabo una intervención coordinada y concertada a nivel regional, nacional y mundial para involucrar a los gobiernos en este asunto. Estos esfuerzos han apoyado una serie de diálogos intergubernamentales en Asia que han fomentado prácticas óptimas emergentes para poner en práctica un tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos.

Sin embargo, el progreso a nivel nacional sigue siendo muy insuficiente. Se ha informado hace poco de que algunos países de la región están planeando incrementar la capacidad de sus centros de detención para consumidores de drogas o promulgar leyes que los consoliden.

En una visita reciente a Asia, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, hizo un llamamiento para acelerar las reformas en favor de programas de tratamiento contra la drogodependencia voluntarios y comunitarios, como imperativo de los derechos humanos y la salud pública. "Ha llegado el momento del pragmatismo y las pruebas. Los países deben ampliar las políticas y los programas fundamentados en los derechos que sirvan para hacer frente a la drogodependiencia y la vulnerabilidad al VIH", afirmó el señor Sidibé.

La necesidad urgente de ampliar el tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos en Asia es obvia y necesita estar en el centro de los próximos debates sobre salud y política en materia de drogas, como el tercer diálogo intergubernamental acerca de los centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia en 2015 y los avances concretos llevados a cabo en vistas al período de sesiones extraordinario sobre drogas de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su 35ª reunión, en diciembre de 2014, la Junta de Coordinación del Programa ONUSIDA organizará una serie de debates acerca de la reducción de la transmisión del VIH entre personas que se inyectan la droga como componente fundamental de los esfuerzos para acabar con la epidemia de sida para 2030.

Al cuidar de personas en los centros de atención sanitaria, los trabajadores sanitarios están expuestos a una gran variedad de infecciones, incluido el VIH. Los países pueden prevenir la exposición accidental al VIH en los centros de atención sanitaria a través de la creación de un entorno propicio y la provisión de servicios que permitan a los trabajadores sanitarios protegerse del riesgo de infección por VIH, tanto a ellos mismos como a otros. Sin embargo, el uso de leyes penales puede conllevar errores judiciales.

En Uganda, el Tribunal Superior de Kampala ha liberado a Rosemary Namubiru, una enfermera de 64 años que vive con el VIH que fue condenada por exponer a un niño al VIH de manera negligente mientras trabajaba.  La decisión del Tribunal Superior de liberar a la señora Namubiru, en prisión desde enero de 2014, ha llegado tras varios meses de defensa y procedimientos legales.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, expertos legales y profesionales de la salud pública han encabezado los esfuerzos y, con el apoyo de ONUSIDA, han conseguido que el Gobierno y el Poder Judicial abogara por una respuesta mesurada, basada en pruebas y en los derechos humanos.

"Me alivia ver que la dignidad ha prevalecido y que la señora Namubiru pueda volver con su familia", declara Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, quien se ha unido a los esfuerzos para su liberación. "Le doy las gracias a todos aquellos que en Uganda y en el resto del mundo se hayan unido a esta causa. Continuemos con nuestros esfuerzos por expandir las pruebas y los derechos humanos como piezas críticas para erradicar la epidemia del sida".

Cuando Sopheap vuelve de trabajar a las 2.00 horas, entra de puntillas en su apartamento de una habitación porque todo el mundo está durmiendo. Esta madre de 35 años se mete en la cama que comparte con sus dos hijos pequeños y duerme algunas horas antes de levantarse a preparar el desayuno.

"Soy el sostén económico de la familia. Mantengo a mis hijos, mi sobrina y mi madre", dijo Sopheap. "También le envío dinero a mis hermanos y hermanas".

Como otras madres que trabajan en el turno de noche, disfruta por el día de buenos ratos con sus hijos: juega con ellos, les prepara la comida y los cuida. Por la noche es su madre la que cuida de ellos.

Sopheap es trabajadora del espectáculo y pasa las noches en una cervecería en Phnom Penh. Empezó a trabajar en este ámbito después de mudarse a la capital de Camboya hace siete años. Su trabajo ahora es muy distinto del que tenía en su ciudad de origen, donde vendía frutas y verduras en el mercado.

"Ahora gano unos 120 dólares estadounidenses al mes, que es mucho más de lo que conseguía con mi trabajo de vendedora. Antes no llegaba a fin de mes", dijo Sopheap.

Como muchos otros trabajadores del espectáculo en Camboya, su precaria situación financiera la llevó a marcharse a la capital. Dice que tuvo suerte porque era guapa y le gustaba cantar. Su primer trabajo consistía en entretener a los clientes de un restaurante, y después, hace un año, entró a trabajar en el local en el que está ahora.

"No es fácil. A veces los hombres nos obligan a beber. Nos acosan e incluso pueden ponerse violentos. Pero tengo suerte, porque mi jefe es comprensivo. Si no nos encontramos bien suele concedernos la baja por enfermedad", afirmó Sopheap.

La baja por enfermedad es uno de los derechos básicos de los trabajadores reconocido en la Ley de Trabajo de Camboya, pero hasta hace poco muchos trabajadores del espectáculo no gozaban de este beneficio. Ahora la baja por enfermedad está reconocida como un derecho de todos los trabajadores del espectáculo. Este reconocimiento llega tras la decisión que tomó el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional de Camboya de elaborar una nueva normativa ministerial que inste a que se protejan los derechos laborales, así como aquellos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo, de todos los trabajadores del espectáculo. El término "trabajadores del espectáculo" se aplica a las personas de Camboya que trabajan en hoteles, restaurantes, hostales, locales de karaoke, discotecas, cervecerías, casinos y centros de masaje, entre otros locales. Aunque Sopheap dice que no realiza ningún tipo de trabajo sexual, suele reconocerse que este trabajo puede llevar a la venta de servicios sexuales.

Esta medida fue bien acogida por los representantes sindicales."El Gobierno por fin ha reconocido que los trabajadores del espectáculo son trabajadores como el resto y que deberían estar protegidos por la ley laboral", afirmó Chan Dyna, representante de la Red Nacional de Trabajadores del Espectáculo.

Muchos trabajadores del espectáculo se enfrentan a malas condiciones laborales, muchas horas de trabajo, salarios bajos y acoso sexual. Además, los empleadores suelen exigir a sus empleados que paguen una sanción cuando llegan tarde o enferman de repente, lo que hace que los trabajadores caigan en la trampa a la hora de intentar pagar sus deudas. La nueva normativa prohíbe estas sanciones y el trabajo forzado de cualquier tipo, así como obligar a los trabajadores a consumir drogas o abortar. Así se ayuda a crear un entorno propicio para que los trabajadores del espectáculo reciban educación sanitaria y tengan acceso a servicios sanitarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está colaborando con el Gobierno de Camboya para formar a todos los inspectores del trabajo en el nuevo reglamento para junio de 2015.El programa de formación no solo incluye aspectos relacionados con los derechos y la seguridad laborales, sino también con la prevención del VIH y la reducción del estigma y la discriminación hacia los trabajadores del espectáculo que viven con el VIH.

"Este último paso en favor de los derechos laborales de los trabajadores del espectáculo se ha desarrollado a partir de todo el trabajo llevado a cabo en relación con el VIH", dijo Richard Howard, Especialista Principal en VIH y Sida de la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico.

Gracias a su participación en programas del VIH, los trabajadores del espectáculo han aprendido no solo a prevenir y mitigar el efecto del VIH, sino también a reclamar sus derechos sexuales y reproductivos, así como la protección social.

"El movimiento contra el VIH ha ayudado a empoderar a la mujer. Ha sentado las bases de la solidaridad y se ha convertido en una plataforma para conseguir derechos más amplios”, afirmó el Sr. Howard.

Sopheap también trabaja como agente de extensión inter pares y comparte información relacionada con el VIH con otros trabajadores del espectáculo. "Hacemos frente un alto grado de estigma y discriminación. Espero que estas nuevas directrices animen a las personas a respetarnos como mujeres profesionales" dijo.

El Gobierno de Namibia ha iniciado un plan de acción estratégico de tres años para acelerar las pruebas del VIH y el asesoramiento a nivel nacional. Este plan de acción, iniciado el 4 de noviembre, ha sido desarrollado por el Ministerio de Salud y Servicios Sociales en colaboración con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, el Equipo Conjunto de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo.

Los principales objetivos del plan son mejorar la detección precoz del VIH y crear fuertes vínculos con los servicios integrados de prevención del VIH, tratamiento y atención de Namibia. También pretende reforzar los vínculos para ampliar la iniciación precoz de los tratamientos, a través de mejoras en las pruebas de detección entre las poblaciones clave y del fomento de la integración de pruebas rutinarias en las clínicas.

"El impacto de la estrategia de pruebas del VIH y asesoramiento depende de la unión con los servicios de atención y tratamiento, sobre todo para aquellas personas que viven con el VIH. Con esta estrategia pasamos de una programación basada en la respuesta de emergencia a un enfoque empírico y más sostenible", declaró Petrina Haingura, Viceministra de Salud y Servicios Sociales.

Las cifras del Gobierno indican que alrededor de 178.200 personas que viven con el VIH recibían tratamiento antirretrovírico en Namibia a finales del 2013. Entre 2005 y 2013, Namibia redujo en aproximadamente un 33% las nuevas infecciones por el VIH y evitó 8400 muertes relacionadas con el sida. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que viven con el VIH en Namibia no conoce su estado y suelen hacerse la prueba tarde, lo que impide el acceso a tiempo a los servicios relacionados con el VIH.

"Esta nueva estrategia permitirá que Namibia esté un poco más cerca de lograr el nuevo objetivo 90-90-90 de ONUSIDA. Gracias a nuestra colaboración continua, a la rápida respuesta a los cambios de la epidemia y a un uso creativo de las intervenciones de combinación, podemos conseguir una generación libre de sida", afirma Simon Alogory, Director del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades en Namibia.

Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, estuvo en Namibia en el lanzamiento del plan, donde recalcó lo importante que sería este plan para alcanzar el objetivo 90-90-90 recientemente anunciado por ONUSIDA. Alcanzar el objetivo 90-90-90 significaría que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas que lo conocen tengan acceso al tratamiento contra el VIH, y que el 90% de las personas que lo tengan logren la supresión viral.

"El objetivo 90-90-90 refuerza el derecho de las personas a conocer su estado serológico y a tener acceso al mejor tratamiento posible", declara Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA.

Además de crear uniones con los servicios, 90-90-90 es  un punto de entrada esencial para abordar los problemas sociales y estructurales, incluidos la equidad, el estigma y la violencia contra la mujer.

Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria también estuvo presente durante el lanzamiento. Declaró que "la integración es hacer que las personas sean una prioridad en nuestra prestación de servicios. Es conseguir que las comunidades levanten a esa chica adolescente".

El reciente aumento del número de personas que viven con el VIH con acceso a una terapia antirretrovírica puede relacionarse con una mayor disponibilidad de medicamentos antirretrovíricos genéricos. Dado que las personas que viven con el VIH necesitan acceso de por vida a estos medicamentos, es necesario ampliar tanto la investigación y el desarrollo como la producción y la distribución de dichos medicamentos, efectivos a la par que asequibles.

Un nuevo suplemento de la revista estudia la producción de medicamentos antirretrovíricos en países con recursos limitados y su distribución a las personas que viven con el VIH y cómo hacer que estos dos factores sean más efectivos y eficientes. Esta publicación también indaga en las lecciones para la producción y distribución de un abanico más amplio de medicamentos en los países de renta baja y media. Asegurar el acceso a medicamentos antirretrovíricos genéricos en los países de renta baja y media es una recopilación de 13 artículos como resultado de la colaboración entre ONUSIDA y la revista Antiviral Therapy.

La tarea de asegurar que los medicamentos y otras tecnologías sanitarias sean producidos de forma fiable y sostenible y estén disponibles para personas en países de pocos recursos resulta compleja. Según los artículos, la comunidad global tiene que concentrarse en tres pilares clave para asegurar el acceso a los medicamentos: visión y compromiso político, asociaciones y puesta en común de conocimientos y tecnología.

"El compromiso político y las asociaciones existen y tienen los medios y los conocimientos para avanzar en este asunto prioritario" ha declarado Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. "Para enfrentarse a este desafío, todos los asociados tienen que trabajar juntos para forjar una actitud fuerte, respaldada por un plan de acción, liderazgo político y recursos suficientes y sostenibles", añadió.

Los autores del suplemento han admitido que la fabricación y distribución de los medicamentos tienen lugar dentro de un marco de sistemas económicos de libre mercado regulados y que hay que lidiar con un número creciente de diversos problemas de patentes que afectan al precio pero aseguran la calidad.

Han concluido que conforme crece la esperanza de vida, se desarrollan los países y aumentan las necesidades sanitarias de las poblaciones mundiales, la comunidad global ha de asegurar el acceso a los medicamentos para todos.  La respuesta al sida ha sido a menudo una prioridad en el programa de desarrollo y tiene que seguir abriéndose camino.