A pesar del notable progreso realizado en la respuesta al sida en África, todavía existen importantes carencias y retos que impiden alcanzar los objetivos de tratamiento y pruebas 95-95-95 en 2025 y alejan al continente de poner fin a la epidemia de sida para 2030. ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos copatrocinadores se reunieron en una sesión satélite de la Conferencia Internacional sobre el Sida y las Enfermedades de Transmisión Sexual en África de 2021 para analizar cómo la prestación de servicios diferenciados pueden acercanos a los objetivos.

La prestación de servicios diferenciados y centrados en las personas es esencial para acelerar el acceso y la aceptación del tratamiento y pruebas del VIH. Aunque la pandemia de la COVID-19 ha provocado que muchos países adapten los servicios al VIH para que incluyan la prestación de atención médica fuera de los centros de salud y por parte de las comunidades, y aumenten la dispensación multi-mensual del tratamiento para el VIH y otros medicamentos, también ha puesto de manifiesto la falta de resistencia en zonas claves de los sistemas de salud, entre los que se encuentran la capacidad para asegurar el suministro continuo de medicinas y productos básicos, la financiación adecuada para que las organizaciones lideradas por la comunidad ofrezcan servicios y apoyo y la prestación de servicios integrados para diversas condiciones de salud. Estas adaptaciones y deficiencias han resaltado la viabilidad y la importancia de las prestaciones diferenciadas, descentralizadas, integradas y modelos de pruebas de base comunitaria y servicios de tratamiento en diferentes escenarios.

Durante la reunión, los representantes de los ministerios de la salud y las comunidades, los ejecutores de programas, investigadores y demás asociados para el desarrollo subrayaron las maneras en las que la prestación de servicios diferenciados ha fortalecido los esfuerzos nacionales para alcanzar los objetivos de pruebas y tratamiento para todos los grupos de población relevantes. Asimismo, hicieron públicas nuevas asociaciones, herramientas, políticas y prácticas óptimas, y pusieron de relieve importantes cambios políticos y las innovaciones para aumentar la prestación de servicios diferenciados, como las pruebas a una comunidad específica y las pruebas de autodiagnóstico de VIH, un mayor espacio entre el suministro de la terapia antirretroviral y las visitas a clínicas, la distribución en la comunidad de la terapia antirretroviral y el apoyo de los compañeros para la vinculación y la permanencia en la atención de las poblaciones clave y vulnerables.

“Vemos grandes diferencias en la aceptación de las pruebas y el tratamiento en diferentes grupos de población en diferentes escenarios en África. Por ejemplo, los niños se quedan atrás respecto a los adultos, los hombres de las mujeres, y los grupos de población clave que viven con el VIH respecto a la población general seropositiva. Es fundamental garantizar métodos de prestación de servicios diferenciados centrados en las personas y en la comunidad que respondan a las barreras de acceso y a las diversas necesidades de todas las poblaciones relevantes, junto con la prestación de servicios convencionales en los centros de salud, para no dejar a nadie atrás", afirmó Ani Shakarishvili, asesora especial de ONUSIDA para el acceso al tratamiento, la atención y la integración.

En abril de 2021, la OMS publicó nuevas directrices para la prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y monitorización del VIH. Estas recomendaciones actualizadas incluyen el comienzo de la terapia fuera del centro de salud, un mayor espacio entre las visitas a las clínicas y el suministro del tratamiento antirretroviral cada tres o seis meses. Por otro lado, se han renovado los criterios que determinan si una persona es elegible para beneficiarse de la prestación de servicios diferenciados para el tratamiento contra el VIH.

“Los cambios realizados permiten un acceso mayor y más temprano a los servicios diferenciados para el tratamiento contra el VIH para apoyar la continuidad del tratamiento por parte de las personas, cumpliendo sus necesidades y preferencias y dejando a un lado una perspectiva común a todos para adoptar un enfoque centrado específicamente en cada individuo”, indicó Clarice Pinto, consultora sobre la prestación de servicios diferenciados para el tratamiento del VIH en la Organización Mundial de la Salud.

En lo referente a la aplicación y ampliación de los modelos diferenciados en los países, Anthony Ashinyo, director adjunto del Programa Nacional de Control del Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual en Ghana, destacó la necesidad de una colaboración multisectorial y de asociaciones entre el gobierno, los encargados de poner en práctica y las comunidades para aumentar la aceptación de la prestación de servicios diferenciados.

“Nos veo en el asiento del conductor. Nos veo reforzando la influencia de las personas que viven con VIH, de los receptores de la atención y de las comunidades afectadas en el diseño y ejecución de planes y estrategias nacionales para que reflejen y respondan adecuadamente a nuestras realidades y necesidades vitales”, declaró Elsie Ayeh, la presidenta de la Red de Personas que viven con VIH/sida en Ghana.

El anuncio de un llamamiento a la acción para no dejar a nadie atrás mediante el aumento de la prestación de servicios diferenciados de tratamiento y pruebas del VIH en África puso el punto final a la sesión.

Dispone de más información sobre la reunión; así como puede ver las presentaciones previamente grabadas de los hablantes sobre la prestación de servicios diferenciados en este enlace.

Para Ruma Khatri, la iniciativa empresarial social de Usha Multipurpose Cooperative Society Limited es una oportunidad para ganarse la vida frente a la pandemia de COVID-19 y la consecuente pérdida de ingresos.

"Llevo 10 años trabajando con la comunidad de trabajadores del sexo apoyada por Usha Multipurpose. Trabajo en la sala de recepción establecida por Usha. Sin embargo, debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19, participé con la comunidad en la producción de desinfectantes y mascarillas a través de Usha para obtener ingresos suplementarios. Gracias a este proyecto de emprendimiento social, espero servir de ejemplo y empoderar aún más a la comunidad de trabajadores del sexo", dijo Khatri. Fundada con el apoyo del Fondo de Solidaridad de ONUSIDA, la iniciativa empresarial social de Usha Multipurpose involucra a los trabajadores del sexo en la producción de mascarillas, desinfectantes para las manos y equipos de protección personal en Calcuta, India.

Los trabajadores del sexo de varias partes del mundo se han enfrentado a un enorme impacto económico, debido a las restricciones de contacto físico y de desplazamiento relacionadas con la COVID-19. Además, la criminalización del trabajo sexual en muchos países ha dado lugar, de manera desproporcionada, a la estigmatización, la discriminación, la violencia y la imposibilidad de acceder a los servicios de salud esenciales. Los trabajadores del sexo también se han quedado fuera de los planes de apoyo financiero y social de muchos gobiernos. Estos factores, entre otros, hacen que estos tengan dificultades para dedicarse a actividades complementarias que generen ingresos.

Para hacer frente a estos retos, varios beneficiarios del Fondo de Solidaridad de ONUSIDA están apoyando la capacidad económica de los trabajadores del sexo en cinco países piloto. El fondo se creó para proporcionar financiación inicial y capacitar a los emprendedores sociales de las poblaciones clave para ampliar las iniciativas empresariales existentes o desarrollar otras nuevas que puedan generar un valor económico sostenible y un impacto social para sus comunidades.

En el norte de Uganda, las comunidades de trabajadores del sexo y de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, apoyadas por la Iniciativa de Salud y Derechos (HRI, por sus siglas en inglés), produjeron recientemente su primera serie de productos a base de karité y adquirieron nueva maquinaria para ampliar la producción. Mediante un exhaustivo análisis de mercado, identificaron el potencial de la transformación de las semillas de karité para crear productos de valor añadido, como lociones, aceites de baño, jabones y aceites para el pelo.

"La producción y la venta a pequeña escala de productos de karité cambian la previsión de los miembros de la comunidad de trabajadores del sexo. Gracias al apoyo del Fondo de Solidaridad de ONUSIDA, nuestra organización puede actuar como red de seguridad para proteger a los miembros de la empresa y de la comunidad, mientras ponen en marcha la empresa mixta", dijo Lucy Akello, Directora Ejecutiva de la HRI.

En la imagen, beneficiarios de la HRI con productos a base de karité producidos a través de su empresa social. Fotografía: Iniciativa de Salud y Derechos

Si bien la producción de artículos tangibles es un aspecto, la Alianza de Mujeres por el Cambio (AWAC, por sus siglas en inglés), también en Uganda, está capacitando a más de 20 adolescentes y mujeres jóvenes, especialmente las que se encuentran en situación de discapacidad, para crear empresas sociales basadas en habilidades como la sastrería y el diseño. Hablando del proyecto Make Her Visible, Macklean Kyomya, Director Ejecutivo AWAC, dijo: "Las adolescentes y las mujeres jóvenes, incluidas las que se encuentran en situación de discapacidad, corren un riesgo especial debido al impacto socioeconómico de la COVID-19. Los riesgos incluyen el aumento de la indigencia, la violencia, el estigma y la discriminación. Este proyecto apoya sus capacidades económicas para ayudarlas a afrontar estos retos. Las jóvenes trabajadoras del sexo también están recibiendo formación sobre la gestión financiera del crédito y el ahorro, así como sobre la elaboración de planes de negocio para gestionar eficazmente estas empresas.

En la imagen, mujeres jóvenes recibiendo formación en sastrería como parte del proyecto de emprendimiento social "Make Her Visible" de AWAC. Fotografía: Alianza de Mujeres por el Cambio, Uganda.

La creación de vínculos estratégicos con el mercado ha sido el objetivo de Asha Darpan, una organización basada en la comunidad con sede en Mumbai, dirigida por trabajadoras del sexo de la India que está creando microempresas a partir de trabajadoras del sexo. Su proyecto Shakti se centra en capacitar a mujeres de entre 18 y 49 años procedentes de entornos urbanos y semiurbanos, y que viven en entornos de clase media-baja y pobre para que establezcan su propio negocio de fabricación de calzado. Devta Metri ve el crecimiento en el futuro de estas empresas. Dijo: "Nadie previó la pandemia de COVID-19. La necesidad de fuentes de ingresos sostenible para la comunidad de trabajadores del sexo se amplió cuando vimos la pérdida de fuentes de ingresos.  Mi esperanza es ver crecer nuestra empresa social. En los próximos meses, nuestro objetivo es aumentar las ventas del calzado que producimos, dar a conocer Asha Darpan y proporcionar una fuente de ingresos sostenible a los miembros".

Estos pensamientos los comparte Sanyu Hajjara Batte, Directora Ejecutiva de Lady Mermaid, que apoya a 168 trabajadoras del sexo, organizadas en 10 grupos de Women-Up en Uganda. "Tenemos que apoyar la capacidad empresarial de los trabajadores del sexo si realmente queremos crear fuentes de ingresos suplementarias para la comunidad. Lady Mermaid está trabajando para reconstruir la comunidad de trabajadores del sexo de los efectos de la pandemia del COVID-19 mediante programas de recuperación económica", dijo Batte. Gracias a la subvención recibida por el Fondo de Solidaridad, los trabajadores del sexo están recibiendo formación para crear empresas sociales basadas en la demanda en ámbitos como la venta de alimentos, la fabricación de carbón vegetal renovable, de briquetas, de jabón líquido y la repostería, entre otros. La iniciativa apoya el registro administrativo, la gestión financiera y la ejecución, para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

En la imagen, los beneficiarios de Lady Mermaid se dedican a la fabricación de briquetas como parte de la generación de ingresos suplementarios a través del emprendimiento social. Fotografía: Lady Mermaid

Los beneficiarios del Fondo de Solidaridad ponen claramente de manifiesto el ingenio y el papel de liderazgo que desempeñan las organizaciones y redes clave dirigidas por la población cuando se trata de fomentar la resiliencia de las comunidades y apoyarlas durante la pandemia. Como la pandemia de COVID-19 sigue entrelazada con las actividades cotidianas, las comunidades deben estar en el centro de la respuesta y la preparación ante la pandemia. La respuesta exige una acción crítica basada en los principios de los derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de los trabajadores del sexo. La provisión de financiación inicial permite el desarrollo de ideas empresariales innovadoras propiedad de las poblaciones clave, así como la creación de ingresos suplementarios sostenibles para empoderar a las poblaciones clave más afectadas por la pandemia.

El Programa Conjunto de ONUSIDA y sus socios coinciden en que se necesita una nueva iniciativa para acelerar y apoyar la acción a nivel mundial, regional, nacional y comunitario con el fin de acabar con el sida urgentemente entre niños, adolescentes y madres. Para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y garantizar el compromiso de todos los socios, estamos llevando a cabo una consulta mundial con el objeto de recopilar ideas y opiniones sobre cuáles deberían ser las prioridades para poner fin al sida entre niños, adolescentes y madres.

La eliminación de la transmisión vertical (de madre a hijo) del VIH y el fin del sida entre los niños se encuentran entre las prioridades globales destacadas en la nueva Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, acabar con el sida.

En 2020, había en todo el mundo 1,7 millones de niños con VIH de los cuales un 46 %, es decir, casi la mitad, no estaba siguiendo un tratamiento para el VIH que pudiera salvarles la vida. Ese mismo año, se produjeron 150 000 nuevas infecciones por el VIH entre niños. La mayoría de estas nuevas infecciones infantiles podrían haberse evitado si las chicas adolescentes y las mujeres hubieran tenido un acceso universal a los servicios de pruebas, prevención y tratamiento del VIH, y el apoyo que necesitan para recibir atención preventiva o en tratamiento contra el VIH durante todo el embarazo y la lactancia.

Durante la última década, el Plan mundial para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres, seguido por el marco Start Free, Stay Free, AIDS Free 2016-2020,ayudó a coordinar, acelerar, apoyar y supervisar la respuesta mundial al VIH entre niños, adolescentes y madres. De 2010 a 2020 se lograron avances significativos, con una cobertura del tratamiento del VIH para prevenir la transmisión vertical para las mujeres embarazadas que viven con el VIH que aumentó del 45 % en 2010 al 85 % en 2020, y con una reducción del 53 % en las nuevas infecciones por el VIH en niños durante el mismo periodo. Sin embargo, este progreso no fue suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos mundiales establecidos para finales de 2020.

Se han establecido nuevos objetivos para poner fin al sida entre niños, adolescentes y madres en la Estrategia mundial contra el sida 2021-2026. Se necesita una acción urgente y coordinada desde el nivel mundial hasta el comunitario para alcanzar estos nuevos y ambiciosos objetivos, y necesitamos su opinión sobre cuál es la mejor forma de acelerar la acción, especialmente a nivel comunitario y nacional.

Le rogamos que complete la encuesta en línea, disponible en inglés, francés, ruso y español, antes del 20 de diciembre.

Los miembros del parlamento han reafirmado su postura de combatir todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el VIH en Jamaica, del mismo modo que se comprometen a aumentar los esfuerzos para crear en un entorno propicio para las personas que viven y están afectadas por el virus.

En un evento organizado por ONUSIDA y por Juliet Cuthbert-Flynn, la ministra de Estado de Salud y Bienestar y la presidenta de la Asociación Jamaicana para la Acción para Eliminar Todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH, los miembros del parlamento, tanto del partido en el poder como del grupo opositor, se reunieron para analizar los datos recogidos sobre el estigma y la discriminación en el país y su impacto en los resultados de la salud y para elaborar un plan de futuro en el que su papel como legisladores pueda contribuir a eliminar el estigma, la discriminación y la violencia.

El marco jurídico de Jamaica plantea considerables obstáculos para que las personas seropositivas o afectadas por el VIH accedan a los servicios de salud. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito en este país. De esta manera, para las comunidades marginales sigue siendo un factor disuasorio considerable. Asimismo, el país carece de una legislación general contra la discriminación, de un instituto nacional de derechos humanos y de una ley de reconocimiento de género que podría proporcionar más protección a las personas transgénero y no conformes con el género en Jamaica.

Las leyes y políticas lesivas y el estigma y la discriminación contra las personas que viven y están afectadas por el VIH perjudican sus resultados de salud y sus perspectivas de vida. La última Encuesta de Conocimientos, Actitudes, Prácticas y Comportamientos y el Índice de Estigma de las Personas que Viven con el VIH mostraron que sólo aproximadamente el 12 % de la población general tiene actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH, mientras que cerca del 60 % de estas se autoestigman. Un estudio de 2019 sobre la supervivencia económica de las comunidades transgénero y no conformes con su género en Jamaica reveló que las experiencias de estigma y discriminación en el lugar de trabajo eran muy comunes, con alrededor del 60 % de los encuestados habiendo sufrido este tipo de incidentes.  Además, según el 71 % de los partícipes en la encuesta, las personas transgéneros y las no conformes con su género tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo que las personas cisgénero. Otro estudio expone que aproximadamente el 20 % de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Jamaica han estado en la indigencia en algún momento de sus vidas.

En virtud de estos retos pendientes en la respuesta del país al VIH y a los derechos humanos, los miembros parlamentarios contemplaron la creación de un grupo de trabajo encargado de realizar análisis periódicos de datos relevantes, apoyar la promulgación de legislación protectora, hacer frente a leyes y políticas lascivas y organizar diálogos permanentes con las comunidades de personas seropositivas y afectadas por el VIH.

“Tenemos mucho trabajo por delante para asegurar que toda la población jamaicana disfrute del pleno respeto, protección y protección de sus derechos. Aunque esta reunión y sus resultados sean un pequeño paso para alcanzar el objetivo, nos pone en la dirección correcta del papel que los miembros parlamentarios tienen que desempeñar para poner a fin a la discriminación”, declaró Juliet Cuthbert-Flynn.

Estos esfuerzos, que pretenden hacer frente a ideas erróneas muy arraigadas en la sociedad, requieren una sólida asociación. En palabras de Morais Guy, el portavoz de Salud del grupo opositor, quién presidió la reunión, “La mejora de los derechos de las personas y los esfuerzos colectivos para garantizar que cada jamaicano pueda disfrutar de una vida libre de estigmas, discriminación y violencia no es un asunto de una sola persona, entidad o partido político. Nos afecta a todos, debemos trabajar juntos por la dignidad de todos los jamaicanos”. 

Asimismo, los miembros parlamentarios también abordaron algunos de los retos a los que se enfrentan como legisladores al cumplir con sus obligaciones, y de las contribuciones que ONUSIDA puede realizar para facilitar un proceso de creación legislativa más eficiente, efectivo y transparente en el parlamento. Por otro lado, también se debatieron opciones para movilizar y comprometer a los ciudadanos a nivel comunitario para desafiar al estigma, en respuesta a la necesidad crítica de aumentar la concienciación, la tolerancia y el respeto hacia las personas que viven y están afectadas por el VIH.

“Estamos orgullosos de asociarnos con los miembros del parlamento para hacer frente al estigma y discriminación en Jamaica y para proporcionar toda la información, instrumentos y apoyo disponibles para potenciar su papel como aliados e influyentes críticos en el futuro del país”, manifestó Manoela Manova, directora nacional de ONUSIDA de Jamaica. 

En un barrio de Nuakchot, Mauritania, se ha montado una carpa para una noche de asesoramiento y pruebas del VIH. El personal de la organización no gubernamental SOS Pairs Educateurs responde a las preguntas, y las personas que desean conocer su estado serológico hacen cola para someterse a una prueba rápida.

Mohammed Bilal supervisa el evento, junto con educadores inter pares, un enfermero y un trabajador social.  Señalando detrás de él una pequeña casa de hormigón con techo ondulado, dijo que, para mantener el anonimato de todas las pruebas, se da un número a las personas y entran en la oficina provisional de una en una. "Ofrecemos servicios de asesoramiento antes de la prueba del VIH y después de que la persona obtenga los resultados", dijo Bilal.

Más de 70 hombres y mujeres han optado por hacerse una prueba rápida hoy.

Bilal afirma que en el barrio de El Mina, dónde se celebra el acto de difusión, la mayoría de la gente se gana la vida a duras penas, muchas mujeres viven solas criando a sus hijos y gran parte de los niños no van a la escuela. Creció allí y conoce bien la comunidad. Tanto él como su equipo entienden las necesidades de la gente. Para Mohammed Mouloid, coordinador de Programas de REMAP+, una red de personas que viven con el VIH, la divulgación comunitaria llena un gran vacío. Por ejemplo, durante las restricciones de la COVID-19, se asociaron con SOS Pairs Educateurs, ONUSIDA y otros, para distribuir kits de alimentos.

Ajústandose las gafas, Mouloid dijo, “Antes de que una persona se tome su medicina tiene otras dos prioridades. Primero tiene que comer y conseguir transporte para recoger su tratamiento. Si ambas no se combinan, la tercera prioridad se queda por el camino y la persona nunca recibirá su tratamiento.”

“Nuestro mayor problema en Mauritania es el estigma asociado al VIH", dijo Mouloid, explicando que las personas que viven con el VIH suelen abandonar los programas de tratamiento. Solo el 40 % de las personas que viven con el VIH en el país reciben un tratamiento que puede salvarles la vida. Mouloid lleva casi 20 años viviendo con el VIH y fue una de las primeras personas de Mauritania en tomar medicamentos antirretrovirales, en 2004. “Me he casado dos veces y tengo dos hijos que son seropositivos, de modo que soy un ejemplo de vida sana, pero las cosas son difíciles en nuestra sociedad", dijo.

La epidemia de VIH en Mauritania se concentra en las ciudades y en los grupos de población clave. La prevalencia del VIH entre los adultos ronda el 0,3 %, pero alcanza el 9 % entre los profesionales del sexo y el 23 % entre los hombres homosexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres. Mauritania penaliza el trabajo sexual y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, por lo que la gente tiende a esconderse. 

Para llegar a los grupos de población clave, SOS Pairs Educateurs, con la ayuda de las Naciones Unidas y sus socios, ha abierto recientemente un centro de acogida frente a la estación de autobuses de la capital (tienen otros ocho centros).  Un televisor suena en un rincón mientras los educadores inter pares se pasean charlando con un camionero. También se ha puesto en marcha un proyecto piloto de distribución de kits de autodiagnóstico del VIH que las personas pueden utilizar en la intimidad de su hogar. 

Sharif (no quiso dar su apellido)  explica que pasa regularmente a coger preservativos y a recibir información del consejero. “Viné aquí para saber más sobre la COVID-19 y otros riesgos para la salud”, dijo. Dijo que nunca se había hecho la prueba del VIH, que se proporciona gratuitamente, pero que estaba pensando en ello.

Según el Director de País de ONUSIDA para Mauritania, El Mustapha Attighie, estos actos de difusión son una forma de apoyar a los grupos vulnerables.

"El estigma obstaculiza nuestra respuesta al VIH y, si no se respetan los derechos humanos y se deja a la gente de lado, esto aumenta los riesgos de infección por el VIH", dijo. Añadió que el mandato de ONUSIDA establece claramente la defensa de los derechos y el tratamiento para todos y, como médico de formación, enfoca el debate hacia las personas que acceden a la atención de la salud.

Cree que Mauritania podría acabar con el sida en 2030. “Tenemos la oportunidad de convertir este objetivo en una realidad”, declaró. "Canalizar más dinero y medios donde está la epidemia, para acabar con ella y evitar que llegue a una población más amplia".

SOS Pairs Educateurs ha ampliado sus actuaciones para llegar a diferentes poblaciones. Fundó una escuela para los niños de la calle y para los que la han abandonado y organizó cursos de costura para niñas, así como un grupo de danza para adolescentes. "Aquí, para muchos, la realidad es que apenas hay esperanza, por lo que, el hecho de que los niños tengan éxito en la escuela o en la pista de baile, los anima y repercute en toda la familia", dijo el Director de SOS Pairs Educateurs, Djibril Sy. Creció en El Mina y aún vive allí, y asegura que innumerables personas se han beneficiado de su labor en los últimos 20 años. "Además de la esperanza, tratamos de inculcar el sentido de la autoestima", añadió, explicando ahora que quiere formar a los jóvenes en espíritu emprendedor.

A pesar del progreso, África occidental y central representa el 8 % de la población mundial, pero alberga el 12 % de las personas que viven con el VIH a escala global y experimenta el 22 % de las muertes asociadas al sida.

En 2001, Micheline Léon se encontraba mal. La entonces madre de tres hijos, de 33 años, viajó desde su casa, situada en la pequeña ciudad de Corporand, en el centro de Haití, hasta una clínica en Cange. Allí le diagnosticaron VIH y tuberculosis.

Afortunadamente, tres años antes, una organización llamada Zanmi Lasante -en criollo haitiano para referirse a Partners in Health- había lanzado la Iniciativa de Equidad del VIH. (Zanmi Lasante es la organización hermana del grupo de asistencia de salud sin ánimo de lucro Partners in Health, con sede en Estados Unidos). Se trató de uno de los primeros proyectos en el mundo para administrar eficazmente la terapia antirretroviral en entornos rurales pobres.

Veinte años después, Micheline es una de las 2 000 trabajadoras comunitarias de la salud llamadas accompagnateurs en la red Zanmi Lasante. Los equipos de accompagnateurs multidisciplinares son el vínculo entre los pacientes y los centros de salud. También forman parte de todas las discusiones de la Iniciativa de Equidad del VIH en relación con la atención al paciente, el tratamiento y el apoyo social.

Los trabajadores comunitarios de la salud viven en las zonas en las que trabajan. Ayudan a que los pacientes se recuperen y se mantengan sanos. Sus principales funciones son la distribución de medicamentos, las visitas a domicilio, y poner en contacto a las personas con la atención médica. Acompañan a los pacientes a las clínicas y hacen un seguimiento de los que han faltado a las citas médicas. Durante la pandemia de COVID-19, los accompagnateurs fueron clave en la labor de atención y tratamiento de Zanmi Lasante. Las habilidades de atención domiciliaria y rastreo de contactos perfeccionadas en respuesta al VIH se están utilizando ahora para la COVID-19.

Zanmi Lasante adopta un enfoque holístico de la atención que incluye servicios sociales como la provisión de alojamiento, comida y transporte. Los trabajadores comunitarios de la salud colaboran en la coordinación de todo el apoyo necesario. También sirven al conjunto de la comunidad mediante campañas educativas sobre temas como la salud mental y las infecciones de transmisión sexual.

Lo más importante es que los accompagnateurs capacitan e inspiran a las personas para que se hagan cargo de su propia salud. Micheline es un modelo de conducta que se encuentra al alcance de la mano. Ha seguido el tratamiento desde que lo comenzó y la carga viral del VIH se ha mantenido indetectable desde que empezó a recibir las pruebas de carga viral en 2017. Tiene un pequeño negocio de frutas y aves de corral, y a veces pasa tiempo en Puerto Príncipe, donde tiene un nuevo nieto. Participa en varias actividades de grupo en el centro Zanmi Lasante de Cange, como grupos de apoyo, cursos sobre la carga viral y clubes de madres.

"El apoyo psicosocial que recibí de Zanmi Lasante me hizo ver que mi diagnóstico no era una sentencia de muerte y que podía seguir adelante y llevar una vida sana y plena", dijo Micheline.

Otro programa de VIH haitiano muy importante emplea un enfoque de salud comunitaria. GHESKIO, el Grupo de Estudio Haitiano sobre el Sarcoma de Kaposi y las Infecciones Oportunistas, se fundó en 1982, un año antes de que se descubriera oficialmente el VIH. Es la organización de lucha contra el VIH más antigua del mundo y ha realizado investigaciones y prestado atención clínica durante las últimas cuatro décadas.

GHESKIO ha aprovechado un modelo basado en la comunidad para ayudar a Haití a responder al VIH y a otras crisis de salud pública. Cuando la pandemia de COVID-19 llegó al país en marzo de 2020, GHESKIO reforzó un programa existente, Distribución de TAR (terapia antirretroviral) en la Comunidad, para garantizar que los clientes que viven con el VIH recibieran un suministro de medicamentos para tres meses. Desde una pequeña sala de la Asociación Nacional de Solidaridad (ASON), un equipo empaqueta medicamentos en bolsas de plástico y consulta su lista de clientes. Si una persona no puede venir a por sus medicamentos, recibirá una entrega a domicilio.

GHESKIO también ha reforzado las actividades de formación de sus trabajadores comunitarios y multidisciplinares de la salud. Así, proporcionaban apoyo social a los pacientes, así como atención domiciliaria para aquellos casos que no requerían hospitalización.

"Nuestra Unidad Comunitaria ha desempeñado un papel esencial en la aceptación de los nuevos centros de tratamiento de COVID-19 en los barrios pobres y abarrotados", dijo el Coordinador de Programas de GHESKIO, Patrice Joseph. "En colaboración con el Ministerio de Salud, hemos reforzado el rastreo de contactos, la investigación de casos y la gestión del brote de COVID-19".

Una de las más recientes trabajadoras comunitarias de la salud es CV, una mujer de 35 años, madre de tres hijos, de Village de Dieu, una barriada al sur de Puerto Príncipe. Ella misma sobrevivió a la COVID-19. Cuando empezó a sentirse mal, un trabajador comunitario de la salud la acompañó a realizarse pruebas. Tras cinco días en el hospital COVID-19 de GHESKIO, un equipo comunitario llevó a cabo visitas a su domicilio para garantizar su plena recuperación.

Ahora trabaja como recepcionista en GHESKIO. Además, es agente de salud comunitaria de dicha organización y anima a los pacientes a acudir a las visitas programadas. CV fomenta la sensibilización de la comunidad en torno a la prevención de la COVID-19, promoviendo la higiene y educando a la población sobre la importancia de vacunarse contra el virus.

“No doy ningún día por perdido”, afirmó.

“No he tomado mi medicación en siete meses,” afirmó Carla Joseph (nombre ficticio), una mujer transgénero que vive con el VIH en Haití. “Necesito un lugar fiable y directo que no me pida una carta de referencia... para volver a recibir el tratamiento.”

Habla con uno de los oficiales de campo de vigilancia dirigida por la comunidad (CLM), parte del Observatorio del Foro de Sociedad Civil de Haití, quien ha estado trabajando durante el último año en cómo conectar a personas ya diagnosticadas con el tratamiento y en asegurar que los que ya están atendidos estén mejor provistos.

“Gracias a esta vigilancia hemos podido conocer a muchos pacientes a la espera de ser atendidos y de poder disponer de sus medicamentos de nuevo,” aseguró Elisabeth Jacques, una Coordinadora de Campo de Vigilancia Dirigida por la Comunidad. “¿No deberían prestarse los servicios en el mejor día y hora para el paciente?”

ONUSIDA apoya este trabajo de vigilancia que se está llevando a cabo por el Observatorio del Foro de Sociedad Civil de Haití. Se trata de un mecanismo de responsabilidad que busca mejorar el acceso a los servicios relacionados con el VIH y la calidad en la atención que estas personas reciben. El proceso se dirige y ejecuta por comunidades de personas que viven con el VIH, grupos de poblaciones clave y otros vulnerables.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado de varios socios, entre ellos el Ministerio de Salud Pública y Población y el Gobierno de los Estados Unidos a través del Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA (PEPFAR). Tiene el objetivo de mantener y extender los accesos a los servicios relacionados con el VIH para las 150 000 personas que se estima que viven con el VIH en Haití, incluyendo a las 30 000 que aún no conocen su estado.

En su primer informe, el Observatorio del Foro de Sociedad Civil llamó a la atención acerca de la necesidad de mejora de los servicios enfocados al cliente, ampliando los horarios de atención y reduciendo las esperas. También se recomendó aumentar el suministro a seis meses del medicamento antirretroviral dispensado a las personas estables que viven con el VIH. De manera adicional, la vigilancia dirigida por la comunidad puso de manifiesto la necesidad de mejorar los conocimientos sobre el tratamiento relacionados con el concepto de I = I (indetectable = intransmisible).

“Deberíamos capacitar a la sociedad civil para llevar a cabo esta labor de sensibilización. Están más familiarizados con los clientes. Cuando alguien se pierde en el seguimiento, los miembros de la comunidad saben cómo hablar con ellos y animarles a volver. Si dotamos a la comunidad de autonomía a través de la vigilancia dirigida, podremos tener un mejor control de los que ocurre,” afirmó Soeurette Policar, el Coordinador del Observatorio del Foro de Sociedad Civil.

El responsable de la prevención del VIH en el Ministerio de Salud Pública y Población, Steve Mc Allan Smith, agradeció las recomendaciones. “La vigilancia dirigida por la comunidad nos dirá cómo se están ofreciendo los servicios y cómo los están recibiendo las personas desde la perspectiva del cliente. Este acercamiento nos ayudará a orquestar intervenciones para las necesidades especificas de los pacientes. También nos facilitará atender los problemas con las pruebas de detección. Pero sobre todo nos servirá para retener a la gente en la atención. Alcanzar los objetivos es muy bueno,” confirmó. “Mantenerlos a largo plazo es lo que realmente nos interesa.”

A lo largo del último año, el país ha lidiado con crisis cruzadas. Un mes después del asesinato de su presidente, Haití sufrió un devastador terremoto, seguido de una tormenta tropical. El empeoramiento del crimen organizado y la ola de secuestros han tenido consecuencias nefastas para la vida cotidiana de los haitianos. En los últimos meses, la escasez de combustible ha complicado todavía más la situación de los habitantes y de las organizaciones, que no pueden llevar a cabo sus labores. Todo esto bajo la presión ejercida por el COVID-19.

La pobreza, la violencia de género y la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave complican la posibilidad de mantenerse en tratamiento. El difícil contexto socioeconómico y de seguridad no hace más que empeorar las cosas. De acuerdo con los datos del PEPFAR, al menos 8000 haitianos dejaron de recibir el tratamiento contra el VIH el año pasado.

Sin embargo, tal y como afirma el Director nacional de ONUSIDA en Haití, Christian Mouala, el país ha sido capaz de implementar la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales al 88 % de las personas en tratamiento contra el VIH durante el COVID-19. Todo esto gracias a los esfuerzos coordinados bajo el liderazgo del Ministerio de Salud Pública y Población y la colaboración de varias partes interesadas, como la sociedad civil haitiana.

“La gente y el sistema sanitario de aquí son resistentes y adaptables,” aseguró Sr Mouala. “En este momento, el liderazgo de la comunidad debe ser aún más central en el desarrollo y la aplicación de estrategias que garanticen que las personas disfruten de los mejores servicios de apoyo social, sanitario y del VIH.”

La salud es un derecho, pero en África se estima que hasta un 38 % de la población retrasa o renuncia a la atención de la salud, debido a sus elevados costes y gastos de bolsillo. Se trata del continente con una mayor proporción de población sin acceso a la protección social, a una atención de la salud adecuada, y donde las necesidades humanas son más elevadas.

La limitada producción local y la dependencia de los mercados y la financiación externos obstaculizan el acceso equitativo a los medicamentos y a otros productos médicos en África. Todos los países de este continente son importadores netos de productos médicos y farmacéuticos. La mayoría importa entre el 70 % y el 90 % de los medicamentos que consume. 

La aparición de la pandemia de COVID-19 y sus devastadoras consecuencias en África demuestran que aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la ejecución y a la domesticación de los diversos instrumentos internacionales, continentales, regionales y nacionales de los derechos humanos.

Para resolver dichas deficiencias, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR ,por sus siglas en inglés) celebró en en Dakar (Senegal), del 8 al 10 de diciembre, el Seminario Regional de Alto Nivel sobre el Derecho a la Salud y a la Protección Social en África. Su objetivo era sensibilizar a los estados miembros, a los institutos nacionales de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales y a otros socios sobre la cuestión de los sistemas de salud deficientes y la insuficiente cobertura de la protección social, compartir las mejores prácticas relativas a los sistemas de salud y a la protección social y plantear recomendaciones clave para su ejecución.

"No debemos recibir una ayuda financiera, sino resolver nuestros propios problemas médicos en África. La dependencia de la financiación internacional hace que el progreso sea vulnerable", afirmó María Teresa Manuela, Comisionada de la ACHPR y Ponente Especial sobre los Derechos de la Mujer en África.

La financiación del derecho a la salud es una fuerte área de colaboración entre ONUSIDA y ACHPR que se materializará en un informe que se lanzará en 2022.

"Las pandemias pueden ser un catalizador de reformas financieras de transformación que defiendan el derecho a la salud de los que se quedan atrás. "Hay que aprovechar las lecciones de la respuesta al sida y muchos otros ejemplos de liderazgo en África para seguir movilizando el liderazgo y las inversiones para acabar con el sida y otras pandemias, poner fin a las desigualdades y acelerar la realización del derecho a la salud para todos", dijo Patrick Brenny, Director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para África Occidental y Central. Animó a las partes interesadas a elaborar pruebas para demostrar el impacto en el derecho a la salud de las estrategias de financiación y las políticas fiscales propuestas, a aumentar la ayuda al desarrollo en más de 35 países y a promover una mayor participación de los parlamentarios en el diálogo sobre financiación, reduciendo las diferencias con aquellos que toman las decisiones fiscales.

Health is a right, but in Africa it is estimated that up to 38% of the population delay or forgo health care due to its high costs and out-of-pocket expenditures. Africa is the continent with the greatest proportion of the population not having access to social protection and adequate health care, and where human needs are the greatest.

Limited local production and dependence on external markets and financing are barriers to equitable access to medicines and other medical supplies in Africa. All African countries are net importers of medical and pharmaceutical products, with most of them importing between 70% and 90% of the medicines they consume. 

The advent of the COVID-19 pandemic and its devastating consequences in Africa demonstrate that there is still a long way to go in terms of implementation and domestication of the various international, continental, regional and national human rights instruments.

To address these shortcomings, the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) held the High-Level Regional Seminar on the Right to Health and Social Protection in Africa, in Dakar, Senegal, from 8 to 10 December. It aimed to raise awareness among member states, national human rights institutes, nongovernmental organizations and other partners on the issue of deficient health-care systems and insufficient social protection coverage, to share best practices regarding health-care systems and social protection and to formulate key recommendations for implementation.

“We should not have a handout, but solve our own health problems in Africa. Dependence on international financing makes progress vulnerable,” said Maria Teresa Manuela, an ACHPR Commissioner and a Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa.

Financing the right to health is a strong area of collaboration between UNAIDS and ACHPR that will be crystallized in a report to be launched in 2022.

“Pandemics can be a catalyst for transformative financing reforms that uphold the right to health for those left behind. Lessons from the AIDS response and many other leadership examples in Africa need to be leveraged to further mobilize leadership and investments to end AIDS and other pandemics, end inequalities and accelerate realization of the right to health for all,” said Patrick Brenny, the Director of the UNAIDS Regional Support Team for Western and Central Africa. He encouraged stakeholders to generate evidence to demonstrate the impact on the right to health of financing strategies and proposed fiscal policies, to increase development assistance in more than 35 countries and to promote the greater participation of parliamentarians in the financing dialogue, bridging the gap with those who make fiscal decisions.

Un acto organizado por la Presidencia de Eslovenia del Consejo de la Unión Europea, en colaboración con ONUSIDA y Aidsfonds, reunió recientemente a líderes de opinión y responsables políticos, a fin de debatir el compromiso de la UE en la respuesta al sida, los efectos de la pandemia y el papel de las comunidades.

La sesión virtual, celebrada en vísperas del Día Mundial del sida, el 1 de diciembre, y moderada por la joven activista Iwawutu Adewole, congregó a representantes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, de la Presidencia de Eslovenia del Consejo de la Unión Europea, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y los líderes de la sociedad civil del VIH de Sudáfrica y Kenya.

Durante los eventos programados, los ponentes examinaron el progreso llevado a cabo en la respuesta al sida y los numerosos retos que han entorpecido el logro de los objetivos para 2030. La presidenta de la Campaña de Acción por el Tratamiento, Sibongile Tshabalala, resaltó que la lucha contra el VIH todavía no se ha vencido. “Aunque nos enfrentemos a problemas de gran importancia, como la falta de acceso a los servicios, la violencia sexual y de género y el persistente estigma y discriminación social, hablamos a día de hoy del progreso y éxito alcanzado”, manifestó. Asimismo, declaró que las personas que ponían voz a la comunidad eran importantes para la respuesta al sida y para hacer frente a la COVID-19.

Helena Dalli, Comisionada de la Unión Europea para la Igualdad, se pronunció sobre la gravedad de los retos que conlleva la respuesta.  Durante su discurso inaugural, hizo hincapié en la importancia de enfrentarse a las desigualdades para poner fin a la epidemia de sida, promover los derechos humanos de las personas que viven con VIH y para crear sociedades que estén mejor preparadas para derrotar a la pandemia de la COVID-19, así como a muchas otras.

Los participantes confirmaron su compromiso de acabar con las desigualdades, haciendo un llamamiento para la protección de los derechos humanos de las personas seropositivas o que corren el riesgo de contraerlo, la derogación de legislaciones obsoletas que penalicen la transmisión del VIH y las relaciones entre personas del mismo sexo, la lucha contra la violencia sexual y de género, la garantía de la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y niñas y la concesión de instrumentos a las respuestas lideradas por la comunidad. Joyce Ouma, asesora en materia de influencia y compromiso en Y+, puso de manifiesto la necesidad de involucrarse significativamente en todos los procesos y permitir a los mujeres jóvenes que lideren en todas las etapas, desde el inicio hasta la fase final.  “Necesitamos situar a personas en el centro, necesitamos apoyar a las iniciativas lideradas por la comunidad”, explicó Martin Seychell, el Director General Adjunto de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea.

Como se aprecia en sus compromisos políticos y en sus contribuciones, la UE es un aliado comprometido de la respuesta mundial y multisectorial al sida. Prioriza la igualdad de género y la protección de los derechos humanos a través de mecanismos como el Plan de Acción de Género 2021-2025, el Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024 y el próximo Plan de Acción para la Juventud. Hasta la fecha, 2 600 millones de euros se han invertido en la respuesta al VIH, de los que 2 100 millones han ido dirigidos al Fondo Mundial.  Su nueva estrategia para el 2023-2028 será de vital importancia para conseguir los nuevos objetivos de ONUSIDA. “Sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente no hemos ajustado las acciones ni contamos con los fondos suficientes para ello”, declaró Dianne Stewart, Directora de Relaciones con los Donantes del Fondo Mundial.

Al comienzo del año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para acelerar el progreso y hacer frente a las desigualdades, con el objetivo de poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en 2030. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, expresó el "pleno apoyo" del Parlamento Europeo a la ampliación de las inversiones en ONUSIDA y el Fondo Mundial y a la priorización de la lucha contra el estigma y la discriminación, contra la violencia sexual y de género y la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y otras leyes y políticas represivas y sancionadoras.

El jefe de gabinete de ONUSIDA, Efraim Gómez, puso fin al acto, recordando que el mundo no se encuentra en el camino correcto para poner fin a la epidemia de sida en 2030, ya que los objetivos de 2020 no se han cumplido, y pidió que se mantenga la financiación y la inversión en la respuesta al VIH.  En cuanto al papel de liderazgo de la Unión Europea en la preparación a la pandemia, señaló lo siguiente: “La infraestructura contra el VIH es la columna vertebral de la preparación para la pandemia, por lo que la inversión en el VIH tiene un rendimiento mayor para este campo. Ayúdenos a poner a fin a las desigualdades.  Tanto todas las muertes relacionadas con el sida, como las nuevas infecciones son evitables.  Simplemente es cuestión de reunir la voluntad de vencer al sida”.

Las desigualdades y las barreras en materia de derechos humanos, magnificados a raíz de la pandemia de COVID-19, están dificultando el progreso para dejar de considerar la epidemia de sida una amenaza para la salud pública en 2030. Éstas facilitan la transmisión del VIH al incrementar la vulnerabilidad para hacerle frente y limitar el acceso a servicios sanitarios, sobre todo para hombres homosexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans, personas que consumen drogas, trabajadores sexuales, mujeres y niñas.

Acabar con las desigualdades es tanto un imperativo de derechos humanos como una necesidad para la salud pública. Sin embargo, a pesar de los reiterados compromisos, esas barreras que impulsan las desigualdades, como el estigma, la discriminación, la violencia y las leyes punitivas, siguen socavando la respuesta al VIH. 

Para destacar la crítica necesidad de avanzar para acabar con las barreras por los derechos humanos, y como llamamiento a las partes interesadas para unirse y aumentar las acciones, ONUSIDA convocó a socios de la sociedad civil, Estados Miembros de las Naciones Unidas, juristas y organizaciones de desarrollo al margen de la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de las Naciones Unidas en Nueva York. En esta reunión, llamada From Promises to Action: Scaling Up Efforts against Human Rights Barriers, including HIV-Related Stigma and Discrimination, que se celebró el 9 de junio, los ponentes hicieron hincapié en la necesidad crítica de impulsar una inversión a largo plazo y una acción transformativa en materia de derechos humanos, estigma y discriminación. Pusieron especial atención en las leyes penales discriminatorias, con el objetivo de cambiar las barreras sociales y estructurales, consiguiendo finalmente reducir las desigualdades. 

Los ponentes intercambiaron las mejores prácticas, debatieron cómo los enfoques basados en los derechos humanos y acercamientos transformadores de las relaciones entre géneros podrían llegar a acabar con las desigualdades, lanzando un llamamiento para ampliar rápidamente la financiación, el compromiso y la acción en este área para llegar a las personas más abandonadas.

La reunión sirvió como recordatorio de cómo un 62% de las nuevas infecciones por el VIH en 2019 se produjo en grupos de población clave, que continúan criminalizados en muchos países, y sus parejas sexuales, de cómo debido a la desigualdad de género y a las dañinas normas de género, el sida sigue siendo una de las principales causas de muerte en las adolescentes y mujeres jóvenes en África subsahariana, y de cómo seis de cada siete nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes (de entre 15 y 19 años) en la misma región se producen en niñas.

El encuentro también trajo esperanza de que la acción y el cambio son posibles. En la reunión, los gobiernos de Angola, Costa Rica y Gambia anunciaron que se unían a la Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH.

Durante el encuentro, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyasen los nuevos objetivos y compromisos establecidos en la Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026. Destacó que la estrategia era un avance crucial, ya que fijaba por primera vez unos objetivos específicos para reducir facilitadores sociales que impulsan la desigualdad, dándoles la misma prioridad y compromiso que a las intervenciones biomédicas.  

Nuevos objetivos implican nuevas herramientas y orientaciones, y la Sra. Byanyima presentó una nueva serie de hojas informativas sobre derechos humanos para apoyar la acción de todas las partes interesadas en la eliminación de las barreras en materia de derechos humanos, tales como las leyes penales, el estigma y la discriminación.

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